Justa Libertad, una coalición ecuatoriana de ocho organizaciones de la sociedad civil, presentó recientemente una demanda ante la Corte Constitucional del Ecuador buscando despenalizar el aborto. Esta importante iniciativa tiene como objetivo asegurar que las mujeres, niñas, y otras personas gestantes puedan acceder a una atención segura de aborto. Justa Libertad se une a coaliciones similares que lograron avances en otros países latinoamericanos como Colombia, México y Argentina.
Actualmente, el aborto está penalizado en Ecuador con hasta tres años de prisión, excepto en casos en los que el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, o – tras una sentencia de la Corte Constitucional de 2021 – cuando el embarazo es consecuencia de violación. Incluso para los casos que encajan en estas estrechas excepciones, el acceso a la atención del aborto continúa siendo difícil debido a estigma del personal de salud y otras instituciones que mantienen la creencia de que, una vez embarazadas, las mujeres y las niñas están obligadas a ser madres.
Justa Libertad representa la lucha por la justicia social y los derechos de la mujer en Ecuador. La negación de los servicios de aborto puede constituir una serie de violaciones de los derechos humanos: al derecho a la no discriminación y a la igualdad; a la vida; a la salud; a la información; a no ser sometida a torturas ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes; a la privacidad y a la autonomía; y a la libertad de conciencia y religión. Las mujeres, las niñas y otras personas gestantes tienen derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su futuro.
Regular el aborto a través del derecho penal perpetúa el estigma y afecta desproporcionadamente a las mujeres y niñas que viven en condiciones de pobreza, incluyendo personas indígenas y afrodescendientes.
En un contexto donde se busca la justicia reproductiva en América Latina, la despenalización del aborto es urgente. Ecuador debe unirse a otros países y tomar este paso.
