En los últimos años, en reiterados incidentes miembros de las fuerzas de seguridad han herido y matado a civiles al responder a protestas ocasionalmente violentas relacionadas con minería y otros proyectos de desarrollo a gran escala. Estas muertes han registrado un marcado descenso desde 2016.
Los esfuerzos por juzgar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de 20 años, que concluyó en 2000, han tenido resultados mixtos. Desde mayo, trascendieron nuevas evidencias que implican al expresidente Ollanta Humala Tasso (2011-2016) en violaciones aberrantes de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad a principios de la década de 1990.
Juicios por abusos del pasado
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú ha estimado que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado que se desarrolló en el país entre 1980 y 2000. Muchas de ellas sufrieron atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes, y otras fueron víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales.
Las autoridades han logrado avances limitados en el juzgamiento de abusos cometidos por fuerzas gubernamentales durante el conflicto, en parte debido a la falta de colaboración del Ministerio de Defensa. Según organizaciones de derechos humanos peruanas, hasta mayo de 2017 los fiscales solamente habían conseguido sentencias en 78 casos vinculados con abusos cometidos durante el conflicto armado, y apenas 17 condenas.
Desde mayo, han trascendido nuevas pruebas que confirmarían los señalamientos de que el expresidente Humala ordenó que miembros de las fuerzas de seguridad cometieran aberrantes violaciones de derechos humanos a principios de la década de 1990 en la base militar Madre Mía, en la región de Alto Huallaga. Las pruebas —incluidos testimonios de víctimas, testigos y soldados involucrados en los abusos— comprometen seriamente a Humala en delitos como torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y un intento de ocultar pruebas incriminatorias cuando se postuló a la presidencia en 2006. Cuando se redactó este documento, Humala estaba siendo investigado por los abusos y se encontraba en prisión preventiva por cargos de corrupción.
En 2017 cobraron impulso esfuerzos por conseguir la excarcelación anticipada del expresidente Alberto Fujimori. Fujimori fue condenado en un juicio histórico de 2009 a 25 años de prisión por asesinatos, desapariciones forzadas y secuestros cometidos en 1991 y 1992. En mayo, su hija Keiko Fujimori, que salió segunda en las reñidas elecciones presidenciales de 2016, en las cuales se impuso Pedro Pablo Kuczynski, presentó un recurso pidiendo que se anulara la condena de su padre por secuestros. Un tribunal de Lima rechazó el recurso, pero la apelación presentada por Keiko Fujimori aún no había sido resuelta cuando se preparó este informe.
En junio, el Presidente Kuczynski manifestó al medio The Economist que “sería aproximadamente el momento” de excarcelar a Fujimori. Aunque el presidente lo niega, su anuncio pareció ser en respuesta a las crecientes presiones de partidarios de Fujimori que tienen mayoría en el Congreso, liderados por Keiko Fujimori.
En 2016, la fiscalía decidió archivar la investigación contra Alberto Fujimori por la esterilización forzada de mujeres, en su mayoría de sectores pobres e indígenas, ocurrida durante su gobierno. No se había resuelto una apelación presentada por abogados de víctimas cuando se elaboró este informe. En 2015, se creó un registro nacional de víctimas de esterilización forzada del período comprendido entre 1995 y 2001, y se habían registrado más de 4.700 víctimas hasta el momento de redacción de este documento.
El asesor en inteligencia de Fujimori, Vladimiro Montesinos, tres exgenerales del Ejército y miembros del grupo Colina —un escuadrón de la muerte apoyado por el Estado—cumplen actualmente penas de entre 15 y 25 años de prisión por el asesinato, en 1991, de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, en Lima, y por 6 desapariciones.
Los tribunales han logrado avances mucho más limitados con respecto a abusos ocurridos durante los gobiernos anteriores de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990), y que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas.
Abusos policiales
En los últimos años, en reiterados incidentes miembros de las fuerzas de seguridad han herido y matado a civiles al responder a protestas ocasionalmente violentas relacionadas con minería y otros proyectos de desarrollo a gran escala. Este tipo de muertes ha disminuido desde 2016. Entre julio de 2016, cuando asumió el Presidente Kuczynski, y julio de 2017, tres manifestantes murieron por disparos efectuados por miembros de las fuerzas de seguridad, según organizaciones de derechos humanos. Desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad habrían matado a más de 130 personas durante protestas en distintas regiones de Perú.
En agosto de 2015, el entonces Presidente Humala dictó un decreto que limita el uso de la fuerza por la policía. El decreto sólo permite a la policía emplear la fuerza letal cuando resulte “estrictamente necesario” ante un “peligro real e inminente” de daños graves. No obstante, la Ley 30151, promulgada en enero de 2014, todavía prevé la inimputabilidad del “personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas y otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”. Esta reforma al Código Penal derogó disposiciones que supeditaban la inimputabilidad a que los policías emplearan la fuerza letal observando la normativa relevante. La ley podría impedir que se exija que los policías rindan cuentas ante la justicia cuando hayan ejerzido un uso ilegítimo de la fuerza.
En 2016, el ministro del Interior anunció que se investigaba a 28 policías, incluido un general, que presuntamente habían perpetrado al menos 20 ejecuciones extrajudiciales entre 2009 y 2015, e informado falsamente que las víctimas eran delincuentes muertos en enfrentamientos para conseguir ascensos y premios. Al menos 11 policías estaban esperando un juicio cuando se redactó este informe.
Libertad de expresión
Es común que periodistas que investigan la participación de funcionarios de gobiernos regionales, alcaldes y empresarios en actos de corrupción sean objeto de agresiones físicas, amenazas y causas penales por difamación.
En noviembre de 2016, según se informó en diversos medios, hombres armados irrumpieron en la estación de radio Camaná del estado de Arequipa, en el sur del país, donde Hernán David Choquepata Ordoñez estaba conduciendo su programa, y lo mataron mientras transmitía.
En febrero de 2017, hombres no identificados agredieron al periodista Marco Bonifacio Sánchez en Cajamarca, un departamento en el norte del país. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Perú, una respetada organización no gubernamental (ONG) que da seguimiento a la libertad de prensa, informó que los hombres lo golpearon, lo obligaron a subir a un vehículo e intentaron cortarle la lengua.
En marzo, un tribunal en Lima condenó por difamación al abogado de derechos humanos y exfiscal Ronald Gamarra a un año de cárcel en suspenso, y dispuso que debía pagar a Luz Guzmán una indemnización de más de USD 3.000. Gamarra había escrito en 2015 un artículo periodístico en el cual sostenía que Guzmán, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, había votado a favor de nombrar fiscal a Mirtha Chenguayén, y que luego Chenguayén archivó una investigación en curso contra Guzmán por falsificación de documentos.
Derechos de mujeres y niñas
La violencia de género es un problema extendido en Perú. Más de 382 mujeres fueron víctimas de “feminicidios” (el asesinato de una mujer en determinados contextos, como violencia doméstica y discriminación de género) o tentativa de feminicidios durante 2016, según estadísticas oficiales. La justicia condenó a 54 personas por feminicidio entre enero de 2015 y marzo de 2016.
En agosto de 2017, miles de personas se manifestaron en Lima y otras ciudades como parte del movimiento “Ni una menos”, que insta a las autoridades a tomar mayores medidas contra la violencia de género.
Las mujeres y niñas de Perú solamente pueden solicitar abortos en casos de riesgo para su salud o su vida. En agosto, la Defensoría del Pueblo pidió al gobierno que garantizara “atención y acompañamiento integral” a una niña de 10 años de la ciudad de Jaén, cuya vida se encontraba en riesgo debido a un embarazo causado por una violación sexual. En octubre de 2016 se presentó un proyecto que autorizaría la despenalización del aborto cuando este sea resultado de violación y cuando el feto sufra condiciones severas incompatibles con la vida extrauterina. El Congreso todavía no lo había tratado cuando se redactó este informe. También seguía pendiente en el Congreso una ley que reconocería el “derecho” del feto concebido como resultado de violación sexual a recibir “protección del Estado” hasta que sea dado en “adopción”.
Orientación sexual e identidad de género
En Perú no se permite que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio o celebren uniones civiles. En febrero, un grupo de legisladores presentaron un proyecto para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Seguía pendiente en el Congreso cuando se redactó este informe.
Las personas deben comparecer ante un juez para pedir que se modifique el marcador de género indicado en sus documentos de identidad. En un informe de agosto de 2016, el Defensor del Pueblo señaló que la justicia había rechazado la mayoría de estos pedidos, a menudo aplicando criterios incongruentes. Cuando se redactó este informe, se encontraba pendiente en el Congreso un proyecto legislativo que permitiría modificar el género consignado en los documentos de identidad sin necesidad de aprobación judicial previa.
En mayo, legisladores opositores en el Congreso derogaron una reforma al Código Penal apoyada por el Presidente Kuczynski, que penaba específicamente la discriminación y los delitos cometidos en función de la orientación sexual o la identidad de género de una persona.
Actores internacionales clave
En julio de 2017, visitó Perú el Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Los expertos señalaron que el alto nivel de conflictividad social en el país “sugiere que las estrategias existentes para prevenir y mitigar los efectos adversos de la inversión extranjera directa en los derechos humanos han fallado”.
En noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU difundió su informe preliminar sobre el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Perú. Entre las recomendaciones se incluyó garantizar un uso proporcional de la fuerza por los miembros de las fuerzas de seguridad, la despenalización del aborto y asegurar justicia por graves abusos cometidos durante el conflicto armado.
En octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein visitó Perú y recomendó pedir que expertos internacionales analizaran los supuestos problemas de salud de Fujimori. El Presidente Kuczynski manifestó que la recomendación suponía una “injerencia innecesaria a los asuntos del Perú”.
El Presidente Kuczynski ha desempeñado un rol de liderazgo en los esfuerzos regionales para abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela. En agosto, su gobierno convocó a un encuentro durante el cual los cancilleres de 12 naciones firmaron la Declaración de Lima, un documento integral que condena la interrupción del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela.
Entre enero y marzo, más de 10.000 ciudadanos venezolanos pidieron permiso para permanecer en Perú. En enero, el Presidente Kuczynski dictó un decreto que concede un permiso especial para que los venezolanos permanezcan en el país. El decreto estipula que los ciudadanos venezolanos sin antecedentes penales que llegaron al país antes del 2 de febrero —fecha en que entró en vigor—y cuyo permiso legal de permanencia en el país haya caducado podrán pedir un permiso temporal de residencia de un año de duración. Aquellos que obtengan el permiso podrán trabajar, inscribir a sus hijos en la escuela y acceder a atención de la salud.