La crisis de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) continuó en 2010, pese a algunas pequeñas mejoras. Después de que los comandos israelíes, en su función de velar por el cumplimiento del bloqueo naval de Gaza, mataran a nueve civiles a bordo de una "flotilla de ayuda" que trataba de evadir el bloqueo, Israel anunció que relajaría las rígidas restricciones a la importación en el territorio. Aunasí, Israel siguió bloqueando las exportaciones, lo que ha tenido un impacto devastador sobre la economía de Gaza.

Los grupos armados palestinos en Gaza lanzaron menos ataques con cohetes que en 2009, pero siguieron enfocándose contra centros de población israelíes, cobrando la vida de un civil; Hamas mientras tanto reivindicó la responsabilidad de la muerte de cuatro colonos judíos en Cisjordania. Las autoridades de Hamas llevaron a cabo ejecuciones judiciales por primera vez en 2010, en algunos casos tras juicios militares injustos, y presuntamente torturaron a numerosos detenidos.

En Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, Israel mantuvo severas restricciones sobre la libertad de movimiento de los palestinos, derribó  decenas de hogares en prácticas discriminatorias, continuó con la construcción de asentamientos ilegales y detuvo arbitrariamente tanto a niños como a adultos. Los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina (AP) detuvieron arbitrariamente a cientos de personas, y aumentaron las acusaciones de tortura a manos de estos servicios.

La Franja de Gaza

Israel

Hasta el 1 de octubre, los ataques de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en Gaza, incluso contra túneles de contrabando y en respuesta a disparos de cohetes, habían matado a 21 civiles palestinos, según informes de las Naciones Unidas. En casi todos los casos reportados las FDI mataron a civiles palestinos en la "zona prohibida" junto a las fronteras del norte y este de Gaza, a menudo cuando se encontraban ahí recogiendo materiales de construcción o cultivando.

El 31 de mayo, los comandos navales israelíes interceptaron una flotilla que intentaba romper el bloqueo de Gaza, acabando con la vida de nueve civiles. Un comité de investigación del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las  Naciones Unidas criticó a las fuerzas israelíes por las muertes ilegales, el abuso de los detenidos y otras violaciones. Al momento de escribir este informe, todavía sigue en marcha una investigación israelí.

Otro comité del CDH informó en septiembre que las investigaciones de Israel sobre las docenas de casos de violaciones durante la Operación Plomo Fundido, incluyendo los supuestos asesinatos intencionales e imprudentes de civiles y la destrucción injustificada de propiedades civiles en 2008-2009, no habían concluido, dado que las autoridades no habían investigado algunos casos de supuestas faltas ni examinado la responsabilidad de "altos funcionarios". El comité halló un conflicto de interés en el papel del abogado general militar (AGM), quien aprobó los planes para el ataque pero también era el responsable de enjuiciar las supuestas violaciones cometidas por los soldados israelíes.

Como parte de las investigaciones del AGM, el sistema de justicia militar de las FDI condenó a tres soldados por crímenes durante el conflicto: uno fue sentenciado a prisión por robar una tarjeta de crédito, mientras que los otros dos fueron bajados de rango y recibieron sentencias suspendidas por utilizar a un niño como escudo humano. El cuarto soldado fue acusado de homicidio por disparar contra un civil que ondeaba una bandera blanca. En enero, Israel pagó US$10.5 millones por daños causados a las instalaciones de la ONU durante el conflicto.

Bloqueo

El bloqueo de Israel sobre la Franja de Gaza, impuesto desde junio de 2007 cuando Hamas tomó control de la zona, continuó sufriendo graves consecuencias humanitarias y económicas para la población civil.

La presión internacional como reacción a las muertes de la flotilla del 31 de mayo llevó a Israel a relajar las restricciones a las importaciones. Sin embargo, en septiembre las importaciones apenas representaban un tercio de los niveles previos al bloqueo, según información de la ONU. Israel aprobó en principio la importación de materiales de construcción para proyectos designados de la ONU por valor de US$15 millones, y empezaron las obras para mejorar dos plantas de tratamiento de agua, sin embargo, en octubre, los materiales necesarios para nuevas escuelas y clínicas de salud aún no habían entrado a Gaza. El Organismo de Obras Públicas y Socorro para Refugiados Palestinos  de la ONU (OOPS) informó que las restricciones israelíes impidieron que siguiera construyendo nuevas escuelas, y que en 2010 tuvo que transferir a 40,000 estudiantes a escuelas administradas por Hamas debido a la falta de espacio en las aulas en sus nuevas escuelas.

Israel siguió imponiendo restricciones casi absolutas contra las exportaciones. En agosto, más de 65 por ciento de las fábricas de Gaza permanecían cerradas, y el resto trabajaban entre el 20 y 60 por ciento de su capacidad, según el Centro de Comercio Palestino. El número de residentes en Gaza que están registrados en el OOPS como  individuos viviendo en "condiciones de pobreza extrema" se triplicó desde 2007 a 300,000; mientras que el desempleo en Gaza ascendió a 44 por ciento en el segundo trimestre de 2010.

Las autoridades israelíes declararon que el bloqueo, una forma ilegal de castigo colectivo contra los residentes de un territorio ocupado, seguirá vigente hasta que Hamas libere al soldado GiladShalit, que fue capturado en 2006. Israel es la mayor fuente de electricidad de Gaza (Egipto también proporciona una parte del suministro) y la única fuente de combustible, dado que Israel no permite otras. Además, la única planta eléctrica de Gaza opera a baja capacidad debido a que la AP no le ha pagado a Israel los envíos de combustible industrial. Los residentes de Gaza sufrieron apagones diarios de entre 8 y 12 horas de duración.

Las fuerzas de seguridad de Israel dispararon con regularidad contra los residentes de Gaza desde una distancia de hasta 1.5 kilómetros desde la línea de armisticio, creando una zona "prohibida" que abarca un 30 por ciento de las tierras agrícolas de Gaza. La Marina de Israel abrió fuego contra barcos pesqueros palestinos que navegaban a más de dos millas náuticas de la costa, prohibiendo el acceso a cerca del 85 por ciento del área marítima de Gaza.

Egipto comparte la responsabilidad del bloqueo al limitar el movimiento de bienes y personas en el puesto fronterizo de Rafah,donde se controla en la frontera sur de Gaza. En junio, Egipto alivió las restricciones de movimiento para palestinos que necesiten cuidados médicos urgentes o que tengan pasaportes y visados extranjeros. Sin embargo, los demás palestinos siguieron sin poder salir del territorio y Egipto continuó limitando las importaciones y exportaciones de bienes.

Los ataques con cohetes de Hamas desde Gaza se redujeron significativamente desde 2009. Hasta octubre, los grupos armados palestinos habían lanzado 75 cohetes de fabricación primordialmente local contra centros de población en Israel durante 2010. En marzo, Ansar al-Sunna, un grupo armado en Gaza previamente desconocido, reivindicó la responsabilidad de un ataque con cohetes que acabó con la vida de un trabajador migrante tailandés en Israel. La policía de Israel informó que al menos cuatro morteros que contenían fósforo blanco fueron lanzados desde Gaza.

Hamas publicó dos informes asegurando que los ataques con cohetes contra Israel durante la Operación Plomo Fundido estaban dirigidos contra objetivos militares y que las muertes civiles no fueron intencionadas. Estas alegaciones fueron desmentidas por repetidos ataques contra centros de población con cohetes que no pueden ser programados con ninguna precisión y por declaraciones tanto de grupos armados como de líderes palestinos manifestando la intención de herir a civiles como represalia por los ataques israelíes. Los ataques contra civiles con cohetes, morteros y de otro tipo no están nunca justificados por las leyes de la guerra, ni siquiera como represalias. En septiembre, la ONU descubrió que Hamas no había llevado a cabo investigaciones creíbles de los ataques ilegales con cohetes ni de los asesinatos y maltrato de presuntos colaboradores o rivales políticos.

Por primera vez, el Ministerio de Interior de Hamas ejecutó a cinco prisioneros que habían sido sentenciados a muerte, todos por pelotón de fusilamiento. Tres de los hombres ejecutados habían sido sentenciados a muerte por tribunales militares por colaborar con Israel, después de detenciones y juicios que violaron el debido proceso. Los tribunales civiles y militares de Hamas también sentenciaron a muerte a otros seis hombres.

Hasta el 31 de agosto, el servicio de seguridad interna del Ministerio de Interior y la policía de Hamas en Gaza presuntamente habían torturado a 132 personas, según denuncias recibidas por la Comisión Independiente de Derechos Humanos (ICHR), un organismo palestino de derechos humanos.

Hamas prosiguió con la detención incomunicada del soldado israelí GiladShalit, capturado en junio de 2006 y sometido a un trato cruel e inhumano al negarle comunicarse con su familia o recibir visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja.

La policía de Hamas siguió hostigando, deteniendo y en algunos casos hasta torturando a presuntos sospechosos de ofensas contra la "moral", incluyendo la homosexualidad y las relaciones sexuales extramatrimoniales, y cerrando o limitando de manera arbitrarialas operaciones de negocios que permiten que hombres y mujeres que no están casados ni relacionados se "mezclen". En junio, el Ministerio de Interior clausuró seis ONG en Rafah y en agosto cerró una ONG francesa que proveía cuidados médicos.

Cisjordania

Autoridad Palestina

Las denuncias de torturas a manos de los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina en Cisjordania aumentaron en 2010; y en septiembre, la Comisión Independiente de Derechos Humanos había recibido 106 quejas.

Los tribunales de la AP no declararon culpable a ningún agente de seguridad de torturas o detenciones arbitrarias. El único caso que llegó a juicio fue el de HaithamAmr, de 33 años, quien falleció tras ser arrestado por el Servicio de Inteligencia General (GIS) en 2009. Un tribunal militar de la AP ordenó que el GIS pagara una indemnización a la familia de Amr, pero absolvió a los cinco agentes acusados de su muerte debido a "falta de pruebas" de que hubiese sido torturado, pese a una autopsia que confirmó que la causa de la muerte estaba "directamente relacionada con la tortura".

Los servicios de seguridad de la AP impidieron o dispersaron mediante el uso de la violencia numerosas protestas no violentas, así como conferencias de prensa celebradas a lo largo del año. También asaltó y detuvo arbitrariamente a periodistas que cubrían los incidentes.

Israel

Hasta octubre, las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania habían acabado con la vida de al menos siete civiles palestinos. Según B'Tselem, organización de derechos humanos, las víctimas, incluyendo dos jóvenes que recogían chatarra  metálica y dos niños que participaban en una manifestación en su pueblo, no representaban ningún peligro contra las fuerzas militares ni los civiles de Israel.

Los colonos israelíes demolieron o dañaron mezquitas, olivos, autos y otras posesiones de los palestinos, y los asaltaron físicamente. En octubre, la ONU reportó 204 ataques de colonos israelíes que resultaron en palestinos heridos y daños a las propiedades, casi el doble que el año pasado. Las autoridades israelíes arrestaron a numerosos colonos pero enjuiciaron a pocos.

Derribos de casas y evacuaciones

En octubre, las autoridades israelíes habían derribado 285 hogares palestinos y otros edificios en Cisjordania (incluyendo Jerusalén Oriental), desplazando a 340 personas, con el argumento de que las estructuras se habían construido sin permisos; en la práctica, sin embargo, es casi imposible para los palestinos obtener estos permisos, mientras que para los colonos existe un proceso de planificación urbana independiente que les otorga permisos con mayor facilidad. Las autoridades israelíes derribaron repetidamente la comunidad de al-Farsiye en el norte del Valle del Jordán, desplazando aproximadamente a 113 personas por vivir en una "zona militar cerrada". Algunas de las familias desplazadas llevaban viviendo en este lugar al menos desde los años sesenta.

Los colonos también siguieron desalojando familias palestinas en Jerusalén Oriental, incluso basándose en leyes que reconocen las reclamaciones de propiedad de judíos en ese lugar antes de 1948, pero ignoran las reclamaciones de propiedad de los palestinos en ese período en Jerusalén Occidental.

Desde el 26 de noviembre de 2009 hasta el 26 de septiembre de 2010, las autoridades israelíes "paralizaron" la construcción de nuevas viviendas en los asentamientos, sin incluir aquellas en Jerusalén Oriental o aproximadamente 2,000 hogares cuyas obras ya habían arrancado, o edificios públicos e infraestructura.

Libertad de movimiento

Israel mantuvo restricciones onerosas del movimiento de palestinos en Cisjordania, especialmente en el "Área C" que está bajo control exclusivo de Israel. Si bien Israel retiró algunos obstáculos de cierre, aún permanecenmás de 500.

Israel continuó la construcción del muro o la barrera de separación. Alrededor del 85% de su superficie está ubicada dentro del territorio de Cisjordania, lo que deja a muchos asentamientos en el lado "israelí" de la barrera. La confiscación de terrenos privados para la construcción de la barrera supuso, entre otras cosas, que los agricultores y los pastores se vieran separados de sus tierras.

Detenciones arbitrarias y detención de niños como si fueran adultos

Las autoridades de la justicia militar de Israel detuvieron arbitrariamente a palestinos que promovían la protesta no violenta contra los asentamientos israelíes y el tramo de la barrera separación. En octubre, un tribunal militar sentenció a Abdallah Abu Rahme, del pueblo de Bil'in, a un año de prisión bajo cargos de incitar la violencia y organizar manifestaciones ilegales, basándose en gran parte en testimonios forzados de niños. En enero, las fuerzas militares de Israel dejaron en libertad a MohammadOthman, activista contra la barrera de separación, tras haberlo detenido durante 113 días sin cargos formales.

Aunque los tribunales civiles israelíes definen a los israelíes menores de 18 años como niños, en adherencia a los estándares internacionales, los tribunales militares israelíes siguen tratando como "adultos" a los palestinos mayores de 16 años, a los que condenan como adultos de acuerdo a su edad al momento de dictar la sentencia, aunque hubiesen sido niños cuando cometieron el delito. Al mes de septiembre, Israel detuvo al menos a 286 niños menores de 18 años, incluyendo 20 menores de 15 años. Grupos de derechos humanos informaron sobre docenas de casos en que las autoridades israelíes detuvieron e interrogaron a niños palestinos sin que estuviera presente un miembro de su familia y sin que tuvieran acceso a un abogado, tal como exige la ley, y supuestamente los maltrataron mientras estaban bajo custodia para obligarles a firmar confesiones en hebreo, que no podían entender.

En septiembre, Israel mantenía en detención administrativa a 189 palestinos sin cargos.

Israel

Los ciudadanos beduinos de Israel sufrieron derribos discriminatorios de sus viviendas. Desde julio hasta octubre, la policía y la Administración de Tierras de Israel destruyeron el pueblo beduino de Al-Araqib seis veces, desalojando a 300 personas. En ese momento, los residentes estaban en proceso de apelar en un tribunal las alegaciones del Estado de que nunca habían sido propietarios de las tierras en el área. Alrededor de 90,000 beduinos viven en pueblos "no reconocidos", prácticamente sin servicios básicos y en riesgo de ser demolidos.

Israel también se negó a reconocer la legalidad de miles de hogares de ciudadanos palestinos en Israel, incluyendo el pueblo de 600 personas de Dahmash, en el centro de Israel, que al no contar con estatus legal carece de servicios básicos. Mientras los residentes son propietarios legales de las tierras sobre las que se asientan sus casas, Israel se niega a reclasificar las tierras de su condición agrícola actual a residencial, lo que hace que sus viviendas sean consideradas ilegales.

Hay en torno a 200,000 trabajadores migrantes en Israel, muchos de los cuales trabajan en condiciones abusivas. Segúninformes, son comunes los empleadores que no pagan los salarios o que pagan sueldos demasiado bajos. La mayoría de empleados debe dinero a agencias de reclutamiento y  está comprometida con un solo empleador para su sustento. Además, los trabajadores no pueden cambiar de trabajo sin el consentimiento de su empleador. El Gobierno ha deportado a trabajadores migrantes y sus hijos nacidos en Israel, en cumplimiento de las políticas que prohíben que los trabajadores migrantes formen familias.

Actores internacionales clave

Israel es el principal receptor de ayuda extranjera de Estados Unidos desde la segunda guerra mundial. En 2010 recibió US$2,775 millones en asistencia militar. El gobierno de Obama presionó a favor de una reanudación de las negociaciones de paz entre Israel y la AP en septiembre, y ofreció ayuda adicional a Israel para renovar una "paralización" temporal de las nuevas construcciones de asentamientos. Estados Unidos continuó entrenando y equipando a las fuerzas de seguridad palestinas, concediéndoles US$350 millones para asistencia de seguridad y programas, además de US$150 millones a la AP en apoyo presupuestario directo. Mientras que la Unión Europea le había otorgado hasta octubre 230 millones de euros (US$315 millones).

Tanto el Consejo de Derechos Humanos como la Asamblea General de la ONU aprobaron resoluciones de seguimiento instando a Israel y Hamas a investigar las graves violaciones de las leyes de guerra. La AP, aparentemente bajo presión externa relacionada a las negociaciones con Israel, no remitió, de forma notoria, un informe de un experto del Consejo de Derechos Humanos sobre las medidas de responsabilidad después de la guerra de Gaza a organismos de más alto perfil de la ONU para su evaluación.