En 2016, el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un acuerdo para poner fin a 52 años de conflicto armado. Aunque el acuerdo ofrece una oportunidad histórica de reducir las violaciones de derechos humanos, su componente de justicia contiene graves deficiencias que podrían permitir que criminales de guerra eludan una rendición de cuentas genuina. Al momento de preparación de este documento, todavía no se había establecido plenamente la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema judicial creado por las partes para procesar los abusos cometidos durante el conflicto armado.
En junio de 2017, la misión de las Naciones Unidas en Colombia verificó que las FARC habían entregado sus armas y se habían desmovilizado. No obstante, numerosos civiles siguen siendo víctimas de graves abusos por parte de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de grupos sucesores de paramilitares, que surgieron después del proceso de desmovilización que tuvo lugar hace más de una década. La violencia asociada con el conflicto ha provocado el desplazamiento forzado de más de 7,7 millones de colombianos desde 1985, generando la población de desplazados internos más numerosa del mundo. Es común que defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios sufran amenazas de muerte y actos de violencia, sobre todo por parte de guerrillas y grupos sucesores del paramilitarismo. Los responsables de estos abusos con frecuencia no son llevados ante la justicia.
En febrero de 2017, el gobierno y el ELN iniciaron conversaciones de paz en Quito, Ecuador, luego de más de dos años de negociaciones preliminares. En septiembre, pocos días antes de la visita del papa Francisco a Colombia, las partes acordaron celebrar un cese de hostilidades bilateral de octubre de 2017 a enero de 2018. El ELN también convino en detener algunos abusos como el reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años y el uso de minas antipersonales.
Asimismo, en septiembre, “Otoniel”, líder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el mayor grupo sucesor del paramilitarismo en el país, indicó que estaba dispuesto a negociar el fin de la actividad delictiva de su grupo. Las supuestas negociaciones seguían teniendo carácter confidencial al momento de redacción de este documento.
Guerrillas
El 27 de junio de 2017, la misión política de la ONU en Colombia verificó que los guerrilleros de las FARC que aceptaron el acuerdo con el gobierno se habían desmovilizado y habían entregado sus armas a la misión. En septiembre, las FARC anunciaron formalmente su partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Sin embargo, una minoría de guerrilleros disidentes rechazaron los términos del acuerdo de paz, no se han desarmado y siguen cometiendo abusos. En mayo, miembros del Frente Primero disidente de las FARC secuestraron a un consultor de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en el departamento de Guaviare. Lo liberaron en julio.
En 2017, el ELN siguió cometiendo graves abusos contra civiles, como por ejemplo ejecuciones, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores en el departamento de Chocó. El 25 de octubre, el ELN asesinó a un líder indígena en Chocó, a pesar de haberse comprometido con el gobierno a cesar los abusos.
El ELN continuó usando minas antipersonales en 2017. El gobierno informó que 4 civiles murieron y otros 22 sufrieron heridos entre enero y octubre de 2017 a causa de minas terrestres y municiones sin detonar.
Los paramilitares y sus sucesores
Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos participaron en un proceso oficial de desmovilización que presentó graves falencias, y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos. Estos grupos sucesores siguen cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales. En ocasiones, se han beneficiado de la tolerancia e incluso la connivencia de agentes estatales.
En su conflicto con el ELN, las AGC siguen cometiendo graves abusos en el departamento de Chocó. En abril, dos hombres que manejaban embarcaciones fueron hallados muertos en una comunidad afrocolombiana en el sur de Chocó. Hay evidencias creíbles que indican que fueron secuestrados y asesinados por miembros de las AGC.
La implementación de la Ley de Justicia y Paz de 2005, que ofrece una drástica reducción de penas a los paramilitares desmovilizados que confiesen los crímenes cometidos, ha avanzado lentamente, aunque hubo progresos significativos desde 2014. Hasta julio de 2016, 182 de los más de 30.000 paramilitares desmovilizados oficialmente habían sido condenados aplicando esta ley. Las condenas alcanzan tan sólo a una pequeña proporción de los más de 4.000 acusados que reclaman los beneficios de la ley.
En junio de 2017, la Fiscalía General de la Nación envío a juicio la causa contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por homicidio y concierto para delinquir, por su presunto rol en el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” en la década de 1990.
Continuaron durante 2017 las investigaciones y los juicios de la “parapolítica”, contra miembros del Congreso acusados de tener vínculos con paramilitares. Entre 2006 y agosto de 2015, se condenó a 63 legisladores por delitos vinculados con la “parapolítica”.
Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública
De 2002 a 2008, fue habitual que miembros de brigadas del Ejército en toda Colombia ejecutaran a civiles. Soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en el combate a las guerrillas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas —como ofertas de empleo—, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. El número de presuntas ejecuciones ilegales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente a partir de 2009, si bien sigue habiendo información creíble sobre algunos casos nuevos.
En septiembre de 2017, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando más de 3.600 presuntas ejecuciones ilegales ocurridas entre 2002 y 2008, y había conseguido condenas contra más de 1.200 soldados de los escalafones bajos y medios (incluyendo condenas a las mismas personas en distintas causas).
No obstante, en general las autoridades no han juzgado a altos mandos del Ejército presuntamente involucrados en los asesinatos y, en cambio, han concedido ascensos a muchos de ellos. En noviembre, el Ministerio de Defensa propuso ascender de rango a cinco militares contra quienes hay evidencias creíbles de participación en “falsos positivos”. Al momento de redacción de este documento, seguía pendiente el proceso ante el Senado.
El General Rodríguez Barragán seguía siendo Comandante General de las Fuerzas Militares a la fecha de preparación de este documento, a pesar de las sólidas evidencias que lo vinculaban con casos de “falsos positivos”. El general retirado Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar fue agregado de defensa de Colombia en Washington entre noviembre de 2015 y mayo de 2017. Según la Fiscalía General de la Nación, estuvo al mando de una brigada que probablemente fue responsable del asesinato de 55 civiles entre 2006 y 2007.
En enero, la Fiscalía General de la Nación envío a juicio la causa contra el general retirado Henry William Torres Escalante por su presunto rol en la muerte de dos agricultores en 2007. No se han logrado avances significativos en otras causas contra generales presuntamente responsables de falsos positivos. En marzo de 2016, la fiscalía citó al general retirado Mario Montoya Uribe, que estuvo al frente del Ejército cuando se registró la mayor cantidad de estos asesinatos, a una audiencia de imputación de cargos. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación dio marcha atrás con esta medida; y al momento de preparación de este informe, Montoya todavía no había sido imputado.
Sin embargo, en abril de 2017, el general Alberto José Mejía Ferrero, quien era comandante del Ejército de Colombia al momento de preparación de este informe, organizó un evento para reconocer los “principios y valores” del sargento Carlos Eduardo Mora, que en 2007 desobedeció una orden de cometer un falso positivo y, posteriormente, se convirtió en un testigo estrella en estas causas.
En mayo, policías emplearon fuerza excesiva contra personas en Buenaventura que participaban en protestas en las calles. Los manifestantes llamaron a un “paro cívico” en reclamo de mejores condiciones de vida, incluido el acceso a servicios públicos básicos, oportunidades económicas y justicia. La Defensoría del Pueblo recibió 161 denuncias de presuntos abusos policiales ocurridos durante las protestas, incluidas 20 personas que afirmaron haber recibido disparos con balas de goma.
En octubre, siete agricultores fueron asesinados en el municipio de Tumaco, en el sur del país, durante una protesta pacífica contra demoras en la implementación de programas destinados a la sustitución de cultivos ilegales. El Ministerio de Defensa manifestó en un primer momento que disidentes de las FARC habían disparado contra manifestantes, mientras que los sobrevivientes responsabilizaron a policías. Algunos días después, la Policía Nacional anunció que había suspendido a cuatro agentes que “presuntamente accionaron sus armas de fuego” durante la protesta.
Negociaciones de paz y derecho a la justicia
El acuerdo de paz estipula que debe crearse una Jurisdicción Especial para la Paz para juzgar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto, incluso por las FARC y miembros de las fuerzas armadas. Las personas responsables de delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen plenamente con la nueva jurisdicción y confiesen sus delitos quedarán sujetas a penas de hasta ocho años de “restricciones efectivas de libertades y derechos”, pero no de prisión.
En diciembre de 2016, el Congreso promulgó una ley de amnistía, con el supuesto fin de excluir de su alcance las violaciones de derechos humanos. No obstante, la ley contiene disposiciones que podrían permitir que los responsables de atrocidades se beneficien de amnistías. Hasta septiembre, la Corte Constitucional estaba analizando la constitucionalidad de la ley.
En abril de 2017, los legisladores promulgaron una reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz. La reforma establece una definición de “responsabilidad de mando” —es decir, la norma por la cual los superiores pueden responder por delitos que cometieron sus subordinados— para las fuerzas armadas que se aleja de las normas establecidas del derecho internacional de un modo que podría menoscabar seriamente la rendición de cuentas. En noviembre, la Corte Constitucional determinó que la definición de “responsabilidad de mando” era constitucional.
Defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas
Persisten las amenazas y los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas. A pesar de un programa del Ministerio del Interior que asigna protección a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó el asesinato de 53 líderes de derechos y activistas comunitarios entre enero y octubre de 2017. En julio, la Fiscalía General de la Nación manifestó que había obtenido condenas en 5 de más de 80 asesinatos documentados por el ACNUDH desde enero de 2016.
La ONG colombiana Fundación para la Libertad de Prensa, que realiza un seguimiento de la situación de la libertad de prensa, informó que un periodista fue asesinado y que 136 recibieron amenazas entre enero y octubre de 2017.
En 2017, el expresidente y actual senador Uribe siguió increpando a periodistas y otros críticos, a quienes acusó, sin evidencias, de ser cómplices de las guerrillas.
Desplazamiento interno y restitución de tierras
Según estadísticas gubernamentales, más de 7,7 millones de colombianos han sido desplazados internamente debido a la violencia vinculada con el conflicto desde 1985. Más de 48.000 fueron desplazados entre enero y noviembre de 2017. En general, el desplazamiento forzado ha disminuido desde 2015, aunque en muchas áreas sigue siendo elevado. En Litoral de San Juan, en el sur de Chocó, la cantidad de personas desplazadas en 2016 representó el 20 % de la población.
Los avances en la implementación por el gobierno de la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas de 2011 siguen siendo lentos. La ley se promulgó para restituir millones de hectáreas de tierras que fueron abandonadas o robadas a personas desplazadas durante el conflicto armado. En agosto de 2017, la justicia había dictado sentencias en apenas 5.400 de las más de 106.000 demandas recibidas.
Violencia de género
La violencia de género es un problema generalizado en Colombia. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos de tratamiento impiden el acceso oportuno a servicios médicos y generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir atención luego de hechos de violencia. Los responsables de delitos de violencia de género pocas veces son llevados ante la justicia.
En julio de 2015, se tipificó el “feminicidio”, definido, en parte, como el homicidio de una mujer debido a su condición de género. La ley estableció medidas exhaustivas para prevenir y juzgar la violencia de género, incluido el reconocimiento del derecho de las víctimas y sus familiares a recibir asistencia legal especializada.
Orientación sexual e identidad de género
En los últimos años, las autoridades en Colombia han dado varios pasos importantes para reconocer los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT). En junio de 2015, el Ministerio de Justicia dictó un decreto que permitió que las personas modificaran el género consignado en sus documentos de identidad sin necesidad de aprobación judicial previa. En noviembre de 2015, la Corte Constitucional dispuso que no podían invocarse motivos de orientación sexual para negar a una persona la posibilidad de adoptar un hijo. En abril de 2016, la Corte Constitucional reafirmó el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. En mayo de 2017, los legisladores rechazaron una propuesta legislativa para celebrar un referéndum que habría puesto en peligro los avances logrados, pues pretendía que los votantes decidieran si se debería permitir que las parejas del mismo sexo y las personas solteras adopten hijos.
Derechos indígenas
Los pueblos indígenas en Colombia sufren limitaciones desproporcionadas en el goce de los derechos sociales y económicos. Entre enero y agosto de 2017, al menos 24 niños y niñas indígenas—en su mayoría de las comunidades wayuus— murieron en el departamento de La Guajira por causas vinculadas con desnutrición. Muchas de estas muertes son provocadas por el acceso limitado a agua potable. En diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al gobierno que adoptara medidas para frenar estas muertes. En enero de 2017, la CIDH amplió el pedido para que las medidas alcanzaran a mujeres embarazadas y en lactancia.
Actores internacionales clave
Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. Cuando se redactó este informe, el Congreso estadounidense estaba avanzando en la aprobación de fondos de asistencia por más de USD 390 millones, que se destinarían principalmente a fines de desarrollo y lucha contra el narcotráfico. Una parte de la ayuda militar proveniente de Estados Unidos está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos, cuyo cumplimiento no ha sido exigido rigurosamente por el Departamento de Estado de ese país.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continúa realizando un seguimiento de las investigaciones en Colombia sobre delitos que estarían comprendidos dentro de la competencia de la CPI, y la fiscal Fatou Bensouda realizó en septiembre de 2017 una misión al país. En octubre, a pedido de la Corte Constitucional, Bensouda presentó un memorial de amicus curiae ante la corte expresando sus preocupaciones por la definición de “responsabilidad de mando” y los defectos en la ley de amnistía.
En septiembre de 2017, el papa Francisco visitó Colombia. Manifestó su apoyo al proceso de paz con las FARC y pidió a los colombianos que “acojan a todo ser humano que cometió delitos, los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar”.
En enero de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU, a pedido del gobierno, creó una misión política bajo un mecanismo tripartito —la ONU, el gobierno y las FARC— para el seguimiento y la verificación del cese al fuego bilateral y el cese de hostilidades definitivos, así como la dejación de armas. En julio de 2017, el Consejo de Seguridad creó una segunda misión encargada de verificar la reintegración de las FARC.
En 2017, el gobierno colombiano apoyó iniciativas regionales para contribuir a resolver la crisis de derechos humanos en Venezuela. En agosto, la canciller colombiana firmó, junto con los cancilleres de otras 11 naciones, la Declaración de Lima, un documento integral que condena la interrupción del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela.
Miles de ciudadanos venezolanos han migrado a Colombia desde 2014, cuando la crisis empezó a profundizarse. En julio de 2017, el gobierno colombiano creó un permiso especial que habilita a regularizar su condición a los ciudadanos venezolanos que ingresaron al país legalmente, pero que han superado el período de permanencia permitido por sus visas.