Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos años. Las acciones orientadas a reformar las instituciones responsables de la seguridad pública han tenido escasos avances. La actuación del poder judicial y la policía, en los cuales la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida ineficaz.
Entre los más vulnerables a actos de violencia se incluyen periodistas, activistas campesinos y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Las acciones gubernamentales para investigar y juzgar la violencia contra miembros de estos grupos tuvieron escasos avances en 2015.
El Consejo de la Judicatura no ha observado las garantías de debido proceso al suspender y remover a jueces, y esto ha profundizado su vulnerabilidad a presiones políticas. En diciembre de 2012, el Congreso arbitrariamente removió y reemplazó a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Abusos y corrupción policial
El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales han estado caracterizadas por la ineficiencia y la corrupción. Se difunde muy poca información al respecto al público y en general prevalece la impunidad.
Los esfuerzos para abordar la corrupción endémica en la Policía sólo han conseguido escasos avances. Según documentos policiales citados por el periódico El Heraldo, cerca de 20 altos funcionarios que habían sido despedidos por no superar las pruebas de confianza —incluidos controles de antecedentes penales y pruebas de polígrafo— se encontraban en servicio a mediados de 2015, al igual que varios funcionarios condenados por actividades delictivas.
El Presidente Juan Orlando Hernández ha incrementado la participación militar en la lucha contra el crimen violento, a pesar de que cuando la intervención militar se anunció en noviembre de 2011 se señaló que esta sería una medida provisoria hasta que se reformara la Policía Nacional. Las denuncias de violaciones de derechos humanos por militares han aumentado considerablemente desde entonces. Una investigación de Reuters determinó que policías militares han sido acusados de al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales entre 2012 y 2014, y al menos 24 soldados estaban siendo investigados en relación con los asesinatos.
Independencia judicial
Se producen habitualmente actos de intimidación e interferencia política contra jueces. En diciembre de 2012, el Congreso destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego de que dictaran la inconstitucionalidad de una ley contra la corrupción policial. Un mes después de la designación de cuatro reemplazantes, en enero de 2013, la Corte, con su nueva composición, desestimó un recurso interpuesto por los magistrados destituidos.
En abril de 2015, a instancias de legisladores oficialistas, la Corte derogó una histórica disposición constitucional que prohibía la reelección presidencial. La decisión permitirá que el Presidente Hernández se postule a un segundo mandato en 2017 si así lo desea. Una propuesta del ex Presidente Manuel Zelaya para convocar a un referéndum con esta misma intención revocatoria fue uno de los principales motivos invocados por las fuerzas militares para derrocar a Zelaya en 2009.
El reemplazo de los cuatro magistrados de la Corte Suprema formó parte de un patrón más amplio de interferencias. En 2015, organizaciones de abogados acusaron al Consejo de la Judicatura, con potestad para designar y destituir jueces, de recurrir a la amenaza de acciones disciplinarias para intimidar a jueces e influir en decisiones judiciales.
La Comisión Internacional de Juristas sostiene que el proceso de selección para el Consejo, que se creó mediante una reforma constitucional de 2011, no previó garantías contra la interferencia política y que, entre otras irregularidades, se excluyó a representantes de una de las dos asociaciones judiciales de Honduras. Hasta diciembre de 2014, el Consejo había removido a 29 jueces y suspendido a 28, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si bien los fundamentos de las medidas disciplinarias y las sanciones aplicables todavía no habían sido definidos por ley.
Ataques contra periodistas, abogados y defensores de derechos humanos
Persisten las amenazas, los ataques y los asesinatos que tienen como víctimas a periodistas, profesionales del derecho y defensores de derechos humanos. Entre 2010 y 2014 fueron asesinados 43 periodistas, según datos del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). La CIDH recibió información de ocho homicidios más de periodistas perpetrados entre enero y julio de 2015. En la mayoría de los casos, las autoridades no investigan ni juzgan delitos contra periodistas. A fines de 2014, apenas 12 casos habían sido llevados a juicio, de acuerdo con datos del gobierno.
En febrero de 2015, Carlos Fernández, el conductor de un programa de noticias en Canal 27 —que tiene sede en la isla de Roatán— murió en una agresión armada mientras regresaba del trabajo a su casa. Fernández, quien fue candidato en elecciones locales de 2013 y había criticado el golpe de 2009, era miembro del partido opositor LIBRE y aparentemente había recibido amenazas por su actividad periodística.
La CIDH recibió denuncias sobre el asesinato de 86 profesionales del derecho y 22 defensores de derechos humanos entre 2010 y 2014.
En mayo de 2015, el gobierno promulgó una ley para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y profesionales del derecho. La ley dispone la creación de un Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, integrado por 14 miembros, que representan a organizaciones de derechos humanos, asociaciones de prensa y asociaciones de abogados, jueces y fiscales, así como un “sistema de protección” encabezado por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
Violencia rural
Más de 90 personas han sido asesinadas en los últimos años en relación con controversias por tierras en el valle del Bajo Aguán, la mayoría de ellas a partir de 2009, según un informe publicado en marzo de 2013 por el CONADEH. Muchas otras han sido víctimas de ataques, amenazas, privaciones ilegales de la libertad y brutalidad policial.
Las controversias relacionadas con tierras a menudo enfrentan a empresas agroindustriales internacionales y organizaciones campesinas, que reclaman ser las legítimas propietarias de tierras transferidas tras una reforma de la ley agraria del país en 1992. Si bien la mayoría de las víctimas han sido campesinos, también guardias de seguridad privada fueron asesinados o resultaron heridos.
Las autoridades hondureñas no han investigado eficazmente los abusos ni brindado protección a personas en riesgo. Una investigación realizada en 2013 por Human Rights Watch, que examinó 29 casos de homicidio y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridas en el Bajo Aguán entre 2010 y 2012, concluyó que ninguno había sido juzgado con resultados satisfactorios. En abril de 2014, se creó una unidad de fiscalía especial para investigar estos crímenes. El titular de esta unidad señaló en una entrevista a los medios, en agosto de 2015, que aún no se había conseguido esclarecer ninguno de los casos.
También líderes indígenas que promueven causas ambientales han sufrido ataques violentos que quedaron impunes. En abril de 2015, Luis de Reyes Marcía, miembro de la comunidad indígena tolupan en Locomapa, Yoro, —que se opone a la tala y las actividades de minería en la zona— murió apuñalado durante la noche en su vivienda. Otros tres líderes de la misma comunidad murieron al recibir disparos en 2013, y los presuntos autores seguían libres al momento de redacción del presente. La esposa de De Reyes, Dilma Consuelo Soto, fue una de las 18 integrantes de la comunidad que recibieron medidas de protección de la CIDH tras los asesinatos de 2013.
Orientación sexual e identidad de género
La violencia homofóbica es un problema gravemente extendido en el país. La CIDH recibió denuncias de 174 asesinatos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero e intersexo perpetrados entre 2009 y 2014 por motivos de orientación sexual. En agosto de 2013, el gobierno creó una unidad especial dentro del Ministerio Público que se ocuparía de investigar y perseguir penalmente asesinatos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero e intersexo y de otros grupos vulnerables. Según estadísticas oficiales, 10 personas habían sido condenadas por estos delitos hasta octubre de 2014, y se habían iniciado 42 causas judiciales.
Violencia contra menores
Los menores están expuestos a altos niveles de violencia, perpetrada mayormente por pandillas armadas. Muchos son reclutados o presionados frecuentemente para unirse a estas pandillas, según información difundida en la prensa. El temor a la violencia provoca que cientos de otros niños dejen sus hogares cada año y se dirijan hacia destinos al norte, como México o Estados Unidos, muchas veces sin estar acompañados por adultos. Un informe de 2014 de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) concluyó que 43 menores migrantes procedentes de Honduras (de una muestra de 98) identificaron a la violencia por parte de actores criminales organizados como uno de los motivos por los cuales abandonaron su país de origen. Algunos migrantes que habían sido deportados nuevamente a Honduras dijeron a Human Rights Watch que vivían escondidos y temían mostrarse en público.
Condiciones en centros de detención
Las condiciones inhumanas, incluidas la sobrepoblación, la alimentación inadecuada y la salubridad deficiente, son sistémicas en las prisiones hondureñas. Según el servicio penitenciario, en febrero de 2015 había más de 15.000 presos en las cárceles del país, diseñadas para albergar hasta 8.600 personas. La corrupción es generalizada entre los funcionarios penitenciarios. En numerosos establecimientos, los guardias penitenciarios han renunciado en la práctica al control y la disciplina de los internos, y esto ha provocado abusos, extorsiones y violentos enfrentamientos.
Actores internacionales clave
En mayo de 2014, el desempeño de Honduras en materia de derechos humanos fue evaluado en el marco del proceso de examen periódico del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Honduras aceptó considerar una recomendación de Estados Unidos para que lleve a cabo una reforma integral de la Policía y elimine paulatinamente la intervención militar en tareas de orden público.
En marzo de 2015, la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, que visitó Honduras en julio de 2014, informó que, a pesar de las reformas impulsadas por el gobierno, las mujeres seguían expuestas a discriminación, violencia y violaciones de los derechos sexuales y reproductivos.
En junio de 2015, el Comité de los Derechos del Niño publicó sus observaciones finales relativas a los informes periódicos cuarto y quinto sobre Honduras. El Comité recomendó que Honduras fortaleciera las medidas orientadas a investigar, juzgar y sancionar casos de muertes y ejecuciones extrajudiciales de menores.
En octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Honduras había violado los derechos de cuatro jueces que fueron removidos por oponerse al golpe militar de 2009 contra el ex Presidente Zelaya. La sentencia dispuso que los jueces debían ser reinstaurados en el cargo.
En enero de 2015, en respuesta ante la afluencia a Estados Unidos de menores migrantes no acompañados, el Presidente Barack Obama pidió al Congreso que aprobara la asignación de asistencia por USD 1.000 millones para países de Centroamérica, una suma sin precedentes. De esta ayuda, 300 millones de dólares estaban destinados a mejorar la eficiencia policial, apoyar planes comunitarios para reforzar la seguridad y fortalecer la capacidad de persecución penal de crímenes violentos.
En un informe de 2014 que se preparó a partir de entrevistas con 35 migrantes hondureños detenidos en Estados Unidos o deportados recientemente a Honduras, Human Rights Watch concluyó que casi todos fueron deportados en forma sumaria. De aquellos que manifestaron a funcionarios de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que temían regresar a su país de origen, menos de la mitad fueron derivados a una evaluación adicional para determinar si su temor era “creíble” o “razonable”.