Durante 2015, Marruecos retrocedió en materia de derechos humanos en varias áreas y avanzó en muy pocas. Las restricciones sobre los grupos de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, aumentaron: al menos dos marroquíes pasaron el año encarcelados por denunciar “falsamente” torturas, y muchos continuaron cumpliendo largas penas de prisión después de juicios injustos por delitos de motivación política. Las autoridades toleraron con frecuencia las manifestaciones de protesta, pero en el Sáhara Occidental impidieron de manera sistemática las reuniones de apoyo a la autodeterminación de ese territorio disputado.

En una nota más positiva, entró en vigor una ley que puso fin a los juicios militares de civiles y, por primera vez, las autoridades reconocieron legalmente a una organización de derechos humanos en el Sáhara Occidental dirigida por personas críticas con el gobierno marroquí. Además, Marruecos concedió estatus legal temporal a solicitantes de asilo reconocidos por Naciones Unidas y a miles de migrantes económicos, mientras está pendiente una revisión de su legislación en materia de asilo y extranjeros en territorio marroquí.

Libertad de expresión

Las leyes que penalizan los actos que puedan atentar contra el rey, la monarquía, el Islam o la soberanía que Marruecos defiende sobre el Sáhara Occidental limitaron los derechos a las libertades de expresión, asamblea y asociación pacífica.

Los medios de comunicación independientes impresos y en línea siguieron investigando y criticando a los funcionarios gubernamentales y sus políticas, pero se enfrentaron al enjuiciamiento y acoso cuando criticaron al rey o sus asesores. La ley de prensa contempla penas de prisión por la difusión “maliciosa” de “información falsa” que las autoridades consideren que pueda perturbar el orden público, o por el discurso que sea considerado difamatorio.

Las autoridades impusieron arbitrariamente obstáculos administrativos para impedir los esfuerzos del periodista Ali Lmrabet para registrar un nuevo semanario satírico, después de completar una condena que le prohibió ejercer el periodismo en Marruecos durante 10 años. El 16 de febrero, la policía en Rabat confiscó grabaciones y expulsó a dos reporteros franceses por haber filmado en el país sin autorización.

La televisión estatal marroquí ofrece cierto margen para el debate y el periodismo de investigación, pero deja muy poco espacio para la crítica directa al gobierno o al disenso sobre cuestiones fundamentales.

Libertad de reunión y asociación

Las autoridades toleraron numerosas marchas y mítines para exigir reformas políticas y protestar contra acciones del gobierno, pero dispersaron por la fuerza algunas reuniones pacíficas. En el Sáhara Occidental, las autoridades prohibieron todas las reuniones públicas consideradas hostiles a la norma impugnada de Marruecos sobre ese territorio, desplegando una gran cantidad de policías que bloquearon el acceso a los lugares donde se llevaría a cabo las manifestaciones incluso antes de que pudieran reunirse.

Los funcionarios siguen impidiendo arbitrariamente a muchas asociaciones obtener el registro legal, aunque la Constitución de 2011 garantiza el derecho a formar una asociación. Sin embargo, las autoridades registraron a la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH) en 2015, nueve años después de presentar su primera solicitud y ocho después de que un tribunal administrativo dictaminara que las autoridades se habían negado erróneamente a registrarla.

Marruecos también registró a varias, aunque no a todas, las asociaciones formadas para defender los derechos de los migrantes en Marruecos. En julio, un tribunal de primera instancia de Tiznit ordenó el cierre de la Asociación Ifni Memoria y Derechos, en parte por dañar la “integridad territorial” de Marruecos al defender los derechos y la identidad de la población en la región Ifni.

Entre las numerosas asociaciones a las que les fue arbitrariamente denegado el registro legal había decenas de asociaciones benéficas, culturales y educativas cuyo liderazgo incluía a miembros de al-Adl wal-Ihsan (Justicia y Espiritualidad), un moviemiento nacional que aboga por un Estado Islámico y pone en duda la autoridad espiritual del rey.

Las autoridades prohibieron decenas de actividades preparadas por asociaciones de derechos humanos legalmente reconocidas, entre ellas la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y sus filiales. Tras permitir el acceso relativamente libre de los investigadores de Amnistía Internacional y Human Rights Watch durante casi 25 años, en junio las autoridades expulsaron a dos investigadores de Amnistía, y en septiembre exigieron que Human Righst Watch suspendiera sus actividades en Marruecos hasta que las autoridades pudieran programar una reunión con la organización para discutir sobre su “sesgo”. En el momento de redactarse este informe, los funcionarios aún no habían respondido a las invitaciones de Human Rights Watch para celebrar dicho encuentro.

En octubre, las autoridades acusaron al historiador Maâti Monjib, a Hicham Mansouri y a otros tres activistas pertenecientes a asociaciones de haber aceptado financiación extranjera para “dañar la seguridad interna”, un cargo punible con hasta cinco años en prisión. El caso, fijado para ir a juicio en 2016, se centra en un taller financiado por capital extranjero para enseñar a marroquíes a utilizar una aplicación móvil para practicar el “periodismo ciudadano”.

Marruecos expulsó a varios visitantes extranjeros que fueron al Sáhara Occidental en misiones de investigación, la mayoría ciudadanos europeos que abiertamente apoyaban la autodeterminación saharaui.

Conducta policial, tortura y el sistema de justicia penal

En julio entró en vigor una nueva ley que terminó con la jurisdicción militar sobre los civiles. El caso de Mbarek Daoudi, un activista saharaui que enfrentaba un juicio en un tribunal militar desde septiembre de 2013 por cargos menores de armamento, fue transferido al Tribunal de Primera Instancia de Guelmine, que en marzo lo sentenció a tres meses de prisión. Mbarek permaneció en custodia para un segundo juicio en una corte de Agadir, que el 3 de diciembre lo condenó y sentenció a cinco años de prisión.

Otros 22 saharauis permanecieron en prisión cumpliendo penas de entre 20 años y condena perpetua impuestas por un tribunal militar en 2013. Los hombres, entre ellos varios reconocidos activistas, habían sido acusados en relación con la violencia que estalló el 8 de noviembre de 2010, cuando las autoridades desmantelaron el campamento de protesta de Gdeim Izik en el Sáhara Occidental.

Once miembros de las fuerzas de seguridad murieron en los disturbios. El tribunal militar no investigó las denuncias de los acusados de que los agentes de la policía los habían torturado y obligado a firmar declaraciones falsas, y se basó en gran medida en estas declaraciones para dictar su veredicto de culpabilidad. La nueva ley que elimina los juicios en tribunales militares para los civiles no benefició retroactivamente a estos acusados.

En noviembre de 2014, Marruecos se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT, por sus siglas en inglés). En el momento de redactarse este informe, todavía no había designado el Mecanismo de Protección Nacional que el OPCAT concibió para inspeccionar los centros de detención.

Los tribunales privaron del derecho a un juicio justo a los acusados en casos políticos y relacionados con temas de seguridad. Las autoridades continuaron encarcelando a cientos de presuntos militantes islamistas que detuvieron a raíz de los atentados de Casablanca de mayo de 2003. Muchos están cumpliendo condenas impuestas en juicios injustos tras varios meses de detención secreta, malos tratos y, en algunos casos, tortura.

La policía ha arrestado a cientos más de presuntos militantes tras los nuevos ataques terroristas en 2007 y 2011. Los tribunales han condenado y encarcelado a muchos de ellos, acusados de pertenecer a una “red terrorista” o de estar preparándose para unirse a los militantes islamistas que combaten en Irak, Siria o en otros lugares. La ley antiterrorista de Marruecos de 2003 contiene una amplia definición de “terrorismo” y permite hasta 12 días de detención garde à vue (pre-condena).

Los tribunales marroquíes siguen imponiendo la pena de muerte, pero las autoridades no han consumado ninguna ejecución desde principios de los años 90.

El hacinamiento en las prisiones se ve agravado por la tendencia de los jueces a ordenar la detención preventiva de los sospechosos. Hasta el 31 de agosto, el 41 por ciento de los prisioneros –o 31.334 de un total de 76.794— estaban en detención preventiva, de acuerdo con la administración penitenciaria.

La activista de ideología de izquierdas Wafae Charaf siguió cumpliendo una condena de dos años de prisión por difamación e informar “falsamente” de un delito, después de que presentara una denuncia alegando que unos desconocidos la secuestraron y torturaron tras una protesta de trabajadores que tuvo lugar en abril de 2014 en Tánger.

Oussama Husn, un activista del movimiento de protesta pacífica 20 de febrero, estaba cumpliendo una condena de 3 años prisión impuesta en 2015 por cargos similares tras publicar en línea un video en el que relata haber sido secuestrado y torturado por hombres desconocidos. Estas sentencias podrían tener un efecto desalentador sobre las personas que se plantean presentar una denuncia de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

El derecho a una vida privada

Los tribunales marroquíes continuaron encarcelando a personas por comportamiento homosexual en virtud del artículo 489 del código penal, que prohíbe “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo”. En las observaciones finales de su informe periódico del país en octubre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU urgió a Marruecos a “derogar sin demora” el artículo 489.

Un tribunal de apelaciones de Hoceima confirmó el 30 de diciembre de 2014 una condena de una corte de primera instancia de dos hombres por homosexualidad: a uno lo sentenció a seis meses de prisión y al otro, que también fue declarado culpable de un cargo de intento de soborno, a 12 meses de cárcel. En mayo, un tribunal de primera instancia condenó a tres hombres de Taourirt a tres años de prisión por homosexualidad, una sentencia que el Tribunal de Apelaciones de Oujda redujo en julio a unos meses. En ambos casos, las condenas se basaron en confesiones que los acusados repudiaron en la corte.

Después de un ataque violento contra homosexuales en la calle Fez, el 29 de junio, el ministro de Justicia Moustapha Ramid dijo que los agresores debían ser procesados pero también hizo comentarios homófobos, como instar a los homosexuales a abstenerse de “provocar” a la sociedad. Un tribunal condenó a prisión a dos hombres por su participación en el incidente.

La penalización de las relaciones sexuales extramatrimoniales tiene un impacto discriminatorio de género, ya que las víctimas de violación son enjuiciadas si el violador acusado es absuelto. Las mujeres y las niñas también pueden ser procesadas si se descubre que quedan embarazadas o tienen hijos fuera del matrimonio.

Un Tribunal de Apelaciones de Rabat confirmó una condena a 10 meses de prisión por adulterio y “complicidad en adulterio” contra Hicham Mansouri y una amiga después de que la policía irrumpiera en su domicilio y al parecer los atrapó en circunstancias comprometedoras. La corte no tuvo en cuenta considerables evidencias exculpatorias. El trabajo de Mansouri en la Asociación Marroquí de Periodistas de Investigación (AMJI) levantó sospechas de que la vigilancia policial y enjuiciamiento fueron una represalia por sus actividades asociativas. 

En marzo, la policía arrestó en Casablanca a Moustapha Erriq, una destacada figura de la oposición islamista, el movimiento Adl wal Ihsan, junto con una amiga por sospecha de adulterio, aunque fueron puestos en libertad tres días más tarde después de que la esposa de Erriq se negara a presentar cargos.

Migrantes y refugiados

En 2015 se continuó ejecutando un plan de 2013 para reformar las políticas nacionales hacia los migrantes y solicitantes de asilo, incluyendo el reconocimiento de cierto derechos fundamentales. La agencia de Marruecos para los refugiados concedió permisos de residencia renovables de un año a más de 500 refugiados reconocidos por el ACNUR. En el momento de redactarse este informe, Marruecos no había determinado el estatus que otorgaría a más de 1.700 sirios, que el ACNUR reconoce como refugiados de prima facie.

Marruecos también concedió, en el contexto de un proceso único de regularización que concluyó el 31 de diciembre de 2014, permisos de residencia renovables de un año a miles de migrantes subsaharianos que no eran solicitantes de asilo, pero que cumplían con cierto criterios en el plan de 2013. Algunos sirios también obtuvieron permisos de residencia de un año bajo este mismo procedimiento.

Derechos de la mujer y las niñas

La Constitución de 2011 garantiza la igualdad de las mujeres “al mismo tiempo que respeta las disposiciones de la Constitución, las leyes y las características permanentes del Reino”.

El Código familiar de 2004, que mejoró los derechos de la mujer respecto al divorcio y la custodia de los hijos, discrima a las mujeres con respecto a la herencia y los procedimientos para obtener el divorcio. El código elevó la edad para contraer matrimonio de 15 a 18 años, sin embargo los jueces rutinariamente permiten que las niñas se casen por debajo de esta edad. En Marruecos no hay ninguna ley que penalice de maner específica la violencia doméstica o que establezca protecciones para las víctimas de violencia doméstica.

Trabajadoras del hogar

A pesar de las leyes que prohíben que los menores de 15 años trabajen, se cree que miles de niños más jóvenes –sobre todo niñas— trabajan en el servicio doméstico. Según la ONU, organizaciones no gubernamentales y fuentes del Gobierno, el número de trabajadores infantiles del hogar ha disminuido en los últimos años.

La ley laboral de Marruecos excluye a los trabajadores domésticos de sus protecciones, incluyendo un salario mínimo, límites a las horas de trabajo y un día de descanso semanal. En 2006, las autoridades presentaron un proyecto de ley para regular el trabajo doméstico y reforzar las prohibiciones existentes a los trabajadores domésticos de menos de 15 años. En el momento de escribirse este informe, el borrador había sido modificado pero no adoptado.

Principales actores internacionales

Francia, un aliado cercano y el principal socio comercial de Marruecos, se abstuvo de criticar públicamente las violaciones de derechos humanos en el Reino. Marruecos y Francia retomaron sus acuerdos bilaterales de cooperación judicial, que Marruecos suspendió en 2014 después de que un juez francés presentara citaciones a un comandante de la policía marroquí de visita en base a una denuncia de complicidad en la tortura.

Los dos países modificaron el acuerdo para establecer que un juez que reciba una denuncia sobre un delito cometido en el otro país deben informar inmediatamente a las autoridades judiciales de éste y considerar transferir el caso a las cortes de ese país en prioridad, una opción que, de aplicarse, protegería a los funcionarios marroquíes de la justicia francesa.

Marruecos tiene un débil historial investigando y procesando la tortura por lo que las víctimas han recurrido a los tribunales franceses como último recurso. El presidente francés François Hollande visitó Tánger en septiembre para una reunión con el Rey Mohammed VI y declaró que “nuestras dificultades han (…) quedado atrás”, evitando cualquier mención pública de los derechos humanos.

Estados Unidos, otro aliado cercano de Marruecos, tampoco profesó ningún tipo de crítica pública sobre el historial de derechos humanos de Marruecos. En septiembre, la Corporación del Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), una agencia independiente del gobierno de EE.UU. que concede subvenciones a países “que demuestren un compromiso con la buena gobernanza, las inversiones en la humanidad y la libertad económica”, aprobó una subvención de US$450 millones a Marruecos para apoyar las reformas educativas y a la productividad agrícola. Marruecos es el segundo mayor receptor de ayuda de la MCC después de Tanzania.

El Consejo de Seguridad de la ONU renovó en abril el mandato de la misión de paz de la ONU en el Sáhara Occidental (MINURSO) sin ampliarlo para incluir el monitoreo de los derechos humanos, algo a lo que Marruecos se opone firmemente. En 2015, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos llevó a cabo una investigación en el Sáhara Occidental controlado por Marruecos y en los campos de refugiados administrados por el Polisario cerca de Tindouf, en Argelia, pero no divulgó públicamente las conclusiones del informe.