Tras 28 años de prohibición absoluta del aborto establecida por la dictadura chilena, y luego de un difícil proceso que incluyó la intervención del Tribunal Constitucional, en septiembre de 2017 el gobierno dictó una ley que despenaliza el aborto cuando la vida de la mujer embarazada está en peligro, el feto es inviable o el embarazo es producto de una violación.
En la justicia continúa el juzgamiento de responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar. En 2017, los tribunales condenaron o acusaron a exmilitares y actores estatales en tres de los crímenes más aberrantes de la dictadura de Augusto Pinochet (de 1973 a 1990).
A fines de 2016, los casos de crímenes cometidos por miembros de las fuerzas armadas y carabineros contra civiles pasaron de la jurisdicción militar a la justicia penal ordinaria.
La Presidenta Michelle Bachelet dictó un decreto que aumentaba el acceso gubernamental invasivo a datos personales, violando así el derecho a la privacidad de los chilenos. Sin embargo, la Contraloría General de la República determinó que el decreto era inválido y no podía entrar en vigor dado que el poder ejecutivo no tenía autoridad legal para dictarlo.
Luego de que una comisión investigadora de la Cámara de Diputados reveló violaciones de derechos humanos contra niños y niñas de bajos recursos al cuidado del Estado en la red del Servicio Nacional de Menores (SENAME), el gobierno impulsó una serie de proyectos legislativos orientados a mejorar los centros y reforzar las garantías de los derechos de niños y niñas. El gobierno también presentó un proyecto de ley para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Juicios por abusos del pasado
En marzo, la Corte Suprema de Chile condenó a 33 exagentes estatales por la desaparición forzada de 5 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987. Los cuerpos de las víctimas fueron atados a durmientes ferroviarios y luego arrojados al mar.
En abril, un juez de instrucción acusó al ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre como cómplice de la ejecución extrajudicial de 15 personas en el regimiento de La Serena, donde se desempeñaba como teniente durante el gobierno militar.
En septiembre, un juez de instrucción en Santiago acusó por homicidio y tentativa de homicidio a 13 exmiembros del Ejército, en relación con la muerte de Rodrigo Rojas y las lesiones sufridas por Carmen Gloria Quintana. Un grupo de soldados detuvieron a los dos jóvenes activistas durante una manifestación en 1986, los rociaron con combustible, los quemaron y luego los abandonaron en una zanja.
En septiembre, el gobierno de Bachelet presentó un proyecto de ley al Congreso con el fin de levantar el secreto que se estableció por 50 años para los testimonios prestados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I, desde noviembre de 2003 hasta mayo de 2004. La comisión tomó conocimiento de los lugares donde se mantenían detenidas a las personas y los métodos de tortura utilizados por la dictadura, y reconoció la existencia de 28.459 presos políticos y víctimas de torturas (en una segunda revisión, se reconocieron otras 9.795 víctimas de tortura).
El levantamiento de secreto generó un fuerte debate entre quienes consideran que permitir que los jueces a cargo de causas de derechos humanos conozcan los testimonios viola la privacidad de las víctimas, y quienes alegan que mantener el secreto contribuye a que los culpables sigan impunes.
Condiciones en centros de detención
Al mes de diciembre de 2016, el 69 % de la población carcelaria total tenía una condena, y el 31 % cumplía prisión preventiva.
Al mes de agosto de 2016, las cárceles chilenas funcionaban a un 103,2 % de su capacidad; el porcentaje aumentaba a 117,6 % en la región metropolitana y superaba el 200 % en algunas cárceles. En octubre de 2016, en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, con capacidad máxima para de 2.384 personas, había 5.057 internos.
En 2017, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) inició decenas de juicios por maltrato de internos, incluso al amparo del nuevo delito de tortura, incorporado al código penal en noviembre de 2016.
Privacidad
La presidenta Bachelet dictó un decreto que habría aumentado peligrosamente el acceso gubernamental a los datos personales de todos los ciudadanos. El decreto exigía que las empresas de telecomunicaciones conservaran, al menos por dos años, datos que habrían permitido al gobierno conocer la ubicación de una persona y con quiénes se comunica. En el decreto no se exigía en forma explícita una orden judicial para acceder a los datos almacenados.
También prohibía a las empresas de telecomunicaciones utilizar tecnología que impidiera las interceptaciones, y podría haberse interpretado que esto prohibía proteger información mediante encriptamiento. En noviembre, la Contraloría General de la República sostuvo que el decreto no superaba el control de legalidad ex ante (toma de razón), pues la competencia legal para dictar tal reglamentación corresponde al poder legislativo, no al ejecutivo.
Derechos del niño
Las condiciones de vida de niños y niñas bajo tutela del Estado en la red del Servicio Nacional de Menores (SENAME) son sumamente precarias y necesitan mejoras urgentes. Entre enero y junio de 2016, 34 niños y niñas murieron bajo el cuidado del SENAME. A la fecha de preparación del presente resumen, la fiscalía estaba investigando las muertes de 259 niños y niñas en la última década. Las víctimas vivían en centros del SENAME al momento de su fallecimiento.
En 2017, el INDH visitó 171 centros del SENAME, el 83 % de todos los que hay en Chile. De los 405 niños y niñas entrevistados, 197 informaron violaciones de sus derechos, como abandono, abuso físico, abuso psicológico, y abuso o explotación sexual.
Debido al escándalo que provocó la publicación de estas cifras, el Gobierno presentó o aceleró el tratamiento de una serie de proyectos de ley para reemplazar y fortalecer la estructura institucional de los servicios estatales destinados a niños y niñas en situación de necesidad.
La Corte de Apelaciones de La Serena ordenó a la Gendarmería de Chile que no realizara chequeos invasivos ni desvistiera a niños y niñas que visitaran a familiares detenidos.
Derechos de la mujer y derechos reproductivos
En agosto de 2017, el Congreso chileno aprobó una ley que puso fin a la prohibición absoluta del aborto, establecida al final de la dictadura militar, en 1989. El Tribunal Constitucional confirmó una ley que despenaliza el aborto en tres casos: si la vida de la mujer embarazada está en peligro, si el feto es inviable o si el embarazo es producto de una violación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional amplió el derecho a la objeción de conciencia para que pudiera aplicarse no sólo al médico que practica el aborto, sino también a todo el personal presente en el pabellón quirúrgico, e incluso a las instituciones.
En enero de 2017, el gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley sobre acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Al 15 de septiembre de 2017, se habían registrado 29 muertes y 79 tentativas de homicidio de mujeres a manos de esposos o parejas. El proyecto de ley aborda formas de violencia que el derecho chileno no reconoce en la actualidad como delitos penales específicos, como la violencia en las parejas que no conviven y la violencia contra las mujeres en espacios públicos.
Orientación sexual e identidad de género
En junio, tras cuatro años de deliberación, el Senado aprobó un proyecto de ley que reconoce el derecho a la identidad de género, y el proyecto pasó a la Cámara de Diputados para su revisión. El proyecto permite que las personas solteras de más de 18 años puedan cambiar legalmente su nombre y marcador de género en sus documentos de identidad emitidos por el gobierno, y exige una certificación médica.
En agosto de 2017, la Presidenta Bachelet presentó en el Congreso un proyecto de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y otorgarle a las parejas del mismo sexo el derecho a acceder a técnicas de reproducción asistida y a la adopción. El proyecto legislativo se enmarca en el compromiso que el Estado chileno adoptó en una solución amistosa alcanzada el 11 de junio de 2016, tras una petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, el proyecto no regula la situación de los hijos de parejas del mismo sexo que no están casadas.
Derechos de los pueblos indígenas
En junio, la Presidenta Bachelet pidió disculpas públicas al pueblo mapuche por todas las injusticias sociales que sus comunidades han sufrido a lo largo de la historia y que fueron cometidas o toleradas por el Estado.
En el contexto del actual proceso constituyente chileno, los pueblos indígenas exigen que se reconozca a Chile como un Estado multinacional, derechos colectivos, acceso a derechos políticos como la autodeterminación y la representación política especial, y derechos territoriales a tierras, aguas ancestrales y recursos naturales.
En 2017, el conflicto entre el gobierno y las comunidades mapuches estuvo marcado por actos de violencia. En causas penales entabladas contra activistas mapuches acusados de actos violentos, la fiscalía ha insistido en aplicar la ley antiterrorista, que no garantiza el debido proceso y define “terrorismo” en términos demasiado amplios.
Derechos de los inmigrantes
En mayo de 2017, el gobierno lanzó el proyecto “Chile Reconoce”, que otorgará la nacionalidad chilena a más de 2.000 niños, niñas y adultos nacidos en Chile entre 1995 y 2014, a quienes se les negó esa nacionalidad debido a la situación migratoria irregular de sus padres.
En agosto de 2017, se inició el proceso legislativo para una nueva ley de inmigración, con el objeto de reemplazar la promulgada en 1975.
Actores internacionales clave
En octubre, la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y la Relatora Especial de la ONU sobre lucha contra el terrorismo instaron a Chile a no juzgar conforme a la ley antiterrorista del país a mapuches acusados de delitos violentos.