El gobierno y la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llegaron a un acuerdo en 2016 para poner fin a 52 años de conflicto armado. El acuerdo ofrece una oportunidad histórica para terminar con las violaciones de derechos humanos. Las posibilidades de justicia dependerán en gran medida de la legislación de implementación, la revisión de la Corte Constitucional y la implementación posterior de la nueva “Jurisdicción Especial para la Paz”. El 2 de octubre, una primera versión del acuerdo de paz que contenía disposiciones defectuosas sobre justicia fue rechazada por una estrecha diferencia en un plebisicto nacional, pero las partes alcanzaron un nuevo acuerdo el 12 de noviembre.
La violencia asociada con el conflicto ha provocado el desplazamiento forzado de más de 6,8 millones de colombianos, la segunda población de desplazados internos más numerosa del mundo, después de Siria. Los civiles siguen siendo víctimas de graves abusos por parte de miembros de la segunda guerrilla más numerosa del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y de grupos sucesores de paramilitares, que surgieron después del proceso de desmovilización que tuvo lugar hace una década. Es común que defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y otros activistas comunitarios sufran amenazas de muerte y otros actos de violencia por parte de guerrillas y grupos sucesores, entre otros. Los actores que cometen actos de violencia contra civiles casi nunca rinden cuestas por sus actos.
Desde que las FARC anunciaron el cese unilateral de hostilidades en julio de 2015, se ha reducido drásticamente la cantidad de abusos que se atribuyen a sus miembros. El gobierno colombiano y el ELN anunciaron en marzo de 2016 que, después de dos años de negociaciones preliminares, iniciarían un diálogo de paz formal. A la fecha de redacción del presente documento, los diálogos formales de paz no habían comenzado, en gran parte debido a que el ELN se rehusaba a liberar a personas cautivas y terminar con los secuestros.
En septiembre, el Consejo de Estado —uno de los tribunales de mayor jerarquía de Colombia— anuló la reelección de Alejandro Ordoñez como Procurador General de la Nación en 2012, y lo separó del cargo. Conforme al derecho colombiano, el Procurador General tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos; sin embargo, durante sus siete años de gestión, Ordoñez buscó reiteradamente cercenar los derechos de mujeres y de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT).
Guerrillas
Desde su origen a mediados de la década de 1960, las FARC han cometido atrocidades sistemáticas contra civiles, que incluyen reclutamiento de niños, secuestros y delitos generalizados de violencia sexual. En agosto, el Presidente Juan Manuel Santos y los líderes de las FARC anunciaron el “cese de fuego definitivo”, y posteriormente se aprobó el acuerdo de paz.
El ELN continúa perpetrando graves abusos contra civiles. Por ejemplo, en el departamento de Chocó, ha sido responsable de secuestros, asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. En mayo de 2016, miembros del ELN secuestraron a tres periodistas en el departamento nororiental de Norte de Santander.
El ELN continuó usando minas antipersonales en 2016. El gobierno informó que 3 civiles murieron y otros 19 sufrieron heridas entre enero y octubre de 2016 a causa de minas terrestres y municiones sin detonar.
Los paramilitares y sus sucesores
Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos participaron en un proceso oficial de desmovilización que presentó graves falencias, y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos. Estos grupos sucesores siguen cometiendo abusos generalizados como asesinatos, desapariciones y violencia sexual. En ocasiones, se han beneficiado de la tolerancia e incluso la connivencia de agentes estatales.
Buenaventura, una localidad portuaria en la costa del Pacífico donde la población es mayoritariamente afrocolombiana y los grupos sucesores de paramilitares siguen cometiendo estos abusos, presenta uno de los índices más elevados de desplazamientos forzados de Colombia: 12.956 residentes debieron abandonar sus hogares en 2015, y 1.955 entre enero y octubre de 2016.
El conflicto entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN en el departamento de Chocó ha confinado a numerosas personas indígenas y afrocolombianas en las poblaciones donde viven.
La implementación de la Ley de Justicia y Paz de 2005, que ofrece una drástica reducción de penas a los paramilitares desmovilizados que confiesen crímenes, ha avanzado lentamente, aunque desde 2014 hubo progresos significativos. Hasta julio de 2016, 182 de los más de 30.000 paramilitares desmovilizados oficialmente habían sido condenados aplicando esta ley. Las condenas alcanzan tan sólo a una pequeña parte de los más de 4.000 postulados que reclaman los beneficios de la ley.
En octubre, la Fiscalía General de la Nación acusó a Santiago Uribe, hermano del ex Presidente Álvaro Uribe, de homicidio y concierto para delinquir, por su presunto rol en el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” en la década de 1990.
Continuaron durante 2016 las investigaciones de la “parapolítica”, que indagan sobre presuntos nexos de miembros y ex miembros del Congreso con paramilitares. Entre 2006 y agosto de 2015, las autoridades condenaron a 63 legisladores por delitos vinculados con la “parapolítica”.
Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública
De 2002 a 2008, fue habitual que miembros de brigadas del Ejército a lo largo de Colombia ejecutaran a civiles. Soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en el combate a las guerrillas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas —como ofertas de empleo—, para luego asesinarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. El número de presuntas ejecuciones ilegales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente a partir de 2009, si bien sigue habiendo información creíble sobre algunos casos nuevos.
En junio de 2016, la Fiscalía General de la Nación estaba investigando más de 3.600 presuntas ejecuciones ilegales ocurridas entre 2002 y 2008, y había condenado a más de 800 agentes estatales en 210 sentencias.
La gran mayoría de los condenados son miembros del Ejército de rangos inferiores. Las autoridades no han juzgado a los altos mandos del Ejército involucrados en los asesinatos, y en cambio han concedido ascensos a muchos de ellos.
A la fecha de redacción de este informe, la Fiscalía General de la Nación había citado a un total de 11 generales activos para que declararan sobre su presunta participación en casos de falsos positivos. En agosto, el general retirado Henry William Torres Escalante fue acusado; sin embargo, no se registraron avances significativos en otras causas contra generales presuntamente responsables de “falsos positivos”. En marzo de 2016, la fiscalía citó al ex jefe del Ejército, el general retirado Mario Montoya Uribe, a una audiencia de imputación de cargos. En noviembre la audiencia todavía no se había celebrado.
Al momento de preparación de este documento, el General Rodríguez Barragán seguía siendo Comandante General de las Fuerzas Militares, a pesar de las sólidas evidencias que lo vinculaban con muertes de falsos positivos.
Negociaciones de paz y derecho a la justicia
El acuerdo de paz establece una Jurisdicción Especial para la Paz que juzgaría a los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Las personas responsables de delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen plenamente con la nueva jurisdicción y confiesen sus delitos quedarán sujetas a penas de hasta ocho años de “restricciones efectivas de libertades y derechos”.
Aunque el acuerdo del 12 de noviembre no corrige todas las fallas del original, contiene disposiciones que podrían facilitar considerablemente la subsanación de al menos dos de las más importantes: una concepción excesivamente estrecha acerca de cuándo un superior puede ser responsable por delitos cometidos por sus subordinados, y las definiciones modestas e imprecisas de las “restricciones de libertades” que se aplicarían a quienes confiesen sus crímenes de guerra de forma plena y oportuna.
El acuerdo también beneficiaría a miembros de la fuerza pública, incluidos, probablemente, numerosos miembros del Ejército responsables de casos de falsos positivos.
Desplazamiento interno y restitución de tierras
Según estadísticas gubernamentales, más de 6,8 millones de colombianos han sido desplazados internamente desde 1985. Cerca de 35.000 personas fueron desplazadas en 2016, lo cual representa una importante reducción respecto de las 140.000 desplazadas en 2015.
La implementación de la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas continúa avanzando lentamente. La ley se promulgó en 2011 para restituir millones de hectáreas de tierras abandonadas y robadas por grupos armados y civiles a colombianos que fueron desplazados internamente. En septiembre de 2016, la justicia había dictado sentencias en apenas 4.100 de las más de 93.000 demandas recibidas.
Violencia de género
La violencia de género es un problema generalizado en Colombia. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos de tratamiento impiden el acceso oportuno a servicios médicos y generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir atención luego de hechos de violencia. Los responsables de delitos de violencia de género pocas veces son llevados ante la justicia.
En julio de 2015, se tipificó el “feminicidio”, definido, en parte, como el homicidio de una mujer debido a su condición de género. La ley estableció amplias medidas para prevenir y juzgar la violencia de género, incluido el reconocimiento del derecho de las víctimas a recibir asistencia legal especializada.
Defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas
Persisten las amenazas y los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas. A pesar de un programa del Ministerio del Interior que asigna protección a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia documentó 28 homicidios de defensores de derechos y activistas comunitarios que ejercían un rol de liderazgo entre enero y septiembre de 2016. Durante 2015, la Fiscalía General de la Nación logró la condena de siete personas por la muerte de activistas comunitarios y defensores de derechos.
La Fundación para la Libertad de Prensa, una organización no gubernamental (ONG) que realiza un seguimiento del estado de la libertad de prensa y goza de amplio reconocimiento en Colombia, reportó 91 amenazas contra periodistas entre enero y octubre de 2016.
La Escuela Nacional Sindical, la principal ONG colombiana dedicada a la promoción de los derechos laborales, reportó 18 asesinatos de sindicalistas ocurridos entre enero de 2015 y febrero de 2016, y el gobierno ha documentado más de 120 desde 2011. Hasta febrero de 2015, la Fiscalía General de la Nación había obtenido condenas en apenas seis de estos asesinatos cometidos desde 2011.
Orientación sexual e identidad de género
En los últimos años, las autoridades en Colombia han dado pasos importantes para reconocer los derechos de personas LGBT. En junio de 2015, el Ministerio de Justicia dictó un decreto que permitió que las personas modificaran el género consignado en sus documentos de identidad sin necesidad de aprobación judicial previa. En noviembre de 2015, la Corte Constitucional dispuso que no podían invocarse motivos de orientación sexual para negar a una persona la posibilidad de adoptar a un menor, si bien cuando se preparó este informe se encontraba pendiente un proyecto legislativo para someter esta cuestión a referéndum. En abril de 2016, la Corte Constitucional reafirmó el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio.
En octubre de 2016, líderes de las FARC se reunieron con políticos conservadores y acordaron promover una definición de familia como la formada por un hombre y una mujer. Las FARC se retractaron luego de reunirse con representantes de organizaciones LGBT algunos días después. Diversos políticos conservadores y líderes cristianos han cuestionado el acuerdo de paz, sosteniendo que este “destruiría a las familias”.
Entre enero y junio de 2016, la Defensoría del Pueblo recibió 89 denuncias de casos de violencia contra personas LGBTI.
Derechos indígenas
Los pueblos indígenas de Colombia sufren restricciones desproporcionadas en el goce de los derechos sociales y económicos. Entre enero y agosto de 2016, al menos 51 menores —en su mayoría de las comunidades indígenas Wayuu— murieron en el departamento de La Guajira por causas vinculadas con desnutrición. Muchas de estas muertes son provocadas por el acceso limitado al agua. En diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al gobierno que adoptara medidas para frenar estas muertes.
Actores internacionales clave
Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En febrero, el presidente de Estados Unidos Barack Obama anunció “Paz Colombia” —un nuevo marco de colaboración bilateral en apoyo a la iniciativa de paz— y se comprometió a asignar USD 450 millones para el año fiscal 2017.
Una parte de la ayuda militar de Estados Unidos está supeditada a requisitos en materia de derechos humanos, cuyo cumplimiento no ha sido exigido por el Departamento de Estado de ese país. En septiembre, el Departamento de Estado certificó una vez más que Colombia cumplía con estos requisitos. A través de su enviado especial a las negociaciones de paz con las FARC, Bernard Aronson, Estados Unidos ha dado un fuerte apoyo a los acuerdos de paz alcanzados en septiembre y noviembre.
Cuba también ha brindado apoyo clave al proceso de paz, al actuar como anfitrión y “garante” del proceso.
En septiembre, antes de que el acuerdo de paz fuera rechazado en el plebiscito nacional, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon participó en la ceremonia de firma del acuerdo, y manifestó que este “crea las condiciones para una paz duradera”.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continúa realizando un seguimiento de las investigaciones en Colombia sobre delitos que estarían comprendidos dentro de la competencia de la CPI. En septiembre, la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, reconoció como histórico el anuncio sobre el acuerdo de paz con las FARC, pero destacó la importancia de asegurar una “autentica rendición de cuentas” y “sanciones efectivas” para los responsables de atrocidades.
En enero de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU, a pedido del gobierno, creó una misión política bajo un mecanismo tripartito —formado por la ONU, el gobierno y las FARC— para el seguimiento y la verificación del cese al fuego bilateral, el cese de hostilidades definitivos y la dejación de armas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene un rol clave en la defensa y la promoción de los derechos humanos en Colombia. El 31 de octubre, el día en que habría concluido el mandato de esa oficina, el gobierno colombiano aceptó prorrogarlo hasta 2019.
En octubre, el Presidente Santos fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para poner fin al conflicto armado colombiano.