Olga, una mujer de 45 años con parálisis cerebral, rara vez sale de su casa para participar en reuniones con amigos u otras actividades sociales. Además de ir a la misma escuela a la que ha asistido desde la infancia, la única otra salida que hace es a un campamento de verano. Para tomar el control de su vida, Olga necesita un sistema de apoyo que le permita estudiar una carrera, desarrollarse profesionalmente, ejercer plenamente sus derechos políticos, vivir de forma independiente y ser incluida en la comunidad. Estos son derechos fundamentales que todos deberían tener, incluidas las mujeres con discapacidad.
Desde 2017, los responsables de formular políticas a nivel estatal y federal en México han estado discutiendo políticas de cuidado y apoyo que son clave para abordar las desigualdades de género que afectan a mujeres como Olga, así como a aquellas que enfrentan mujeres mayores. Además, las defensoras de los derechos de las mujeres en México han presionado a los políticos para que comiencen a tomarse en serio los problemas relacionados con el cuidado y el apoyo.
Recientemente, Jalisco fue el primer estado mexicano en aprobar una ley sobre cuidado. Si bien la adopción de esta legislación es un logro, no se alinea con los derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores de vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad. Esto es especialmente importante para las mujeres con discapacidad y las mujeres mayores debido a los mayores riesgos que enfrentan de discriminación en ausencia de protecciones legales.
Además, la legislación retrata de forma problemática a las personas con discapacidad como seres dependientes necesitados de cuidado, a pesar de la existencia de normas internacionales sobre cómo crear un sistema de cuidado y apoyo respetuoso y basado en derechos. El congreso de Jalisco no consultó adecuadamente con organizaciones de personas con discapacidad para recopilar sus opiniones sobre el contenido de la ley. Las consultas son clave para garantizar un sistema de apoyo integral al que los titulares de derechos puedan acceder, gestionar y controlar y que responda a las necesidades de género. Las organizaciones de personas con discapacidad saben mejor cómo abordar diferentes necesidades de apoyo, como las de Olga.
En este Día Internacional de la Mujer, los responsables de formular políticas deberían centrar los derechos, necesidades y voces de las mujeres con discapacidad y las mujeres mayores, así como consultar y escucharlas, con el fin de construir políticas públicas sólidas que garanticen el derecho de todos a vivir de forma independiente y ser incluidos en su comunidad. De esta manera, las políticas de cuidado no irán en contra de las buenas prácticas, sino que responderán a las demandas de quienes se verán afectados.
