Gran parte de los acontecimientos relevantes de derechos humanos del último año estuvieron marcados por el temor. El temor a ser asesinados o torturados en Siria y otras zonas en conflicto o donde prevalece la represión impulsó a millones de personas a abandonar su hogar. Atemorizados ante las posibles consecuencias de la afluencia de solicitantes de asilo para sus sociedades, numerosos gobiernos de Europa y otras regiones tomaron la determinación de cerrar sus fronteras. El miedo a la escalada de atentados terroristas llevó a que algunos dirigentes políticos avasallaran derechos y endilgaran injustamente la culpa de lo sucedido a refugiados o miembros de la comunidad musulmana. Y el temor a tener que rendir cuentas ante su pueblo hizo que autócratas de distintas regiones desplegaran un esfuerzo global sin precedentes para reprimir la capacidad de esas poblaciones de unirse y hacer sentir su voz.

En Europa y Estados Unidos, el discurso de polarización de tipo “nosotros contra ellos” ya no es exclusivo de sectores políticos radicales, y es replicado también por las principales corrientes políticas. La islamofobia explícita y la demonización grosera de los refugiados son ahora la nota común de una política de intolerancia cada vez más enérgica.

Estas tendencias han amenazado los derechos humanos de dos maneras, una de ellas ya conocida, y otra menos visible. La amenaza más clara consiste en el retroceso de derechos en numerosos gobiernos como reacción ante el flujo de refugiados y, paralelamente a esto, la decisión del autoproclamado Estado Islámico, o ISIS, de extender sus ataques más allá de Medio Oriente. La amenaza menos visible es el intento, por parte de cada vez más gobiernos autoritarios, de coartar a la sociedad civil, y sobre todo a organizaciones cívicas que realizan un seguimiento de la actuación de esos gobiernos y se expresan al respecto.

Muchos de los gobiernos occidentales que han amenazado con avasallar derechos han sido tradicionalmente algunos de los más férreos defensores de la causa de los derechos humanos. Sus voces son necesarias para contrarrestar un intento más amplio, en países de todo el mundo, por acorralar a la sociedad civil, atentando contra los derechos humanos y los esfuerzos por reivindicarlos.

Culpar a refugiados o musulmanes en vez de actuar eficazmente contra el terrorismo

Los cerca de un millón de solicitantes de asilo que huyeron a Europa por vía marítima durante el último año integran los más de 60 millones de personas que se encuentran actualmente desplazadas debido a contextos de guerra o represión, el número más elevado desde la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, la causa más directa de este fenómeno ha sido el carácter despiadado del conflicto en Siria, en parte por las atrocidades cometidas por ISIS y otros grupos armados, pero principalmente por el ataque indiscriminado, por parte de fuerzas del gobierno de Bashar Al-Assad, a centros de población civil en zonas controladas por la oposición. Cerca de 4 millones de refugiados sirios huyeron en un primer momento a países limítrofes, incluidos más de 2 millones que se trasladaron a Turquía y un millón que se desplazó al Líbano, donde actualmente representan casi un 25 por ciento de la población.

El último año llegaron a Europa aproximadamente un millón de personas, que representan apenas una pequeña fracción de las poblaciones en los países europeos a los cuales se dirigen. Por ejemplo, componen el 1,25 por ciento de la población en Alemania, que acogió al grupo más grande bajo el notable liderazgo de la canciller Angela Merkel, o el 0,20 por ciento del total de la población de la Unión Europea, si efectivamente se reubica a estas poblaciones en forma compartida.

Sin embargo, la afluencia sin control —y en ocasiones caótica— de refugiados suscitó profunda preocupación en toda Europa incluso antes de los atentados perpetrados en noviembre por ISIS en París, y en los cuales participaron al menos dos atacantes que podrían haber ingresado a Europa junto con refugiados. El ataque intensificó la reacción en la UE: se instalaron nuevas vallas de alambre de púa, proliferaron las restricciones fronterizas, hubo una escalada del alarmismo y la islamofobia, y la UE prometió asistencia a Turquía por € 3.000 millones, tras acordar que ese país frenaría la afluencia. Estas acciones se condicen con la postura mostrada por la UE, que desde hace tiempo intenta trasladar a otros la responsabilidad por los refugiados, aun cuando ha ratificado convenciones que protegen los derechos de los refugiados, y pese a que históricamente los europeos se han beneficiado de las garantías otorgadas a los refugiados, por ejemplo al escapar del nazismo y el comunismo.

En gran medida, la percepción europea de que los nuevos refugiados representan una potencial amenaza terrorista puede apartar peligrosamente la atención del extremismo violento que se ha gestado dentro mismo de Europa, ya que los atacantes de París eran en su mayoría ciudadanos belgas y franceses. Las causas de la radicalización son complejas, y se vinculan en parte con la exclusión social de las comunidades de inmigrantes; es decir, con la persistencia de la discriminación, el desánimo y la desidia que se palpan en los barrios de la periferia de algunas ciudades europeas, y en particular la disociación entre las expectativas y las posibilidades reales de las generaciones siguientes.

Para algunos —y basta con que así sea para unos pocos— estas condiciones pueden favorecer la violencia política. La manera de hacer frente a estos desafíos, y por sobre todo cómo superar los problemas más generales y relacionados de desigualdad y desempleo, debería ser uno de los principales ejes del debate público actual.

En vez de ello, el discurso público ha estado plagado de expresiones de odio y temor hacia la comunidad musulmana, de la cual los refugiados se han convertido en un conveniente sustituto. Es crucial que logremos rebatir estos mensajes, principalmente porque son equivocados. En el mundo actual, donde el transporte aéreo se ha facilitado sustancialmente y las poblaciones experimentan cambios constantes, prácticamente todas las comunidades dinámicas cuentan con musulmanes entre sus integrantes. Y al igual que cualquier otra persona, no deberían sufrir discriminación.

Denigrar a comunidades enteras por las acciones inaceptables de unos pocos es además contraproducente para la prevención del terrorismo. Es justamente una respuesta que profundiza la fractura y la exclusión que buscan las organizaciones terroristas para poder reclutar a nuevos miembros. Y frustra la cooperación con las autoridades de aplicación de la ley que resulta indispensable para prevenir atentados terroristas. Debido a sus lazos con su comunidad o sus vecinos, los musulmanes son a menudo quienes más probabilidades tienen de enterarse de una amenaza terrorista asociada con el islamismo radicalizado, quienes más probablemente puedan disuadir a otros de recurrir a ese tipo de violencia y quienes están en mejor posición para denunciar a aquellos que puedan tener intención de utilizarla. Castigar a todos los miembros de la comunidad musulmana podría disuadirlos de prestarse a estas importantes formas de cooperación con las autoridades de aplicación de la ley.

Deberíamos extraer enseñanzas de la respuesta estadounidense abusiva y contraproducente a los atentados del 11 de septiembre de 2001; no sólo los casos resonados de tortura, desaparición forzada en prisiones secretas de la CIA y detención a largo plazo sin juicio en Bahía de Guantánamo, sino además del uso de normas inmigratorias y sobre “testigos esenciales” para detener a ciudadanos extranjeros debido a su religión o pertenencia étnica, eludiendo procedimientos penales que ofrecen mayores garantías.

Ignorar derechos o culpabilizar irracionalmente a personas que profesan una cierta religión o con un perfil social determinado no sólo perjudica a estas personas sino que además impide que se comprometan con los esfuerzos contra el terrorismo. Y esto es exactamente lo opuesto a lo que se necesita. Como nos lo ha demostrado la dura experiencia, la política antiterrorista que sirve es aquella que respeta los derechos de las personas.

Proteger a los refugiados también ayuda a proteger a los países receptores

La huida desesperada de refugiados y solicitantes de asilo de contextos de violencia y abusos incesantes en sitios como Siria, Irak, Afganistán y Eritrea, así como sus escasas probabilidades de conseguir empleo, vivienda, escolarización y el reconocimiento de su situación legal en países limítrofes, llevará a muchos a intentar entrar a Europa de una u otra forma. La pregunta es si llegarán de un modo organizado que posibilite efectuar controles de seguridad, o si esto ocurrirá de manera caótica a través de las redes de contrabandistas.

Hasta el momento, la política europea prácticamente no ha dejado otra alternativa a los refugiados que arriesgar sus vidas en el mar, a cambio de una posibilidad de obtener asilo. Con la llegada incontenible de embarcaciones a distintas islas griegas, son pocas las probabilidades de realizar controles sistemáticos que eviten que un potencial terrorista logre pasar inadvertido.

Una alternativa más segura y compasiva sería que la UE ofrezca mayores posibilidades de reasentamiento para refugiados y visas humanitarias desde países de acogida inicial, como el Líbano y Paquistán.

Si contara con los recursos adecuados, ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, podría incrementar su capacidad de evaluar a refugiados y derivarlos a países donde puedan ser reubicados. Con programas de reasentamiento ampliados, Europa podría transmitir el mensaje de que sus fronteras no se cerrarán de manera abrupta, y entonces los refugiados no tendrán la necesidad imperiosa de subirse a precarias embarcaciones para cruzar el Mediterráneo, donde en 2015 murieron ahogadas 3.770 personas, un tercio de las cuales eran niños. Una evaluación más organizada también contribuiría a que los europeos estén más seguros.

Asimismo, una mayor capacidad para procesar el ingreso de refugiados en países de primer asilo facilitaría el reasentamiento en los países fuera de Europa que deberían estar colaborando más enérgicamente; no sólo aquellos que tradicionalmente han sido receptores, como Estados Unidos, Canadá y Australia, sino además los países del golfo Pérsico y Rusia.

No todos los solicitantes de asilo optarán por este procedimiento más organizado, ni tampoco se les debería exigir que lo hagan. Su éxito dependerá en gran medida de la generosidad con que se implemente: cuanto más sientan los refugiados que ofrece una oportunidad razonable de reasentamiento sin que esto implique permanecer durante años en un campamento, mayores serán las probabilidades de que puedan mantener una vida normal mientras esperan, y menores las de que busquen una alternativa peligrosa. Un programa de reasentamiento viable contribuiría a reducir la afluencia irregular que actualmente desborda la capacidad de los evaluadores en las costas del sur de Europa.

Los solicitantes de asilo que logran entrar a Europa través de Grecia o Italia se enfrentan a una situación caótica similar si, como lo hace la mayoría, prosiguen su camino hacia el norte. La lentitud en la aplicación de un plan de la UE para el reasentamiento organizado, agravada por la profusa instalación de vallados en plan “sálvese quien pueda” en países como Hungría, Eslovenia y Macedonia, ha contribuido a flujos masivos y sin control alguno de personas, que ofrecen una oportunidad óptima para quienes pretenden evadir cualquier escrutinio de las autoridades de seguridad pública.

También en este aspecto, un proceso más ordenado, en el cual todos los países de la UE cumplan su compromiso de aceptar a solicitantes de asilo, permitiría una evaluación más eficaz y ofrecería una ruta más segura que incentivaría a los solicitantes de asilo a participar. También sería un primer paso hacia la responsabilidad compartida en toda la UE que se necesita para que el sistema común de asilo de la unión funcione adecuadamente, y para evitar que países individuales de la UE vean sobrepasada su capacidad. A su vez, podría contribuir a reemplazar el actual Reglamento de Dublín, que atribuye la responsabilidad por los solicitantes de asilo al primer país de llegada, y entre los cuales se incluyen algunos de los miembros de la UE con menor capacidad de atenderlos.

No sólo Europa está adoptando una estrategia contraproducente en materia de refugiados, sobre todo aquellos procedentes de Siria. Algunos funcionarios y políticos de EE. UU. se han referido a los refugiados sirios como una amenaza para la seguridad, a pesar de que los pocos que son autorizados a ingresar al país han superado un intenso proceso de evaluación de dos años que incluye numerosas entrevistas, controles de antecedentes por distintos organismos estadounidenses y datos biométricos. Se trata de una ruta sin duda poco atractiva para los eventuales terroristas, quienes en general optan por alternativas sujetas a un nivel muy inferior de escrutinio, como visas de estudio o turismo. De todas las personas que ingresan a Estados Unidos, los refugiados son los que se someten a aprobaciones más rigurosas.

Pese a ello, 30 gobernadores de EE. UU. intentaron prohibir que refugiados sirios se reasentaran en sus estados. Incluso se planteó la idea (sin ninguna aceptación) de directamente impedir que ciudadanos extranjeros musulmanes entraran al país. Canadá, bajo el liderazgo de su nuevo primer ministro Justin Trudeau, ofreció una respuesta inicial muy distinta: agilizó la recepción de 25.000 refugiados sirios y los acogió, en general auspiciosamente, en las 10 provincias. Imponiendo un tono de respeto por sobre el temor y la desconfianza, recibió personalmente en el aeropuerto al primer contingente de refugiados que llegó al país.

Vigilancia masiva versus respuestas inteligentes al terrorismo

Además de usar a los refugiados como chivo expiatorio, diversos responsables de políticas en EE. UU. y Europa han empleado la amenaza terrorista como una oportunidad para ampliar sus potestades de aplicación de la ley, como la vigilancia masiva, más allá del inmenso espectro de herramientas que ya estaban a su disposición.

En EE. UU., el director de la CIA John Brennan usó los atentados en París para repudiar las recientes restricciones técnicas y jurídicas impuestas a la facultad de los organismos de inteligencia de relevar metadatos telefónicos a gran escala, a pesar de que se trata de restricciones modestas considerando el alcance de la vigilancia masiva revelado en 2013 por el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional Edward Snowden. Asimismo, dos órganos de supervisión independientes con acceso a información confidencial llegaron a la conclusión de que estos metadatos no han sido claves para frustrar ningún plan terrorista, pese a la profunda invasión a la privacidad que supuso exponer estos datos, a menudo íntimos, de la vida moderna.

El director del FBI James Comey también aludió a los atentados en París con la intención de reflotar los esfuerzos para exigir que las compañías de Internet incorporen “trampillas” (back doors) a las complejas formas de encriptación que utilizan.

Tras la consternación pública despertada por las revelaciones de Snowden, estas compañías han intentado desarrollar sistemas más seguros. Pero no existe ninguna trampilla que pueda ser aprovechada solamente por “los buenos”. Tarde o temprano, los criminales lograrían franquearlas y esto pondría en riesgo infraestructura crítica y las comunicaciones confidenciales de usuarios comunes. Y los terroristas inevitablemente desarrollarán sus propios métodos de encriptación, aun cuando no sea en el mercado masivo.

También algunos funcionarios europeos parecen dejarse seducir por la posibilidad de una mayor vigilancia masiva. Francia adoptó una nueva ley de inteligencia que amplía las facultades de vigilancia masiva. El Reino Unido también estaría avanzando en este sentido. Sin embargo, entre los autores de algunos atentados en Europa había personas que eran conocidas para la policía, pero con respecto a las cuales no se habían tomado medidas debido a falta de recursos policiales.

El presidente francés François Hollande habría reconocido este problema cuando prometió sumar 8.500 nuevos miembros a las fuerzas de seguridad para llevar a cabo este tipo de pesquisas, en vez de limitarse a acumular más datos masivos sin contar con los medios necesarios para luego actuar en función de la información recabada. Igualmente, luego de los atentados en París, Francia también adoptó técnicas de control policial potencialmente indiscriminadas, y el propio Presidente declaró el estado de emergencia, que permite a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos y detenciones sin la correspondiente orden judicial.

La falta de supervisión judicial contribuye a que se actúe selectivamente contra determinadas personas, en este caso hombres musulmanes jóvenes. Aplicando estos criterios, la policía ha interceptado habitualmente a miembros de las mismas poblaciones con las cuales debería estrechar vínculos para contrarrestar la violencia.

Empoderamiento de la sociedad civil por los medios sociales

Mientras que Europa y EE. UU. expresan alarma por la vinculación entre refugiados y terrorismo, las presiones políticas y económicas han llevado a gobiernos autoritarios a inquietarse por la combinación de sociedad civil y medios sociales.

Una enérgica sociedad civil contribuye a garantizar que los gobiernos estén al servicio de la población. Es muy difícil que las personas puedan individualmente alzar su voz lo suficiente como para ser escuchadas. Agruparse en organizaciones cívicas amplifica su voz y potencia su capacidad de influir en los gobiernos. La sociedad civil —organizaciones no gubernamentales y asociaciones que permiten que las personas se agrupen en torno a cuestiones de interés común— es un elemento esencial de cualquier sistema que se precie de ser democrático. Las organizaciones cívicas independientes y dinámicas ayudan a garantizar que los gobiernos construyan escuelas, aseguran el acceso a la atención de la salud, protegen el medioambiente y realizan infinidad de otras acciones para impulsar su visión del bien común.

No obstante, algunos funcionarios no consideran que las contribuciones de la sociedad puedan aplicarse a la definición de políticas, y en cambio la perciben como una amenaza. Cuando la principal preocupación de los líderes es promover sus propios intereses o los de sus familias o colaboradores, lo último a lo que aspiran es a que el público se sienta empoderado y pueda conectarse y aunar recursos para investigar, difundir, denunciar y rectificar la corrupción, las irregularidades o la incompetencia del gobierno.

En otra época, los autócratas podrían haber prescindido incluso de la más mínima pretensión de democracia, pero hoy en día es necesario instalar al menos una apariencia democrática para tener cierta legitimidad. Sin embargo, así como los gobernantes autoritarios han sabido manipular elecciones para asegurar su continuidad política en el tiempo, actualmente también trabajan entre una elección y la siguiente para impedir que un público empoderado obstaculice sus aspiraciones autoritarias. Al cerrar el espacio político donde operan las organizaciones cívicas, los autócratas intentan suprimir cualquier esfuerzo organizado que pretenda cuestionar o incluso criticar el régimen funcional a sus propios intereses.

En los últimos años, los medios sociales han hecho que la competencia entre estado y sociedad tenga menos trabas y resulte más volátil. Hasta hace poco, la sociedad civil se veía obligada a trabajar a través de los medios tradicionales para hacer sentir su mensaje ampliamente. La existencia de una cantidad finita de medios de comunicación tradicionales en los países facilitaba la censura.

Hoy en día, con el advenimiento de los medios sociales, sobre todo desde que están al alcance de la mano en los dispositivos móviles, las personas pueden eludir a los medios tradicionales y dirigirse a multitudes sin un intermediario periodístico. El resultado ha sido un incremento sustancial en la capacidad de la sociedad civil de ser escuchada y, en definitiva, de exigir cambios. El impacto de los medios sociales no ha sido en todos los planos positivo —entre los usuarios hay personas que promueven el odio y “troles” financiados o inspirados por gobiernos para difundir la propaganda oficial. Sin embargo, un público capaz de proyectar sus inquietudes a través de los medios sociales es un complemento importante de los medios tradicionales, a efectos de cuestionar las políticas gubernamentales.

Los ejemplos más patentes de esta evolución fueron las revueltas árabes que comenzaron a fines de 2010, la revolución de Maidán en 2014 en Ucrania y el movimiento Occupy Central en Hong Kong. Cada uno mostró las sinergias entre un público incansable y activistas de la sociedad civil que utilizan hábilmente los medios sociales para movilizar a personas en las calles.

Sin embargo, la combinación de sociedad civil y medios sociales también se ha manifestado de maneras menos deslumbrantes. En sitios tan diversos como China, Venezuela o Malasia, ha llevado a que los gobiernos prefieran gobernar de manera verticalizada y sin trabas, en vez de enfrentar presiones de mayor rendición de cuentas a la población en las bases.

La represión, la corrupción o sencillamente la indiferencia son más difíciles cuando están bajo el escrutinio directo de una sociedad más conectada y mejor organizada.

La reacción de los autócratas

Reacios a aceptar este tipo de límites populares a su régimen, los autócratas se resisten y han generado una fuerte tendencia que se afianza. Los gobiernos represivos aprenden unos de otros, perfeccionan sus técnicas y se transmiten las enseñanzas extraídas de la experiencia, y han lanzado la mayor ofensiva contra la sociedad civil en toda una generación.

Actualmente, las herramientas más comunes son las medidas para despojar a las organizaciones cívicas de su derecho a obtener financiamiento en el exterior cuando no haya fuentes en el país, y para doblegar a la sociedad civil con reglamentaciones poco claras y cambiantes. Esto pone en jaque la aspiración de un gobierno más representativo, que los medios sociales habían despertado entre sus usuarios empoderados de la sociedad civil.

Esta tendencia preocupante difícilmente anuncie el fin de la sociedad civil. Así como el inmenso potencial que supone una población empoderada hizo cundir el pánico entre los autócratas y llevó a que intentaran retrotraer a las sociedades a un estadio más atomizado y maleable, ese mismo potencial permite que la sociedad civil oponga resistencia. Pero no es para nada claro quiénes se impondrán en este duelo entre la expectativa de la población de que su gobierno rinda cuentas y la avidez de dominio ilimitado de los autócratas.

En esta contienda, los terceros clave son los numerosos gobiernos que afirman adherir a los principios de derechos humanos que cimientan el sistema democrático. Su voluntad de atenerse a los principios, en vez de ceder a la tentación de complacer a autócratas poderosos o acaudalados, puede ser determinante para la prevalencia de dictaduras o de gobiernos que respeten los derechos humanos. Sin embargo, a medida que las potencias occidentales vulneran derechos al abordar cuestiones como los refugiados o el terrorismo, su posibilidad de reivindicar el espectro más amplio de derechos se ve comprometida.

Motivos para el encubrimiento

Un análisis más detenido de las iniciativas para coartar a la sociedad civil a menudo revela que son impulsadas por gobiernos que tienen algo para ocultar. Por cada transgresión, hay fallas de gobernabilidad que los funcionarios preferirían que no se discutan, antecedentes de conducta indebida que no desean que salgan a la luz y alguna cuestión que quisieran no abordar. Dado que al limitar a la sociedad civil lo que se pretende es evitar la rendición de cuentas, los asuntos que los gobiernos desean suprimir son un buen indicador de los temas que más les preocupan.

China y Rusia, posiblemente los dos transgresores más influyentes, son un claro ejemplo de esto. Cada uno de estos gobiernos mantiene un pacto implícito con su población: a cambio de severos límites a la participación política, prometieron un rápido crecimiento económico y más oportunidades individuales. Pero actualmente están teniendo dificultades para seguir cumpliendo su parte del acuerdo.

Esto se debe, en parte, a que la falta de control público ha redundado en políticas económicas deficientes. Las clases dirigentes de Rusia lucraron con los ingresos generados por el sector del petróleo y el gas, sin asegurar una diversificación de su economía dependiente de los hidrocarburos, que tal vez sí habría sido posible con un escrutinio público más crítico. La economía se precarizó ante el desplome de los precios del petróleo y el gas, sumado a las sanciones impuestas en respuesta al despliegue militar del Kremlin en Ucrania.

En China, la desaceleración económica se debe a las mismas causas patológicas que debilitan el sistema político: el interés por encubrir información presuntamente controvertida, como de qué manera se podría responder al colapso del mercado bursátil en agosto; la dependencia de un sistema judicial que es funcional al Partido Comunista, en vez de ocuparse de adjudicar contratos y resolver otras controversias; y una campaña anticorrupción que, de paso, sirve como purga política.

Estas políticas verticalistas, que no están sujetas a ningún tipo de deliberación pública, han contribuido en muchos casos a que se frene la economía, e incluso a recesiones. A medida que pierde impulso la prosperidad económica y surgen dudas sobre la eficacia de los gobernantes, tanto Rusia como China han desplegado acciones represivas como no se habían visto en varias décadas.

Primero en respuesta a las protestas contra Putin en 2011 y 2012, y luego más intensamente cuando el Kremlin avivó el nacionalismo para promover su visión de una nueva identidad para Rusia, el Kremlin ha arremetido contra la sociedad civil rusa, uno de los elementos más importantes que surgieron tras la desaparición del régimen soviético. El nuevo clima hostil ayudó al Kremlin a distraer la atención justo cuando los problemas económicos de Rusia se agravaban.

Por su parte, el gobierno chino, que reconoció en cierto punto la necesidad de atender las expectativas cada vez mayores de la población, habla ahora sobre estado de derecho y juzga selectivamente a funcionarios por corrupción, pero también detiene a abogados y activistas que se atreven a impulsar estas causas al margen del control gubernamental. No hace falta aclarar que un sistema jurídico manipulado por el gobierno no es lo mismo que un estado de derecho, y que el accionar selectivo del gobierno contra la corrupción atenta contra la posibilidad de que se establezca un sistema jurídico independiente y operativo, que tanto le hace falta al país.

En otras regiones se observan tendencias similares.

Por ejemplo, una característica común en numerosos esfuerzos para coartar a la sociedad civil son los intentos, por parte de funcionarios, de eludir la posibilidad de acciones penales u otras consecuencias por actividades ilegales:

  • El entonces Primer Ministro de Turquía (y actual Presidente) Recep Tayyip Erdoğan comenzó una ola represiva —la más intensa en toda una década— luego de masivas protestas callejeras contra el endurecimiento de su régimen autocrático. Intensificó estas medidas cuando trascendieron grabaciones de audio que sugerían que él y su familia estaban personalmente involucrados en hechos de corrupción. Cuando su partido, que se mantuvo en el poder durante tres mandatos, obtuvo una minoría en los comicios de junio, el presidente intensificó la ofensiva contra medios y opositores políticos, y pudo así asegurarse una victoria tras convocar a nuevas elecciones en noviembre.

 

  • Algunos funcionarios de Kenia han atacado a organizaciones de la sociedad civil por apoyar la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra los presuntos responsables de los hechos de violencia poselectoral acontecidos en 2007-2008, incluido el vicepresidente William Ruto. Kenia también ha actuado contra organizaciones cívicas que han documentado abusos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de acciones contra el terrorismo adoptadas para frenar el aumento de atentados con armas y granadas en distintas regiones del país.

 

  • Sudán expulsó de Darfur a organizaciones humanitarias en respuesta a la orden de detención, dictada por la CPI en marzo de 2009, contra el presidente Omar al-Bashir, y disolvió a organizaciones que promueven públicamente la justicia y los derechos humanos.

 

  • El gobierno del presidente Jacob Zuma en Sudáfrica persiguió a la organización que había trabajado para que la justicia se pronunciara contra la decisión presidencial de acoger a Bashir, ignorando de manera flagrante las órdenes de detención dictadas por la CPI.

 

  • A medida que se exacerbó la indignación global por la ampliación de los asentamientos ilegales, Israel adoptó una nueva ley —cuyas disposiciones fueron mayormente ratificadas por la Corte Suprema en 2015— que podría aplicarse para penalizar a organizaciones de la sociedad civil, así como a personas que reclaman que se interrumpan los vínculos económicos o de otra índole con los asentamientos o con Israel.

También otros gobiernos han actuado cuando la proximidad de elecciones o los límites a la cantidad de mandatos amenazan su continuidad en el poder:

  • En Burundi, el gobierno llevó a cabo ataques enérgicos, y a menudo violentos, contra la sociedad civil tras masivas protestas por la decisión del presidente Pierre Nkurunziza de postularse a un tercer mandato, pese a la dudosa constitucionalidad de esta medida. En un gravísimo incidente, un hombre armado disparó e hirió gravemente a Pierre Claver Mbonimpa, el más prominente de los defensores de derechos humanos en el país. Dos de sus familiares directos fueron asesinados en incidentes separados.

 

  • En la República Democrática del Congo, se ha encarcelado, golpeado y amenazado a defensores de derechos humanos y jóvenes activistas por la democracia, luego de que organizaran manifestaciones pacíficas y se pronunciaran contra la posible extensión de la presidencia de Joseph Kabila más allá de los dos mandatos previstos en la constitución. Las autoridades señalaron de manera infundada que los activistas estaban pergeñando “actividades terroristas” o “actos violentos de insurrección”, y miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron a un uso letal de la fuerza para dispersar manifestaciones pacíficas de las organizaciones.

 

  • El presidente venezolano Nicolás Maduro hostigó, detuvo y demonizó a críticos y organizaciones de la sociedad civil durante los meses previos a las elecciones legislativas, en las cuales finalmente el oficialismo salió perdedor. Según opinan numerosos observadores, este resultado se debió a su mala gestión económica.

 

  • Miembros de la policía ecuatoriana aplicaron fuerza excesiva contra ciudadanos que se manifestaban contra un proyecto de reforma constitucional que permitiría la reelección presidencial indefinida. La respuesta del presidente Rafael Correa consistió en no investigar a policías implicados en abusos y, en vez de ello, felicitarlos por su “profesionalismo”.

 

  • Algunos gobiernos pretenden explotar recursos naturales sin procurar obtener ningún tipo de observaciones de la población o supervisión independiente. Por ejemplo:

 

  • Azerbaiyán, un país con importantes reservas petroleras, ha encarcelado a líderes de la sociedad civil para evitar cualquier tipo de revuelta popular ante la corrupción flagrante y las irregularidades en la administración que han caracterizado al gobierno. Europa ha estado demasiado ocupada comprando el petróleo y el gas de Azerbaiyán, e intentando que quedara fuera de la influencia rusa, como para plantear demasiadas críticas.

 

  • Uzbekistán, donde algunos de los funcionarios se benefician personalmente del sector algodonero, ha atacado a personas que intentan documentar e informar sobre el trabajo forzado en el sector. El Banco Mundial ha ampliado su inversión en el sector, pero solamente ha transmitido sus preocupaciones en el marco de conversaciones privadas de dudosa utilidad. Detrás de estos variados motivos para actuar contra la sociedad civil se esconde la visión de los autócratas que considera al debate público organizado como una amenaza política. Estos gobiernos entienden que es mejor evitar o impedir que las personas se congreguen, antes que permitir que su descontento resuene más ampliamente y persuada a otras personas.

Esta aversión al debate público libre va acompañada de una serie de dispositivos que se han empleado para limitar o acallar a la sociedad civil. Consisten en amenazas, violencia, detenciones arbitrarias, juicios amañados y dos técnicas cada vez más comunes: limitar la capacidad de obtener financiamiento exterior e imponer reglamentaciones arbitrarias y opresivas.

Límites al derecho a obtener financiamiento

Muchos países son demasiado pobres como para contar con una base de donantes que esté en condiciones de realizar contribuciones económicas significativas a organizaciones cívicas. Aun cuando haya individuos con suficiente patrimonio como para realizar tales aportes, a menudo los autócratas pueden disuadirlos perjudicando sus intereses comerciales. Amenazar con investigaciones tributarias, negar licencias necesarias o limitar la posibilidad de realizar contrataciones con el gobierno son medidas que, por lo general, bastan para disuadir de prestar apoyo económico a organizaciones que sean críticas con las autoridades.

Cuando los potenciales donantes en el país están demasiado atemorizados o carecen de medios suficientes como para efectuar donaciones sustanciales, es natural que las organizaciones cívicas ejerzan su derecho a obtener financiamiento en el exterior. A su vez, los gobiernos represivos se han ensañado especialmente con ese derecho. La principal prioridad ha sido interrumpir las fuentes de financiamiento extranjero a organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos o que exigen que los gobiernos den cuentas de su desempeño.

India, a pesar de su tradición democrática, tiene ya experiencia en la aplicación de esta técnica a través de la Ley sobre Regulación de Aportes Extranjeros (Foreign Contribution Regulation Act), que exige aprobación gubernamental para que cualquier organización cívica pueda recibir aportes del exterior. La voluntad del gobierno de permitir tales aportes suele ser proporcionalmente inversa al carácter “sensible” del trabajo desarrollado por la organización. Las organizaciones que prestan servicios operan sin demasiadas restricciones, mientras que las dedicadas a derechos humanos a menudo quedan alcanzadas por límites. Durante la gestión del primer ministro Narendra Modi, se ha actuado particularmente contra organizaciones ambientales debido a que se percibía que ponían trabas a los planes oficiales de desarrollo. Otra activista que también fue objeto de actos persecutorios había cobrado notoriedad por su trabajo sobre los disturbios contra la comunidad musulmana que tuvieron lugar en 2002 en Gujarat, y en los cuales estuvo implicado el entonces jefe de ministros Modi.

Rusia ha aplicado tales restricciones de manera implacable; en un primer momento, catalogó a las organizaciones rusas que aceptan aportes del exterior como “agentes extranjeros” (que en Rusia acarrea la peligrosa connotación de “traidor” o “espía”), y luego se prohibió a determinados donantes calificándolos como “organizaciones extranjeras indeseables”, y se previeron sanciones penales para todos aquellos que cooperaran con ellas.

Otros ex estados soviéticos actualmente imitan a Rusia. El parlamento de Kirguistán está evaluando adoptar su propia ley sobre “agentes extranjeros”, basada en gran medida en el texto de la norma rusa. Kazajstán adoptó una ley que obliga a que el financiamiento de organizaciones cívicas se canalice a través de un único “operador” designado por el gobierno, que decide discrecionalmente la distribución de los fondos. Bielorrusia exige registrar todo el financiamiento proveniente del exterior ante un organismo gubernamental que puede rechazar los fondos cuando su finalidad no se ajuste a lo estipulado en una lista aprobada oficialmente y de contenido taxativo. Las autoridades de Azerbaiyán iniciaron una investigación penal de varios de los donantes extranjeros más importantes, inmovilizaron las cuentas bancarias de decenas de sus beneficiarios, encarcelaron a históricos referentes del movimiento de derechos humanos y establecieron la obligatoriedad de que el gobierno autorice a todos los donantes extranjeros y apruebe oficialmente cada proyecto al cual se destine financiamiento.

Si bien algunas de las principales organizaciones de la sociedad civil de China —en especial aquellas que intentan reivindicar los derechos humanos— dependen sustancialmente de financiamiento del exterior, se prevé que en breve el gobierno aprobará una ley de administración de ONG extranjeras que, casi con seguridad, posibilitará que controle más directamente las fuentes de financiamiento en el exterior. Las organizaciones que se dedican a incidencia, en vez de a la provisión de servicios, quedarían en una situación particularmente vulnerable.

Además de India, también Etiopía fue uno de los primeros países en introducir estas tácticas en 2009, limitando la cantidad de financiamiento extranjero que podría recibir cualquier agrupación dedicada a derechos humanos o gobernabilidad a un 10 por ciento de sus ingresos, lo cual en la práctica implicó el cierre de la mayoría de las organizaciones veedoras. Kenia sostiene que quienes apoyan un proceso ante la CPI promueven una “agenda extranjera”, y está considerando fijar un tope similar del 15 por ciento.

Angola ha prohibido recibir financiamiento de entidades extranjeras que no sean aprobadas por un órgano gubernamental. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela determinó en 2010 que cualquier grupo que reciba financiamiento extranjero podía ser juzgado por “traición”, mientras que la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional (en un acto que evidenció de manera patente su temor) prohibió la asistencia internacional a cualquier organización dedicada a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos”.

Marruecos está juzgando a cinco activistas de la sociedad civil por “atentar contra la seguridad interior” tras haber aceptado fondos del extranjero para organizar un taller destinado a facilitar el periodismo ciudadano a través de una aplicación de telefonía móvil.

Racionalización de las restricciones

Los autócratas están a favor de limitar el acceso a donantes extranjeros por parte de organizaciones cívicas dedicadas al monitoreo de su actuación, dado que pueden disfrazar tal medida con el discurso nacionalista de tipo: ¡cómo se atreven esos extranjeros a “interferir” en nuestros asuntos internos! Sin embargo, los mismos gobiernos que atacan a organizaciones cívicas por intentar obtener aportes del exterior fomentan activamente la inversión extranjera y los acuerdos de comercio exterior.

Muchos además gestionan asiduamente asistencia extranjera para sí, y promueven que esta sea recibida por organizaciones de servicios. Y algunos participan en acciones para influir en los mismos debates públicos en el extranjero de los cuales pretenden excluir a la sociedad civil en sus propios países.

Esta incoherencia no puede justificarse con el argumento de que la sociedad civil interviene indebidamente en asuntos públicos. Las empresas recurren habitualmente al lobby para conseguir la aprobación de leyes y reglamentaciones beneficiosas, y participan en debates sobre políticas públicas. La asistencia proveniente del exterior a menudo se destina a aspectos centrales de las funciones gubernamentales y, en general, esto ocurre a cambio de condiciones. De hecho, el volumen de fondos que procuran obtener las organizaciones cívicas suele ser ínfimo comparado con el dinero que, desde el exterior, ingresa a un país en concepto de inversión, comercio o asistencia.

Entonces, ¿por qué se perjudica selectivamente a la sociedad civil? Por su capacidad de movilizar a la ciudadanía para que cuestione las irregularidades en el gobierno, sobre todo cuando el mensaje se amplifica a través de los medios sociales. Y cuando se censura a los medios de comunicación, como es común en estos contextos autoritarios, la sociedad civil es el único actor que aún conserva la capacidad de ejercer presión sobre los funcionarios para que actúen al servicio de la ciudadanía, y no de sus propios intereses. Atentar contra el derecho de las organizaciones a obtener financiamiento en el exterior equivale, en la práctica, a atentar contra acciones organizadas para exigir que el gobierno rinda cuentas.

Los gobiernos aducen diversas justificaciones para privar a organizaciones cívicas del derecho a obtener financiamiento exterior, y a menudo comparan las restricciones que han impuesto con las vigentes en democracias consolidadas. Por ejemplo, algunas democracias prohíben que los candidatos políticos perciban aportes del exterior.

Sin embargo, las restricciones que impiden que las organizaciones cívicas reciban fondos del exterior van mucho más allá del contexto electoral. Limitan la posibilidad de la sociedad civil de organizarse y pronunciarse sobre una gran variedad de temas que no guardan relación con elecciones.

Esto no está permitido por las normas internacionales de derechos humanos ni por ninguna concepción adecuada de democracia, tal como fue señalado por el Relator Especial de la ONU Maina Kiai en un informe reciente. La participación popular libre es indispensable para que los ciudadanos den importancia al ejercicio periódico del voto, que les permite expresar y que se escuche su opinión sobre la gran variedad de temas que los funcionarios que los representan deciden entre una elección y la siguiente.

Algunos autócratas también invocan leyes de democracias como la Ley de Inscripción de Agentes Extranjeros de EE. UU. (US Foreign Agents Registration Act), que establece la obligación de inscribirse como agentes a quienes actúen en representación de gobiernos extranjeros. Sin embargo, esa ley se refiere únicamente a personas o entidades que actúan como “agentes” de un gobierno extranjero o bajo sus “instrucciones o control”. Son muy pocos o inexistentes los ejemplos de aportes a las organizaciones cívicas que estén acompañados por tal imposición. No existe ningún tipo de relación de representación que justificaría una divulgación especial, ni mucho menos una prohibición. Y, al igual que en muchos otros casos, el donante extranjero no es un gobierno, sino un particular o una fundación.

Algunos gobiernos, incluidos Camboya, Egipto, Tayikistán e India, justifican las restricciones a los aportes extranjeros a organizaciones cívicas señalando que resultan necesarias para combatir el terrorismo. Países como China, Pakistán y Bangladesh también se refirieron a la amenaza terrorista al proponer medidas que establecían restricciones similares a donantes del extranjero. Sin embargo, dado que las organizaciones terroristas pueden crear sociedades fácilmente para financiar su actividad delictiva, una vez más este trato diferenciado revela motivaciones de otra naturaleza.

Lo más paradójico es que muchos de los mismos gobiernos que coartan el derecho de la sociedad civil a obtener financiamiento en el exterior destinan ingentes cantidades de dinero a lobistas u otras agencias de relaciones públicas para que promuevan su imagen en el exterior. Gobiernos como los de Rusia, China, Egipto y Azerbaiyán han gastado millones de dólares tan sólo en Washington para que se mostrara favorablemente la situación en estos países, a pesar de la represión que tiene lugar en ellos, y al mismo tiempo cierran cualquier posibilidad de financiamiento a la sociedad civil que intenta combatir esa represión a nivel interno. Por ende, la cuestión del financiamiento transnacional que incide en el debate público parece depender de si los fondos contribuyen a controlar o, por el contrario, a reivindicar la posición del gobierno.

Es decir, las acciones orientadas a limitar el acceso por la sociedad civil a donantes extranjeros no tienen que ver con la transparencia ni con una gobernabilidad efectiva. Se trata, en cambio, de eludir cualquier tipo de control organizado de la gestión, y de bloquear la que, a menudo, podría ser la única fuente de financiamiento independiente para tales esfuerzos, cuando no existan fuentes en el país o se haya persuadido a los potenciales donantes de no contribuir.

Si los gobiernos verdaderamente pretenden privar a sus sociedades de fondos extranjeros, entonces podrían emular el ostracismo de Corea del Norte. De hecho, lo que más les convendría sería un bloqueo selectivo, que permita que ingresen los fondos comerciales y de asistencia que los beneficien, pero obstruya los fondos que podrían usarse para exigir que los gobernantes rindan cuentas. Tal distinción gubernamental entre fondos comerciales y benéficos, o entre asistencia para sí y asistencia a organizaciones cívicas, debería mostrarse por lo que es verdaderamente: un intento por cercenar los derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión y asociación, e impedir la rendición de cuentas gubernamental que estos promueven.

Regulaciones que llevan a la extinción

Además de limitar los flujos de fondos, los autócratas adoptan progresivamente leyes y reglamentaciones para dominar a la sociedad civil. Estas normas se presentan en apariencia como ordinarias, habituales y sin sesgo político. Y algunas efectivamente son inobjetables, como por ejemplo aquellas que exigen un presupuesto honesto y transparente, la observancia de las leyes laborales o simplemente el cumplimiento de los requisitos administrativos de inscripción. Sin embargo, los autócratas que pretenden suprimir a la sociedad civil han empleado los límites normativos para lograr mucho más que esos fines y, en cambio, socavar la independencia misma de las organizaciones cívicas.

Un método común consiste en aseverar que la sociedad civil atenta contra el bien común, un concepto que los gobiernos suelen definir de manera poco precisa y que, en general, consiste en la continuidad en el poder del gobierno o de políticas propugnadas por sectores poderosos.

  • Rusia tipificó la difusión de información relativa a bajas militares durante “operativos especiales”, que casualmente incluían las actividades militares del Kremlin en el este de Ucrania. Algunas personas que criticaron la anexión de Crimea por Rusia también enfrentaron procesos penales.

 

  • China promulgó leyes en materia de seguridad del Estado, ciberseguridad y antiterrorismo que equiparan la crítica pacífica a amenazas a la seguridad nacional. El proyecto de Ley de Administración de ONG Extranjeras (Foreign NGO Management Law) prohibiría, en términos generales, que las organizaciones cívicas “pongan en riesgo los intereses nacionales de China” o el “interés público de la sociedad”, así como el “orden y las costumbres públicas”.

 

  • Kazajstán ha criminalizado la “incitación a la discordia social, nacional, de clanes, racial, de clase o religiosa”, y ha utilizado reiteradamente estas categorías para silenciar a críticos.

 

  • Hungría utilizó cargos por “fraude” para frustrar el financiamiento de organizaciones dedicadas a corrupción y derechos humanos.

 

  • Turquía encarceló a periodistas y cerró grupos de medios que estaban dispuestos a monitorear las políticas y la corrupción en el gobierno, o informar sobre evidencias de traspasos de armas a grupos de oposición en Siria.

 

  • El parlamento de Uganda adoptó una ley que, en caso de ser promulgada, estipularía penas de hasta tres años de prisión para los líderes de organizaciones independientes que incumplan “obligaciones especiales” (definidas de manera amplia e imprecisa), como por ejemplo participar en actos que sean “perjudiciales para los intereses de Uganda o la dignidad de la población del país”.

 

  • Es habitual que periodistas y activistas de la sociedad civil de Sudán que manifiestan disenso sean acusados de “delitos contra el Estado”, que conllevan la pena de muerte.

 

  • Camboya, a su vez, disuelve a organizaciones que “atenten contra la paz, la estabilidad y el orden público, o quebranten la seguridad nacional, la unidad nacional, la cultura y las tradiciones de la sociedad camboyana”.

 

  • Un tribunal de Marruecos dispuso el cierre de una asociación que promovía los derechos de la población de la región de Ifni, aduciendo que debilitaba la “integridad territorial” del país.

 

  • El presidente ecuatoriano Rafael Correa facultó a su gobierno a disolver organizaciones que “afecten la paz pública”. Posteriormente puso en práctica esta potestad para cerrar una organización ambiental que se oponía a la exploración de petróleo en una zona del Amazonas de gran valor ecológico.

 

  • En 2013, el presidente boliviano Evo Morales promulgó una ley y dictó un decreto que habilitan al gobierno a disolver a cualquier organización de la sociedad civil cuyo representante legal sea sancionado penalmente por llevar a cabo actividades que “atenten en contra [de] la seguridad o el orden público”.

A medida que los gobiernos occidentales intensifican sus esfuerzos por contrarrestar el terrorismo, otros se han habituado a referirse a este fenómeno en términos imprecisos, con el objeto de eludir cualquier crítica por su accionar represivo contra la sociedad civil.

  • El presidente egipcio Abdulfatah al Sisi señaló que haber acabado con los Hermanos Musulmanes y la amenaza que estos representaron en un momento para él en las urnas implicaba, en verdad, combatir al terrorismo. Su plan cuenta con el respaldo de miles de millones de dólares de las monarquías del golfo Pérsico, a quienes les aterroriza la posibilidad de que prospere un movimiento que combina el islam político —que aseveran apoyar— con los medios electorales con los cuales discrepan.

 

  • Kenia incluyó a dos organizaciones de derechos humanos en una lista de actores que presuntamente adherían al terrorismo. Ambas organizaciones documentaron abusos perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad en el marco de operativos antiterroristas. Las organizaciones debieron plantear recursos judiciales para que la justicia determinara que no tenían nexos con el terrorismo y cesara la inmovilización de sus cuentas bancarias.

 

  • Un proyecto legislativo en China estipula que el terrorismo incluye “ideas, expresiones o conductas” que pretenden “influir en la definición de las políticas nacionales”. También contiene una prohibición genérica de “otras actividades terroristas”, que podría aplicarse para encuadrar cualquier tipo de actividad en la categoría de delito de terrorismo.

 

  • Un proyecto legislativo sobre lucha contra el terrorismo que está siendo analizado en Brasil contiene expresiones excesivamente genéricas e imprecisas que tipifican la “defensa del terrorismo”, sin explicar qué significa exactamente. Otra disposición podría dar lugar a una interpretación que posibilite juzgar como terroristas a manifestantes que “tomen” caminos o edificios.

Detrás de estos intentos por circunscribir a las organizaciones cívicas a la visión gubernamental del bien común se esconde una concepción errada del rol de la sociedad civil. En una sociedad donde se respetan los derechos, las personas deben gozar de libertad para agruparse y perseguir su propia idea del bien común, supeditadas exclusivamente a restricciones que impidan que se perjudique a terceros. Muchos de estos objetivos serán distintos de aquellos de los gobiernos, y de hecho así es como debería ser. Los gobiernos tienen mayores probabilidades de responder a las necesidades de su población cuando esta goza de libertad para debatir acerca de cuáles son esas necesidades, y cuál es la mejor forma de satisfacerlas. Las personas que se agrupan para impulsar sus perspectivas, de todo tipo y en todas sus variantes, son componentes esenciales del proceso.

Cuando los gobiernos utilizan leyes poco precisas que aluden al bien común o el interés nacional para coartar a la sociedad civil, lo que hacen es acotar el alcance del debate público, tanto a través de la censura que ellos imponen como de la autocensura a la cual recurren las organizaciones que tienen dificultades para dilucidad qué expresiones o actividades están permitidas. Eso no sólo vulnera los derechos de quienes pretenden agruparse con otros para hacer sentir sus reclamos. Sino que además redunda en que los gobiernos estén menos dispuestos a actuar al servicio de su población y sean más propensos a atender los intereses particulares de sus líderes o aliados más poderosos.

Una homofobia más que conveniente

Un método que muy habitualmente se aplica para reprimir a la sociedad civil es perseguir a organizaciones integradas por lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) o a quienes representan sus intereses. Algunos gobiernos represivos sostienen — en la misma sintonía que su pretensión de limitar el derecho a obtener financiamiento del exterior— que las personas LGBT son ajenas a su cultura y son producto de una imposición occidental.

Pero no existe ningún país occidental que “exporte” gais o lesbianas, ya que siempre han estado en todos los países, y su visibilidad ha dependido, en gran medida, del grado de represión que exista a nivel local. La única imposición que sí es real es la que practica el gobierno, al inculcar posturas dominantes sobre género y sexualidad a una minoría vulnerable.

Al igual que los ataques más generales a la sociedad civil, aquellos contra organizaciones LGBT suelen ser particularmente enérgicos cuando los gobiernos intentan distraer la atención de otros temas. Algunos de los defensores más tenaces de leyes contra personas LGBT —Vladimir Putin en Rusia, Yoweri Museveni en Uganda, el ex presidente de Nigeria Goodluck Jonathan y Yahya Jammeh en Gambia— en general se encuentran bajo presiones políticas debido a fallas de gobernabilidad. Mostrarse como defensores de los “valores tradicionales” frente a los gais es un modo facilista de evitar hablar sobre descalabros en su propio gobierno. Pero como esta estrategia difícilmente resulte efectiva por tiempo indefinido, la homofobia oficial suele ser el preludio de una ofensiva mucho más amplia contra la sociedad civil, algo así como el canario en la mina de carbón.

Sociedades cerradas

Los autócratas más extremos no se conforman con limitar a la sociedad civil, sino que pretenden directamente prohibirla o desmantelarla. En países donde la represión es severa —Corea del Norte, Uzbekistán, Turkmenistán, Eritrea o Ruanda— directamente no se puede decir que exista una sociedad civil independiente. Emitir comentarios de manera organizada sobre el desempeño gubernamental es impensable. En muchos otros países —Bahréin, Bielorrusia, Egipto, Arabia Saudita, Sudán, Emiratos Árabes Unidos o Vietnam— conformar una organización cívica para exigir que el gobierno rinda cuentas es garantía de terminar en prisión.

Incluso hoy en día, muchos de los gobiernos que encabezan las acciones para reprimir a la sociedad civil pretenden valerse de las ventajas que implica poder proclamarse como democráticos, pero prescindiendo en la práctica de la supervisión organizada que promueven las organizaciones cívicas. Suelen ser los más propensos a apelar al artilugio de limitar el acceso a fondos del exterior o imponer reglamentaciones restrictivas poco claras. Los gobiernos comprometidos con una visión de la democracia basada en los derechos humanos deberían manifestar de manera rotunda que no se dejan engañar por este artilugio y que supeditarán el mantenimiento de las relaciones normales a la condición de que este concluya.

Los derechos a futuro

En una comunidad global cada vez más conectada, donde se han facilitado los viajes y las comunicaciones, los problemas de derechos humanos pocas veces se manifiestan de manera aislada en un único país.

Las atrocidades en Siria o Afganistán propician la crisis de refugiados en Europa. La respuesta de Europa, o la falta de esta, afecta la capacidad de construir en otros sitios sociedades donde se respete a personas de distinta cultura, religión y orientación sexual. La facilidad y la democratización de las comunicaciones modernas (Internet y, sobre todo, los medios sociales) desafían a gobiernos en todo el mundo a aceptar rendir cuentas ante su población de manera más activa y minuciosa.

Ante la conmoción que atraviesa el mundo, no se trata de desafíos sencillos. La posibilidad de cambio puede resultar amenazante para una comunidad que se aferra nostálgicamente al recuerdo de una mayor homogeneidad, para una nación que enfrenta una inseguridad cada vez mayor o para un dictador que se niega a perder poder.

Sin embargo, si el objetivo es asegurar comunidades que respeten a todos sus miembros, países que definan la mejor estrategia para su defensa o gobiernos que atiendan más eficazmente las necesidades de su población, no se podrá prescindir de las enseñanzas plasmadas en el derecho internacional de los derechos humanos.

Si lo hacemos, la decisión no podrá más que perjudicarnos.

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Kenneth Roth es director ejecutivo de Human Rights Watch