El Presidente Otto Pérez Molina renunció en septiembre, luego de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que cuenta con respaldo de Naciones Unidas, lo implicara en un fraude fiscal por varios millones de dólares. La comisión se creó en 2007 para investigar la delincuencia organizada y contribuir a las iniciativas locales para fortalecer el estado de derecho en Guatemala. En 2015, luego de que el Congreso guatemalteco revocara la inmunidad al Presidente Pérez Molina y la Vicepresidenta Roxana Baldetti, la fiscalía formuló cargos por corrupción contra ambos y también contra otros 35 funcionarios gubernamentales.
Los esfuerzos de Guatemala por promover la justicia por atrocidades de derechos humanos cometidas durante la guerra civil que se desarrolló entre 1960 y 1996 han tenido resultados mixtos. Si bien el Ministerio Público ha impulsado con éxito varios casos resonantes, la gran mayoría de las víctimas no han obtenido justicia por los abusos sufridos.
Juicios por violaciones de derechos humanos del pasado
En mayo de 2013, el ex jefe de Estado guatemalteco Efraín Ríos Montt fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Si bien fue condenado a 80 años de cárcel, varios días después la Corte de Constitucionalidad invalidó la condena invocando motivos de procedimiento. El general retirado había encabezado el gobierno militar que estuvo en el poder de 1982 a 1983 y cometió cientos de masacres contra civiles desarmados.
En agosto de 2015, un tribunal de primera instancia declaró a Ríos Montt incompetente para enfrentar un nuevo juicio y dispuso que debía ser representado por sus abogados en un procedimiento especial a puertas cerradas, que estaba previsto que empezara en enero de 2016.
En octubre de 2015, la justicia de apelación rechazó un pedido, planteado más de dos años antes por los abogados de Ríos Montt, para que se aplicara un decreto de amnistía de 1986 que terminaría con su procesamiento. El tribunal determinó que el decreto, que contemplaba todos los “delitos políticos y comunes conexos” cometidos entre marzo de 1982 y enero de 1986, no se aplica al genocidio ni a crímenes de lesa humanidad.
En mayo de 2014, el Congreso de Guatemala aprobó una resolución que niega que se hayan cometido actos de genocidio durante la guerra civil en el país, a pesar de que una comisión de la verdad respaldada por la ONU llegó a la conclusión contraria en 1999.
Además de impulsar la causa contra Ríos Montt, en los últimos años el Ministerio Público ha condenado a varios otros miembros de las fuerzas de seguridad por crímenes perpetrados durante la guerra que constituyeron violaciones de derechos humanos. Cinco miembros de las fuerzas especiales del Ejército recibieron severas penas de prisión por su participación en la masacre de Dos Erres en 1982, en la cual murieron más de 250 personas, y el ex jefe de la Policía Nacional Héctor Bol de la Cruz recibió una pena de 40 años por ordenar la desaparición de un estudiante activista en 1984.
En julio de 2014, Felipe Solano Barillas se convirtió en el primer ex guerrillero en ser condenado por atrocidades cometidas durante la guerra civil en el país. Tras ser declarado culpable por ordenar la masacre de 22 residentes de la localidad de El Aguacate en 1988, se le ha impuesto una pena de 90 años de prisión.
En noviembre de 2014, el gobierno aprobó una política de reparaciones y asignó fondos a abordar violaciones de derechos humanos sufridas por las comunidades que fueron desplazadas debido a la construcción de la represa hidroeléctrica Chixoy en 1975.
En enero de 2015, el ex jefe de Policía Pedro García Arredondo fue condenado a 90 años de cárcel por una incursión en la embajada española en 1980, durante la cual 37 personas murieron quemadas.
En octubre de 2015, el poder judicial guatemalteco inauguró un tercer “tribunal de alto riesgo” que se ocuparía de casos de graves delitos, como genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, entre otros. El nuevo tribunal se creó para contribuir a resolver casos de manera más rápida y eficaz, y para disminuir el volumen de causas de los dos tribunales de alto riesgo existentes.
Seguridad pública y sistema de justicia penal
La violencia y la extorsión por parte de poderosas organizaciones delictivas siguen siendo extendidas en Guatemala. La corrupción en el sistema judicial, sumada a hechos de intimidación contra jueces y fiscales, contribuye a que haya altos niveles de impunidad. La violencia de pandillas es además uno de los principales factores que motivan a numerosas personas, incluidos jóvenes no acompañados, a irse del país. Frustradas por la falta de aplicación de las leyes penales, algunas comunidades han recurrido a la justicia por mano propia.
A pesar de estos problemas, en los últimos años los fiscales han conseguido avances en casos de delitos violentos, así como también en casos de ejecuciones extrajudiciales y corrupción, debido en gran parte al apoyo que la Fiscalía General ha recibido de la CICIG.
En abril, una investigación de la CICIG reveló un fraude fiscal de USD 130 millones en el cual habrían participado más de 50 altos funcionarios gubernamentales, y esto posibilitó que se presentaran cargos contra el entonces Presidente Otto Pérez Molina, la Vicepresidenta Roxana Baldetti y otras 35 personas.
Ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas
Persisten los actos de violencia e intimidación contra defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas. Según datos de la Confederación Sindical Internacional, más de 70 sindicalistas fueron asesinados entre 2004 y 2015.
De acuerdo con datos de la Procuraduría de Derechos Humanos, 39 periodistas fueron víctimas de violencia en 2014. La Procuraduría de Derechos Humanos informó asimismo que, entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2015, otros 20 periodistas sufrieron ataques, y en marzo dos periodistas murieron por disparos efectuados por dos agresores no identificados en Mazatenango, Suchitepéquez. Un tercer periodista resultó herido en el ataque. A la fecha del presente, tres hombres estaban a la espera de un juicio por su participación en los asesinatos.
Actores internacionales clave
La CICIG, creada en 2007 con respaldo de la ONU, desempeña un rol clave de asistencia al sistema judicial de Guatemala en el juzgamiento de delitos violentos. La CICIG trabaja en colaboración con el Ministerio Público, la Policía y otros organismos gubernamentales para investigar, perseguir penalmente y desarticular a organizaciones delictivas que operan en el país. Puede participar en los procedimientos penales como querellante adhesivo, brindar asistencia técnica y promover reformas legislativas.
Estaba previsto que el mandato de la CICIG concluyera en septiembre, pero en abril el entonces Presidente Pérez Molina anunció que pediría a la ONU que prorrogara el mandato por otros dos años. La ONU confirmó la extensión en mayo.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene una oficina en Guatemala desde 2005. Se ocupa de supervisar la situación de los derechos humanos en el país y brinda apoyo al gobierno y la sociedad civil en materia de políticas públicas.
En España, a pesar de una norma reciente que prohíbe iniciar causas invocando la justicia universal, el Juez Santiago Pedraz ha señalado que seguirá adelante con las investigaciones de ocho funcionarios guatemaltecos implicados en violaciones de derechos humanos durante la guerra civil en Guatemala.
En febrero, el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió al Congreso que en 2016 asignara asistencia a Centroamérica por USD 1.000 millones, lo cual representaría un incremento de casi el triple en la ayuda extranjera para la región. Más del 90 por ciento de los USD 220 millones que se destinarían específicamente a Guatemala sería percibido por instituciones civiles para abordar los factores de riesgo subyacentes que contribuyen a los delitos y la violencia, y para fortalecer las “instituciones del estado de derecho”.
Estados Unidos continúa limitando la asistencia militar prestada a Guatemala, por motivos de derechos humanos. Como condición para el pleno restablecimiento de la asistencia, la Ley Consolidada de Asignaciones de Estados Unidos (US Consolidated Appropriations Act), de 2014, exige al gobierno guatemalteco adoptar “medidas creíbles” en la implementación del plan de reparación de daños destinado a comunidades afectadas por la construcción de la represa Chixoy. También exige al gobierno apoyar la investigación y el juzgamiento de militares implicados en atrocidades cometidas en el pasado y asegurar que el rol del Ejército se limite a combatir amenazas externas.