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Cuba

Eventos de 2015

Personal de seguridad cubano detiene a un miembro de las Damas de Blanco después de su manifestación semanal en contra del gobierno en La Habana el 13 de septiembre de 2015.

Ⓒ 2015 Reuters Limited

El gobierno cubano continúa reprimiendo el disenso y desincentivando la crítica pública. Si bien actualmente recurre con menos frecuencia a sentencias de prisión prolongadas para castigar a sus críticos, en los últimos años se han incrementado significativamente las detenciones arbitrarias por períodos breves de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas. Otras tácticas representativas empleadas por el gobierno incluyen golpizas, actos públicos de denigración y despidos.

En diciembre de 2014, el Presidente Barack Obama anunció que Estados Unidos moderaría las restricciones a los viajes y al comercio, y normalizaría las relaciones diplomáticas con Cuba. A cambio, el gobierno cubano liberó a 53 presos políticos y se comprometió a permitir visitas por parte de veedores internacionales de derechos humanos. Ambos gobiernos restablecieron relaciones diplomáticas en julio de 2015.

Detenciones arbitrarias y encarcelamiento por períodos breves

El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a personas que ejercen sus derechos fundamentales. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) —una organización independiente de derechos humanos que el gobierno considera ilegal— recibió más de 6200 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y octubre de 2015. Si bien esto supuso una disminución respecto de las detenciones efectuadas durante el mismo período de 10 meses en 2014, también representó un drástico incremento en comparación con la cantidad de detenciones anuales antes de 2012.

Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que luego los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un patrón de conducta delictiva.

A menudo se practican detenciones preventivas para evitar que personas participen en marchas pacíficas o en reuniones para debatir sobre política. Es común que los detenidos sufran golpizas, reciban amenazas y permanezcan incomunicados durante horas o incluso días. Frecuentemente se hostiga, maltrata y detiene a integrantes de las Damas de Blanco —una organización que el gobierno considera ilegal y que fue fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos— antes y después de asistir a la misa de domingo.

Lazaro Yuri Valle Roca, un bloguero y videógrafo que informa habitualmente sobre las manifestaciones dominicales de las Damas de Blanco, escribió que fue detenido arbitrariamente por policías el 7 de junio y trasladado a una distancia de 30 millas de La Habana, donde fue obligado a punta de pistola a bajar del automóvil y arrodillarse en el suelo, y luego, con el arma en el cuello, le dijeron que quedaba “advertido” de mantenerse alejado de las manifestaciones.

La artista Tania Bruguera fue arrestada el 30 de diciembre de 2014, horas antes de su actuación programada en la Plaza de la Revolución de La Habana, durante la cual iba a invitar a transeúntes a subir al escenario y manifestarse espontáneamente con un micrófono durante un minuto. Agentes de seguridad confiscaron su pasaporte y su computadora. Bruguera fue liberada al día siguiente, pero fue detenida y liberada dos veces más durante los dos días siguientes. Disidentes cubanos y periodistas independientes que tenían previsto asistir al evento —entre ellos, Reinaldo Escobar, Eliecer Ávila y Antonio Rodiles—fueron arrestados el 30 de diciembre. Bruguera fue detenida otra vez en mayo, durante la Duodécima Bienal de Arte de La Habana. Fue liberada el mismo día.

El 9 de agosto, pocos días antes de que el Secretario de Estado John Kerry asistiera a una ceremonia para celebrar la apertura de la embajada estadounidense en La Habana, 90 personas —entre ellas, cerca de 50 Damas de Blanco— fueron interceptadas y detenidas luego de una misa dominical en el barrio de Miramar, en La Habana, durante una manifestación pacífica contra la represión política.

Durante la visita del papa Francisco en septiembre, la policía detuvo entre 100 y 150 disidentes para evitar que pudieran verlo. La periodista independiente y bloguera Miriam Leiva, que es además una de las fundadoras de las Damas de Blanco, fue invitada en dos oportunidades por el nuncio apostólico en La Habana a reunirse con el Papa, el 19 y el 20 de septiembre, pero en ambas oportunidades fue detenida varias horas, lo que impidió que pudiera asistir.

Presos políticos

A pesar de la liberación de 53 presos políticos, y del acuerdo de normalizar las relaciones con Estados Unidos, organizaciones locales de derechos humanos indican que otras decenas de personas en esta situación permanecen en las cárceles cubanas. El gobierno no permite que organizaciones de derechos humanos independientes accedan a las cárceles, y las organizaciones locales de derechos humanos creen que habría allí otros presos políticos cuyos casos no pueden documentar.

Los cubanos que critican al gobierno siguen expuestos a la amenaza de ser perseguidos penalmente. No se les reconocen las garantías de debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y con las debidas garantías por un tribunal competente e imparcial. En la práctica, los tribunales están “subordinados” a los poderes ejecutivo y legislativo, lo cual impide que exista independencia judicial genuina.

El artista de grafitis Danilo Maldonado, conocido como “El Sexto”, fue detenido en diciembre de 2014 y acusado de “desacato a la autoridad” por intentar representar una actuación con dos cerdos pintados con los nombres de “Raúl” y “Fidel”, a modo de referencia satírica al actual jefe de Estado y su predecesor. Maldonado fue puesto en libertad el 20 de octubre.

Libertad de expresión

El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación existentes en Cuba y restringe el acceso a información que provenga del extranjero, lo cual socava de manera grave el derecho a la libertad de expresión.

Unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tuits. Sin embargo, el gobierno obstaculiza sistemáticamente el acceso a estas páginas web dentro de Cuba, y quienes publican información que se considera crítica del gobierno —así como también artistas y académicos que exigen mayores libertades— son objeto de campañas de desprestigio y detenciones arbitrarias.

Solamente una parte de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes, debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo. En julio, Cuba amplió el acceso a Internet creando 35 puntos de acceso inalámbrico en parques y avenidas en distintas ciudades del país. Los USD 2 por hora que cuesta la conexión a Internet inalámbrico representan un valor elevado para un país donde el salario promedio es de USD 20 por mes.

Restricciones para viajar y separaciones familiares

Las reformas a las reglamentaciones sobre viajes que entraron en vigor en enero de 2013 eliminaron la necesidad de solicitar una visa de salida para viajar fuera de la isla. Anteriormente las visas de salida se habían aplicado para negar el derecho a viajar a personas que tenían una postura crítica sobre el gobierno y a sus familiares. Desde entonces, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado este permiso han podido viajar, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros independientes.

Sin embargo, las reformas otorgaron amplias facultades discrecionales que permiten al gobierno restringir el derecho a viajar por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Estas medidas han permitido que las autoridades impidan la salida de personas que expresen desacuerdo con el gobierno. Por ejemplo, a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), se le negó el derecho a viajar al exterior en agosto por “razones de interés público”, señalaron las autoridades.

El gobierno restringe la circulación de ciudadanos dentro de Cuba mediante la aplicación de una ley de 1997, conocida como Decreto 217, que tiene como propósito limitar la migración a La Habana. El decreto ha sido aplicado para impedir que disidentes viajen a La Habana y asistan a mítines, y para perseguir a disidentes originarios de otras regiones de Cuba que residen en la capital.

Condiciones en centros de detención

Las prisiones del país están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas, y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas, según indicaron ex presos políticos. Los presos no cuentan con un mecanismo efectivo que les permita presentar reclamos, y aquellos que critican al gobierno o recurren a huelgas de hambre u otras formas de protesta son encarcelados en celdas de aislamiento durante extensos períodos, sufren golpizas, se les restringen las visitas familiares, y se les niega atención médica.

Si bien el gobierno permitió que miembros elegidos de la prensa extranjera realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en abril de 2013, continúa negando que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.

Derechos laborales

A pesar de que actualizó su Código de Trabajo en 2014, Cuba sigue violando convenios de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, especialmente en materia de libertad de asociación, negociación colectiva, protección salarial y pago de salarios, y prohibición de trabajo forzado. Si bien técnicamente la legislación autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica Cuba permite sólo una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.

Defensores de derechos humanos

El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones locales de derechos humanos. Es común que autoridades gubernamentales hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.

Actores internacionales clave

En enero, un mes después de anunciar planes para normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba, el Presidente Obama instó al Congreso de Estados Unidos a levantar el embargo económico impuesto a Cuba hace más de cuatro décadas. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha instado reiteradamente a Estados Unidos a poner fin al embargo. La resolución más reciente en este sentido fue aprobada en octubre con 191 votos a favor y 2 en contra.

A la fecha de redacción del presente informe, Cuba todavía no había permitido que visitaran su territorio los veedores de derechos humanos del Comité Internacional de la Cruz Roja ni de la ONU, conforme se estipuló en el acuerdo suscripto en diciembre de 2014 con Estados Unidos.

La Unión Europea mantiene su “Posición Común sobre Cuba”, adoptada en 1996, que supedita la plena cooperación económica de la UE con Cuba a la transición del país hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos. Tras una reunión celebrada en abril de 2014 en La Habana, delegados de la UE y Cuba acordaron establecer un plan de trabajo para “normalizar” las relaciones. En septiembre de 2015, se llevó a cabo en La Habana una quinta ronda de negociaciones para intentar un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, y estaba prevista una sexta ronda para fines de noviembre.

En noviembre de 2013, Cuba fue reelegida para ocupar un cargo regional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a pesar de la deficiente situación en materia de derechos humanos y sus continuos esfuerzos por socavar importantes esfuerzos del Consejo. Como miembro del Consejo, Cuba ha votado reiteradamente para que no prosperaran medidas que pudieran permitir el seguimiento de graves violaciones de derechos humanos en distintas regiones del mundo, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en Corea del Norte, Siria, Irán, Bielorrusia y Ucrania. Sin embargo, en septiembre de 2014 Cuba apoyó una decisión emblemática del Consejo para combatir la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.