En 2016 Brasil atravesó una crisis tanto económica como política. En agosto, el Congreso sometió a juicio político a la presidenta, Dilma Rousseff, que fue reemplazada por el vicepresidente, Michel Temer.
Persisten en el sistema de justicia penal de Brasil problemas crónicos en materia de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por policías, sobrepoblación carcelaria y tortura y maltrato de detenidos. Aunque algunas reformas recientes intentan resolver estos problemas, otras propuestas los exacerbarían. En 2016, el poder judicial amplió un programa para asegurar que los detenidos sean llevados sin demora ante un juez luego de su aprehensión, en consonancia con lo exigido por el derecho internacional. El Congreso aprobó una ley antiterrorista con disposiciones excesivamente amplias e imprecisas que podrían aplicarse para cercenar la libertad de asociación.
Seguridad pública y conducta policial
En muchas ciudades de Brasil existe un alto nivel de violencia, a menudo perpetrada por bandas delictivas. Los abusos policiales, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, contribuyen a un ciclo de violencia en los barrios con altos índices de criminalidad, lo cual socava la seguridad pública y pone en riesgo la vida de los policías que patrullan estas zonas. En 2015, 393 policías fueron asesinados en Brasil, según los datos más recientes disponibles cuando se redactó este informe.
Agentes de policía, incluidos agentes fuera de servicio, mataron 3.345 personas en 2015, según datos oficiales recopilados por la organización no gubernamental (ONG) Foro Brasileño de Seguridad Pública. Esto representa un aumento del 6 por ciento respecto de 2014, y del 52 por ciento en comparación con 2013. Si bien algunas muertes causadas por policías son resultado del uso legítimo de la fuerza, en otros casos se trata de ejecuciones extrajudiciales, según han documentdo Human Rights Watch y otras organizaciones, y según han reconocido miembros del sistema judicial de Brasil.
Tras duplicarse en 2014, las muertes a manos de policías en servicio en el estado de São Paulo —el estado con mayor población de Brasil— se redujeron un 17 por ciento en 2015, y disminuyeron otro 19 por ciento entre enero y septiembre de 2016. Sin embargo, las muertes provocadas por policías en servicio en el estado de Río de Janeiro —que registra el mayor índice de muertes por policías— aumentaron un 11 por ciento en 2015 y otro 23 por ciento en los primeros 9 meses de 2016.
En septiembre, un tribunal de apelación anuló las condenas de 74 policías implicados en la muerte de 111 detenidos en la cárcel de Carandiru en São Paulo en 1992. Uno de los tres jueces del tribunal indicó que “no hubo una masacre” y que todas las muertes fueron en defensa propia, a pesar de las evidencias abrumadoras de que la policía ejecutó a los detenidos.
Condiciones carcelarias, tortura y maltrato de detenidos
Numerosas cárceles y centros de detención en Brasil enfrentan graves problemas de sobrepoblación y violencia. El número de adultos encarcelados aumentó el 85 por ciento de 2004 a 2014, llegando a más de 622.000 personas, una cifra que supera en un 67 por ciento la capacidad oficial de las cárceles, según los datos más recientes del Ministerio de Justicia.
Una de las causas principales del aumento drástico de la población penitenciaria de Brasil ha sido una ley sobre drogas de 2006, que elevó las penas para los traficantes. Aunque la ley también reemplazó las condenas de prisión para consumidores de drogas con otras penas como servicio comunitario, una medida que podría haber reducido la población carcelaria, sus disposiciones imprecisas dejan abierta la posibilidad de que los consumidores sean juzgados como traficantes. En 2005, el 9 por ciento de los presos había sido detenido por delitos de drogas: en 2014, esa proporción era del 28 por ciento y, entre las mujeres, del 64 por ciento, según los datos disponibles más recientes.
En 2014, los detenidos empezaron a ser llevados ante un juez sin demora después del arresto, tal como lo exige el derecho internacional. Esas “audiencias de prisión preventiva” —que hoy se realizan en las capitales de los estados y algunas otras jurisdicciones— ayudan a los jueces a determinar quiénes deberían permanecer en prisión preventiva y quiénes deberían ser liberados a la espera del juicio. Cuando no se celebran audiencias de prisión preventiva, a menudo los detenidos deben esperar varios meses antes de ser llevados ante un juez por primera vez. En Brasil, el 40 por ciento de las personas encarceladas cumplen prisión preventiva. Al momento de la redacción de este informe, el Congreso de Brasil estaba analizando un proyecto legislativo para establecer la obligatoriedad de estas audiencias en todo el país.
Las audiencias de prisión preventiva podrían constituir una herramienta sumamente efectiva contra el abuso policial de detenidos, pues permiten que los jueces detecten y tomen conocimiento de maltratos poco después de la detención. Sin embargo, un análisis de la ONG Instituto para la Defensa del Derecho de Defensa (IDDD) de más de 700 audiencias de prisión preventiva realizadas en São Paulo en 2015 mostró que los jueces preguntaron a los detenidos sobre el trato recibido mientras estuvieron bajo custodia en tan solo cerca del 40 por ciento de los casos, y no tomaron ninguna medida en un tercio de los 141 casos de presuntos abusos. Los jueces enviaron el resto de los casos a las divisiones de asuntos internos de la policía. Cuando publicó su informe en mayo de 2016, el IDDD no contaba con información acerca de los resultados de investigaciones iniciadas por estas divisiones sobre los casos.
Un equipo de miembros del Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura visitó seis estados entre abril de 2015 y marzo de 2016, y documentó casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en “gran parte, sino en todas” las 17 cárceles y centros de detención que inspeccionó. En la cárcel de Sorocaba, en el estado de São Paulo, encontraron a 50 detenidos en celdas construidas para albergar hasta 9 personas.
Derechos de los niños
El Senado de Brasil está analizando una reforma constitucional que permitiría que jóvenes de 16 y 17 años acusados de delitos graves sean juzgados y castigados como si fueran adultos. Una versión de ese proyecto ya fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2015. De ser promulgada, la ley violaría las normas internacionales consagradas en los tratados de derechos humanos que ha ratificado Brasil, y que establecen que los menores de 18 años no deben ser juzgados como adultos.
La Cámara de Diputados está analizando otro proyecto distinto, que el Senado ya aprobó, para elevar de 3 a 10 años el tiempo máximo de detención de menores. Si se aprueba, la ley agravaría la sobrepoblación en el sistema de detención de menores, que se construyó para albergar a cerca de 18.000 menores, pero en 2014 acogía a 22.000, según los datos más recientes publicados por el Consejo Nacional del Ministerio Público.
El Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura determinó que la infraestructura física de los nueve centros juveniles que visitó en tres estados entre abril de 2015 y marzo de 2016 no cumplía con las reglamentaciones del gobierno federal: En vez de promover la rehabilitación y la educación, los centros servían como lugares de aislamiento y castigo. En la mayoría de las unidades los menores pasaban más de 20 horas al día encerrados en sus habitaciones, y en una unidad las 24 horas enteras. Las condiciones eran particularmente malas en el estado de Ceará, donde el número de menores confinados en enero de 2016 era de más del doble de la capacidad en algunos establecimientos, según la ONG CEDECA Ceará. Algunos menores indicaron que eran golpeados por el personal en los centros de detención, y que eran alojados en unidades plagadas de ratas y cucarachas, sin instalaciones sanitarias adecuadas, ventilación, colchones ni productos de higiene básicos.
Lucha contra el terrorismo
En febrero, el gobierno de Dilma Rousseff consiguió que se aprobara en el Congreso un proyecto legislativo contra el terrorismo con disposiciones imprecisas que ponen en riesgo derechos humanos fundamentales como la libertad de asociación. La ley incluye definiciones excesivamente amplias de “terrorismo” y “acciones de preparación” de un acto terrorista que podrían usarse contra grupos de protesta pacíficos.
Libertad en Internet, privacidad y libertad de expresión
Brasil estuvo a la vanguardia de los derechos digitales en 2014 cuando promulgó el Marco Civil de Internet, destinado a proteger los derechos a la privacidad y la libertad de expresión en la red. Uno de los últimos actos de Dilma Rousseff como presidenta fue firmar un decreto en mayo de 2016 para implementar esa ley. Brasil también fue uno de los promotores de una iniciativa en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2015 para establecer un nuevo relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad.
Sin embargo, otros acontecimientos pueden suponer retrocesos para el derecho a la privacidad en Brasil. Entre febrero de 2015 y julio de 2016, cuatro jueces dispusieron el bloqueo temporal en todo el país de WhatsApp, el servicio de mensajería de Facebook, y en marzo de 2016 la policía federal detuvo a un ejecutivo de Facebook porque la empresa se negaba a entregar información de los usuarios a las autoridades.
Entre marzo y junio de 2016, fiscales y jueces presentaron más de 40 demandas contra cinco empleados del periódico Gazeta do Povo (Gazeta del Pueblo), en el estado de Paraná, en relación con una serie de notas, basadas en información disponible al público en páginas web oficiales, donde se revelaba que jueces y fiscales recibían salarios y beneficios mayores a los permitidos por la Constitución. En julio, la Corte Suprema de Brasil suspendió temporalmente las demandas hasta que ella misma se pronunciara sobre los casos.
En agosto, un juez autorizó a la policía a intervenir el teléfono de un periodista, luego de que éste se negara a revelar quiénes habían sido sus fuentes en una investigación que publicó una lista de ciudadanos brasileños que supuestamente tenían cuentas bancarias en Suiza.
Según la ONG Artigo 19, cinco periodistas fueron asesinados en Brasil en 2016 hasta el mes de octubre, incluidos al menos dos que fueron atacados o amenazados antes de su muerte. Desde 2011, al menos 21 periodistas han sido asesinados en Brasil por causa del trabajo que realizaban, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas, una organización internacional de defensa de la libertad de prensa.
Derechos de la mujer
El aborto solamente es legal en Brasil en casos de violación, cuando sea necesario para salvar la vida de la mujer o cuando el feto presente anencefalia, una malformación cerebral congénita mortal. En 2016, miembros conservadores del Congreso impulsaron varios proyectos de ley que eliminarían esas excepciones y tipificarían como delito incluso que se brinde información sobre aborto a las mujeres.
Las mujeres y niñas que se someten a abortos ilegalmente se exponen no solo al riesgo de lesiones y de muerte, sino además a penas de hasta tres años de prisión, en tanto que las personas que practican abortos pueden recibir penas de hasta cuatro años de prisión, de ser condenadas.
Las mujeres y niñas brasileñas en edad fértil enfrentan nuevos riesgos para la salud como resultado de un brote del virus del Zika desde 2015. El virus puede provocar diversas condiciones congénitas durante el desarrollo fetal, incluida la microcefalia, que es el desarrollo insuficiente del cerebro. En agosto, la Asociación Nacional de Defensores Públicos, con apoyo de la ONG Anis, presentó una solicitud ante la Corte Suprema para que permita que mujeres infectadas con Zika puedan someterse a abortos.
Derechos de personas con discapacidad
En enero entró en vigor una ley sobre derechos de las personas con discapacidad que exige a los organismos públicos otorgar prioridad a personas con discapacidad al brindar servicios vinculados con salud, educación, trabajo, vivienda, cultura y deportes. También pide a los municipios que adapten las veredas y los espacios públicos en función de las necesidades de las personas con discapacidad. En junio la Corte Suprema de Brasil ratificó una disposición de esa ley que obliga a las escuelas privadas a aceptar a menores con discapacidad en clases regulares sin costo adicional para sus familias.
Sin embargo, un proyecto que está siendo tratado en el Congreso podría hacer que Brasil retroceda en sus esfuerzos por cumplir su obligación conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de garantizar que pesonas con discapacidad disfruten de “capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”. El proyecto reinstauraría un sistema conforme al cual algunas personas con discapacidad podrían ser asignadas a un régimen de tutela incompatible con las obligaciones de derechos humanos asumidas por Brasil.
Orientación sexual e identidad de género
La Corte Suprema de Brasil aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2011, y en 2015 confirmó el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar hijos. Sin embargo, en el momento de redacción de este informe, la Cámara de Diputados estaba tratando un proyecto que definiría a la familia como la unión entre un hombre y una mujer.
La Secretaría de Derechos Humanos recibió 1.983 denuncias de violencia, discriminación y otros abusos contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) en 2015. En los seis primeros meses de 2016, la Secretaría recibió otras 879 denuncias de este tipo.
Derechos laborales
Desde 1995, el Ministerio de Trabajo ha documentado casi 50.000 casos de trabajadores expuestos a condiciones laborales abusivas que, conforme al derecho brasileño, son “análogas a la esclavitud”. En 2015 documentó más de 1.000 de esos casos. Entre abril de 2014 y abril de 2016, el Ministerio de Trabajo aplicó penas a 349 empresas por contratar a 4.119 personas en condiciones “análogas a la esclavitud”.
Violencia rural
Activistas rurales y líderes indígenas involucrados en conflictos por tierras continúan enfrentando amenazas y violencia en Brasil. Según la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica, 39 personas involucradas en conflictos por tierras murieron en hechos violentos entre enero y agosto de 2016.
En 2015, cinco indígenas murieron como resultado de conflictos por tierras, según el Consejo Indigenista Misionero de la Iglesia Católica (Cimi). El consejo identificó como particularmente preocupante la situación del pueblo guaraní-kaiowá que, en su lucha por recuperar sus derechos sobre tierras ancestrales, sigue siendo objeto de ataques violentos por parte de milicias vinculadas con terratenientes.
Luego de una visita realizada a Brasil en marzo de 2016, la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas señaló que en los últimos ocho años hubo una “inquietante” falta de progreso en áreas de sumo interés para los pueblos indígenas, como la demarcación de sus territorios. Instó al gobierno de Brasil a enfrentar la violencia y la discriminación contra la población indígena.
Enfrentar abusos del período militar
Los autores de violaciones de derechos humanos durante el régimen militar de 1964 a 1985 siguen eludiendo la justicia por efecto de una ley de amnistía de 1979, que fue ratificada por la Corte Suprema en 2010. Muy poco tiempo después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el fallo constituía una violación de las obligaciones de Brasil conforme al derecho internacional. En 2014, la Comisión Nacional de la Verdad identificó a 377 de estos agresores, pero los delitos siguen impunes debido a la ley de amnistía.
La justicia federal aceptó denuncias contra al menos dos ex militares por asesinatos perpetrados durante el régimen militar, pero la Corte Suprema temporalmente esos procesos en 2014 y 2015, pendiente de que la propia Corte se pronuncie de nuevo sobre la validez de la ley de amnistía.
Actores internacionales clave
En un informe presentado en mayo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos concluyó que la compañía minera Samarco no había alertado a los residentes luego de que, en noviembre de 2015, colapsara un dique de desechos mineros, en lo que constituyó uno de los peores desastres ambientales en la historia de Brasil, con un saldo de 19 muertos. El grupo de trabajo señaló que una advertencia previa podría haber evitado esas muertes. En noviembre, cuatro relatores indicaron en una declaración conjunta que las medidas adoptadas hasta entonces por el gobierno y la empresa eran “insuficientes” para responder al impacto ambiental y humano “masivo” de la catástrofe.
Política exterior
Brasil fue reelegido para integrar el Consejo de Derechos Humanos durante el período 2017-2019. En junio, el Consejo adoptó una resolución, propuesta por un grupo de países latinoamericanos (entre ellos Brasil), que creó el cargo de experto independiente de la ONU para la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género.
El número total de personas reconocidas como refugiados en Brasil aumentó en más del doble desde 2011, año en que Dilma Rousseff asumió la presidencia, superando las 8.800 en abril de 2016, según datos del Ministerio de Justicia. Aproximadamente el 25 por ciento de las personas con condición de refugiados son ciudadanos sirios. El gobierno de Michel Temer ha anunciado que en 2017 tiene previsto recibir por lo menos 3.000 sirios procedentes de Jordania, Turquía y el Líbano, así como a una cantidad indeterminada de refugiados de América Central que están en México.
El nuevo gobierno cambió la posición de Brasil sobre Venezuela. En agosto, el ministro de Relaciones Exteriores, José Serra, calificó al gobierno venezolano de “autoritario y represivo”, y destacó la situación de los presos políticos en el país. El gobierno de Dilma Rousseff había evitado criticar la persecución de Venezuela a opositores políticos y la represión de manifestantes.