Persisten en el sistema de justicia penal de Brasil problemas crónicos como ejecuciones extrajudiciales por policías y maltrato de detenidos. En Río de Janeiro, el número de muertes a manos de policías está alcanzando niveles sin precedentes. En enero de 2017, más de 120 personas encarceladas murieron en hechos de violencia vinculados con pandillas.
La violencia doméstica siguió siendo un fenómeno extendido, y cada año hay miles de casos que no se investigan adecuadamente.
Miles de venezolanos llegaron a Brasil huyendo de la represión y en busca de alimentos y medicamentos. En respuesta, Brasil les facilitó permisos de residencia, a la vez que pidió el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Seguridad pública y conducta policial
En muchas ciudades de Brasil existe un alto nivel de violencia, a menudo perpetrada por bandas delictivas. Los abusos policiales, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, contribuyen a agravar el ciclo de violencia, lo cual perjudica la seguridad pública y pone en riesgo la vida de policías. En 2016, murieron asesinados en Brasil 437 policías, que en su gran mayoría se encontraban fuera de servicio, según datos oficiales recopilados por la organización sin fines de lucro Foro Brasileño de Seguridad Pública.
Policías, tanto de servicio como fuera de servicio, mataran a 4.224 personas en 2016, aproximadamente un 26 % más que en 2015, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública.
Tras dos años de bajadas en el número de muertes causadas por policías de servicio en el estado de São Paulo, las 494 muertes ocurridas entre enero y septiembre representaron un incremento del 19 por ciento respecto al mismo período en 2016. En Río de Janeiro, policías de servicio mataron a 1.035 personas entre enero y noviembre, un aumento del 27 por ciento comparado con el mismo período en 2016.
Si bien algunas muertes causadas por policías son resultado del uso legítimo de la fuerza, otros casos no lo son. Human Rights Watch ha documentado decenas de casos en la última década en los cuales hubo evidencias creíbles de ejecuciones extrajudiciales o encubrimientos que no se investigaron o juzgaron adecuadamente.
En Pará, agentes de la policía mataron a 10 agricultores en mayo. Aunque los policías afirmaron haber respondido a un ataque, los testigos y los datos forenses proporcionan pruebas creíbles de que ejecutaron a las víctimas.
En julio, el gobierno desplegó a miles de soldados de las fuerzas armadas en Río de Janeiro para colaborar en tareas policiales. En octubre, el Congreso aprobó un proyecto legislativo, impulsado por el Ejército, que impedirá que soldados acusados de la ejecución extrajudicial de civiles sean juzgados en la justicia penal ordinaria, y trasladará esos juicios a la justicia militar. Conforme al derecho internacional, las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos deben ser juzgadas en la justicia penal ordinaria.
Condiciones carcelarias, tortura y maltrato de detenidos
En junio de 2016, había en Brasil más de 726.000 adultos encarcelados, según el Departamento Penitenciario Nacional del Ministerio de Justicia. Las cárceles estaban extremadamente sobrepobladas, al 197 por ciento de su capacidad, es decir, había dos personas presas por cada plaza disponible.
El hacinamiento y la falta de suficiente personal impiden que las autoridades penitenciarias mantengan el control dentro de muchas cárceles, y esto hace que los detenidos sean vulnerables a la violencia. En enero, más de 120 internos murieron en tres estados, presuntamente como resultado de la violencia de pandillas. Otros 22 presos habían sido asesinados en octubre de 2016.
En muchas cárceles los servicios legales y de salud son deficientes, y sólo un porcentaje muy reducido de internos acceden a oportunidades educativas y laborales. Es habitual que las personas en prisión preventiva sean alojadas con otras que ya han recibido condenas, lo cual viola las disposiciones internacionales y la ley brasileña.
Sólo en cerca del 40 % de las jurisdicciones los detenidos son llevados ante un juez sin demora después de su arresto, conforme lo exige el derecho internacional, según datos del Instituto por la Defensa del Derecho de Defensa. Estas “audiencias de prisión preventiva” ayudan a los jueces a determinar quiénes deben permanecer en prisión preventiva y quiénes deben ser liberados a la espera del juicio. En los casos en que no se celebran audiencias de prisión preventiva, los detenidos frecuentemente deben esperar varios meses antes de ser llevados ante un juez por primera vez. El 40 por ciento de las personas que estaban encarceladas en junio de 2016 en Brasil se encontraban a la espera de un juicio. Al momento de la redacción de este informe, el Congreso analizaba un proyecto legislativo para establecer la obligatoriedad de las audiencias de prisión preventiva en todo el país.
Estas audiencias pueden constituir una herramienta efectiva contra el abuso policial de detenidos, pues permiten que los jueces detecten malos tratos poco después de la detención. Sin embargo, un informe publicado en 2017 por la organización sin fines de lucro Conectas, concluyó que en São Paulo los jueces, fiscales y defensores de oficio no garantizaron la realización de una investigación adecuada de las denuncias de maltrato que cientos de detenidos hicieron en audiencias de prisión preventiva.
Derechos del niño
Los establecimientos de detención de menores en Brasil fueron construidos para alojar a 19.400 niños y adultos jóvenes, pero en octubre de 2016 había allí al menos 24.000. Estas cifras no incluyen los datos de capacidad y número de internos de seis estados, sobre los cuales el gobierno federal no tenía información.
En junio, nueve menores de edad fueron asesinados por otros menores en establecimientos de detención en Paraíba y Pernambuco con grave sobrepoblación. El Consejo Nacional de Derechos Humanos informó de que 40 menores fueron asesinados en unidades de reclusión de Pernambuco entre 2012 y 2016. El informe no aclaró quiénes fueron los agresores.
Las investigaciones llevadas a cabo por el Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura y Human Rights Watch identificaron gran número de casos de maltrato de menores de edad por personal de reformatorios y por policías en diversos estados. A menudo los abusos no son objeto de investigaciones y puniciones adecuadas. Una excepción fue la condena en agosto de 12 empleados de un establecimiento de detención por torturas a 85 niños en São Paulo. A pesar de contundentes pruebas forenses y de vídeo, el caso se elevó a juicio recién 12 años después de ocurridos los abusos.
En vez de fomentar la rehabilitación y la educación, la infraestructura física de los centros de detención de menores favorece el aislamiento y el castigo. Algunos niños y adultos jóvenes en el estado de Ceará no tienen acceso a actividades educativas y permanecen encerrados en sus habitaciones casi todo el día, o incluso el día entero, conforme documentó Human Rights Watch.
Cuando se redactó este informe, el Congreso de Brasil trataba un proyecto legislativo para elevar de 3 a 10 años el período máximo de confinamiento de menores de edad, lo cual agravaría la sobrepoblación, y una reforma constitucional para permitir que adolescentes de 16 y 17 años acusados de delitos graves sean juzgados y sentenciados como adultos, lo cual contraviene el derecho internacional.
Libertad de expresión
En diciembre de 2016, una sala del Tribunal Superior de Justicia determinó que una disposición legal que prevé una pena de hasta dos años de prisión para el desacato a funcionarios públicos viola la libertad de expresión y debería ser invalidada. Sin embargo, en mayo, el pleno de la sala penal del tribunal revirtió esa decisión.
En Río de Janeiro, donde las fuerzas armadas han sido desplegadas reiteradamente para patrullar las calles, numerosos civiles han sido juzgados en tribunales militares bajo la acusación de faltar al respeto a soldados, conforme a una disposición sobre desacato del Código Penal Militar. Los cuerpos estatales de policía militar han abusado de esa disposición para acallar críticas, incluidos casos en los cuales detuvieron a artistas durante presentaciones o personas que habían publicado comentarios críticos en internet.
Los policías militares enfrentan severas restricciones a su propia libertad de expresión. Las disposiciones de los códigos disciplinarios y del Código Penal Militar exponen a los agentes a la posibilidad de expulsión de la fuerza y a penas de prisión por infracciones como criticar a un superior o una decisión gubernamental. Algunos comandantes usan estas normas para aplicar castigos desproporcionados a agentes que promueven la reforma policial o expresan quejas.
Derechos de la mujer
El aborto solamente es legal en Brasil en casos de violación, cuando sea necesario para salvar la vida de la mujer o cuando el feto presente anencefalia, una malformación cerebral congénita mortal.
Las mujeres y niñas que realizan abortos ilegalmente se exponen no sólo al riesgo de lesiones y de muerte, sino además a penas de hasta tres años de cárcel, en tanto las personas que practican abortos pueden recibir penas de hasta cuatro años. Un estudio nacional estima que 416.000 mujeres brasileñas abortaron en 2015. El Ministerio de Salud indicó a Human Rights Watch que los médicos realizaron apenas 1.667 abortos legales ese año.
La Corte Suprema está analizando dos recursos para despenalizar el aborto. En abril, Human Rights Watch presentó amicus curiae en ambas causas. En noviembre, una comisión legislativa aprobó un proyecto de ley que prohibiría el aborto en todas las circunstancias.
En 2015, un brote del virus del zika tuvo impactos nocivos especialmente en mujeres y niñas. Cuando infecta a una mujer embarazada, el zika puede complicar el desarrollo fetal y provocar, entre otros problemas, microcefalia, que es el desarrollo insuficiente del cerebro. La falta de inversiones suficientes en infraestructura de agua y saneamiento, así como los limitados servicios de salud reproductiva e información, agravaron la crisis del zika y expusieron a los brasileños a futuras epidemias. Los niños con síndrome del zika necesitan más apoyo estatal.
La implementación de la ley brasileña contra la violencia doméstica, la ley “Maria da Penha”, de 2006, está incompleta. Las comisarías especializadas en crímenes contra la mujer no cuentan con personal suficiente, en general están cerradas por la noche y los fines de semana, y se ubican en las grandes ciudades. Los datos disponibles indican que, cada año, miles de casos no se investigan adecuadamente.
Cuando no se pone freno a la violencia doméstica, es habitual que se agrave y que pueda llevar hasta a la muerte. En 2016, 4.657 mujeres fueron asesinadas en Brasil, según datos oficiales recopilados por el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Un estudio de 2013 estimó que en la mitad de los asesinatos de mujeres el agresor fue su pareja, una expareja o un familiar.
Derechos de las personas con discapacidad
En enero de 2016 entró en vigor una ley sobre derechos de personas con discapacidad que exige a los organismos públicos otorgar prioridad a personas con discapacidad al brindar servicios de salud, educación, trabajo, vivienda, cultura y deportes.
En marzo de 2016, un nuevo código de procedimiento civil revocó disposiciones recientes que garantizaban la capacidad legal de todas las personas con discapacidad y exigían adoptar sistemas de toma de decisiones con apoyo. Otro proyecto legislativo que está siendo tratado restablecería la tutela legal plena en el país, lo cual representaría un grave retroceso en materia de derechos de personas con discapacidad, pues impediría que algunas de esas personas tomen sus propias decisiones con respecto a su vida, como dónde vivir y con quién, si contraer matrimonio o tener hijos, o si votar.
Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo
En mayo, Brasil aprobó una nueva ley de inmigración que concede a los inmigrantes el acceso equitativo a los servicios públicos, incluida la educación y la salud, y el derecho a formar sindicatos. La ley permite al gobierno otorgar visas humanitarias a personas de países que sufren “inestabilidad institucional grave o inminente, conflicto armado, calamidad de gran proporción, desastre ambiental o graves violaciones de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario”.
La crisis humanitaria en Venezuela ha expulsado a miles de personas hacia Brasil. Entre enero y junio, 7.600 venezolanos pidieron asilo en Brasil, en comparación con las 55 solicitudes que hubo durante todo 2013, según datos gubernamentales. Brasil otorgó asilo a 14 venezolanos en 2016, le negó este beneficio a 28 y el resto de los casos siguen pendientes. Entre enero y septiembre de 2017, Brasil no adoptó ninguna decisión sobre solicitudes de asilo planteadas por ciudadanos venezolanos.
En marzo, Brasil aprobó una resolución que permite que los venezolanos soliciten un permiso de residencia por dos años. En agosto, un juez federal eximió a venezolanos de bajos recursos de la obligación de pagar una tasa de solicitud de USD 100, que había disuadido a muchas personas de pedir estos permisos.
Orientación sexual e identidad de género
El Ministerio de Derechos Humanos (Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos) recibió más de 725 denuncias de violencia, discriminación y otros abusos contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) en la primera mitad de 2017.
En febrero, varios hombres profirieron insultos homofóbicos, golpearon, dispararon y apedrearon hasta matar a Dandara dos Santos, una persona transgénero de 42 años en el estado de Ceará. Un testigo afirmó haber llamado a la policía dos veces durante la agresión. La policía no ha justificado el atraso en la respuesta. La policía detuvo a varios presuntos implicados recién después de que apareció en las redes sociales un video de la golpiza, presuntamente grabado por uno de los agresores.
En septiembre, la justicia federal invalidó una decisión de 1999 del Consejo Federal de Psicología de Brasil que prohibía la terapia de conversión, es decir, el intento de cambiar la orientación sexual de una persona. El consejo apeló la sentencia.
Derechos laborales
En 2016, el Ministerio de Trabajo identificó 885 casos de trabajadores expuestos a condiciones abusivas que, conforme la ley brasileña, son “análogas a la esclavitud”, como el trabajo forzado o las condiciones laborales degradantes. Esa cifra es menor que en años anteriores, pero el ministerio llevó a cabo un 25 por ciento menos de inspecciones. Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2016, aplicó sanciones a 250 empresas por emplear a personas en condiciones de esclavitud.
En octubre de 2017, el ministerio emitió una resolución que redefinió las condiciones análogas a la esclavitud para aplicarlas únicamente a cuando se restringe la libertad de movimiento de los trabajadores. También exigió que la policía participe en inspecciones y la aprobación del ministro para la publicación de los nombres de las empresas sancionadas. Una semana después, un magistrado de la Corte Suprema determinó que la resolución era inconstitucional y la dejó en suspenso hasta que el pleno del tribunal se pronuncie sobre el tema.
Medio Ambiente y Violencia Rural
La violencia contra activistas rurales y líderes indígenas involucrados en conflictos por tierras se siguió agravando. En 2016, 61 personas implicadas en conflictos por tierras murieron de forma violenta, la máxima cifra anual desde 2003, y 64 fueron asesinadas entre enero y octubre de 2017, según la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica. Entre estas personas hubo nueve trabajadores rurales asesinados en el estado de Mato Grosso en abril. La fiscalía sostiene que un maderero ordenó los crímenes para expulsar a estas personas de las tierras.
En 2016, 13 indígenas fueron asesinados como resultado de conflictos por tierras, según la Comisión Pastoral de la Tierra. Los fiscales estaban investigando denuncias de que, en agosto, mineros ilegales mataron al menos a 10 miembros de una tribu amazónica.
El gobierno redujo prácticamente a la mitad el presupuesto para FUNAI, el organismo responsable de proteger a los pueblos indígenas, y sostuvo que las comunidades indígenas que no estuvieran ocupando sus tierras en 1988, cuando se promulgó la constitución, debían perder el derecho a esas tierras, una postura a la cual se opuso el Ministerio Público Federal.
Una ley federal aprobada en julio otorgaría títulos a personas que ocupan tierras ilegalmente en la selva amazónica. Organizaciones ambientales y de campesinos sin tierras se opusieron a esta norma, pues sostienen que beneficiaría a grandes terratenientes y madereros ilegales. El Ministerio Público Federal apoyó esta postura, advirtió que la ley también podría aumentar el número de asesinatos que son resultado de conflictos por tierras y pidió que la Corte Suprema declarara su inconstitucionalidad.
En mayo, una comisión parlamentaria de investigación fuertemente influida por el sector de los agronegocios pidió a las autoridades federales que procesaran penalmente a 67 líderes indígenas, antropólogos, funcionarios públicos y miembros de ONG que defienden derechos indígenas por presunto fraude, ocupación de tierras y pertenencia a una organización delictiva. Cuando se redactó este informe, las autoridades federales todavía no habían tomado ninguna medida al respecto.
En junio, cuatro relatores de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron que los “derechos indígenas y ambientales están siendo atacados” en Brasil. El gobierno calificó las declaraciones de los relatores como “infundadas”.
Enfrentar abusos del período militar
Los autores de violaciones de derechos humanos durante el régimen militar de 1964 a 1985 siguen eludiendo la justicia por efecto de una ley de amnistía de 1979, que fue ratificada por la Corte Suprema en 2010. Muy poco tiempo después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el fallo violaba las obligaciones de Brasil conforme al derecho internacional.
Desde 2012, los fiscales federales han acusado a más de 40 exmilitares y otros agentes de la dictadura en relación con asesinatos, secuestros y otras graves violaciones de derechos humanos. Los tribunales inferiores desestimaron la mayoría de las causas y la Corte Suprema puso dos en suspenso, mientras reconsidera la validez de la ley de amnistía.
En mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia en el caso del periodista Vladimir Herzog, torturado y asesinado por agentes del Estado en 1975. La corte deberá analizar nuevamente la ley de amnistía cuando se pronuncie en el caso Herzog.
Actores internacionales clave
En mayo, como parte del Examen Periódico Universal (EPU), los Estados Miembros de la ONU formularon 246 recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en Brasil. Entre otros problemas, señalaron los abusos policiales y en centros penitenciarios, y la violación de los derechos de indígenas y mujeres.
Política exterior
El gobierno brasileño condenó las violaciones de derechos humanos en Venezuela e instó al restablecimiento de la democracia. En agosto, Brasil y los demás miembros fundadores del bloque comercial sudamericano Mercosur suspendieron a Venezuela del grupo por “romper el orden democrático”.
Una coalición encabezada por Arabia Saudita utilizó municiones de racimo de fabricación brasileña en al menos cuatro ocasiones, la más reciente en febrero de 2017, en la cual murieron dos civiles y al menos 12 resultaron heridos. Las municiones de racimo están prohibidas por un tratado de 2008 al cual se sumaron 102 países, pero no Brasil.