Al asumir en diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. En 2014, el gobierno adoptó un Programa Nacional de Derechos Humanos que expone sus políticas para los próximos 4 años, y admitió que todavía se desconocía el paradero de más de 22.000 personas que habían sido denunciadas como extraviadas desde 2006.
La desaparición forzada de 43 estudiantes ocurrida en septiembre en Iguala, Guerrero, provocó protestas generalizadas que llamaban al gobierno a esclarecer el paradero de los estudiantes y a abordar el problema más general de corrupción y abusos que el caso dejó en evidencia.
No obstante, el gobierno ha logrado avances limitados en el juzgamiento de los asesinatos, las desapariciones forzadas y los hechos de tortura generalizados perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto.
Otros problemas que persisten son las restricciones a la libertad de prensa, los abusos contra migrantes y los límites al acceso a derechos reproductivos y a la atención médica.
Desapariciones forzadas
Miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas desapariciones forzadas desde que el ex Presidente Calderón (2006-2012) dio inicio a la “guerra contra el narcotráfico”. Integrantes de todas las fuerzas de seguridad han continuado perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña Nieto, en algunas ocasiones, en colaboración directa con grupos criminales.
En septiembre, cerca de 30 policías municipales en Iguala, Guerrero, dispararon sin preaviso contra tres autobuses que transportaban a aproximadamente 90 estudiantes de una escuela rural de formación docente. Durante ese incidente y otros dos posteriores en los cuales agresores no identificados dispararon contra estudiantes y otras personas, más de 15 víctimas resultaron heridas y 6 perdieron la vida. Los policías ordenaron a los estudiantes del tercer autobús que bajaran, los golpearon y los obligaron a punta de pistola acostarse al costado del camino, para luego llevárselos en al menos tres automóviles policiales.
A la fecha de redacción de este documento, se desconocía el paradero de 42 estudiantes. La Procuraduría General de la República (PGR) señaló que, según la confesión de tres presuntos responsables, los estudiantes habrían sido entregados a miembros de una organización criminal, quienes los asesinaron, quemaron sus cuerpos y los arrojaron a un basurero municipal. El ADN de uno de los 43 estudiantes fue identificado entre los restos que la PGR afirma haber encontrado en el lugar. Más de 80 personas fueron detenidas y acusadas por su presunta participación en estos hechos.
En agosto de 2014, el gobierno reconoció que aún se desconocía el destino de más de 22.000 personas que habían sido denunciadas como extraviadas desde 2006, pero no aportó evidencias que corroboren este dato ni información sobre cuántos de estos casos son presuntas desapariciones forzadas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha difundido 12 informes que documentan la desaparición forzada de 30 víctimas durante este período, y ha hallado evidencias de la probable participación de agentes del Estado en aproximadamente otros 600 casos de desapariciones.
Según datos oficiales, hasta abril ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006. Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no adopten medidas básicas de investigación para identificar a los responsables de desapariciones, y a menudo atribuyen a las víctimas la responsabilidad por lo sucedido e indican a sus familiares que deben realizar ellos mismos las investigaciones. Los familiares de las personas desaparecidas pueden perder el acceso a beneficios sociales básicos que dependen de la condición laboral de las víctimas, como servicios de cuidado infantil.
El gobierno ha puesto en marcha medidas potencialmente alentadoras para hallar a personas cuyo paradero se desconoce, pero ha logrado resultados limitados. En 2013, el gobierno creó una unidad en el ámbito de la PGR dedicada a investigar desapariciones, y a localizar personas extraviadas. En agosto de 2014, la unidad había hallado a 87 personas. Al momento de la preparación de este informe aún no se había implementado una base de datos exhaustiva donada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que permitiría cruzar datos sobre personas extraviadas y cuerpos no identificados.
Abusos militares e impunidad
México ha dependido fuertemente de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y contra la delincuencia organizada, lo cual ha llevado a violaciones generalizadas de derechos humanos. Desde 2006, la CNDH recibió aproximadamente 9.000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había cometido graves violaciones de derechos humanos.
En abril, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar, estableciendo que los abusos cometidos por militares contra civiles deberían ser juzgados en la justicia penal ordinaria. Anteriormente, estos casos tramitaban en el sistema de justicia militar, que en general no lograba que los militares rindieran cuentas por sus abusos. Tras la reforma, los abusos contra soldados siguen siendo competencia del sistema de justicia militar, que carece de independencia y transparencia.
En junio, un grupo de militares abrió fuego y provocó la muerte de 22 civiles que se encontraban en el interior de una bodega vacía en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Un soldado resultó herido durante el incidente.
Los relatos de testigos y un informe de la CNDH indicaron que al menos 12 civiles fueron ejecutados extrajudicialmente. Agentes del Ministerio Público estatal detuvieron a dos de las tres testigos sobrevivientes, las golpearon, las asfixiaron con bolsas y las amenazaron con someterlas a abusos sexuales para obligarlas a confesar que tenían vínculos con las personas que fallecieron en los incidentes, y a declarar que los militares no eran responsables de las muertes, según informó la CNDH. También amenazaron y maltrataron a una tercer testigo, y obligaron a las tres a firmar documentos sin que se les permitiera leer su contenido.
En septiembre, el sistema de justicia militar detuvo a 24 soldados y un teniente que presuntamente participaron en los incidentes, y acusó a 8 de ellos de faltas a la disciplina militar. Posteriormente, siete soldados y el teniente fueron consignados por la PGR por “ejercicio indebido del servicio público”. Tres de los soldados también fueron consignados por “abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo”. El teniente enfrenta, además, cargos por encubrimiento.
Tortura
Es común que en México se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción. En general, las torturas se aplican durante el período entre que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, en el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales. Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual. Muchos jueces aún admiten confesiones obtenidas mediante tortura, a pesar de que existe una prohibición constitucional contra este tipo de prueba.
Sistema de justicia penal
Es habitual que el sistema penal no logre proporcionarle justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. Esto se debe a causas que incluyen la corrupción, la falta de recursos y de capacitación, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores públicos.
En 2013, México promulgó, a nivel federal, la Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos. A la fecha de preparación de este documento, el poder ejecutivo aún no había adoptado las reglamentaciones necesarias para brindar resarcimiento a las víctimas. En marzo de 2014, solamente seis estados habían promulgado la legislación exigida por la Ley de Víctimas.
En 2008, México promulgó una reforma constitucional destinada a transformar para el 2016 su sistema judicial inquisitivo y escrito en un sistema acusatorio y oral. Hasta noviembre, solamente 3 de los estados habían implementado completamente la reforma, y en 13 estados el nuevo sistema funcionaba parcialmente.
La reforma también ha introducido una disposición sobre arraigo que permite a los agentes del Ministerio Público, con autorización judicial, detener durante un máximo de 80 días a personas presuntamente involucradas en la delincuencia organizada, antes de ser consignadas. En febrero, la Suprema Corte de Justicia determinó que la disposición solamente debía aplicarse a casos de delincuencia organizada. A la fecha de preparación de este informe, se encuentra pendiente en el Senado un proyecto para reducir a 35 días el período máximo que estas personas pueden ser retenidas sin ser consignadas.
Grupos de autodefensa
La aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país.
Luego de que se expresara preocupación ante la intervención no regulada de algunos grupos en materia de seguridad, varios grupos de autodefensa en el estado de Michoacán suscribieron en abril un acuerdo con el gobierno, en el cual se comprometieron a que sus miembros registraran sus armas y se sumaran a las fuerzas locales de seguridad. Al momento de la redacción de este documento, no se había efectuado ninguna evaluación independiente sobre la implementación del acuerdo, ni sobre si cumplía con los procedimientos de selección que prevé el derecho mexicano para las fuerzas de seguridad.
Condiciones en centros de detención
Las cárceles están sobrepobladas, tienen problemas de higene y no brindan seguridad básica a la mayoría de los internos. Los presos que afirman sufrir agresiones u otros abusos cometidos por guardias o internos no cuentan con un sistema efectivo para exigir una reparación. En la mayoría de las prisiones, la población carcelaria es controlada por la delicuencia organizada, y la situación de corrupción y violencia es sumamente grave.
Libertad de los medios de comunicación
Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones. Según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, entre 2000 y mayo de 2014, 102 periodistas fueron asesinados y otros 24 desaparecieron, incluidos dos 2 que fueron asesinados en 2014.
Las autoridades generalmente no logran investigar de forma adecuada los delitos contra periodistas, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. Hasta mayo, la Fiscalía Especial estaba efectuando 555 investigaciones sobre delitos contra periodistas o medios, y había presentado consignaciones en 61 casos.
Es común que periodistas opten por la autocensura ante los ataques de funcionarios gubernamentales o grupos delictivos. La regulación insuficiente de la publicidad oficial también puede limitar la libertad de los medios, al otorgarle al gobierno una influencia económica desproporcionada sobre ciertos medios de comunicación.
Derechos de mujeres y niñas
El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen estándares internacionales. Las mujeres y niñas que han sufrido este tipo de violaciones de derechos humanos en general no denuncian los hechos a las autoridades, y quienes sí lo hacen suelen enfrentarse a una actitud de sospecha, apatía y menosprecio.
En 2008, la Suprema Corte de Justicia confirmó la constitucionalidad de una ley de México D.F. que legalizó el aborto practicado durante las primeras 12 semanas de gestación. Desde entonces, 17 entidades federativas de México han adoptado leyes que reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
En 2010, la Suprema Corte de Justicia resolvió que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación sexual. Sin embargo, en la práctica muchas mujeres y niñas enfrentan graves obstáculos, incluida la información errónea y la intimidación por parte de funcionarios, cuando intentan llevar a cabo abortos luego de ser víctimas de violencia sexual.
Orientación sexual e identidad de género
En 2010, la Suprema Corte de Justicia reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo de México D.F. a adoptar niños y a contraer matrimonio. Determinó que la totalidad de los 31 estados mexicanos deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en México D.F., pero no exigió que celebren estos matrimonios en sus respectivas jurisdicciones. En enero de 2014, la Suprema Corte de Justicia también determinó que las parejas del mismo sexo pueden reclamar los mismos beneficios de seguridad social y salud que reciben las parejas heterosexuales de parte de organismos gubernamentales. En septiembre, Coahuila se convirtió en el primer estado en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Cuidados paliativos
El gobierno mexicano adoptó una serie de medidas importantes para implementar normas que le conceden a las personas con enfermedades terminales acceso a cuidados paliativos. El gobierno promulgó una nueva reglamentación en noviembre de 2013, anunció una reforma de las reglamentaciones sobre control de drogas para facilitar el acceso a la morfina y otros analgésicos opioides, añadió la cobertura parcial de cuidados paliativos en un seguro gubernamental destinado a sectores de bajos recursos, y anunció medidas orientadas a formular una estrategia nacional en materia de cuidados paliativos. En México, decenas de miles de pacientes necesitan cuidados terminales cada año, pero en la práctica apenas una pequeña minoría puede acceder a estos cuidados.
Migrantes
Cientos de miles de migrantes indocumentados, incluidos menores no acompañados y familias, cruzan el territorio de México cada año, y durante el trayecto muchos de ellos sufren graves abusos por parte del crimen organizado, autoridades migratorias y miembros de las fuerzas de seguridad. Un informe publicado en 2013 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que los “robos, extorsiones, secuestros, agresiones físicas y psicológicas, abusos sexuales, asesinatos y desapariciones de los que son víctimas [los migrantes]… han empeorado de forma dramática” en los últimos años.
En abril, cerca de 300 migrantes de América Central y 3 defensores de derechos humanos que los acompañaban fueron presuntamente agredidos y detenidos por la fuerza por autoridades de inmigración y policías en Tabasco, según la CIDH.
Las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para proteger a los migrantes, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos contra ellos. El gobierno tampoco ha implementado las medidas de protección dictadas por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales en beneficio del personal de centros de acogida de migrantes, que suele ser objeto de amenazas y hostigamiento por parte de grupos delictivos y funcionarios.
Derechos laborales
La preponderancia de sindicatos afines a sectores patronales continúa obstaculizando la actividad sindical legítima. Con frecuencia, se impide que sindicatos independientes inicien negociaciones con los sectores patronales, mientras que los trabajadores que pretenden conformar sindicatos independientes se exponen a la posibilidad de perder su empleo. Una ley de trabajo adoptada en 2012 no abordó la falta de transparencia y democracia en los poderosos sindicatos afines a intereses patronales y no protegió el derecho de los trabajadores a conformar sindicatos independientes y llevar a cabo negociaciones colectivas.
Defensores de derechos humanos
Continúan la persecución y las agresiones contra defensores y activistas de derechos humanos, a menudo asociadas con su oposición a “megaproyectos” de infraestructura o extracción de recursos. En muchos casos, existen evidencias de que agentes estatales están involucrados en las agresiones.
En 2012, México promulgó una ley para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas. No obstante, el mecanismo de protección establecido en la ley no se ha implementado de manera eficaz, y en algunos casos las medidas de protección han sido tardías, insuficientes o incompletas.
Actores internacionales clave
Estados Unidos ha destinado más de US$ 2.000 millones en ayuda internacional a
México a través de la Iniciativa Mérida, un paquete de medidas de asistencia acordado en 2007 sin plazo estipulado, para contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada en México. El 15 por ciento de algunas partidas de esta ayuda sólo puede ser desembolsado luego de que el Secretario de Estado de los Estados Unidos informe que el gobierno mexicano está cumpliendo con una serie de requisitos vinculados con los derechos humanos. No obstante, el impacto de estos requisitos se ha visto menoscabado debido a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de manera reiterada, ha informado al Congreso de ese país que se estarían cumpliendo los requisitos, a pesar de las abrumadoras evidencias que indican lo contrario, y citando a menudo adelantos incompletos y poco precisos con respecto a tal cumplimiento, en función de lo cual el Congreso ha dispuesto la entrega de los fondos.
En abril y mayo, el Relator Especial de la ONU sobre tortura visitó México y concluyó que la tortura era “generalizada”. En agosto, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias informó que los abusos extendidos cometidos impunemente por miembros de las fuerzas de seguridad en el marco de la “guerra contra el narcotráfico” suponían una amenaza grave para el derecho a la vida. En septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación” por los ataques contra periodistas, y exhortó al gobierno a adoptar medidas para protegerlos.
En México, la mayoría de las personas con discapacidad vive en condiciones de pobreza, lo cual agrava los obstáculos a la educación, el empleo y atención médica. En el examen de octubre de 2014 sobre el cumplimiento por parte de México de la Convención de la ONU sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, el órgano a cargo de supervisar la implementación del tratado alertó sobre las restricciones a la capacidad jurídica de personas con discapacidades, la violencia que enfrentan las mujeres y los niños con discapacidades (incluida la esterilización involuntaria), la institucionalización de menores con discapacidades, y la coerción física y el aislamiento de personas con discapacidades en hospitales psiquiátricos.