La justicia continúa juzgando a personas por abusos cometidos durante el régimen militar en Chile, pero en numerosos casos la Corte Suprema de Justicia ha aplicado sus facultades discrecionales para reducir las penas a quienes han perpetrado violaciones de derechos humanos, y esto ha redundado en condenas que no guardan relación con la gravedad de los delitos. Las condiciones deficitarias en los centros de detención y los señalamientos de uso excesivo de la fuerza por policías son otros de los problemas graves de derechos humanos que persisten en Chile.
El Servicio Nacional de Menores protagonizó un escándalo en 2016, al divulgarse información que indicaba que más de 850 menores y 448 adultos habían muerto bajo custodia estatal desde 2005. Las causas de muerte informadas eran variadas, e incluían bebés y niños pequeños ahogados en sus propios fluidos gástricos o respiratorios, suicidios y retardo en la atención médica de lesiones.
El congreso chileno ha debatido la reforma de una ley antiterrorista y la despenalización del aborto en circunstancias limitadas, tal como había prometido la Presidenta Michelle Bachelet, pero ninguna de estas normas había sido promulgada a la fecha de preparación de este informe. En noviembre, se presentó un proyecto legislativo para poner fin a la jurisdicción de los tribunales militares en casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por carabineros, la policía chilena encargada de tareas de orden público y prevención de delitos.
Juicios por abusos del pasado
Según datos divulgados por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en diciembre de 2015, las autoridades judiciales están investigando en total 1.048 casos de violaciones de derechos humanos perpetradas durante el régimen militar (1973-1990). Hasta diciembre de 2015, 344 personas habían sido condenadas por violaciones de derechos humanos, incluidos asesinatos y desapariciones forzadas, y 117 de ellas cumplían penas de prisión. Si bien la justicia continúa juzgando abusos cometidos durante el régimen militar, en muchos casos la Corte Suprema ha aplicado sus facultades discrecionales para reducir las penas a los condenados, incluso a penas no privativas de la libertad.
En julio de 2016, se abrió una investigación judicial contra el ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, por su presunto rol como cómplice los homicidios, en 1973, de 15 opositores de la dictadura de Pinochet. En ese entonces, Cheyre era teniente en el regimiento La Serena, y los homicidios formaron parte de lo que luego se denominó “Caravana de la Muerte”, un escuadrón militar de la muerte al cual se atribuye la tortura, ejecución extrajudicial y desaparición de presuntos disidentes en el norte de Chile. El General Sergio Víctor Arellano Stark, quien dirigió la Caravana de la Muerte, murió en marzo de 2016 sin haber ido a prisión, a pesar de que la Corte Suprema lo condenó a seis años de cárcel.
En octubre, la Corte Suprema anuló las condenas por sedición y traición a la patria impuestas entre 1974 y 1975 a 12 ex miembros de la Fuerza Aérea chilena que se negaron a participar en el golpe militar de 1973.
Ley Antiterrorista
A la fecha de preparación de este informe, aún se estaba tratando en el congreso un proyecto de ley presentado por el gobierno en noviembre de 2014 para reemplazar la ley antiterrorista. La ley actual no contiene suficientes garantías de debido proceso, y define al terrorismo en términos excesivamente amplios. El proyecto propone actualizar y limitar la definición de terrorismo, excluyendo a los delitos contra la propiedad privada que han servido de fundamento legal a las causas penales por terrorismo contra activistas mapuches. El proyecto también reforzaría las garantías de debido proceso, al reconocer a los abogados defensores el derecho a conocer la identidad de testigos protegidos, a interrogarlos en relación con la prueba e indagar su credibilidad.
Jurisdicción militar
La justicia militar continúa tendiendo competencia en casos de abusos cometidos por carabineros. Los procedimientos penales en la justicia militar carecen de la independencia y las garantías de debido proceso que distinguen a las causas en la justicia penal ordinaria. Las investigaciones se instruyen en forma secreta, los procedimientos son en su mayoría escritos y los abogados tienen escasas oportunidades de interrogar a los testigos de la parte contraria. Muchas de las demandas legítimas por violaciones de derechos humanos que se plantean en la justicia militar son desestimadas. A menudo la justicia militar de apelación rebaja inadecuadamente estas penas. Tanto el Tribunal Constitucional de Chile como la Corte Suprema se han opuesto a que la jurisdicción militar entienda en este tipo de casos.
En mayo de 2014, el ministro de defensa anunció que antes de fin de junio de 2015 se presentaría un proyecto legislativo que terminaría con la jurisdicción militar en delitos cometidos contra civiles por miembros de las Fuerzas Armadas (incluidos los carabineros). El gobierno presentó el proyecto en noviembre de 2016.
Libertad de expresión
En mayo de 2016, la Presidenta Bachelet demandó penalmente por difamación a cuatro periodistas de la revista Qué Pasa, luego de que este medio publicara la transcripción de una escucha telefónica a uno de los presuntos implicados en la investigación del Ministerio Público chileno sobre una empresa vinculada a un familiar de Bachelet. En septiembre, el Consejo de Ética de la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile (FMCS), un gremio profesional, adoptó una resolución que sanciona a la revista por incumplimiento de la ética periodística. Bachelet posteriormente desistió de la querella, y afirmó que estaba “satisfecha” con la sanción impuesta por la FMCS y que en ningún momento pretendió “afectar a los periodistas ni ganar dinero”.
Abusos policiales
Según la prensa, es habitual que carabineros empleen uso excesivo de la fuerza, sobre todo contra manifestantes, estudiantes y comunidades indígenas. Algunos carabineros habrían agredido sexualmente a mujeres y niñas durante protestas.
En julio de 2016 entró en vigor una ley sumamente controvertida que permite medidas que muchos califican de “control preventivo de identidad”. El artículo 12 de la Ley 20.931 permite que las autoridades de seguridad pública pidan identificación a cualquier mayor de 18 años sin que haya sospecha de que esté implicado en ningún delito, que hasta entonces era el estándar para controlar la identificación de una persona. Esto resulta particularmente preocupante en el contexto de protestas, pues se ha señalado que los controles de identificación durante manifestaciones en Chile suelen afectar de manera desproporcionada a grupos marginados.
Tortura
En noviembre, la Presidenta Bachelet promulgó un proyecto legislativo que reformaría el Código Penal de Chile para cumplir con los estándares internacionales y regionales sobre tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras cosas, aumentando las penas previstas para la tortura y prohibiendo la posibilidad de amnistía.
Conforme ha señalado el Ministerio Público, las denuncias de tortura, genocidio, maltrato y delitos de lesa humanidad aumentaron un 193 por ciento en los primeros nueve meses de 2016, en comparación con el mismo período en 2015. En la mayoría de los casos estarían presuntamente involucrados funcionarios públicos, incluidos carabineros.
Condiciones en centros de detención
A pesar de las medidas adoptadas en el período 2010-2013 para reducir la población carcelaria, muchas de las cárceles de Chile todavía presentan graves niveles de hacinamiento. Las cárceles de Chile albergan a casi 49.000 detenidos y presos, a pesar de que su capacidad máxima es de menos de 42.000. Las condiciones siguen siendo precarias, y son comunes los abusos por parte de guardias penitenciarios.
Derechos de los niños
El Servicio Nacional de Menores (Sename), el organismo gubernamental responsable de cuidar de los niños y adolescentes cuyas familias no están en condiciones de hacerlo, protagonizó un escándalo en julio, cuando a través de un pedido de información planteado al amparo de la Ley de Transparencia de Chile se reveló que 185 menores habían muerto al cuidado de instituciones estatales desde mayo de 2016. En octubre, el Sename confirmó que la cifra era incluso mayor: 865 menores y 448 adultos (incluidas personas con discapacidad o pacientes internados o en programas ambulatorios), lo cual da un total de 1.313 muertes de personas bajo custodia. Como se señaló precedentemente, las causas de muerte informadas incluían a bebés y niños pequeños que se ahogaron en sus propios fluidos gástricos o respiratorios, suicidios y atención médica tardía de lesiones. En agosto la Cámara de Diputados interpeló a la Ministra de Justicia Javiera Blanco, y a la fecha de preparación de este informe había en curso una investigación judicial.
Derechos reproductivos
En marzo, la Cámara de Diputados chilena aprobó un proyecto legislativo para despenalizar el aborto en casos de violación sexual, inviabilidad del feto y cuando esté en riesgo la vida de la mujer o joven. La Comisión de Salud del Senado celebró audiencias públicas en agosto. El proyecto legislativo, en particular la disposición que despenaliza el aborto en casos de violación sexual, ha encontrado resistencia casi unánime en los partidos de centroderecha y centroizquierda en el Congreso, así como por parte de la Iglesia católica y la Iglesia evangélica. A la fecha del presente, el proyecto todavía estaba siendo tratado en la Comisión Constitucional del Senado.
Orientación sexual e identidad de género
En abril de 2015, se convirtió en ley un proyecto de “unión civil” presentado por el ex Presidente Sebastián Piñera en 2011, que otorga reconocimiento legal y garantías a las parejas del mismo sexo. La norma entró en vigor en octubre de 2015.
En septiembre de 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó un proyecto para reconocer la identidad de género de las personas transgénero, y se espera que el Senado someta el proyecto a votación en diciembre.
En junio de 2016, Chile, en representación de cuatro estados latinoamericanos y 42 copatrocinadores, presentó una resolución ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por medio de la cual se creó el primer cargo de experto de la ONU en violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Defensores de derechos humanos
El 13 de mayo, miembros uniformados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) —un organismo gubernamental de promoción y seguimiento de derechos humanos en Chile— informaron haber sido detenidos arbitrariamente, golpeados y agredidos verbalmente por carabineros cuando intentaban visitar a manifestantes detenidos en una dependencia policial en Antofagasta. El gremio profesional al que pertenecen consideró que el incidente formaba parte de intentos policiales más amplios de frustrar las funciones del INDH. En 2015, la Cámara de Diputados desestimó —por diferencia de dos contra uno— una moción para destituir a Lorena Fries, entonces directora del INDH, por supuesta negligencia, luego de que el INDH difundiera materiales donde se criticaba la actuación de carabineros. El pedido de desestimación y la votación en la cámara mostraron la vulnerabilidad del organismo ante represalias políticas.
Actores internacionales clave
El Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las observaciones preliminares de una visita realizada en 2016 a Chile, manifestó que su preocupación por la querella de la Presidenta Bachelet contra Qué Pasa, así como por diversos proyectos legislativos en el Congreso que podrían restringir a los medios de comunicación, sobre todo en su cobertura de temas de interés público que afecten a figuras políticas.
En junio, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la reunión pacífica y la asocación calificó a la jurisdicción militar de Chile y la impunidad que esta implica como “uno de los ejemplos más claros del legado de la dictadura”, criticó el uso excesivo de la fuerza por policías durante protestas, sobre todo contra manifestantes mapuches, y se manifestó en contra del uso de controles preventivos de identidad en las protestas.
En abril de 2016, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instó al gobierno a prohibir prácticas que constituyan tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas con discapacidad en instituciones estatales y privadas —como psicocirugía, terapia de electrochoque sin consentimiento, restricciones físicas y aislamiento en celdas— e investigar denuncias de maltrato de estas personas por miembros de las fuerzas de seguridad.