Medidas antiterroristas y derechos humanos

Política común de asilo y migración de la UE

Problemas de derechos humanos en Estados miembros seleccionados de la UE

Francia

Alemania

Grecia

Italia

Malta

Países Bajos

Polonia

España

Reino Unido

La Unión Europea (UE) se aproximó a salvaguardias más sólidas para los derechos durante 2009 luego de que el último Estado miembro, la República Checa, firmara el Tratado de Lisboa en noviembre. El tratado hace cambios significativos a la adopción de decisiones de la UE y su legislación vinculante con arreglo a la Carta de Derechos Fundamentales, y compromete a la UE a convertirse en parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Instituciones de la UE mostraron frecuentemente falta de voluntad respecto a exigir cuentas a los Estados miembros por infracciones de las normas europeas sobre derechos humanos. Las propuestas de la Comisión Europea en junio para una nueva agenda de justicia y asuntos internos de la UE con duración de cinco años carecían de especificidad y pusieron énfasis en los derechos de personas ciudadanas, lo que despertó preocupaciones acerca de una atención adecuada a los derechos humanos de inmigrantes; el Consejo de Europa debía adoptar la agenda, conocida como el Programa de Estocolmo, en diciembre de 2009. El Parlamento Europeo adoptó en enero de 2009 un informe en el cual deploró la renuencia de los Estados miembros a aceptar un escrutinio vigoroso de sus trayectorias en materia de derechos humanos, así como el consecuente menoscabo de la credibilidad de la política exterior de la UE concerniente a los derechos humanos.

En abril, el Parlamento respaldó una directiva propuesta sobre antidiscriminación dirigida a reducir la discriminación en el acceso a bienes y servicios por motivos de religión, creencias, edad, discapacidad u orientación sexual. Al momento de redactar el presente informe, el Consejo aún no había aprobado la directiva.

Muchos países de la UE continúan aplicando medidas antiterroristas que violan los derechos humanos. Éstas incluyen la deportación de sujetos por motivos de seguridad nacional, pese al riesgo de que sufran malos tratos al retornar a su país; salvaguardias inadecuadas en la detención; uso de medidas administrativas a fin de evadir las normas de debido proceso para sospechosos de crímenes; e interferencia con los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad.

Las políticas migratorias y de asilo continúan centrándose en el control de las fronteras, no en los derechos humanos, y varios Estados miembros han adoptado medidas para criminalizar la inmigración irregular, prolongar la detención administrativa y restringir el acceso al asilo.

La creciente popularidad de partidos políticos de extrema derecha, que se evidencia en los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo en junio, incrementaron las preocupaciones sobre el racismo y la xenofobia dirigidos particularmente a romaníes y sintis, migrantes, musulmanes y judíos.

Medidas antiterroristas y derechos humanos

Dictámenes del Tribunal de Justicia Europeo en diciembre de 2008, junio de 2009 y septiembre de 2009 resaltaron preocupaciones sobre la justeza de los procedimientos para determinar la inclusión en la lista negra de la UE relativa a terroristas y condujeron al Consejo de Europa a retirar de dicha lista a la Organización del Pueblo Mujaidín de Irán en enero. En abril, la Comisión Europea propuso reformas a los procedimientos.

Durante 2009 continuó surgiendo información sobre los ahora clausurados centros clandestinos de detención de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), en el territorio de la UE, incluyendo nuevas aseveraciones en agosto de que la CIA retuvo e interrogó a sospechosos en Vilna, la capital de Lituania, a lo largo de 2005. En noviembre, el Parlamento lituano inició una investigación parlamentaria de dichas aseveraciones. Rumania volvió a negar que hubiera albergado una prisión clandestina de la CIA, pese a informes verosímiles en agosto de que el centro estaba ubicado en una de las calles más concurridas de Bucarest. El Gobierno polaco no cooperó plenamente con una investigación de la fiscalía nacional sobre una presunta prisión secreta cercana al aeropuerto de Szymany.

Los países de la UE actuaron lentamente respecto a las promesas de reasentar a sujetos detenidos por Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo que no pueden ser devueltos con seguridad a sus países de origen. Al momento de redactar el presente informe, sólo Bélgica, Francia, Portugal e Irlanda habían aceptado a detenidos (un total de seis antiguos prisioneros), mientras que Italia, Hungría y España han indicado que podrían hacerlo.

Política común de asilo y migración de la UE

El hecho de que la Comisión Europea no exigió a Italia y Grecia rendir cuentas cabales por tratar a solicitantes de asilo y migrantes de una manera que violaba las normas europeas socavó los esfuerzos hacia el desarrollo de un genuino sistema común de asilo. El comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, ofreció sólo una crítica condicional del sistema disfuncional de asilo de Grecia durante su visita en junio. Barrot tardó en criticar la política de Italia, promulgada en mayo, de hacer retroceder a migrantes libios interceptados en el mar; por el contrario, su respuesta inicial consistió en proponer que se reviviera la idea profundamente defectuosa de exteriorizar el procesamiento de refugiados por parte de la UE a países como Libia. En septiembre, sin embargo, Barrot utilizó un lenguaje más fuerte cuando calificó de inaceptable la situación de migrantes y solicitantes de asilo en Libia y le recordó a Italia sus obligaciones de no devolución.

Hubo un progreso limitado hacia la consolidación y mejora de una política común de asilo y procedimientos estandarizados comunes en toda la Unión. Tras las propuestas de la Comisión, el Parlamento Europeo adoptó en mayo un "paquete de asilo" que proponía enmiendas a la Directiva de Condiciones de Recepción, el Reglamento de Dublín II y la base de datos europea de huellas dactilares de solicitantes de asilo y migrantes irregulares, además de respaldar la creación de una Oficina Europea de Apoyo al Asilo. Las negociaciones para llegar a posiciones en común continúan. Las reuniones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en junio y septiembre confirmaron la falta de consenso sobre la reforma del Reglamento de Dublín II, centrándose por el contrario en compartir las cargas a través del reasentamiento voluntario y un reasentamiento coordinado por terceros países.

Una reducción significativa de arribos por mar se atribuyó a la crisis económica global, al rechazo de personas en el mar y a patrullas conjuntas bajo los auspicios de Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores. Al menos en un caso, Frontex brindó asistencia a Italia en la veda de migrantes balseros, a quienes este país luego hizo regresar a Libia.

Problemas de derechos humanos en Estados miembros seleccionados de la UE

Francia

Un comité nombrado por el Gobierno en septiembre formuló recomendaciones para reformar el procedimiento penal francés. El comité recomendó cambios significativos, en particular que se eliminara la función de juez investigador, pero no remedió las salvaguardias insuficientes contra malos tratos ni los impedimentos a una defensa eficaz para sospechosos de terrorismo bajo custodia policial (los sospechosos son retenidos hasta por seis días, con acceso sumamente limitado a un abogado). Se espera que el Gobierno francés utilice las recomendaciones del comité como base para legislación en 2010.

Las tensiones en torno al velo musulmán se intensificaron tras la declaración del presidente Nicolas Sarkozy de que lo que él llamaba burka no era bienvenido en territorio francés y la designación, por el Parlamento, de un comité especial de investigación en junio para considerar la posible prohibición pública de velos que cubren el rostro. En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó como inadmisibles las quejas presentadas por cuatro jóvenes musulmanas y dos chicos sijs a quienes se expulsó de escuelas públicas en 2004 con arreglo a la prohibición de utilizar tocados religiosos en la escuela, fallando una vez más en dar la debida importancia a la libertad religiosa de las minorías no cristianas.

El Tribunal de Apelaciones de París revocó en febrero las sentencias de 2007 por terrorismo de cinco antiguos detenidos en la Bahía de Guantánamo, luego de desestimar todas las pruebas emanadas de interrogatorios realizados en el centro de detención estadounidense por agentes de inteligencia franceses. El Tribunal citó el hecho de que no se dieron a conocer las pruebas a la defensa y otras irregularidades de procedimiento.

En septiembre, la policía francesa desmanteló un campamento improvisado de migrantes en Calais, arrestando a casi 300 personas, entre ellas una gran cantidad de niñas y niños no acompañados. Todas las personas arrestadas fueron luego puestas en libertad. En octubre, Francia deportó a tres hombres afganos a Kabul en un vuelo fletado conjuntamente con el Reino Unido.

Tras su examen de Francia en junio, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas declaró que estaba "profundamente preocupado" por la situación de niñas y niños no acompañados retenidos en áreas de espera de aeropuertos. A quienes llegaban al aeropuerto Charles de Gaulle de París se les detenía rutinariamente con personas adultas y luego se les deportaba, incluso a países por los que sólo habían pasado en tránsito. Las niñas y los niños no podían impugnar eficazmente las decisiones que les exponían a riesgos. Quienes buscaron protección como refugiados enfrentaron obstáculos para presentar una queja y apelar decisiones negativas basadas en evaluaciones aceleradas.

Alemania

Angela Merkel fue reelecta como canciller en las elecciones de septiembre, que dieron mayoría en el Parlamento a su partido, la centro-derechista Unión Demócrata Cristiana, y a los nuevos socios de coalición de ésta, Demócratas Libres.

En junio, una investigación parlamentaria especial concluyó que las autoridades y agencias de inteligencia alemanas no tuvieron responsabilidad en las entregas por parte de Estados Unidos ni en el maltrato posterior contra Khaled el Masri, Murat Kurnaz y Mohammad Zammar. Una minoría discordante arguyó que el Gobierno federal había obstruido la investigación. El Tribunal Constitucional dictaminó en julio que el Gobierno había violado la Constitución al restringir, sin ofrecer suficientes justificaciones, las pruebas que proporcionó al comité investigador.

El Gobierno federal adoptó en septiembre nuevas regulaciones administrativas que rigen la Ley de Residencia, respaldando el uso de garantías diplomáticas para deportar a individuos a países donde enfrentan el riesgo de sufrir tortura o maltrato. Aun así, los tribunales alemanes han anulado el uso de esas garantías, inclusive en dos casos en enero y marzo.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el Examen Periódico Universal en marzo y el Relator Especial de la ONU sobre el racismo en julio llamaron la atención respecto a los problemas continuos de racismo, xenofobia y discriminación en Alemania. La discriminación de migrantes en cuanto a vivienda y empleo fue identificada como una preocupación clave y el Relator Especial sobre el racismo se manifestó preocupado por la sobrerrepresentación de niñas y niños con antecedentes migratorios en el estrato más bajo del sistema educativo alemán de tres niveles.

En julio, una mujer embarazada fue asesinada a cuchilladas y su esposo gravemente herido en el salón de un tribunal en Dresde por el hombre a quien ella había demandado con éxito por haberla llamado "terrorista" e "islamista". La difunta, Marwa el-Sherbini, residente alemana de nacionalidad egipcia, usaba un velo en la cabeza. El perpetrador fue sentenciado en noviembre a cadena perpetua por asesinato, intento de asesinato y lesiones corporales graves; la fiscalía había citado como motivo el odio contra personas no europeas y musulmanas. La Oficina de Protección de la Constitución de Alemania reportó en mayo que los crímenes cometidos por extremistas de derecha aumentaron significativamente en 2008.

El Relator Especial de la ONU sobre el racismo observó que las prohibiciones por docentes de escuelas públicas al uso de símbolos religiosos en algunos estados alemanes han tenido un impacto desproporcionado sobre mujeres musulmanas que usan el velo en la cabeza. En agosto, el Tribunal Federal de Trabajo falló en contra de una trabajadora social educativa del Rin del Norte-Westfalia que reemplazó su velo por una boina rosada. El Tribunal dictaminó que la boina demostraba la fe religiosa de la trabajadora social, lo cual contravenía la ley de 2006 del Rin del Norte-Westfalia que prohíbe a docentes usar ropa y símbolos religiosos en las escuelas públicas.

Grecia

El partido socialista Pasok regresó al poder después de ganar la mayoría parlamentaria en las elecciones de octubre, derrotando al partido Nueva Democracia que había estado en el poder desde 2004.

En diciembre de 2008 y enero de 2009 hubo manifestaciones y disturbios en diversas partes del país, luego de que un agente de policía en Atenas le disparó a un niño de 15 años, provocando su muerte. Grupos defensores de los derechos humanos se quejaron de que la policía había utilizado fuerza excesiva durante el control de la muchedumbre, inclusive en manifestaciones pacíficas. En junio, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes observó aseveraciones persistentes respecto a abuso policial contra sospechosos de crímenes durante los arrestos e interrogatorios.

En febrero, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, criticó las "deficiencias graves y sistemáticas" en el procedimiento griego para el asilo. En primera instancia se otorga menos de 1 por ciento de solicitudes de asilo, y en junio el Gobierno abolió el derecho a presentar una apelación contra el rechazo excepto en circunstancias muy estrechas, lo que condujo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a dejar de cooperar con el proceso. El Gobierno también incrementó los plazos de la detención inmigratoria hasta 18 meses.

Las personas migrantes son mantenidas en condiciones de detención deplorables. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Grecia en junio por la detención ilegal de un solicitante de asilo turco en 2007, hallando también que las condiciones de su detención equivalían a trato degradante. El nuevo Gobierno clausuró el notorio centro de detención de la Isla de Lesbos en noviembre.

Las autoridades fallaron en proteger a niñas y niños no acompañados, quienes regularmente fueron detenidos por periodos prolongados, a menudo con personas adultas, y sometidos a malos tratos. Las autoridades ofrecieron poca o ninguna asistencia a niñas y niños migrantes que son vulnerables a explotación y trata.

Grecia lanzó una campaña represiva contra migrantes entre junio y agosto, capturando sistemáticamente a solicitantes de asilo y otras personas migrantes y expulsando de manera sumaria a muchas de ellas hacia Turquía, donde se enfrentan a riesgo serio de malos tratos y devolución.

Italia

En mayo, Italia empezó a interceptar a migrantes balseros en el mar y devolverlos a Libia, dando lugar a una crítica internacional generalizada. No se llevó a cabo un examen para identificar a personas refugiadas o vulnerables que necesitaran protección, con lo cual Italia violó sus obligaciones internacionales. Hubo reportes verosímiles de que las autoridades italianas utilizaron fuerza indebida durante las operaciones de interdicción y que confiscaron pertenencias y documentos. Todas las personas migrantes fueron detenidas al arribar a Libia. Italia y Libia anunciaron el inicio de patrullajes navales conjuntos en aguas territoriales libias, de acuerdo a los términos de un "Tratado de Amistad" que entró en vigor en marzo de 2009.

En octubre, un tribunal siciliano absolvió a tres miembros de la organización humanitaria alemana Cap Anamur de incitar a la inmigración ilegal por haber rescatado a migrantes balseros en 2004. En noviembre, siete pescadores tunecinos fueron absueltos de cargos similares a raíz de un rescate en 2007. Dos de estos siete individuos fueron sentenciados por oponer resistencia a un agente público y por violencia contra un buque militar.

Italia continuó deportando a sospechosos de terrorismo hacia Túnez, a pesar del riesgo de que sufrieran maltrato y de 10 dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2009 de que tales retornos ponían en riesgo a los individuos. En febrero, el Tribunal condenó a Italia por la expulsión en junio de 2008 de Essid Sami Ben Khemais, con la cual se violaron las medidas provisorias emitidas por el Tribunal que solicitaban se suspendiera la expulsión hasta que el caso fuera examinado. En agosto, Italia expulsó a Ali Ben Sassi Toumi, también en violación de medidas provisorias, propiciando críticas por parte del Consejo de Europa.

El racismo y la xenofobia, que se caracterizan por violencia y un discurso político hostil, continuaron siendo un serio problema. Los ataques incluyeron la golpiza a un inmigrante indio, a quien también se le prendió fuego, y la agresión por un grupo grande de hombres que portaban garrotes contra cuatro rumanos, dejando a dos de ellos en el hospital. Las medidas de emergencia adoptadas desde 2008 pasaron a ser permanentes en julio de 2009, cuando el Parlamento aprobó el llamado Paquete de Seguridad: la entrada y estancia irregular en Italia fueron convertidas en delitos punibles con una multa hasta de €10,000 y se creó un marco nacional para "grupos ciudadanos" aprobados oficialmente, lo cual suscitó temores de que justicieros patrocinados por el Estado pudieran cometer violencia (algunos de los grupos existentes tienen estrechos vínculos con la extrema derecha). Funcionarios electos han utilizado una retórica incendiaria, lo que condujo al presidente Giorgio Napolitano en mayo y a la Iglesia Católica Romana a expresar preocupación sobre el creciente discurso xenófobo en Italia. El racismo y la xenofobia, la discriminación y condiciones habitacionales inaceptables de personas romaníes y sintis, así como la legislación contra inmigrantes, se resaltaron en un informe condenatorio del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, en abril.

En octubre, un tribunal de Milán sentenció a 23 ciudadanos estadounidenses, incluyendo al ex jefe de la estación de la CIA en Milán, y a dos agentes de inteligencia militar italianos por el secuestro y entrega a Egipto de Hassan Mustafa Ossan Nasr (conocido como Abu Omar) en 2003. Se determinó que tres de los 26 ciudadanos estadounidenses sometidos a juicio en ausencia, incluido el jefe de la estación de la CIA en Roma, gozaban de inmunidad diplomática. El juez dijo que no podía pronunciar un veredicto contra los otros cinco acusados italianos debido a que las pruebas en su contra estaban cubiertas por el secreto de Estado, de conformidad con un dictamen del Tribunal Constitucional en marzo.

Malta

El Gobierno maltés continuó deteniendo por periodos prolongados a solicitantes de asilo y migrantes irregulares, incluyendo a niñas y niños no acompañados, mujeres embarazadas y personas con salud deficiente. Persistieron los retrasos en procesar solicitudes de asilo, así como la falta de acceso a ayuda legal. Luego de su visita a Malta en enero de 2009, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria concluyó que la política de detención maltesa no es congruente con el derecho internacional y describió como atroces las condiciones en dos centros de detención. En marzo, una manifestación de más de 500 migrantes detenidos en barracas en Safi terminó en violencia.

Nueve ONG exhortaron a las autoridades maltesas a afrontar la violencia racista en Malta después de que dos migrantes somalíes fueron atacados en julio, dejando a uno de ellos en el hospital.

Italia y Malta continuaron disputando acerca de quién es responsable de rescatar migrantes balseros en peligro. Las muertes de más de 70 migrantes africanos que intentaban llegar a Italia en agosto dieron lugar a una crítica generalizada a Malta por el hecho de no rescatar migrantes desamparados en el mar. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó al Gobierno maltés de no cumplir a cabalidad sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Países Bajos

Exámenes realizados durante 2009 por el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU identificaron una gama de preocupaciones relacionadas con los derechos humanos en los Países Bajos, incluyendo medidas antiterroristas problemáticas, así como la falta de salvaguardias en los procedimientos de asilo y una duración excesiva de éstos.

En julio, el Gobierno ordenó una evaluación exhaustiva de las medidas antiterroristas, a raíz de que una comisión temporal concluyera que los esfuerzos por combatir el terrorismo eran coordinados deficientemente y arbitrarios. A la espera de los resultados del examen, el Parlamento suspendió la consideración de un proyecto de ley que restringiría el movimiento de sospechosos de terrorismo y les impondría requisitos para reportarse ante las autoridades.

El Gobierno anunció en abril medidas para disuadir a personas inmigrantes deportadas de presentar solicitudes a última hora; las medidas incluyen eliminar el derecho a permanecer en el país durante el examen de una segunda solicitud de asilo en ausencia de nuevos hechos o circunstancias. Asimismo, todos los solicitantes de asilo que carezcan de documentos de identidad tendrán que convencer a las autoridades de que no los destruyeron; de no hacerlo, su solicitud será rechazada. Otras reformas preliminares a la ley de asilo, presentadas al Parlamento en julio, ampliarían de cinco a ocho días el plazo para evaluar solicitudes bajo el procedimiento por vía rápida a fin de aumentar la cantidad de solicitudes aceleradas. Hammarberg y el Comité de Derechos Humanos expresaron preocupaciones acerca de que el procedimiento actual y los cambios propuestos no brindaban a solicitantes de asilo la oportunidad de apoyar adecuadamente sus solicitudes.

En abril, el Gobierno anunció que ya no otorgaría automáticamente asilo temporal a somalíes. El Consejo de Estado holandés denegó a una pareja iraquí la solicitud de residencia temporal en mayo, aduciendo que la situación en Irak no planteaba riesgos de actos fortuitos de violencia. La decisión se dio luego de un dictamen del Tribunal de Justicia Europeo en febrero acerca de una remisión del mismo caso, indicando que la directiva de la UE sobre el reconocimiento de refugiados (Directiva de Reconocimiento) no exige que la persona solicitante demuestre que ha sido seleccionada de manera específica cuando el nivel de violencia indiscriminada en un país es suficientemente severo.

El Gobierno anunció en octubre su intención de imponer un lenguaje más estricto y pruebas de integración para cónyuges potenciales de residentes holandeses de países no occidentales. Se ha criticado que los requisitos discriminan a migrantes de Marruecos y Turquía.

Polonia

En mayo, la Comisión Europea remitió a Polonia al Tribunal de Justicia Europeo por no cumplir la fecha límite para la implementación de tres directivas de la UE sobre discriminación por motivos de género. El borrador más reciente de una ley nacional integral contra la discriminación dio lugar a preocupaciones respecto a la protección contra discriminaciones múltiples o la discriminación por motivos de orientación sexual. La Oficina del Plenipotenciario para la Igualdad de Trato, creada en 2008 y controlada por el Gobierno, carece de autonomía y no tiene el mandato de aceptar quejas o brindar asistencia a víctimas individuales, pero el Gobierno se resistió a los llamados a establecer un organismo independiente contra la discriminación.

En una decisión trascendental en agosto, un tribunal regional multó a una mujer por incitación al odio contra su vecino homosexual que había provocado hostigamiento por parte de otras personas. Sin embargo, la discriminación por motivo de orientación sexual sigue siendo un serio problema y al parecer está aumentando la incitación al odio.

Polonia continúa teniendo una de las leyes sobre el aborto más restrictivas en Europa y el acceso a métodos anticonceptivos y pruebas prenatales es limitado. Durante una visita en mayo, el Relator Especial de la ONU para el derecho a la salud observó que las mujeres en Polonia enfrentan barreras significativas en el acceso a abortos legales y otros servicios de salud reproductiva. En septiembre, un tribunal ordenó a una revista católica romana que compensara a una mujer a quien había injuriado públicamente por procurarse un aborto recomendado por su médico.

España

Las medidas antiterroristas en España continuaron atrayendo críticas internacionales. Tanto el Relator Especial sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo como el Comité de Derechos Humanos, en diciembre de 2008 y enero de 2009 respectivamente, manifestaron preocupaciones respecto a las definiciones amplias de delitos relacionados con el terrorismo y el uso continuo de la detención incomunicada.

A finales de diciembre de 2008, España extraditó a Rusia a Murat Gasayev, de etnia chechena, sobre la base de garantías diplomáticas de trato humanitario y un juicio justo. Gasayev, cuya extradición había sido solicitada en relación con un ataque a edificios gubernamentales en Ingushetia en 2004, fue liberado sin ningún cargo en agosto, luego de 10 meses bajo detención previa a juicio.

En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos refrendó, como interferencia legítima y proporcionada con la libertad de asociación, una prohibición de 2003 de los partidos políticos vascos Batasuna y Herri Batasuna, basándose en que estaban vinculados a la organización Euskadi y Libertad (ETA). Ese mismo día, el Tribunal falló contra los solicitantes en dos casos relacionados, dictaminando que el hecho de no poder postularse a elección debido a los vínculos con los partidos políticos prohibidos no violaba su derecho a la libertad de expresión.

La cooperación con Francia condujo al arresto de más miembros de ETA en 2009, incluyendo en abril a Jurdan Martitegi Lizaso, el cuarto líder militar que fue arrestado desde mayo de 2008. ETA se atribuyó responsabilidad por tres ataques separados con coches bomba en el verano que provocaron la muerte de un agente de policía y dos guardias civiles, además de destruir una barraca de la Guardia Civil.

En abril, la Audiencia Nacional absolvió a 10 de 14 hombres acusados de haber ayudado a escapar de España a algunos de los presuntos perpetradores de los bombardeos de trenes el 11 de marzo de 2004 en Madrid, encontrando que el caso en su contra era insuficiente después de excluir correspondencia por correo electrónico que fue interceptada sin la debida autorización. Los otros cuatro individuos fueron hallados culpables y sentenciados a penas de dos a nueve años en prisión.

Sindicatos policiales denunciaron presiones para arrestar a inmigrantes irregulares sobre la base de cuotas, así como el uso de análisis de perfiles raciales y étnicos al momento de verificar la identidad. En una decisión histórica en julio, el Comité de Derechos Humanos halló a España responsable de discriminación racial en 1992 durante la verificación de identidad de Rosalind Williams, afroestadounidense que se convirtió en ciudadana española en 1969. La decisión es el primer dictamen internacional de que la elaboración de perfiles delictivos en función de la raza y la etnia viola el derecho a la no discriminación.

Los arribos por mar se redujeron en el primer semestre de 2009, en parte debido a mayor vigilancia y más intercepciones. Niñas y niños migrantes no acompañados en las Islas Canarias continuaban viviendo por largo plazo en lugares de inferior calidad designados como albergues temporales. España suspendió las deportaciones de niñas y niños no acompañados hacia Marruecos en 2008, a raíz de numerosos fallos de tribunales que impidieron tales retornos. En septiembre de 2009, un tribunal dictaminó que España debía permitir el regreso de un ciudadano marroquí que de niño fue expulsado ilegalmente en 2006.

Reino Unido

Durante todo el año, el Gobierno recibió numerosas aseveraciones acerca de la complicidad de los servicios británicos de inteligencia en entregas extraordinarias y tortura de sospechosos de terrorismo, incluidos ciudadanos británicos. El Comité Parlamentario Conjunto sobre Derechos Humanos y el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Comunes emitieron informes críticos en agosto. El Comité Conjunto y grupos defensores de los derechos humanos llamaron a una investigación independiente de todas las aseveraciones, llamados que el Gobierno ha rechazado.

En marzo, el fiscal general ordenó una investigación criminal de la presunta confabulación de agentes del Servicio de Seguridad (M15) en la tortura y maltrato de Binyam Mohamed, etíope residente del Reino Unido que fue liberado de la Bahía de Guantánamo y devuelto al Reino Unido en febrero. La policía también está investigando otro caso separado que involucra supuesta complicidad de personal del Servicio Secreto de Inteligencia (M16) en el abuso de un extranjero no nombrado. El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó en febrero que no podía publicar resúmenes de documentos de inteligencia clasificados provenientes de Estados Unidos que apoyan las afirmaciones de Mohamed de que fue torturado mientras se encontraba en Pakistán, debido a preocupaciones respecto a trastornar la cooperación de inteligencia entre el Reino Unido y Estados Unidos.

En junio, los Lores de la Ley dictaminaron que el hecho de que el Gobierno se apoyara en pruebas secretas para imponer a sospechosos de terrorismo órdenes de control que restringían su libertad violaba el derecho a una audiencia justa. El fallo se dio luego de un dictamen en febrero del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Reino Unido por su ahora revocada política de detención indefinida, en el cual el Tribunal enfatizó que negarles a sospechosos de terrorismo el derecho a conocer el caso en su contra viola sus derechos.

Desde junio, el Tribunal Supremo ha anulado tres órdenes de control-incluyendo dos en noviembre en las que rechazó los argumentos del Gobierno en cuanto a que las órdenes menos restrictivas no requerían que se revelaran las pruebas en las cuales se basaban-y ha obligado al Gobierno a modificar una más, mientras que éste dejó otra orden sin efecto en vez de revelar todas las pruebas. En septiembre, el Gobierno solicitó al examinador independiente en legislación sobre terrorismo que llevara a cabo una evaluación del régimen de órdenes de control.

Tres hombres fueron sentenciados a cadena perpetua en septiembre por conspiración para matar a miles de personas en 2006 mediante el uso de bombas líquidas de fabricación casera con las cuales harían explotar aviones que se dirigían desde Londres hacia Estados Unidos. Un cuarto hombre fue sentenciado a un mínimo de 22 años en prisión.

Continuaron los esfuerzos por deportar a sospechosos de terrorismo sobre la base de garantías diplomáticas de trato humanitario no fidedignas. En febrero, los Lores de la Ley dictaminaron que el Gobierno podía deportar a dos argelinos y al jordano Omar Othman (conocido como Abu Qatada) bajo los términos de garantías proporcionadas por los gobiernos de sus respectivos países de origen. Abu Qatada apeló el fallo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que al momento de redactar el presente informe aún no había conocido el caso. En diciembre de 2008, el Gobierno británico suscribió un Memorando de Entendimiento con Etiopía que contiene garantías diplomáticas similares.

El Gobierno anunció en abril de 2009 que incrementaría la cantidad de centros de detención para personas que han solicitado asilo sin éxito y aquéllas que se encuentran detenidas mientras se decide respecto a su solicitud de asilo dentro de un programa acelerado. A solicitantes de asilo particularmente vulnerables con solicitudes complejas, incluyendo a mujeres sobrevivientes de violencia sexual, se les procesó dentro de este procedimiento acelerado. Estas personas enfrentaron detención y deportación sin que sus solicitudes fueran consideradas adecuadamente. El Reino Unido continuó deteniendo a niñas y niños migrantes junto a sus madres y padres, lo cual tuvo un impacto negativo verificable sobre su salud mental y física.