El presidente Hassan Rouhani obtuvo en mayo de 2017 un segundo mandato de cuatro años en el poder, en una elección marcada por el debate sobre la situación de los derechos civiles y políticos en Irán. Las ejecuciones, especialmente por delitos relacionados con las drogas, continuaron a un ritmo elevado. Las autoridades del aparato de seguridad y judicial iraní siguieron atacando a periodistas, activistas de las redes sociales y defensores de los derechos humanos, en una represión continua que demuestra un flagrante incumplimiento de las normas legales nacionales e internacionales.
Pena de muerte
El poder judicial continuó ejecutando a individuos a un ritmo alarmantemente elevado, especialmente por delitos relacionados con las drogas. Los grupos de derechos humanos informaron que, hasta el 27 de noviembre de 2017, Irán había ejecutado al menos a 476 personas, incluidas cinco personas que fueron condenadas a muerte por delitos que supuestamente cometieron cuando eran menores de edad.
El 13 de agosto, el parlamento iraní aprobó una esperada enmienda a la ley de drogas del país que eleva significativamente los estándares para una sentencia de muerte obligatoria por delitos relacionados con las drogas. El Consejo de Guardianes, un cuerpo de 12 juristas islámicos, aprobó la enmienda en octubre y la ley entró en vigor el 14 de noviembre. El 21 de noviembre, Abbas Jafari Dolatabadi, fiscal de Teherán, declaró que 3.300 personas condenadas por delitos relacionados con las drogas habían presentado apelaciones acogiéndose a la nueva ley.
Según el código penal iraní, que entró en vigor en 2013, los jueces tienen la potestad discrecional para no condenar a muerte a los menores de edad. Pese a esta nueva medida, varias personas que fueron juzgadas de nuevo bajo esta disposición, por delitos que supuestamente cometieron cuando eran menores, fueron condenadas a muerte de todos modos.
Según la legislación iraní, muchos delitos, como “insultar al Profeta”, la apostasía, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, el adulterio y ciertos delitos no violentos relacionados con las drogas, pueden ser castigados con la muerte. El 28 de agosto, Mahmoud Alizadeh Tababi, el abogado de Mohammadi Ali Taheri, un maestro espiritual y fundador del grupo espiritual de Erfan-e-Halghe (Círculo de misticismo), anunció que su cliente fue sentenciado a muerte por segunda vez por un cargo de “sembrar corrupción en la Tierra”. Anteriormente, en 2011, un tribunal revolucionario había condenado a Taheri a cinco años de prisión, pero en 2015 lo juzgó nuevamente por corrupción y lo sentenció a muerte. El Tribunal Supremo rechazó la sentencia en 2016.
Derechos a un juicio justo y trato de prisioneros
Los tribunales iraníes, y en particular los tribunales revolucionarios, a menudo no cumplieron las expectativas deseadas al momento de conceder juicios justos y presuntamente utilizaron como evidencia en el tribunal confesiones obtenidas mediante la tortura. Las autoridades habitualmente restringen el derecho de los detenidos a la asistencia de un abogado, especialmente durante el período de investigación.
Varias personas acusadas de crímenes de seguridad nacional sufrieron la falta de acceso adecuado a la atención médica bajo detención. En agosto, las autoridades se negaron a permitir la hospitalización de Arash Sadeghi, un defensor de los derechos humanos de 30 años, que sufre complicaciones digestivas como consecuencia de su prolongada huelga de hambre en febrero. Según los informes, Zeinab Jalalian, una presa kurda que cumple una condena de cadena perpetua en la prisión de Khoy, en la provincia de Azarbaiyán Occidental, necesita tratamiento médico urgente para un ojo. En 2017, varios presos políticos en las cárceles de Rajai Shahr y Evin, incluido Saeed Shirzad, activista por los derechos del niño, emprendieron una huelga de hambre para protestar por sus condiciones carcelarias.
Libertad de expresión, asociación y asamblea
El 19 de diciembre de 2016, el Presidente Rouhani anunció la Carta de Derechos Civiles, que reitera en gran medida los derechos y protecciones que ya existían en la Constitución y la legislación nacional. Sin embargo, en ausencia de un mecanismo que monitoree y asegure su cumplimiento, no está claro si la Carta agregará protecciones reales.
Las autoridades continuaron restringiendo las libertades de expresión, asociación y asamblea e imputaron a decenas de periodistas, activistas de medios sociales y sindicalistas acusados de “actuar en contra de la seguridad nacional”, “propaganda contra el Estado” y “asamblea y colusión para perturbar el desarrollo nacional”, simplemente por ejercer sus derechos legítimos.
El 29 de agosto, Ali Mojtahedzadeh, el abogado de seis administradores de canales de redes sociales Telegram y quien mantenían relaciones cercanas con los reformistas arrestados antes de las elecciones presidenciales de mayo, dijo a la agencia de noticias Ilna que la Sección 15 del tribunal revolucionario de Teherán había sentenciado a sus clientes a una pena de tres a cinco años de prisión.
En marzo, el Ministerio de Inteligencia arrestó a los periodistas Hengameh Shahidi y Zeinab Karmianian y los detuvo durante casi cinco meses. Fueron liberados el 29 de agosto.
Las autoridades de la Agencia de Inteligencia Judicial arrestaron a Sasan Aghaei, de 34 años, subdirector del diario reformista Etemad, y Yaghma Fashkhami, periodista del sitio web de Didban en Irán, en sus oficinas en Teherán el 13 y 22 de agosto, respectivamente. Hasta noviembre, las autoridades no habían acusado a ninguno de los dos de un delito reconocible.
Las autoridades volvieron a encarcelar a varios sindicalistas prominentes a quienes habían condenado a prisión por actividades pacíficas, aunque ya habían sido liberados. Las autoridades arrestaron a Ismael Abdi, secretario general de la Asociación Profesional de Profesores, y a Mahmoud Beheshti Langeroudi, portavoz del sindicato, el 7 de junio y el 13 de septiembre, respectivamente, mientras estaban fuera de licencia. El 9 de agosto, Reza Shahabi, un prominente activista laboral, regresó a prisión para cumplir el resto de su condena de seis años con el fin de evitar que el poder judicial le anulase la libertad condicional. Shahabi había sido liberado por motivos médicos en mayo de 2014.
Defensores de los derechos humanos y prisioneros políticos
Decenas de defensores de los derechos humanos y activistas políticos permanecen en prisión por su activismo pacífico. Atena Daemi, una defensora de los derechos del niño, sigue cumpliendo una pena de siete años de prisión de noviembre de 2016 por activismo pacífico. Abdolfatah Soltani, destacado abogado de derechos humanos que lleva en prisión desde 2011, está cumpliendo una condena de 13 años por su trabajo en temas de derechos humanos, incluida la cofundación del Centro de Defensores de los Derechos Humanos. Zia Nabavi, una activista estudiantil, cumple una condena de 10 años en la prisión de Karoon en la ciudad de Ahvaz.
El 16 de marzo, Narges Mohammadi, una prominente defensora de los derechos humanos que fue arrestada en junio de 2015 para cumplir el resto de su condena de seis años de prisión, comenzó a cumplir una nueva condena de 10 años de prisión bajo cargos que incluyen “membresía en la campaña prohibida de Step by Step to Stop the Death Penalty (Paso a paso para detener la pena de muerte)”.
En los últimos tres años, las autoridades han imputado, bajo la acusación de cooperar con Estados extranjeros, a varios ciudadanos iraníes con doble nacionalidad y extranjeros que viajaron a Irán. Estos incluyen a Siamak Namazi, empresario, y su padre Baquer de 81 años, así como a Nazanin Zaghari Radcliffe, Nizar Zakka, y Xiyue Wang.
Los ex candidatos a las elecciones presidenciales Mehdi Karroubi y Mir Hossein Mousavi, así como la esposa de Mousavi, Zahra Rahnavard, académica, permanecen bajo arresto domiciliario sin cargos ni juicio desde febrero de 2011. Sus familias han informado que la salud de los tres se ha deteriorado y que se les ha denegado el acceso a una atención médica adecuada.
Derechos de la mujer
Las mujeres iraníes son discriminadas en cuestiones de estatus personal relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos. Una mujer virgen necesita la aprobación de su tutor masculino para contraer matrimonio, independientemente de su edad, y no puede transmitir su nacionalidad iraní a un cónyuge extranjero ni a sus hijos. Las mujeres casadas no pueden obtener un pasaporte o viajar fuera del país sin el consentimiento escrito de sus esposos. Según el código civil, el marido tiene el derecho de elegir el lugar de residencia y puede evitar que su esposa tenga ciertas ocupaciones si las considera contrarias a los “valores familiares”.
En 2017, Human Rights Watch documentó cómo en este entorno discriminatorio y ante políticas gubernamentales que no ofrecen una protección adecuada contra la discriminación en los sectores público y privado, las mujeres están marginadas en la economía, constituyendo sólo el 16 por ciento de la fuerza laboral. La tasa de desempleo de las mujeres es del 20 por ciento, el doble que la de los hombres.
Durante su campaña de reelección, el presidente Rouhani criticó la marginación de las mujeres en el sector económico y prometió aumentar su presencia en las funciones de toma de decisiones de su gobierno. Sin embargo, no nombró a ninguna ministra a pesar de las expectativas de muchos, incluidos miembros del Parlamento, de que lo haría.
Según los informes, el 9 de junio, Irán permitió que 300 mujeres asistieran a un partido de voleibol entre los equipos nacionales de Irán y Bélgica, pero sólo 30 de esas entradas se vendieron al público. Las autoridades impiden que las niñas y mujeres asistan a ciertos eventos deportivos, incluido el fútbol masculino.
Trato hacia las minorías y los migrantes y los derechos de las personas con discapacidad
El gobierno niega la libertad de religión a los Baha’is y los discrimina. Hasta noviembre de 2017 había al menos 92 Baha’is encarcelados en prisiones iraníes. El 18 de septiembre y el 31 de octubre, Mahvash Sabet, Fariba Kamal Abadi y Behrouz Kamali, tres de los siete miembros del antiguo grupo de líderes de los Bahá'is en Irán, fueron puestos en libertad después de cumplir su sentencia de 10 años de prisión. El gobierno también discrimina a otras minorías religiosas, incluidos los musulmanes sunitas, y restringe las actividades culturales y políticas entre las minorías étnicas azeríes, kurdas, árabes y baluchis del país.
El 2 de agosto, Molavi Abdolhamid, un prominente líder sunita, escribió una carta al líder supremo Ayatolá Jamenei pidiéndole que elimine las restricciones al nombramiento y el empleo de sunitas en áreas de mayoría suní y que elimine las restricciones a las asambleas de oración de los viernes en las principales ciudades de Irán. Según los informes, el Ayatolá Jamenei respondió que la ley iraní y la sharia obligan a los funcionarios a no discriminar entre iraníes por motivos de religión o etnia.
El 8 de octubre, el tribunal de justicia administrativa suspendió a Sepanta Niknam, un miembro zoroastriano del Concejo Municipal de Yazd, por motivos religiosos.
Según los medios, en 2015 Irán permitió que todos los niños afganos, incluidos los indocumentados, se matricularan en escuelas después de que el Ayatolá Jamenei dictó una sentencia subrayando que “ningún niño afgano, ni siquiera los indocumentados, quede sin escolarizar”. El 14 de septiembre de 2017, Seyed Mohammad Bathaie, Ministro de Educación de Irán, anunció que 370.000 afganos y otros estudiantes extranjeros habían sido matriculados en escuelas de Irán.
En 2017, Human Rights Watch documentó que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán había reclutado a niños afganos que residían en Irán para luchar como combatientes en Siria en su división Fatemiyoun.
Según la ley iraní, la conducta homosexual es punible con flagelación y, en el caso de dos hombres, puede ser castigada con la pena de muerte. Aunque Irán permite y subsidia la cirugía de reasignación de sexo para personas transgénero, ninguna ley prohíbe la discriminación en su contra. El 14 de septiembre, Nasser Atabati, fiscal de la provincia de Ardebil, dijo a los medios de comunicación que seis personas habían sido arrestadas en Ardebil por promover la homosexualidad en la plataforma de mensajes de Telegram.
En marzo de 2017, Irán negó ante el Comité de los Derechos del Niño las acusaciones de que se estaban utilizando tratamiento coercitivo y descargas eléctricas contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT).
El 12 de abril, en su observación final, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresó su preocupación por la violación de los derechos de las personas con discapacidad por parte del gobierno iraní en muchas áreas, incluyendo la prevención y el castigo de la violencia y el abuso, el acceso a la justicia y la denegación de capacidad legal. El comité también recomendó que Irán ajustara su legislación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que Irán ratificó en 2009. En el momento de redacción de este informe, una comisión del Parlamento especialmente designada estaba considerando un nuevo proyecto de ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Principales actores internacionales
El gobierno iraní siguió proporcionando asistencia militar al gobierno sirio y desempeña un importante papel junto a Rusia y Turquía en las negociaciones de Siria que se están llevando a cabo actualmente en Astaná, Kazajstán. Human Rights Watch ha documentado un patrón de ataques deliberados e indiscriminados contra civiles, así como de tortura, por parte del gobierno sirio.
El 13 de octubre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que no certificaría el cumplimiento de Irán al acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania y la Unión Europea. En cambio, Trump pidió al Congreso que volviera a evaluar las condiciones para volver a imponer sanciones a Irán. La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) ha afirmado que Irán está cumpliendo con los términos del acuerdo.