El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente inferior que en 2016, pero igualmente alta, y hubo más de 3.700 señalamientos de detenciones arbitrarias entre enero y agosto de 2017. El gobierno sigue usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos.

En junio, el Presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que revertiría la política del gobierno anterior con respecto a Cuba, al restablecer las restricciones comerciales y de viajes que se habían relajado en 2015.

Detenciones arbitrarias y encarcelamiento de corta duración

El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración aumentó de manera drástica entre 2010 y 2016, de un promedio mensual de 172 incidentes a 827, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, organización de derechos humanos independiente que no cuenta con autorización oficial y la cual es considerada ilegal por el gobierno.

La cantidad de detenciones disminuyó significativamente en 2017, con 4.537 detenciones arbitrarias reportadas entre enero y octubre, lo cual supone una reducción del 50 % respecto del mismo período en 2016.

Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que luego los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva.

A menudo se realizan detenciones preventivas para evitar que personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o incluso días. Al igual que la Comisión Cubana de Derechos Humanos, la organización Damas de Blanco —fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos— no tiene autorización oficial y, por ende, es considerada ilegal por el gobierno. Policías o agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a sus miembros antes o después de asistir a la misa de domingo.

En abril, el activista político Eliécer Ávila del grupo Somos+ fue detenido dos veces en tres días por grabar y transmitir un mensaje de protesta, luego de que las autoridades confiscaran su computadora en el aeropuerto de La Habana. La primera detención se produjo el 6 de abril, cuando llegó de Colombia. Fue liberado la mañana siguiente y regresó al aeropuerto para reclamar su computadora. Al día siguiente, sus documentos y equipos electrónicos fueron confiscados y la policía lo detuvo en su domicilio, según transcendió en los medios de comunicación. Fue liberado ese mismo día bajo fianza.

Libertad de expresión

El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tuits. El gobierno bloquea sistemáticamente el acceso a estos sitios web dentro de Cuba y solamente una parte de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes, debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo. En septiembre de 2017, Cuba anunció que ampliaría progresivamente el servicio domiciliario de Internet a todas las provincias del país.

Los periodistas independientes que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser objeto de campañas de desprestigio y detenciones arbitrarias. Lo mismo sucede a artistas y académicos que exigen mayores libertades. Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, fue detenido el 20 de febrero en el aeropuerto de Camagüey, junto con la periodista Sol García Basulto, una colega del medio La Hora de Cuba y corresponsal del sitio web de noticias independiente 14ymedio.

García Basulto fue liberada sin que se presentaran cargos en su contra. Constantín permaneció incomunicado cerca de 36 horas por haber presuntamente fomentado “propaganda enemiga”, sobre la base de información extraída de una computadora que había sido confiscada en una oportunidad en la cual fue detenido por un breve período, en noviembre de 2016. Aunque el cargo se retiró en febrero, en marzo ambos periodistas fueron acusados de ejercer el periodismo sin la correspondiente certificación, según trascendió en la prensa, y se les prohibió viajar al extranjero. Basulto quedó bajo arresto domiciliario el 24 de julio.

Los miembros del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos José Carlos Girón Reyes, los hermanos Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio y su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró fueron detenidos el 26 de julio tras llevar a cabo una protesta pública en reclamo de “justicia, libertad y democracia”. Los activistas manifestaron haber sido golpeados mientras estuvieron bajo custodia de las autoridades. El 2 de agosto, Girón fue puesto en libertad sin que se formularan cargos, y los otros tres quedaron encarcelados hasta el 18 de octubre.

Presos políticos

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó sobre decenas de presos políticos —incluidos 54 miembros del grupo Unión Patriótica de Cuba— hasta mayo de 2017. El gobierno no permite que las prisiones del país sean visitadas por organizaciones de derechos humanos independientes, las cuales creen que habría más presos políticos, y cuyos casos no pueden documentar.

Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les reconocen las garantías al debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” al poder ejecutivo y al legislativo, lo cual impide que exista verdadera independencia judicial.

El Dr. Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, fue condenado a tres años de prisión el 20 de marzo. Fue detenido en noviembre de 2016 luego de que, en entrevistas concedidas a medios internacionales, expresara críticas contra el expresidente Fidel Castro poco después de su muerte.

El activista Jorge Cervantes García, de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido en mayo presuntamente por “desacato” y “resistencia”, apenas semanas después de haber publicado en línea algunos videos que denunciaban maltratos en una cárcel cubana y corrupción entre las autoridades del país. Luego de una huelga de hambre de 39 días, fue trasladado a un establecimiento de máxima seguridad. Cervantes fue liberado en agosto luego de permanecer 85 días retenido.

Restricciones a la posibilidad de viajar

Las reformas a las reglamentaciones sobre viajes que entraron en vigor en enero de 2013 eliminaron la necesidad de solicitar una visa de salida para viajar fuera de la isla. Anteriormente, las visas de salida se habían usado para negar el derecho a viajar a personas que tenían una postura crítica sobre el gobierno y a sus familiares. Desde entonces, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado este permiso han podido viajar, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes.

Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Estas medidas han permitido que las autoridades impidan la salida de personas que expresan desacuerdo con el gobierno.

El gobierno restringe el desplazamiento de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997 conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana. El decreto ha sido usado para hostigar a disidentes e impedir que personas de otras regiones de Cuba viajen a La Habana para asistir a reuniones.

Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, el gobierno impuso restricciones principalmente a personas que viajaban a países latinoamericanos para asistir a conferencias. En junio, la comisión registró la mayor cantidad de restricciones a la libertad de circulación en varios años: se impidió que al menos 29 personas viajaran al extranjero para asistir a conferencias internacionales y otros eventos.

Condiciones en centros de detención

Las prisiones del país están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según indicaron antiguos presos políticos ya liberados. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los presos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.

Si bien el gobierno permitió que unos pocos miembros de la prensa extranjera elegidos específicamente realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en 2013, continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.

Derechos laborales

Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país sigue violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, especialmente en materia de libertad de asociación, negociación colectiva, protección salarial y prohibición del trabajo forzado. Si bien, técnicamente, la legislación autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba sólo permite una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.

Defensores de derechos humanos

El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Es común que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.

En septiembre de 2016, la sede de Cubalex, una organización que desde hace seis años investiga violaciones de derechos humanos y brinda asesoría legal gratuita a activistas de libertad de expresión, inmigrantes y defensores de derechos humanos, fue allanada por la policía. Los policías confiscaron expedientes, obligaron a desnudarse y palparon a cuatro hombres y una mujer y detuvieron a dos abogados, uno de los cuales todavía permanecía detenido para el momento en que se redactó el presente informe.

Actores internacionales clave

Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas en 2015, luego que Estados Unidos relajara las restricciones a los viajes y al comercio impuestas décadas antes. Sin embargo, en junio de 2017, el Presidente Trump declaró que revertiría lo acordado por el anterior gobierno.

El gobierno de EE. UU. expulsó a 15 diplomáticos cubanos de la embajada en Washington en octubre, luego que diplomáticos estadounidenses ubicados en Cuba manifestaran padecer diversas enfermedades misteriosas. En noviembre, el gobierno de EE. UU. restableció las restricciones al derecho de los estadounidenses de viajar a Cuba y realizar negocios con empresas vinculadas con las fuerzas militares y de seguridad o los servicios de inteligencia cubanos. También votó contra una resolución de la ONU que condena el embargo estadounidense sobre Cuba, revirtiendo así la anterior abstención en 2016.

Por primera vez en años, Cuba aceptó que un investigador de las Naciones Unidas visitara la isla. En abril, la Relatora Especial de la ONU sobre la trata de personas visitó Cuba e instó a que se adoptaran nuevas leyes y medidas más enérgicas contra la trata.

El experto independiente de la ONU sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional también visitó Cuba en julio de 2017, e instó a Cuba a ratificar tratados internacionales fundamentales, a saber, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus Protocolos Facultativos.

Al Secretario General de la OEA Luis Almagro se le negó el ingreso a Cuba debido a que funcionarios cubanos consideraron que el motivo de su visita constituía “una provocación inaceptable”. Estaba previsto que Almagro recibiera un premio a la democracia que lleva el nombre del opositor Oswaldo Payá, ya difunto, entregado por la organización latinoamericana Jóvenes por la Democracia. El gobierno también negó visas a la exministra chilena Mariana Aylwin, al expresidente mexicano Felipe Calderón y a miembros de Jóvenes por la Democracia.

En mayo, la Unión Europea celebró su tercer diálogo de alto nivel sobre derechos humanos con Cuba. En julio, el Parlamento Europeo aprobó el primer acuerdo con Cuba para afianzar los lazos económicos y políticos y poner fin a la “Posición Común sobre Cuba”, adoptada por la UE en 1996, que supedita la plena cooperación económica de la UE con Cuba a la transición del país hacia una democracia pluralista y al respeto de los derechos humanos. Aunque el acuerdo entró en vigencia en forma provisoria en noviembre de 2017, al momento de redactar este informe todavía no había sido aplicado plenamente por los países miembros.

En octubre de 2016, Cuba fue reelegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos durante el período 2017-2019.