(Nueva York) – Los gobiernos y las organizaciones regionales de América Latina deberían condenar la inhabilitación de, al menos, cinco importantes candidatos de oposición que aspiraban a postularse en las próximas elecciones de Venezuela, señaló hoy Human Rights Watch. La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), entre otras organizaciones, deberían pronunciarse contra estas decisiones.
Los cinco casos recientes son preocupantes porque implican una interferencia arbitraria en el derecho a la participación política. En cambio, no se ha inhabilitado a ningún candidato del partido oficialista. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado a Venezuela por inhabilitar a políticos de oposición para ejercer cargos públicos y participar como candidatos en elecciones.
“Es crucial que las próximas elecciones en Venezuela se celebren de manera libre y justa, y que todas las opciones sean tenidas en cuenta”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Para que eso suceda, el gobierno venezolano debe asegurarse de que todos los candidatos con derecho a postularse puedan figurar en las boletas”.
Dos de los candidatos inhabilitados, Daniel Ceballos y Vicencio Scarano, eran alcaldes de oposición cuando fueron removidos de sus cargos y condenados a prisión en juicios que violaron el debido proceso por supuestamente no evitar que manifestantes obstaculizaran el tránsito en sus municipios. Fueron inhabilitados por no haber presentado sus declaraciones juradas patrimoniales dentro del plazo establecido por ley. Se encontraban detenidos en una prisión militar en el momento que venció el plazo.
Otra candidata, María Corina Machado, es una ex legisladora opositora que fue destituida por la Asamblea Nacional a principios de 2014, luego de que declarara sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante una reunión de la OEA en Washington, ocupando el asiento cedido por un diplomático panameño.
En diciembre, Machado fue imputada por el delito de conspiración por su supuesta participación en un plan para asesinar al Presidente Nicolás Maduro, aunque los documentos oficiales del caso, que fueron consultados por Human Rights Watch, indican que no hay evidencias creíbles para fundamentar tal acusación. Además, Machado tiene prohibido salir del país desde junio de 2014, en relación con otra causa penal pendiente. Fue inhabilitada por no incluir bonos de alimentación (llamados “cesta tickets”), que ella sostiene que nunca recibió, en su declaración jurada patrimonial.
Dos ex gobernadores de partidos de oposición — César Pérez Vivas, del estado de Táchira, y Pablo Pérez, del estado de Zulia — fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por varios años porque están siendo investigados por corrupción.
Conforme al derecho venezolano, la Contraloría General de la República tiene la atribución de “suspender”, destituir o inhabilitar, durante períodos de distinta duración, a personas que estén siendo investigadas. Las personas que hayan sido inhabilitadas no podrán presentar sus candidaturas durante esos períodos.
Sin embargo, estas normas son inconsistentes con estándares regionales de derechos humanos actualmente en vigencia, que estipulan que nadie puede ser impedido de presentarse como candidato salvo que haya sido condenado por la comisión de un delito.
El contralor general, que fue designado en diciembre de 2014 por el oficialismo y con una mayoría simple de votos en la Asamblea Nacional, fue anteriormente procurador general del gobierno de Maduro. Ese cargo tiene como misión principal defender los intereses del gobierno ante los tribunales.
Las decisiones del contralor general pueden ser apeladas ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sin embargo, desde hace tiempo el gobierno interfiere con el sistema judicial venezolano y ha copado el Tribunal Supremo con jueces leales al gobierno.
En julio, Diosdado Cabello, el presidente oficialista de la Asamblea Nacional, señaló, luego de que se le preguntara al respecto en una entrevista televisiva, que si bien algunos miembros del partido gobernante habían sido inhabilitados anteriormente para ocupar cargos públicos, ningún candidato del oficialismo ha sido inhabilitado para participar en las elecciones.
En un caso en el cual se analizó la situación de personas que fueron inhabilitadas para cargos públicos sin haber sido condenadas por un delito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en 2011 que las acciones del contralor general venezolano contravenían el derecho a ser elegido para ocupar cargos públicos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que una ley podrá reglamentar el ejercicio de derechos políticos “exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.
La Corte Interamericana concluyó que estos requisitos no se cumplieron cuando el contralor general inhabilitó a un candidato de oposición para ejercer cargos públicos. La decisión de 2011 dispuso que Venezuela debía modificar la ley que permite al contralor general inhabilitar a candidatos que no han sido condenados por un delito, y que las autoridades judiciales y administrativas venezolanas debían tomar en cuenta esta sentencia al resolver este tipo de casos.
El mismo año, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió que la sentencia de la Corte Interamericana era “inejecutable” y que la Corte había pretendido imponer “criterios políticos e ideológicos absolutamente incompatibles con [el] sistema constitucional [venezolano]”. A partir de ese momento, el contralor general ha invocado esta decisión del Tribunal Supremo de 2011 para ratificar inhabilitaciones políticas; por ejemplo, en el caso de Ceballos.
Desde septiembre de 2013, cuando entró en vigor la denuncia de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los ciudadanos y residentes del país no pueden solicitar la intervención de la Corte Interamericana por hechos ocurridos después de esa fecha. Sin embargo, las decisiones adoptadas por la corte antes de que el gobierno denunciara el tratado siguen siendo vinculantes para Venezuela.
En julio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuestionó la decisión de inhabilitar a Machado, y señaló que “cualquier inhabilitación o proscripción política no se puede implementar desde el punto de vista administrativo”. La OEA aspira a observar las próximas elecciones legislativas, pero el Presidente Maduro ha rechazado abiertamente cualquier posibilidad de veeduría significativa por parte de organizaciones internacionales.
“Es lamentable que, salvo el secretario general de la OEA, actores clave no se hayan pronunciado contra estas tácticas que pretenden dejar fuera de la competencia electoral a importantes candidatos de la oposición”, observó Vivanco. “Si los gobiernos latinoamericanos y las organizaciones regionales como Mercosur y Unasur tienen un compromiso genuino con los valores democráticos y el derecho a la participación política en Venezuela, deberían cuestionar públicamente estas decisiones y ejercer presión para que el gobierno de Venezuela las revierta”.
