Guatemala siguió logrando avances en el juzgamiento de casos de derechos humanos y de corrupción, en gran parte debido a la colaboración del Ministerio Público con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, que se creó en 2007 para investigar la delincuencia organizada y afianzar los esfuerzos locales de fortalecimiento del estado de derecho.
En septiembre de 2015, tras ser implicado por la CICIG en un escándalo por un fraude fiscal millonario, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina presentó su renuncia y fue detenido por cargos de fraude aduanero, asociación ilícita y cohecho.
Jimmy Morales asumió la presidencia en enero y, en abril, pidió a la ONU que ampliara el mandato de la CICIG —que estaba previsto que concluyera en 2017—hasta septiembre de 2019.
Juicios por violaciones de derechos humanos del pasado
En febrero, la justicia condenó a dos ex militares por delitos de lesa humanidad con la modalidad de violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual. Fue la primera vez que un tribunal guatemalteco juzgó un caso de violencia sexual vinculado con los 36 años de conflicto armado interno en el país. Las víctimas eran 15 mujeres mayas q’eqchi’.
Además de las penas por violencia sexual, la justicia condenó al teniente coronel Esteelmer Reyes Girón, ex comandante de la base militar Sepur Zarco, por el homicidio de tres mujeres, y al ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig por la desaparición forzada de los esposos de siete de las víctimas. Fueron condenados a 120 y 240 años de prisión, respectivamente.
En mayo de 2013, el ex jefe de Estado guatemalteco Efraín Ríos Montt fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Si bien fue condenado a 80 años de cárcel, varios días después la Corte de Constitucionalidad invalidó la condena alegando cuestiones procedimentales. El general retirado había encabezado el gobierno militar entre 1982 y 1983, cuando militares perpetraron cientos de masacres contra civiles desarmados.
En agosto de 2015, un tribunal de primera instancia declaró a Ríos Montt incompetente para enfrentar un nuevo juicio y dispuso que debía ser representado por sus abogados en un procedimiento especial a puerta cerrada. En octubre de 2015, la justicia de apelación rechazó un pedido, planteado más de dos años antes por los abogados de Ríos Montt, para que se aplicara un decreto de amnistía de 1986 que terminaría con su procesamiento. El tribunal determinó que el decreto, que contemplaba todos los “delitos políticos y comunes conexos” cometidos entre marzo de 1982 y enero de 1986, no se aplica al genocidio ni a crímenes de lesa humanidad. En marzo de 2016 se inició un nuevo juicio contra Ríos Montt, a puerta cerrada.
En mayo, la Sala Primera de Apelaciones adoptó una resolución provisional por medio de la cual el proceso contra el ex dictador debería ser separado de aquel contra el otro acusado, el ex director de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez. Al momento de redacción de este documento, todavía no se había fijado la fecha para el nuevo juicio contra cada uno de los acusados.
En años recientes, el Ministerio Público ha logrado condenas en varios otros casos relacionados con delitos que constituyen violaciones de derechos humanos y que fueron cometidos durante la guerra. En 2011, cuatro soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército recibieron severas penas de prisión por su participación en la masacre de Dos Erres en 1982, en la cual murieron más de 250 personas. En 2013, el ex jefe de la Policía Nacional Héctor Bol de la Cruz fue condenado a 40 años de prisión por ordenar la desaparición de un estudiante activista en 1984. En enero de 2015, el ex jefe de Policía Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de cárcel por una incursión en la embajada española en 1980, durante la cual 37 personas murieron quemadas.
En julio de 2014, Fermín Felipe Solano Barillas se convirtió en el primer ex guerrillero en ser condenado por atrocidades. Tras ser declarado culpable por ordenar la masacre de 22 residentes de la localidad de El Aguacate en 1988, se le impuso una pena de 90 años de prisión.
Seguridad pública, corrupción y justicia penal
La violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones delictivas siguen siendo extendidas en Guatemala. La corrupción en el sistema judicial, sumada a hechos de intimidación contra jueces y fiscales, contribuye a que haya altos niveles de impunidad. La violencia de las pandillas es un factor importante que motiva a numerosas personas, incluidos jóvenes no acompañados, a irse del país.
A pesar de estos problemas, en los últimos años los fiscales han conseguido avances en casos de delitos violentos, así como también en casos de ejecuciones extrajudiciales y corrupción.
En abril de 2015, una investigación de la CICIG reveló un fraude fiscal por USD 130 millones en el cual estarían implicados más de 50 altos funcionarios del gobierno. Esto posibilitó que se presentaran cargos contra el entonces Presidente Otto Pérez Molina, la Vicepresidenta Roxana Baldetti y otras 35 personas.
En abril de 2016, la fiscalía presentó nuevos cargos contra Pérez Molina en relación con una comisión de USD 30 millones que se cobró sobre un contrato de una empresa española para la gestión de una nueva terminal de contenedores en la costa del Pacífico, en Puerto Quetzal.
En junio, la CICIG anunció la detención de varias personas en relación con una estructura clandestina que operaba tras la fachada del partido del ex Presidente Pérez Molina, el Partido Patriota (PP). El PP habría diseñado una estratagema financiera que tenía como fin principal el enriquecimiento ilícito de sus miembros, a través de contratos públicos por más de USD 35 millones. Cuando se preparó este documento, habían sido detenidos más de 57 miembros de la clase dirigente empresaria en Guatemala, desde banqueros hasta congresistas.
Actores internacionales clave
La CICIG, creada en 2007 con respaldo de la ONU, desempeña un rol clave de asistencia al sistema judicial de Guatemala en el juzgamiento de delitos violentos. La CICIG trabaja en colaboración con el Ministerio Público, la Policía y otros organismos gubernamentales para investigar, perseguir penalmente y desarticular a organizaciones delictivas que operan en el país. Puede participar en los procedimientos penales como querellante adhesivo, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas.
El Congreso de Estados Unidos aprobó fondos de asistencia por USD 750 millones para 2016 en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, una iniciativa de cinco años de duración, anunciada en 2014, que procura reducir los incentivos para las migraciones desde Guatemala, El Salvador y Honduras. El gobierno de Obama pidió que se asignara la misma cantidad para el plan de 2017. A la fecha de preparación del presente documento, el Congreso todavía no había aprobado el presupuesto definitivo.
El objetivo de la asistencia es reducir la violencia, fortalecer la gobernabilidad y crear más oportunidades económicas. El 50 por ciento de los fondos están supeditados a que, cada año, el Departamento de Estado de los Estados Unidos certifique los avances logrados por los países beneficiarios en el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la defensa de los derechos humanos. En 2016, Guatemala obtuvo la certificación que habilita al país a recibir los fondos en forma total y continuada en virtud del plan. La asistencia para 2016 incluyó USD 7 millones para la CICIG en Guatemala, y fondos para comisiones similares, en caso de crearse, en El Salvador y Honduras. En junio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que, desde 2008, ese país ha invertido USD 36 millones en el trabajo de la CICIG.
El gobierno guatemalteco está implementando un plan de reparaciones —una de las condiciones para obtener la certificación que permite acceder a la asistencia estadounidense— destinado a abordar las violaciones de derechos humanos sufridas por comunidades desplazadas a causa de la construcción de la represa hidroeléctrica de Chixoy, en 1975. La distribución de reparaciones por USD 2,8 millones comenzó en marzo de 2015. Se espera que las reparaciones asciendan a un total de USD 156 millones para 2029, cuando está previsto que concluya la construcción de la represa.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mantiene una oficina en Guatemala desde 2005. Supervisa la situación de los derechos humanos en el país y brinda apoyo al gobierno y la sociedad civil en materia de políticas públicas.