La reacción de los abusadores:

Intensificación de los ataques contra defensores, organizaciones e instituciones de derechos humanos

Por Kenneth Roth

Todos los gobiernos tienen en ocasiones la tentación de violar los derechos humanos. Con el fin de fomentar que los gobiernos se resistan a esta tentación, el movimiento pro derechos humanos intenta subir el precio a pagar por el abuso y alterar el cálculo del beneficio en función de los costos de las acciones de un gobierno.

La capacidad del movimiento pro derechos humanos de subir dichos precios ha aumentando considerablemente en los últimos años. Actualmente, los activistas son capaces de exponer los abusos cometidos en casi cualquier parte del mundo, proyectando una intenso haz de vergüenza pública sobre los responsables, impulsando a los gobiernos y las instituciones para que usen su influencia en representación de las víctimas y, en los casos más graves, convenciendo a los fiscales internacionales de que lleven a los violadores ante la justicia. Se trata de herramientas eficaces que han conservado su potencia a pesar del respaldo vacilante a los derechos humanos de ciertos aliados tradicionales. Esta eficacia ha engendrado una reacción, cuya intensidad aumentó especialmente en 2009.

Ciertos gobiernos abusivos, a veces trabajando unidos, a veces por vías paralelas, han emprendido una intensa ronda de ataques contra los defensores, las organizaciones y las instituciones de derechos humanos. Su objetivo es silenciar al mensajero, eludir la presión, para reducir el costo que acarrea la comisión de violaciones de los derechos humanos.

Estos ataques pueden considerarse un homenaje involuntario al movimiento pro derechos humanos. Si los gobiernos no sintieran las llamas, no se molestarían en intentar extinguir la fuente. Pero el cinismo de sus motivaciones no mitiga el peligro. Estos gobiernos están atacando la propia esencia del movimiento pro derechos humanos con variados pretextos.

Las técnicas empleadas varían de la sutilidad a la transparencia, del refinamiento a la brutalidad. En algunos casos, los activistas pro derechos humanos—ya sean defensores, periodistas, abogados, recopiladores de firmas para peticiones u otros que documentan y hacen públicos los abusos o defienden a las víctimas—han sido hostigados, detenidos y a veces asesinados. Organizaciones han sido cerradas o dañadas. Los instrumentos utilizados van de la clásica redada policial al empleo más novedoso de restricciones reglamentarias.

Las instituciones internacionales también han sido objeto de esta presión. El surgimiento de un sistema internacional de justicia—especialmente la Corte Penal Internacional—ha sido el objetivo de las críticas especialmente envenenadas de los líderes gubernamentales que temen su enjuiciamiento. La meta consiste aparentemente en suprimir cualquier institución capaz de penalizar a aquellos que violen los derechos humanos.

Los ataques están basados en una serie de argumentos resonantes, pero irreconciliables en última instancia con el imperativo de la justicia por los peores crímenes internacionales. Además, el Consejo de Derechos Humanos, el organismo de derechos humanos intergubernamental más destacado de las Naciones Unidas, ha caído presa de los esfuerzos concertados para debilitar sus posibilidades, restringiendo las opiniones independientes del control gubernamental.

Por supuesto, la aparición de un fuerte movimiento pro derechos humanos no ha conllevado el final de los abusos contra los derechos humanos. La presión sirve a veces para mitigar o frenar los abusos, pero en ocasiones los gobiernos encuentran tantas ventajas en la violación de los derechos humanos que están dispuestos a asumir el costo. Sin embargo, la tendencia es que un número creciente de gobiernos esperan poder nadar y guardar la ropa: violar los derechos humanos sin pagar el precio. Esperan alcanzar este paraíso del abuso mediante la subversión de las personas y las instituciones que imponen un costo por la violación de los derechos humanos.

Por supuesto, los gobiernos tienen desde hace tiempo la tentación de atacar al portador de malas noticias. Existe una larga y sórdida tradición de censura, encarcelamiento, “desaparición” y asesinato de defensores de los derechos humanos. Pero ahora, con el aumento del poder y la eficacia del movimiento pro derechos humanos, también ha aumentado la sutileza y la complejidad de los intentos de muchos gobiernos de silenciar al mensajero. La comisión de asesinatos se desmiente. Los procesos por motivos políticos se disfrazan con acusaciones de delitos comunes. La censura se logra mediante regímenes reglamentarios aparentemente neutrales. Se bloquea la entrada de financiamiento. Como señaló la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en agosto de 2009: “Los medios a los que se recurría en algunos países para restringir las actividades de las organizaciones de derechos humanos se emplean ahora de una manera aún mucho más generalizada en todas las regiones del mundo”.

Los responsables de estos ataques no son sólo los gobiernos autoritarios clásicos como Cuba y China. Los gobiernos democráticos como el de Sri Lanka han incrementado la presión sobre las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales que documentan violaciones, como ha ocurrido con los gobiernos que celebran elecciones pero que tienen un régimen lejos de ser democrático, como Rusia.

Estos esfuerzos todavía no han logrado disminuir la presión del movimiento pro derechos humanos. La mayoría de los defensores de los derechos humanos aceptan el reconocimiento no intencionado a su labor que conllevan los ataques y redoblan sus esfuerzos. No obstante, la campaña para debilitar el activismo pro derechos humanos es peligrosa. Al destacarla en este informe anual, Human Rights Watch pretende exponer la situación y contribuir a revertir la tendencia. La firme defensa de los derechos humanos depende de la vitalidad del movimiento pro derechos humanos que está siendo atacado. Apelamos a los que apoyan los derechos humanos dentro de los gobiernos para que defiendan a los defensores identificando y rechazando estas iniciativas reaccionarias.

Ataques contra defensores de los derechos humanos

Asesinato y otros ataques violentos

Los gobiernos llevan tiempo recurriendo al asesinato para silenciar las críticas en materia de derechos humanos. Hoy en día, en lugar de actuar abiertamente, los abusadores tienden a ocultarse detrás de las obras de “asaltantes desconocidos” cuyas matanzas son ignoradas convenientemente por las instituciones judiciales nacionales.

Rusia

En 2009, Rusia encabezó las represalias homicidas contra defensores de los derechos humanos. Una de las características comunes de muchas de las víctimas es que habían informado de los casos de detención arbitraria, tortura y ejecución sumaria cometidos en la república azotada por la guerra de Chechenia por parte de las fuerzas bajo el control de facto del presidente checheno Ramzan Kadyrov. Las autoridades rusas han fomentado una cultura de impunidad por los abusos que no puede más que envalentonar a los autores de estos asesinatos. Por ejemplo:

• En julio, Natalia Estemirova, la principal investigadora sobre Chechenia de la organización de derechos humanos rusa Memorial, fue secuestrada por hombres no identificados cerca de su casa en Grozny, la capital chechena. Estemirova fue asesinada y su cuerpo fue hallado posteriormente.
• En agosto, agentes de aplicación de la ley secuestraron a Zarema Sadulayeva y a su esposo, Alik Dzhabrailov, de su oficina en Grozny; sus cuerpos con disparos mortales fueron hallados al día siguiente. Trabajaban para Salvar la Generación, una organización benéfica que ofrece asistencia a los niños afectados por el conflicto checheno.
• En enero, Umar Israilov, ex guardia de seguridad de Kadyrov que había presentado una denuncia de tortura contra él ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue asesinado por un atacante desconocido en Viena, Austria.

También en enero, el abogado de derechos humanos Stanislav Markelov, junto con la periodista que le acompañaba, Anastasia Baburova, fueron asesinados en Moscú después de que él celebró una conferencia de prensa. Se ha arrestado a dos sospechosos, y se ha informado de que uno de ellos confesó tener motivos personales para el asesinato, supuestamente relacionados con el trabajo de Markelov contra los neofascistas rusos. En el momento de escribir esta introducción, no estaba claro si ese fue efectivamente el motivo para el asesinato. Markelov también estaba representando a la familia de una joven chechena asesinada por un coronel ruso. Había representado anteriormente a Anna Politkovskaya, una periodista especializada en informar de los abusos cometidos por el gobierno de Kadyrov. Fue asesinada en Moscú en 2006, y no se ha resuelto su asesinato.

Algunos defensores de los derechos humanos rusos han sido víctimas de la violencia por su trabajo fuera del contexto de Chechenia.

• El activista contra la corrupción Andrei Kulagin, que trabajaba para la organización Spravedlivost (Justicia) en Petrozavodsk, en el noroeste de Rusia, fue hallado muerto en julio de 2009, dos meses después de su desaparición. En Khimki, en las afueras de Moscú, Albert Pchelintsev, que se dedica a denunciar la corrupción local, fue atacado en julio por dos hombres que le dispararon en la boca para “callarlo”, según los atacantes.
• En agosto, la oficina de las Madres de Daguestán por los Derechos Humanos, una organización de madres cuyos hijos se consideran desaparecidos por la fuerza, fue objeto de un ataque incendiario, después de que los nombres de algunos miembros de su equipo aparecieran en un panfleto pidiendo el asesinato de los defensores de los derechos humanos.
• En junio, Aleksei Sokolov, un defensor de los derechos humanos de Yekaterinburgo, en la región de los Urales, fue detenido por cargos claramente espurios. Sokolov, miembro de una organización de observación de las prisiones públicas, fue golpeado por la policía mientras se mofaban de él diciéndole: “¿Crees que tienes poder de supervisión sobre nosotros?”

Otros países

Rusia no fue el único escenario de ataques violentos contra defensores de los derechos humanos. Otros países en los que activistas pro derechos humanos fueron asesinados, “desaparecidos” o gravemente atacados en 2009 incluyen:

• Kenya, donde Oscar Kamau Kingara y John Paul Oulu de la Oscar Foundation, una organización de asistencia legal, fueron asesinados en marzo en Nairobi por asaltantes no identificados, después de haber informado al Relator Especial de la ONU, Philip Alston, sobre las ejecuciones sumarias por parte de la policía.
• Burundi, donde Ernest Manirumva de la organización de lucha contra la corrupción OLUCOME fue asesinado en abril. El Gobierno estableció inicialmente una comisión que realizó una farsa de investigación. Ante la presión, nombró una comisión de investigación aparentemente más genuina en octubre.
• Sri Lanka, donde en mayo hombres uniformados secuestraron y “desaparecieron” a Stephen Suntharaj del Centro de Derechos Humanos y Desarrollo. No se le ha vuelto a ver desde entonces. La Corte Suprema acababa de ordenar su puesta en libertad después de dos meses de detención policial.
• Afganistán, donde Sitara Achakzai, una destacada defensora de los derechos humanos de Kandahar, fue asesinada a tiros en abril. Llevaba semanas quejándose ante los funcionarios del Gobierno de las amenazas que había estado recibiendo, pero no hicieron nada para protegerla—una queja habitual de las mujeres afganas que participan en la vida pública, entre ellas políticas, periodistas y activistas de derechos humanos. Los esfuerzos de las autoridades por encontrar a los asesinos de Achakzai han sido escasos o nulos.
• Malasia, donde el cuerpo de Finardo Cabilao, agregado de bienestar social de la embajada de Filipinas, fue hallado muerto a golpes en agosto. Al parecer, fue atacado como consecuencia de su trabajo en contra del tráfico de personas.
• India, donde los abogados que representan a sospechosos de terrorismo fueron atacados físicamente por otros abogados afiliados con frecuencia a partidos militantes hindúes y amenazados por turbas. El Gobierno no adoptó medidas contra los responsables de dichos ataques. Por ejemplo, en marzo, la abogada ad honorem Anjali Waghmare se ofreció voluntaria para representar a Ajmal Amir Kasab, el único pistolero sobreviviente del atentado de Mumbai de noviembre de 2008. Una turba de 200 personas, encabezada por líderes locales del partido extremista Shiv Sena, rodearon su casa de Mumbai, arrojaron piedras y gritaron obscenidades. Un juez ordenó protección especial para la abogada, pero todavía no se ha enjuiciado a ninguno de los atacantes.
• Uzbekistán, donde tres miembros de la Alianza de Derechos Humanos de Uzbekistán—Elena Urlaeva, Salomat Boimatova e Ilnur Abdulov—fueron detenidos por presuntos policías de paisano cuando se dirigían a la oficina de la ONU en Tashkent, en mayo de 2009, para entregar un informe sobre los defensores de los derechos humanos en Uzbekistán. Cuando los miembros de la Alianza se opusieron a la petición de visitar una comisaría de policía, tres agentes golpearon a Abdulov y forzaron a los tres a entrar en un vehículo policial que esperaba en el lugar. En la comisaría, no fueron interrogados sobre algún delito en particular y fueron puestos en libertad rápidamente. Obligaron a Urlaeva a firmar una declaración afirmando que no participaría en ninguna actividad de derechos humanos hasta el 10 de junio, fecha de la celebración del Diálogo sobre Derechos Humanos entre la Unión Europea y Uzbekistán. A pesar de la creciente presión, en octubre, la UE levantó un embargo de armamento sobre Uzbekistán, la última que quedaba en vigor de las sanciones impuestas después de la masacre de Andiján de 2005.

Sociedades cerradas y restricción de las condiciones para el activismo

Algunos gobiernos son tan opresivos que no puede existir abiertamente ningún movimiento pro derechos humanos en el país. Nadie se atreve. Estos gobiernos también impiden habitualmente las visitas de observadores internacionales de derechos humanos. En este sentido, son dignos de mención Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán. Birmania e Irán tienen pequeños y asediados movimientos pro derechos humanos, pero prohíben la entrada de organizaciones internacionales. Arabia Saudita no reconoce la promoción no gubernamental de los derechos humanos, ignorando a veces a los activistas solitarios, pero reprimiendo con más frecuencia a estas valientes personas cuando se amplía su audiencia, especialmente en los medios de comunicación occidentales. Somalia es tan peligroso que la observación abierta de los derechos humanos es virtualmente imposible: los últimos tres años de conflicto brutal han aniquilado la sociedad civil, y muchos activistas han sido asesinados o han huido del país.

Libia ha autorizado las visitas internacionales, pero prohíbe efectivamente la observación independiente interna porque el concepto de sociedad civil independiente contradice la teoría del líder libio Mu`ammar al-Gaddafi de un gobierno de las masas sin intermediarios. En Siria, todas las organizaciones de derechos humanos siguen operando autorización, ya que los funcionarios les niegan constantemente las solicitudes de registro. La Organización Nacional de Derechos Humanos recurrió ante un tribunal administrativo la decisión del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo de denegarle la solicitud de registro. El Ministerio respondió pidiendo el enjuiciamiento de los miembros de la organización.

Algunas sociedades generalmente abiertas prohíben que las organizaciones internacionales de derechos humanos visiten los escenarios de ciertos abusos graves. Indonesia ha prohibido visitar Papúa al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a organizaciones internacionales de derechos humanos. Israel impidió la entrada a Gaza de defensores de los derechos humanos israelíes e internacionales, además de los periodistas, durante el conflicto de diciembre de 2008 a enero de 2009, y ha mantenido fuera a los activistas pro derechos humanos desde entonces (aunque ha sido posible acceder a la zona a través de Egipto desde el conflicto, y los defensores que residen en Gaza han podido trabajar durante todo este tiempo). Sri Lanka impidió la entrada de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos y periodistas independientes a la mayor parte de la región en la que estaba teniendo lugar el conflicto armado que alcanzó su punto álgido en 2009, además de no permitir el acceso a las personas internamente desplazadas recluidas en campamentos.

Una serie de gobiernos impiden el acceso a los expertos independientes y relatores de la maquinaría de derechos humanos de la ONU. Los gobiernos de Uzbekistán, Turkmenistán y Vietnam continúan negando el acceso a más de media docena de representantes de mecanismos especiales de la ONU, incluidos los relacionados con la tortura y los defensores de los derechos humanos, a pesar de las invitaciones constantes y cursadas desde hace tiempo para visitar estos países. Otros gobiernos con una mala conducta similar incluyen los de Egipto, Eritrea, Etiopía, Pakistán y Arabia Saudita. A finales de octubre de 2009, Zimbabue impidió la entrada al país del Relator Especial sobre la tortura, a pesar de haberle invitado y acordado las fechas de la visita; mientras que Rusia se ha negado constantemente a garantizar las condiciones necesarias para que realice una misión al país.

Ciertos gobiernos parecen no tener reparos en clausurar simplemente las organizaciones de derechos humanos:

• Tras la orden de arresto contra el presidente Omar al-Bashir, dictada por la Corte Penal Internacional en marzo de 2009, el Gobierno sudanés cerró tres organizaciones locales de derechos humanos, además de expulsar a 13 ONG humanitarias internacionales que trabajan en Darfur.
• En julio, el Gobierno chino clausuró la Iniciativa para una Constitución Abierta, la principal organización no gubernamental de asistencia legal del país, que ha trabajado en cuestiones como las causas originales de las protestas del Tíbet en 2008 y el escándalo de la leche contaminada con melanina que enfermó a cientos de miles de niños.
• En Azerbaiyán, tras rechazar seis veces el registro del Centro de Observación Electoral, el Gobierno autorizó brevemente su registro en febrero de 2008, pero lo clausuró tres meses después, ostensiblemente por suministrar información falsa sobre su fundador y su dirección legal, y por abrir oficinas regionales sin informar al Gobierno. En 2009, el grupo se reformó y adoptó un nuevo nombre—el Centro Observación Electoral y Estudios sobre Democracia—y solicitó su registro, pero el Ministerio de Justicia se lo denegó en mayo y en agosto.

Detención, hostigamiento, amenazas y otros ataques

Otros gobiernos hostigan abiertamente o detienen a defensores de los derechos humanos:

• El Gobierno cubano se niega a reconocer la legitimidad de cualquier organización independiente de derechos humanos. Los defensores locales están sometidos a un acoso regular, y amenazados con palizas y encarcelamiento si no abandonan su trabajo, y son sentenciados mediante leyes amplias que criminalizan prácticamente todas las formas de disensión. Docenas de defensores de los derechos humanos están actualmente encarcelados en Cuba, entre ellos varios condenados mediante la ley orwelliana de “estado peligroso”, que permite condenar a personas no por haber cometido un delito sino para prevenir que cometan uno en el futuro.
• El Gobierno vietnamita prohíbe las organizaciones independientes de derechos humanos, que considera parte de conspiraciones subversivas para debilitar al Partido Comunista Vietnamita a través de la “evolución pacífica”. Se encarcela con frecuencia a defensores de los derechos humanos por crímenes contra la seguridad nacional, como “abusar de las libertades democráticas” de expresión, asamblea o asociación para “menoscabar los intereses del Estado”. Los abogados que intentan defender a activistas pro derechos humanos vietnamitas también se enfrentan a amenazas, hostigamiento, suspensión de su licencia, ataques físicos y arresto. En junio de 2009, por ejemplo, la policía detuvo al abogado Le Cong Dinh, al que acusó de usar su representación de activistas pro democracia y libertad religiosa para “hacer propaganda contra el régimen y distorsionar la constitución y las leyes de Vietnam”. La abogada de derechos humanos Bui Kim Thanh fue ingresada contra su voluntad en una institución psiquiátrica en 2008 por su defensa de los agricultores que exigían un resarcimiento por la confiscación de sus tierras.
• En diciembre de 2008, en Irán, las fuerzas de seguridad saquearon las oficinas de la Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, se llevaron archivos y computadoras y arrestaron a algunos miembros de su equipo, poco antes de la celebración prevista del sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En noviembre de 2009, las autoridades confiscaron la medalla del Nobel de Ebadi e iniciaron procedimientos legales por el “impago de impuestos” sobre la parte financiera del premio. Se detuvo a destacados abogados de derechos humanos para impedirles que representaran a los simpatizantes de la reforma después de las disputadas elecciones presidenciales de Irán de junio de 2009.
• En Arabia Saudita, la policía secreta arrestó a los activistas pro derechos humanos Muhammad al-‘Utaibi y Khalid al-‘Umair cuando se disponían a asistir a un mitin pacífico de solidaridad con Gaza. Las fuerzas de seguridad los ha mantenido en prisión preventiva más allá del límite de seis meses que permite la legislación saudita, y a pesar de que la fiscalía decidió no formular cargos. Cuando, en noviembre de 2009, las autoridades sospecharon que al-‘Umair estaba informando a otros activistas a través de un teléfono móvil que tenía ilegalmente en su posesión sobre las condiciones en la prisión de al-Ha’ir, incluyendo las palizas de los guardias a presos y la muerte de reclusos por falta de atención médica, lo recluyeron en aislamiento.
• En octubre de 2009, los agentes sirios de Seguridad del Estado detuvieron a Haytham al-Maleh, un destacado abogado de derechos humanos de 78 años, después de que apareciera en un canal de televisión de la oposición criticando la represión constante de la libertad de expresión en Siria. En noviembre, un juez militar le acusó de “divulgar información falsa y exagerada que puede debilitar el sentimiento nacional”. Su juicio se está celebrando.
• En Camboya, más de 60 activistas comunitarios estaban encarcelados o esperando su juicio en 2009—con frecuencia por cargos espurios—por ayudar a organizar y representar a otros miembros de su comunidad que se enfrentaban a desalojos o la confiscación ilegal de sus tierras por parte de empresas privadas vinculadas a altos funcionarios gubernamentales y militares.
• Yemen mantuvo su notoriedad por las desapariciones forzadas, entre ellas la de Muhammad al-Maqalih, un periodista del medio digital, Eshtiraki.net, del opositor Partido Socialista de Yemen. En septiembre de 2009, un grupo de hombres se llevaron por la fuerza a Maqalih en San’a, la capital del país, poco después de que criticara al Gobierno por su campaña de bombardeos contra los rebeldes del norte. Sus compañeros dijeron que había sido identificado en la prisión de la Organización de Seguridad Política, después en una prisión del Ministerio de Defensa y, en noviembre, en una prisión en Aden.

Algunos gobiernos emplean las amenazas de violencia, explícitas o en clave, para disuadir o castigar a los defensores de los derechos humanos:

• En Colombia, el presidente Álvaro Uribe y altos funcionarios del Gobierno han vertido acusaciones infundadas que relacionan a defensores de los derechos humanos, además de periodistas y activistas sindicales, con la guerrilla de las FARC. En el contexto del largo historial de asesinatos de defensores de los derechos humanos por parte de grupos armados ilegales a causa de su trabajo, dichas acusaciones pueden ser extraordinariamente peligrosas. La agencia de inteligencia colombiana, que depende directamente de Uribe, también ha seguido estrechamente a las organizaciones de derechos humanos mediante escuchas telefónicas, intercepción de correos electrónicos y vigilancia ilegales.
• El Gobierno de la República Democrática del Congo acusó a los trabajadores de derechos humanos de ser “terroristas humanitarios”—lo que agrava considerablemente el peligro que ya corren trabajando en la zona en guerra del este del Congo.
• Una serie de activistas de Sri Lanka huyeron del país debido a las amenazas y el hostigamiento. En agosto de 2009, el Dr. Paikiasothy Saravanamuttu, director ejecutivo del Centro de Alternativas Políticas, un grupo de expertos esrilanqués que critica con frecuencia al Gobierno, recibió una amenaza de muerte en una carta anónima, en la que le acusaban de la posible pérdida de privilegios comerciales de Sri Lanka con la UE debido al deficiente historial en materia de derechos humanos del país. Dos semanas después, la policía le detuvo durante un breve período y le interrogó en el aeropuerto cuando regresaba a Sri Lanka de un viaje al extranjero.
• En Nicaragua, las defensoras de los derechos de la mujer que encabezan una campaña contra la prohibición absoluta del aborto promulgada en 2006 se enfrentaron a investigaciones oficiales de su trabajo, así como llamadas amenazantes y actos de vandalismo por parte de atacantes desconocidos.

A pesar del amplio reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales conforme al derecho internacional, estos derechos siguen siendo objeto de ataques sociales y políticos en muchas partes del mundo. La discriminación y la violencia extrema, que llega a veces al asesinato, se mantienen contra los que intentan reclamar estos derechos. Los activistas que luchan contra el VIH/SIDA, los que fomentan el acceso de las mujeres a un aborto seguro y legal, o las ONG que promueven los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero son atacados con frecuencia debido a la controversia social y política que rodea a estos temas. Por ejemplo, la “ley contra la homosexualidad” propuesta en Uganda convertiría en delito la “promoción” de la homosexualidad, que acarrearía un enjuiciamiento penal y la disolución de la ONG responsable.

Regulaciones restrictivas

Los métodos antes mencionados para intentar silenciar al movimiento pro derechos humanos son escasamente sutiles. Sin embargo, debido a su transparencia, también conllevan un precio más directo en términos del daño a la reputación y las relaciones internacionales del gobierno abusivo. Como consecuencia, los gobiernos abusivos suelen recurrir a técnicas menos obvias. Un método que parece estar propagándose es la adopción de leyes y reglamentos intrusivos—destinados no tanto a ofrecer un marco para facilitar la creación y el funcionamiento de las ONG, sino a controlarlas y amordazarlas. En 2006, el Relator Especial de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos señaló que “aunque unos pocos Estados han promulgado leyes nacionales en las que se recogen las obligaciones internacionales contenidas en la Declaración [sobre los defensores de derechos humanos], la tendencia ha sido la promulgación por los Estados de nuevas leyes tendientes a restringir las actividades relacionadas con los derechos humanos”. Los gobiernos que adoptan esta estrategia intentan aparentar que no se trata más que de una supervisión normal de un sector importante, pero la intención y el efecto es prevenir que estos grupos exijan responsabilidades a los gobiernos por su cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.

Rusia reforzó esta estrategia regulatoria en 2006, con la adopción de una ley controvertida que regula a las ONG. Las autoridades también utilizan códigos sobre impuestos, la seguridad contra incendios y la piratería de software con el mismo objetivo. Las ONG que desarrollan una labor no controvertida han sufrido un impacto relativamente pequeño, pero las organizaciones de derechos humanos y las que intentan promover el rendimiento de cuentas de los gobiernos se han visto sometidas a reglamentos onerosos, estrecha supervisión, auditorías e inspecciones impuestas de manera selectiva, y amenazas de cierre por incumplimiento. En el mejor de los casos, estas organizaciones tienen que desperdiciar su tiempo respondiendo a los supervisores oficiales, en lugar de llevar a cabo su trabajo; según un estudio, el costo de registro de las ONG se ha vuelto un 40 por ciento más caro que el de empresas comerciales. En el peor de los casos, estas organizaciones están sujetas a la liquidación o la suspensión por infracciones técnicas relativamente menores, o las exigencias de las inspecciones les impiden desempeñar su labor fundamental. En 2009, los tribunales ordenaron la liquidación de dos oficinas regionales del Movimiento Pro Derechos Humanos por infracciones técnicas. Agora, una organización regional de derechos humanos, no ha podido realizar su labor esencial desde julio debido a una serie de inspecciones hostigadoras.

La nueva ley de Etiopía sobre organizaciones de la sociedad civil, adoptada en enero de 2009, ha tenido un efecto aún más devastador. Ha suspendido esencialmente toda observación interna de la situación de los derechos humanos. La ley prohíbe a las “organizaciones extranjeras”, definidas como cualquier grupo que reciba más del 10 por ciento de su financiamiento del extranjero, realizar cualquier actividad relacionada con cuestiones de derechos humanos, derechos de la mujer, derechos del niño o buena gestión de gobierno. La falta de donantes nacionales ha hecho que las ONG tengan que evitar estos temas delicados. El Gobierno etíope justifica la ley señalando que muchos gobiernos, como el de Estados Unidos, prohíben el financiamiento extranjero de candidatos políticos, pero las campañas políticas son muy diferentes de las organizaciones de la sociedad civil que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica. El Gobierno etíope también señala que permite el financiamiento extranjero de actividades de desarrollo (una fuente importante de ingresos para el Gobierno), pero la mejor manera de garantizar que las iniciativas de desarrollo respondan a las necesidades de la población general es permitir el tipo de observación independiente que restringe la ley sobre la sociedad civil. Su efecto limitador se agrava con una nueva ley antiterrorista, que puede utilizarse para criminalizar las protestas y las manifestaciones públicas pacíficas gracias a la definición excesivamente amplia de la promoción del terrorismo.

Aunque se promulgó inicialmente para prohibir que los partidos políticos, los políticos y los candidatos electorales aceptaran apoyo financiero del extranjero con el fin de garantizar que los intereses externos no afectaran a las elecciones indias, la ley (reglamento) sobre contribución extranjera de India se ha empleado en cambio para bloquear el financiamiento y hostigar a las organizaciones que critican las políticas y las prácticas del Gobierno. Las enmiendas propuestas a la ley debilitarían aún más el derecho de las ONG a buscar y recibir apoyo financiero para cualquier actividad que consideren perjudicial para el “interés nacional”.

En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu utilizó el poder que le confiere su cargo, en lugar de la ley, para atacar a los financiadores de una organización clave de derechos humanos. En agosto, instó públicamente a los gobiernos europeos a que interrumpieran su financiamiento al grupo de veteranos israelíes Romper el Silencio, poco después de que publicara un informe muy crítico sobre la conducta de las Fuerzas de Defensa Israelíes en Gaza. El informe incluía testimonios de 26 soldados que habían participado en la operación militar en Gaza. Un alto funcionario de la oficina de Netanyahu declaró públicamente: “Vamos a dedicar tiempo y personal para combatir a estos grupos; no vamos a quedarnos quietos mientras los grupos de derechos humanos nos atacan con impunidad”.

Otros gobiernos con leyes restrictivas sobre las ONG y las asociaciones incluyen:

• Egipto, donde la ley que gobierna las asociaciones dispone sanciones penales para reprimir las actividades legítimas de las ONG, que incluyen “participar en actividades políticas o sindicales”, y permite la disolución de ONG por orden administrativa. Egipto también mantiene una serie de prácticas administrativas intrusivas que restringen el desarrollo natural de la sociedad civil y ofrecen amplias vías para la interferencia política y burocrática. Los servicios de seguridad revisan y rechazan habitualmente los registros de ONG e investigan a sus líderes, sus actividades y su financiamiento.
• Jordania, donde una ley de 2009 permite al Gobierno despedir a los gerentes de una ONG y sustituirlos por funcionarios del Estado. La ley obliga también ahora a las ONG a pedir aprobación oficial de cualquier donación extranjera.
• Uganda, donde una ley de 2007 exige a las ONG que notifiquen con siete días de antelación sobre cualquier intención de entrar en “contacto directo con personas de cualquier zona rural de Uganda”.
• Turkmenistán, que no tiene pretensiones de respetar la independencia de las ONG. Conforme a su legislación, las ONG deben obtener el apoyo de un organismo gubernamental para registrarse. También tienen que permitir que representantes del Gobierno asistan a todas las reuniones y registrar cada donación ante el Ministerio de Justicia.
• Libia, donde una ley sobre asociaciones exige que un órgano político apruebe a todas las ONG y permite la injerencia gubernamental continuada en su administración. Cualquier organización considerada opuesta a la ideología de la revolución libia de 1969 comete un delito, que puede acarrear una pena capital.

Esta estrategia regulatoria para restringir la supervisión de los derechos humanos ha resultado tan útil que una serie de gobiernos—que no se limitan a los tradicionalmente represivos—han propuesto leyes similares. Entre los países con proyectos de ley pendientes de aprobación están:

• Venezuela, donde un proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional en 2006 impondría a las ONG que reciben asistencia extranjera unos requisitos vagamente definidos de registro y el deber de responder a preguntas intrusivas del Gobierno acerca de sus actividades, financiamiento y gastos.
• Perú, donde un comité parlamentario ha emprendido pasos para reinstaurar una ley que permite que un organismo gubernamental supervise a las ONG, a pesar de que el Tribunal Constitucional del Perú ha anulado dicha ley.
• Camboya, donde el primer ministro Hun Sen declaró en noviembre de 2009 que pronto se aprobaría una ley sobre ONG para erradicar a las “ONG malas” que “hablan demasiado fuerte”, sirven de pantalla para actividades políticas y terroristas o reciben fondos de países extranjeros que se oponen al Gobierno camboyano. Está previsto que la Asamblea Nacional acepte pronto un proyecto de ley, a pesar de que no se ha facilitado una copia del proyecto a los grupos de la sociedad civil para su revisión y comentarios.
• Runda, donde el Gobierno está proponiendo reforzar los requisitos ya de por sí intrusivos de que las ONG faciliten al Gobierno información financiera detallada, listas de personal y activos e informes anuales sobre sus actividades.
• Kirguistán, donde un proyecto de ley impondría requisitos onerosos de información a las ONG, les prohibiría participar en actividades “políticas” y establecería un nuevo régimen de inspecciones y advertencias gubernamentales. Las sesiones parlamentarias sobre el proyecto de ley se pospusieron como consecuencia de las protestas locales e internacionales.

Suspensión de la licencia de abogados

Dado que los abogados suelen desempeñar un papel destacado en la defensa de los derechos humanos, son objeto frecuente de ataques. Tanto China como Irán han suspendido la licencia de abogados por motivos políticos para impedirles representar a víctimas de abusos contra los derechos humanos.

• En China, el Gobierno silenció a abogados activistas denegándoles la renovación de sus licencias profesionales, presionando a los bufetes legales en los que trabajan y restringiendo el tipo de casos que pueden asumir. La represalia más grande hasta la fecha fue la suspensión del registro profesional de 30 abogados de Beijing. Todos estos abogados estaban involucrados en casos destacados en contra de las autoridades locales y centrales: el escándalo de la leche contaminada de Sanlu, las acusaciones de corrupción en la construcción de las escuelas que sucumbieron en el terremoto de Sichuan de 2008, un recurso contra el control gubernamental del colegio oficial de abogados de Beijing y un galimatías de casos de derechos humanos que van de los desalojos forzados de inquilinos y agricultores a los procesos por motivos políticos de disidentes políticos y religiosos.
• En junio de 2009, tras las disputadas elecciones presidenciales, el Gobierno iraní adoptó nuevos reglamentos que limitan seriamente la independencia del colegio de abogados iraní, otorgando control gubernamental sobre el derecho de los abogados a ejercer su profesión. Hasta entonces, el colegio de abogados, que tiene autoridad exclusiva para conceder o denegar licencias profesionales, se había resistido a los intentos oficiales de frenar a los abogados que defienden los derechos humanos.
• En julio, los agentes sirios de Seguridad del Estado detuvieron a Muhannad al-Hasani, presidente de la Organización Siria de Derechos Humanos (Swasiah). Un juez de instrucción le acusó de “debilitar el sentimiento nacional” y “divulgar información falsa o exagerada” en relación con su seguimiento de los juicios celebrados en la Corte Suprema de Seguridad del Estado. Su juicio se encuentra en curso. En noviembre, el colegio sirio de abogados emitió la decisión de suspender su licencia profesional de manera permanente.

Cargos penales

Muchos gobiernos utilizado acusaciones penales falsas para silenciar a los defensores de los derechos humanos. Por ejemplo:

• En agosto de 2009, en su esfuerzo de aplastar a la organización de asistencia legal más destacada de China, la Iniciativa para una Constitución Abierta, las autoridades de Beijing detuvieron durante tres semanas a su fundador, Xu Zhiyong, y otro miembro del equipo de la organización por sospechas de “evasión fiscal”. Las razones declaradas: no haber pagado impuestos por una donación benéfica de la Universidad de Yale. También se anuló el registro del grupo. Las protestas nacionales e internacionales contribuyeron a la puesta en libertad de Xu, pero las operaciones de la ONG china de asistencia legal de mayor interés público siguen suspendidas.
• En noviembre, China condenó al veterano activista pro derechos humanos Huang Qi por “posesión de secretos de Estado” y lo condenó a tres años de prisión tras un juicio a puerta cerrada y sin nunca haber develado públicamente los secretos que supuestamente poseía. El proceso contra Huang se produjo después de que investigara las denuncias de que la construcción deficiente había contribuido al colapso de las escuelas en la zona de Sichuan afectada por el terremoto de mayo de 2008. El Gobierno procesó también a Tan Zuoren, editor literario y activista del medio ambiente, que fue juzgado en Chengdu en agosto de 2009 por “subversión” al haber recopilado una lista de niños muertos en el terremoto de Sichuan.
• Uzbekistán ha inventado en repetidas ocasiones acusaciones penales contra activistas pro derechos humanos, especialmente los que defienden los derechos de los agricultores. Por ejemplo, Ganikhon Mamatkhanov, un defensor de los derechos humanos y activista pro derechos de los agricultores que ofrecía regularmente comentarios sobre la situación de los derechos humanos en el país a Radio Ozodlik, la delegación uzbeka de Radio Free Europe/Radio Liberty, fue condenado en noviembre de 2009 a cinco años de cárcel por fraude y soborno, después de su detención un mes antes tras un intento aparente de tenderle una trampa. Mamatkhanov recibió una llamada de un hombre que no se identificó y le pidió que se encontrara con él en un mercado. Según se informó, cuando se presentó, el hombre empezó a golpearle e introdujo un paquete en su bolsa. Mamatkhanov intentó detenerle y, al darse cuenta de que era una trampa, intentó deshacerse del paquete. Sin embargo, fue detenido inmediatamente por la policía que confiscó el paquete, que resultó ser 500,000 somes uzbekos (unos US$330) en billetes. Mamatkhanov dijo que nunca había visto antes a su atacante.
• Ruanda ha utilizado su legislación penal contra la “ideología genocida” para silenciar a las personas que critican las actuales políticas gubernamentales o a los que cuestionan los abusos cometidos en el pasado por el Frente Patriótico Ruandés. También ha empleado sus tribunales informales gacaca—una forma de justicia popular desprovista de muchas garantías procesales—para acusar falsamente a los críticos del Gobierno de complicidad en el genocidio de 1994. Irónicamente, estas medidas, adoptadas en nombre de la reconciliación nacional, han menoscabado la formación de organizaciones de la sociedad civil independientes que podrían superar las divisiones étnicas y aliviar las tensiones relacionadas.
• El Gobierno iraní ha detenido a decenas de activistas de ONG a los que ha condenado a penas de prisión porque su trabajo o sus expresiones perjudican supuestamente la “seguridad nacional” o por ser “agentes extranjeros”. Los miembros de organizaciones de derechos de los kurdos han sufrido aún más, con largas condenas de cárcel, o incluso la pena de muerte, por su trabajo de denunciar las violaciones de los derechos humanos que afectan a la comunidad kurda. En 2008, el Gobierno sentenció a muerte a Farzad Kamangar, un miembro de la Organización para la Defensa de los Derechos Humanos en Kurdistán, alegando sin pruebas que pertenecía al ilegalizado Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). También condenó a Sadigh Kaboudvand, director de la organización, a 11 años de prisión por sus actividades no gubernamentales, e impuso penas de cárcel a 12 de sus colegas.

En septiembre de 2009, en un giro en el uso de acusaciones cuestionables, Evgeniy Zhovtis, el director fundador de la Oficina Internacional de Derechos Humanos y el Estado de Derecho de Kazajstán y el defensor de los derechos humanos más prominente del país, fue hallado culpable de homicidio involuntario después de un accidente automovilístico en el que un joven resultó muerto. La investigación y el juicio que llevaron a su condena estuvieron plagados de graves deficiencias procesales al negársele el derecho a presentar una defensa; lo que despertó la preocupación de que se estuviera explotando políticamente esta tragedia humana.

Las leyes penales sobre libelo también se han convertido en un instrumento favorito para silenciar las críticas sobre la situación de los derechos humanos.

• En Marruecos, en junio un tribunal impuso una pena de tres años de cárcel a Chekib el-Khayari, presidente de la Asociación de Derechos Humanos del Rif, basándose en que sus críticas a los funcionarios presuntamente cómplices de narcotráfico habían “ofendido gravemente” a las instituciones del Estado; el tribunal también le condenó por infracciones monetarias menores.
• El presidente Ramzan Kadyrov presentó una demanda civil y una querella criminal por libelo contra Oleg Orlov, director de la organización de derechos humanos Memorial, por acusar a Kadyrov de ser responsable del asesinato de la activista pro derechos humanos Natalia Estemirova. En octubre, antes de que concluyera la investigación sobre el asesinato de Estemirova, un tribunal dictaminó a favor de Kadyrov en la demanda civil. La policía está investigando a Orlov por libelo criminal.
• Natasa Kandic, directora del Centro de Derecho Humanitario y crítica destacada de que Serbia no haya enfrentado su papel en los abusos cometidos durante la guerra de los Balcanes de los noventa, es actualmente objeto de una docena de demandas civiles y querellas criminales interpuestas en 2009 por funcionarios públicos serbios. Los demandantes incluyen a funcionarios del Ministerio del Interior y altos funcionarios de la policía, a todos los cuales Kandic ha acusado de haber participado directa o indirectamente en crímenes de guerra. El Gobierno serbio no ha reaccionado directamente a estos casos.
• En Indonesia, Usman Hamid, director de Kontras, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, se enfrenta a las acusaciones penales de difamación presentadas por Muchdi Purwopranjono, ex comandante de las Fuerzas Especiales y subdirector de Inteligencia Nacional. Hamid había criticado el veredicto de inocencia en el juicio claramente deficiente contra Muchdi por el asesinato mediante envenenamiento con arsénico de Munir Said Thalib, fundador de Kontras.

Con una ligera variación de la misma historia, Sri Lanka detuvo durante varios meses a cuatro médicos del sistema público por su supuesta “divulgación de información falsa”, basándose en sus informes sobre bombardeos indiscriminados de hospitales por parte de las fuerzas gubernamentales en áreas controladas por los Tigres Tamiles durante las últimas semanas del conflicto armado contra esta organización.

* * *

A pesar de la variación y la inventiva de los esfuerzos gubernamentales por restringir o castigar a los defensores de los derechos humanos, los motivos son generalmente los mismos. En el mundo actual, la violación de los derechos humanos acarrea un precio. Sería de esperar que para la mayoría de los gobiernos dicho precio fuera una razón más para respetar sus obligaciones legales y defender los derechos humanos. Pero, como se ha descrito anteriormente, algunos gobiernos no pueden resistirse a intentar minimizar el precio atacando o restringiendo a los mensajeros. El éxito de esta cínica estrategia dependerá de la firmeza de la respuesta de los gobiernos comprometidos con la protección de los derechos humanos. Human Rights Watch espera que subrayar esta tendencia inquietante contribuya a movilizar una fuerte respuesta.

Ataques contra instituciones de derechos humanos

Corte Penal Internacional

La reacción frente a la firme defensa de los derechos humanos no se ha limitado a los defensores de los derechos humanos. Quizá la victoria reciente más importante del movimiento pro derechos humanos haya sido su contribución a para crear un nuevo sistema internacional de justicia para los peores violadores de los derechos humanos, cuyo acontecimiento más notable fue la puesta en marcha en 2002 de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Antes del surgimiento de un sistema internacional de justicia, los gobiernos muy abusivos podían valorar razonablemente que podrían salir impunes de un asesinato en masa si usaban la violencia o las amenazas para impedir la actuación de su sistema nacional de justicia. La CPI y sus instituciones hermanas, como los tribunales para Ruanda, Sierra Leona y la antigua Yugoslavia, representan la posibilidad de justicia, cuyo compromiso está fuera del alcance de los tiranos y los dictadores.

Estas instituciones se encuentran todavía en una fase inicial y nunca tendrán capacidad para enjuiciar a todos los presuntos responsables. Es más, dado que las diferencias profundamente arraigadas de poder suelen determinar a qué abusadores se investiga, los funcionarios de ciertos Estados o apoyados por ellos están menos expuestos al enjuiciamiento internacional. Estas deficiencias implican que muchas atrocidades no han sido abordadas. Pero el hecho de que se pueda contar a veces con la justicia internacional cuando fracasan las iniciativas judiciales nacionales es un acontecimiento de gran importancia. Llevar a los responsables ante la justicia es una muestra de respeto a sus víctimas. Y amenazar a los candidatos a violadores de los derechos humanos con la justicia ofrece la posibilidad de evitar atrocidades y salvar vidas.

Pero igual que estos acontecimientos son positivos desde el punto de vista de las víctimas y los sobrevivientes de las atrocidades, también suponen una amenaza desde la perspectiva de los perpetradores. Y de la misma manera en que los gobiernos abusivos han atacado a los defensores de los derechos humanos por exponer abusos y generar presión para el cambio, también han empezado a atacar al sistema internacional de justicia por amenazar la impunidad de la que siguen disfrutando.

El factor desencadenante de este nuevo ataque contra la justicia internacional fue la solicitud del fiscal de la CPI en julio de 2008 de una orden de arresto contra el presidente de Sudán Omar al-Bashir, por los crímenes cometidos por las fuerzas sudanesas y la milicia aliada contra la población civil de Darfur. En marzo de 2009, al-Bashir se convirtió en primer jefe de Estado con una orden de detención de la CPI en su contra por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Habría sido bueno que los líderes africanos aplaudieran la decisión. Después de todo, el mundo había vacilado cinco años mientras la población de Darfur se enfrentaba al asesinato y al desplazamiento forzado masivos. Finalmente, alguien estaba adoptando una medida decisiva. Desafortunadamente, algunos líderes africanos parecían menos preocupados por la matanza de ciudadanos africanos ordinarios que por la posible audacia de llevar ante la justicia a un dirigente africano en funciones por estos horribles crímenes.

El momento más bajo se alcanzó durante la cumbre de la Unión Africana (UA) celebrada en julio de 2009, en Sirte, Libia. Bajo la presión del líder libio Mu’ammar al-Gaddafi y los gobiernos de varios otros países norteafricanos, la UA adoptó una resolución instando a los Estados africanos a no cooperar con las CPI en sus esfuerzos por ejecutar la orden de arresto contra al-Bashir. Algunos gobiernos, notablemente los de Botsuana y Sudáfrica, rechazaron posteriormente esta posición, pero se mantiene el triste recuerdo de que la UA, una institución creada alrededor de los principios de derechos humanos y el Estado de derecho, decidiera tomar el lado un asesino en masa en lugar del de sus víctimas.

La UA ofreció varias razones para adoptar esta posición, ninguna de las cuales resistía un análisis. Una era que el Consejo de Seguridad de la ONU no había respondido formalmente a la petición de la UA de que se aplazara el caso contra al-Bashir. Pero dicha petición era cuanto menos controvertida, ya que estaba basada en la dudosa premisa de que un líder que había patrocinado matanzas a gran escala en Darfur se convertiría de repente en un hombre de paz si le ofreciera simplemente una segunda oportunidad. Hubo división en el Consejo de Seguridad sobre la manera de responder y, sin el consentimiento de los cinco miembros permanentes, fue incapaz de responder.

A parte de este ejercicio de prestidigitación procesal, algunos líderes africanos se quejaron de que la CPI estaba aplicando la justicia de manera selectiva porque las cuatro situaciones en las que se había concentrado hasta entonces la CPI estaban en África. (Desde entonces, el fiscal de la CPI ha pedido autorización para abrir una investigación sobre una quinta situación, ocurrida en Kenia). De hecho, este enfoque en África tendría que haber sido motivo de celebración para los africanos: un tribunal internacional se ocupaban por primera vez de los crímenes graves cometidos en el continente. Y los líderes africanos no objetaron cuando la Corte dictó un auto de procesamiento contra varios señores de la guerra.

Pero el tono cambió cuando la CPI dictó una orden contra el presidente al-Bashir de Sudán en 2008. La UA, liderada por algunos de los peores autócratas del continente, empezó a acusar a la Corte de perseguir injustamente a los africanos. En realidad, estos líderes estaban intentando cínicamente proteger a uno de los suyos. Sabían perfectamente que, en tres de las cuatro situaciones, los propios gobiernos africanos habían invitado a la Corte a que abriera investigaciones. La cuarta situación—Darfur—había sido remitida a la Corte por el Consejo de Seguridad, después de una votación plenamente respaldada por Benín y Tanzania, los miembros africanos del Consejo de Seguridad en ese momento. Hasta el propio grupo de alto nivel de la UA sobre Darfur, establecido en 2009 y encabezado por el ex presidente sudafricano Thabo Mbeki, subrayó la necesidad de enjuiciar los crímenes cometidos en Darfur. La sociedad civil y los países progresistas africanos detectaron estos intentos flagrantes de perpetuar la impunidad en el continente y se centraron acertadamente en las obligaciones legales de todos los gobiernos de respetar el Estado de derecho y de los Estados miembros de la CPI de cooperar con la Corte.

No se trata de negar que haya habido problemas con el alcance de la CPI. El fiscal ha realizado averiguaciones preliminares en otros lugares—entre los que destacan Colombia, Afganistán, Georgia y Gaza—pero todavía no ha emprendido investigaciones formales fuera de África. Esto parece deberse en parte a su reticencia general a abrir investigaciones por iniciativa propia (a diferencia de las basadas en una remisión, aunque la reciente actuación con respecto a Kenia fue por iniciativa propia) o perseguir casos que pudieran conllevar cuestiones jurídicas complejas. Una voluntad demostrada de perseguir a cualquier persona responsable de atrocidades a gran escala mejoraría considerablemente la percepción de legitimidad de la CPI. Otro problema es la falta de una ratificación global de la CPI. El hecho de que los gobiernos responsables de algunos de los casos más claros para la intervención de la CPI—Sri Lanka, Irak, Gaza, Chechenia—no hayan ratificado el tratado hace difícil que la CPI inicie un proceso judicial. En lugar de atacar a la CPI por esta deficiencia, sería mejor que los interesados en que la CPI tenga mayor alcance promuevan su ratificación generalizada.

También existe un problema más grande de doble rasero e incoherencias de las principales potencias occidentales. Las ansias de Occidente por que se enjuicien las atrocidades cometidas en países como Guinea, Kenia o Darfur contrastan marcadamente con su reticencia a presionar a Israel ni siquiera para que juzgue en sus propios tribunales a los posibles responsables de crímenes de guerra en Gaza. Dicha tendencia a proteger a los amigos abusivos sólo fomenta un cierre de filas en el seno de la UA.

Sin embargo, la UA tiene que asumir aún la responsabilidad principal por su solidaridad con al-Bashir. El hecho de que las peticiones de las víctimas no africanas de crímenes internacionales no hayan recibido una respuesta no es razón para ignorar la búsqueda de justicia de las víctimas africanas. Pero los países occidentales deben dejar de facilitar la insensibilidad de la UA con respecto a su propia población. Una defensa de la justicia más basada en los principios, incluso cuando estén implicados nuestros aliados, es la mejor manera de fomentar la emulación y la justicia independientemente de dónde se cometan los crímenes graves.

Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El Consejo de Derechos Humanos es una institución con dificultades. Mientras critica reiteradamente al Gobierno israelí por sus violaciones de los derechos humanos, ha obviado o restado importancia a situaciones comparables o más graves. Por ejemplo, en mayo de 2009, un pequeño grupo de gobiernos tradicionalmente partidarios de los derechos humanos lograron que se celebrara una sesión especial para abordar la grave situación en Sri Lanka, donde el Gobierno acababa de bombardear y matar a varios miles de civiles retenidos por la fuerza por los Tigres Tamiles, y había internado en campamentos a cerca de 300,000 civiles cuando el conflicto se saldó con la victoria del Gobierno. En lugar de presionar para que se abriera una investigación independiente de los crímenes de guerra cometidos tanto por el Gobierno como por los Tigres Tamiles, gran parte de los miembros del Consejo alabaron al Gobierno mientras ignoraban sus violaciones de los derechos humanos, y se centraron exclusivamente en los abusos cometidos por los Tigres Tamiles.

Como en otras actuaciones decepcionantes del Consejo, esta vergonzosa resolución no estaba prevista en absoluto por sus miembros. La mayoría de los miembros del Consejo son democracias de las que podría haberse esperado un voto en el Consejo compatible con los mismos principios que suscriben en sus países. El hecho de que no lo hayan hecho en repetidas ocasiones demuestra la capacidad de algunos de los gobiernos más represivos del mundo de convencerles para que voten de acuerdo con un sentimiento perverso de solidaridad regional o sureña, en lugar de los principios de derechos humanos que refrendan a nivel nacional. Es decir, como en el caso de la CPI y la UA, los líderes represivos del Consejo han logrado convencer a estas democracias de que valoren la solidaridad con los dirigentes abusivos de los países meridionales por encima de la solidaridad con sus víctimas sureñas.

Una vez más, su posición se ha visto facilitada por las propias tendencias y la solidaridad malentendida del bloque occidental. Cuando la Unión Europea dedica tanto tiempo a diseñar una posición común le quedan escasas energías para concertar sus decisiones con alguien más, o cuando Estados Unidos, demostrando su protección a Israel, criticó el informe de septiembre de 2009 de la misión de averiguación de la ONU en Gaza encabezada por el magistrado sudafricano Richard Goldstone, hacen más fácil para los líderes represivos desarrollar una postura común en defensa de sus propios abusadores favoritos.

Pero estos líderes represivos no se han conformado con una serie de victorias políticas. El Consejo es un organismo intergubernamental, pero una de sus virtudes es que ha ofrecido tradicionalmente muchas oportunidades para que se escuchen las voces independientes. Los expertos independientes y los relatores especiales informan regularmente. Las ONG aportan sus opiniones. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos tiene algo que decir. Todos estos son antídotos importantes para un sistema actualmente dominado por muchos de los mismos abusadores que deberían ser objeto de las medidas del Consejo.

Los líderes represivos en el seno del Consejo parecen determinados ahora a silenciar estas voces siempre que sea posible. Han producido una serie de técnicas, desde “códigos de conducta” hasta reglas y controles restrictivos, para limitar la capacidad de estas voces de hacerse escuchar. Esto socavaría una de las maneras más importantes de mantener la utilidad del Consejo a pesar del dominio actual de sus líderes represivos. Conforme se acerca la revisión quinquenal obligatoria del Consejo en 2011, existe el peligro de que esta estrategia logre su objetivo, a menos que se pueda movilizar a los defensores tradicionales de los derechos humanos.

Cuba ofrece un buen ejemplo de los instrumentos manipulativos empleados por los gobiernos abusivos para impedir que se escuchen las voces independientes. Su objetivo era el procedimiento conocido como Examen Periódico Universal—una innovación importante del Consejo mediante la cual se examina cada cuatro años el historial de derechos humanos de todos los gobiernos, incluso los más poderosos. Dado que la mayoría de los que realizan el examen son gobiernos, Cuba hizo un gran esfuerzo por asegurarse de que muchos gobiernos amigos hablaran en defensa de su historial durante el examen, reduciendo la oportunidad de expresar críticas durante el tiempo limitado que quedó para ello. Cuando le llegó el turno de palabra a las ONG, el Gobierno cubano intentó diluir las voces independientes promoviendo que docenas de asociaciones organizadas por el Gobierno hablaran de manera uniformemente positiva sobre su conducta con respecto a los derechos humanos. Estos esfuerzos por acallar los comentarios independientes facilitaron que el Gobierno cubano pudiera negar inverosímilmente la existencia de presos políticos o la restricción de la libertad de expresión. Además, no existen pruebas de que el Gobierno consultara con alguna personalidad independiente dentro de Cuba durante la preparación de su informe, como recomienda el Consejo.

Comité de ONG de la ONU

Este ataque contra las voces independientes de las ONG en el seno de las Naciones Unidas va más allá del Consejo. Para obtener el derecho a hablar ante los organismos de la ONU una ONG tiene que obtener “estatus consultivo” del Comité de ONG de la ONU, integrado por otra serie de gobiernos. Como en el caso del Consejo, los gobiernos que tienden a tener políticas restrictivas con respecto a las ONG parecen intentar participar activamente en este consejo y están excesivamente representados. Los miembros actuales incluyen a Angola, China, Cuba, Egipto, Rusia y Sudán. Entre las ONG rechazadas por el Comité están una organización cristiana de China (por negarse a facilitar una lista de sus miembros en China—una revelación que habría generado represalias contra ellos por parte de Beijing), el Consejo de Derechos Humanos Etíope (porque el grupo no había cumplido supuestamente la nueva ley restrictiva de Etiopía sobre la sociedad civil), y el Democracy Coalition Project de Estados Unidos (porque China, Cuba y Rusia objetaron por su supuesta discriminación contra ellos, aunque este negativa fue revocada posteriormente por un organismo superior de la ONU). Para las organizaciones de defensa de los derechos de gays y lesbianas ha sido especialmente difícil obtener estatus consultivo porque los miembros del Comité anteponen sus propias preferencias morales al derecho de las ONG a defender libremente los derechos humanos de cualquier persona.

Mecanismos regionales europeos

Las instituciones de la ONU no son las únicas que se enfrentan a la reacción de los violadores de los derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido la institución internacional que ha exigido cuentas con más consistencia al Gobierno ruso por su conducta muy abusiva en Chechenia. El Tribunal ha emitido más de un centenar de decisiones contra Rusia por el secuestro, la tortura y la ejecución de personas en Chechenia, y por no investigar adecuadamente estos crímenes. Rusia cumple el pago de las compensaciones impuestas, pero se niega constantemente a implementar las reformas estructurales ordenadas, como la orden de poner fin a la impunidad que subyace de muchos de estos abusos mediante investigaciones y enjuiciamientos efectivos. Este incumplimiento es especialmente evidente cuando se conoce la identidad del comandante o la unidad de las fuerzas de seguridad responsable, como ocurre en ocasiones. En algunos de los 40 casos, el Gobierno ruso violó también su obligación de compartir la documentación relevante con el tribunal. Además, Rusia es el único de los Estados miembros del Consejo de Europa que bloquea el Protocolo 14, una revisión del Convenio Europeo de Derechos Humanos que permitiría que un comité ministerial intergubernamental demandara a un gobierno ante el Tribunal Europeo por negarse a cumplir las sentencias del Tribunal.

El Gobierno ruso también continúa posponiendo una visita planeada desde hace tiempo de Dick Marty, relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre la situación de los derechos humanos en el Norte del Cáucaso.

Comisión de Derechos Humanos de la ASEAN

El único acontecimiento institucional de 2009 que podría haber sido positivo resultó poco digno de celebración. En octubre de 2009, la Asociación de Países del Sudeste Asiático (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) de diez miembros puso en marcha una Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos—una institución que llevaba años preparándose. A juzgar por su estreno, no valió la pena la espera. Se ha comprometido a adoptar una estrategia “constructiva”, “no confrontacional” y “evolutiva” con respecto a los derechos humanos. Aunque sus términos de referencia incluyen la promoción y la protección de los “derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos de la ASEAN”, su alcance está limitado por su compromiso de “no injerencia en los asuntos internos de los Estados miembros de la ASEAN”, su mandato de adoptar decisiones “mediante consultas y consenso”, y su recomendación de ser conscientes de las “particularidades nacionales y regionales y el respeto mutuo por diferentes contextos históricos, culturales y religiosos y tener en cuenta el equilibrio entre derechos y responsabilidades”. En conjunto, estos principios dan poder de veto a cualquier Estado miembro, y les niegan la autoridad de recibir denuncias, supervisar e investigar a un país supuestamente abusivo, imponer sanciones o expulsar a un miembro recalcitrante.

El primer ministro tailandés Abhisit Vejjajiva, presidente en funciones de la ASEAN, explicó que, desde el punto de vista de la ASEAN, “la cuestión de los derechos humanos no consiste en condenar, sino en concienciar”, y agregó que la mejora de los derechos humanos es un “proceso evolutivo”. Dado que entre los miembros de la ASEAN hay países como Birmania, dirigido por un Gobierno militar despiadado que no ofrece ninguna muestra de respeto por los derechos de su población, y dictaduras arraigadas como las de Vietnam o Laos, esta forma de evolución sin presión tardará probablemente mucho tiempo.

Se esperaba que esta nueva Comisión entablara relaciones con la sociedad civil. Pero en la primera “reunión de encuentro”, el presidente tailandés rechazó a cinco de los diez participantes previstos—de Birmania, Camboya, Laos, Filipinas y Singapur—lo que hizo que tres de los cinco restantes abandonaran la reunión. En una reunión anterior de ministros de relaciones exteriores, los miembros de la ASEAN habían decretado que cada Estado elegiría a la organización de la sociedad civil que quisiera para participar en el encuentro, lo que sugería que la independencia era un criterio escasamente importante.

Conclusión

Al movimiento pro derechos humanos no le hace falta el reconocimiento equívoco que representan los ataques contra sus activistas e instituciones. Aunque es placentero saber que los objetivos están sintiendo la presión, su reacción puede provocar un gran daño a los que la sufran. El movimiento en su totalidad conserva una resistencia impresionante, y la capacidad de contrarrestar esta iniciativa reaccionaria. Pero ciertas partes del movimiento—en particular algunos defensores y organizaciones—siguen siendo vulnerables y necesitan apoyo.

Una cosa es constatar que muchos gobiernos represivos tienen la intención de rebajar el costo por su abuso, debilitar la capacidad del movimiento para imponer un precio por la violación de los derechos humanos y modificar la valoración del beneficio en función de los costos. Otra cosa es hacer algo al respecto. El éxito de estos esfuerzos no debe depender solamente de la valentía de activistas particulares de derechos humanos. El movimiento pro derechos humanos debe poder beneficiarse también del respaldo de sus ostensibles partidarios gubernamentales. Las técnicas de represalia descritas en esta introducción, aunque suelen estar más refinadas que en años anteriores, están a la vista de todos. ¿Frenarán los partidarios gubernamentales de los derechos humanos estas técnicas, o cerrarán convenientemente los ojos ante su avance? Es muy posible que la respuesta a esta pregunta determine el éxito de la reacción de los abusadores.

Ha llegado el momento de una defensa gubernamental más enérgica de los activistas y las instituciones de derechos humanos en todo el mundo. Esto requiere una postura más firme a favor de las personas y los principios atacados, incluso cuando el atacante sea un país aliado. También exige entender la realidad de estos actos de represalia para reconocerlos y condenarlos por lo que son. Asesinar o detener arbitrariamente a un defensor de los derechos humanos, suspender el registro de una organización de derechos humanos o atacar una institución internacional de derechos humanos no son abusos ordinarios. Se trata de una confesión tácita de una violación aún más grave. Los gobiernos tratan de silenciar al mensajero porque no quieren que se escuche el mensaje. La manera más segura de revertir esta censura es redoblar los esfuerzos por que se resarzan los mismos abusos cuyo escrutinio están intentando evitar estos gobiernos.