La situación de los derechos humanos en Argentina sigue siendo mixta. Si bien numerosas libertades fundamentales están protegidas, subsisten problemas, como amenazas a la libertad de expresión, ausencia de legislación exhaustiva sobre libertad de información, abusos policiales, deficientes condiciones carcelarias, obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva, y la falta de protección de derechos indígenas.

Argentina continúa logrando avances significativos en materia de derechos de personas LGBT y en el juzgamiento de abusos cometidos durante el “terrorismo de estado” (1976-1983), si bien hubo demoras en algunos de los procesos.

Libertad de expresión

Elevadas multas y procesos penales en casos específicos han atentado contra el derecho a publicar libremente información de interés público. En 2011, la Secretaría de Comercio impuso una multa de 500.000 pesos (aproximadamente US$ 125.000) a 11 economistas y consultoras por publicar estadísticas extraoficiales de inflación que cuestionaban los datos oficiales. Graciela Bevacqua, una de las economistas, recibió dos multas y fue además investigada penalmente a pedido del ex secretario de comercio por presuntos “fraudes al comercio y a la industria”. Hasta noviembre de 2014, se encontraban pendientes la causa penal y una de las multas contra Bevacqua.

En mayo, el periodista Juan Pablo Suárez fue procesado por “incitación a la violencia colectiva” con la finalidad de “aterrorizar a la población”. Fue la primera vez que fiscales se basaron en una ley de 2011 que prevé penas agravadas para ciertos delitos de “terrorismo”. Suárez, quien trabaja para un medio de noticias en línea, había publicado información sobre huelgas policiales en la provincia de Santiago del Estero. Suárez fue sobreseído por el delito agravado luego de una fuerte reacción pública, pero la causa en su contra continuaba al momento de preparación de este informe.

En 2011, al periodista Juan Alberto Gaspari se le impuso una multa de 50.000 pesos (aproximadamente US$ 12.500) por criticar a un funcionario público en Mendoza. Según Gaspari, el padre del funcionario, que fue víctima de desaparición durante la dictadura militar argentina, no era el titular legítimo de unas tierras. En noviembre de 2014, se encontraba pendiente una apelación ante la Corte Suprema de Justicia.

La falta de criterios transparentes en la asignación de fondos gubernamentales en el ámbito federal y en algunas provincias para comprar espacios de publicidad en los medios genera un riesgo de discriminación contra aquellos medios que critican a funcionarios gubernamentales. En dos sentencias de 2007 y 2011, la Corte Suprema determinó que si bien las empresas de medios no tienen un derecho a recibir pauta oficial, los funcionarios no pueden aplicar criterios discriminatorios al decidir en qué medios pautar publicidad.

Argentina no cuenta con una ley nacional que asegure el acceso público a la información en poder de organismos gubernamentales. Un decreto presidencial existente se aplica exclusivamente al poder ejecutivo federal, y algunos gobiernos provinciales han adoptado reglamentaciones para sus jurisdicciones.

En 2009, el Congreso promulgó una ley de regulación de los servicios audiovisuales que contiene disposiciones para ampliar la pluralidad en los medios. En 2013, la Corte Suprema fijó parámetros claros con respecto a cómo debería implementarse la ley para proteger la libertad de expresión. Sin embargo, la autoridad federal a cargo de implementar la ley no ha asegurado que exista un amplio espectro de perspectivas en la programación de medios gestionados por el Estado. En 2014, adoptó unilateralmente un plan para obligar al mayor grupo de medios de Argentina, el Grupo Clarín, a adecuarse a los límites estipulados en la ley sobre titularidad de medios de radio y televisión, tras rechazar el plan de adecuación propuesto por la empresa.

Justicia transnacional

Al momento de la redacción del presente, no había condenados en relación con el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires ocurrido en 1994, en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Desde su inicio, las investigaciones y persecuciones penales se han visto entorpecidas como resultado de corrupción judicial y obstáculos políticos.

En enero de 2013, Argentina e Irán, que estaba sospechado de haber ordenado el ataque, suscribieron un “Memorándum de Entendimiento” para crear una comisión internacional de juristas encargada de examinar las evidencias e interrogar a sospechosos iraníes  identificados por Argentina. En mayo de 2014, un tribunal federal argentino declaró inconstitucional el Memorándum de Entendimiento. A la fecha de preparación del presente documento, el pronunciamiento había sido apelado y el Memorándum de Entendimiento no estaba siendo implementado.

Juicios por abusos del pasado

En 2003 se reabrieron varias causas por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar de Argentina (1976-1983), luego de que el Congreso anulara las leyes de amnistía. La Corte Suprema, posteriormente, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, y en la justicia federal se anularon indultos concedidos a ex oficiales, que habían sidocondenados o estaban siendo juzgados por violaciones de derechos humanos.

Hasta agosto de 2014, se habían realizado 121 juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que tuvieron como resultado 503 condenas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha informado que 42 personas han sido absueltas durante los juicios, y que otros 1.611 presuntos implicados están siendo investigados.

Ante la gran cantidad de víctimas, sospechosos y causas, los jueces y fiscales enfrentan el desafío de llevar ante la justicia a los responsables y, al mismo tiempo, respetar las garantías de debido proceso de los acusados. Otras preocupaciones incluyen las considerables demoras en los juicios, que no se haya concretado la captura de dos militares que están prófugos desde 2013, y la falta de esclarecimiento sobre el paradero de Jorge Julio López, quien había sido víctima de torturas y desapareció en 2006, un día antes de la fecha en que debía asistir a una de las audiencias en el juicio contra uno de sus torturadores.

Argentina ha conseguido avances significativos en la identificación de los hijos de personas desaparecidas que fueron apropiados ilegalmente durante la dictadura, y en poner en contacto a estas personas con sus familias biológicas. En julio de 2014, el Banco Nacional de Datos Genéticos identificó al nieto de Estela de Carlotto, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Hasta agosto, 115 nietos habían sido encontrados. A la fecha de redacción del presente, la Corte Suprema de Justicia aún no había resuelto un recurso contra una ley de 2009 que limitaría la obtención de muestras de ADN a casos del período de la dictadura.

En diciembre de 2013, César Milani, jefe de las Fuerzas Armadas, fue ascendido a teniente general, a pesar de que estaba siendo investigado penalmente por la desaparición de un soldado en la provincia de Tucumán en 1976, y la tortura a un civil en 1977 en la provincia de La Rioja.

Abusos policiales

Los abusos policiales siguen siendo un problema grave, a pesar de que en 2011 las autoridades de al menos 19 provincias se comprometieron a no recurrir a un uso excesivo de la fuerza al intervenir en manifestaciones públicas. En mayo de 2014, 22 personas resultaron heridas cuando fuerzas locales de seguridad dispersaron una manifestación de trabajadores en la provincia de Tucumán, utilizando balas de goma y bastones policiales con fuerza excesiva, según el CELS. En junio, policías de la provincia de Chaco dispararon balas de goma y golpearon y detuvieron a manifestantes, dejando un saldo de más de 100 personas heridas.

Condiciones en centros de detención

Aún subsisten en las prisiones graves problemas de sobrepoblación, maltrato por parte de guardias penitenciarios, condiciones edilicias inadecuadas y violencia entre internos. Según la Procuración Penitenciaria de la Nación, un organismo oficial creado por el Congreso, entre enero de 2013 y octubre de 2014 se produjeron 88 muertes, incluidas 41 muertes violentas, en las cárceles federales. Este organismo también documentó 724 casos de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2013, y 520 en los primeros 10 meses de 2014.

Derechos indígenas

La población indígena en Argentina enfrenta obstáculos en el acceso a la justicia, tierras, educación, atención médica y otros servicios básicos.

La legislación vigente requiere que el gobierno realice un censo de las tierras ocupadas por comunidades indígenas antes de noviembre de 2017, y antes de esa fecha prohíbe desalojar a las comunidades. En junio de 2014, ocho organizaciones de derechos humanos presentaron un escrito de amicus curiae ante la Corte Suprema, en el cual sostuvieron que un relevamiento de tierras en la provincia de Formosa no había garantizado los derechos de miembros de la comunidad indígena Potae Napocna Navogoh.

Derechos reproductivos

En Argentina el aborto es ilegal, salvo en escazas excepciones, y las mujeres y jóvenes enfrentan numerosos obstáculos para acceder a productos y servicios de salud reproductiva, como anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y aborto después de una violación o cuando esté en peligro la salud o la vida de la mujer (los pocos casos en los cuales el aborto no está penalizado ). Como resultado de estos obstáculos, las mujeres y jóvenes pueden afrontar embarazos no deseados o peligrosos, riesgos para su salud o su vida, y pueden ser perseguidas penalmente si buscan abortar.

En junio de 2014, tras solicitar atención médica debido a dolores en el abdomen, una mujer en la provincia de Jujuy fue detenida e imputada por homicidio, debido a sospechas de que se había sometido a un aborto. La mujer, que posteriormente confesó bajo coacción haberse sometido a un aborto tras haber sido violada, permanecía encarcelada a la fecha de preparación de este documento, junto con dos compañeras de trabajo que también fueron imputadas por homicidio por su presunta participación en el procedimiento.

En una decisión emblemática, en marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia determinó que no era necesario contar con autorización judicial previa para someterse a un aborto luego de una violación, y exhortó a los gobiernos provinciales a asegurar el acceso a abortos legales. Hasta marzo de 2014, más de la mitad de las 23 provincias argentinas aún no habían adoptado protocolos que cumplieran con los requisitos establecidos por la Corte, según organizaciones locales.

Orientación sexual e identidad de género

En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ley de Matrimonio Civil extiende a parejas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio y prevé idénticos derechos y garantías legales que los reconocidos a las parejas heterosexuales, incluidos, entre otros, los derechos de adopción y beneficios jubilatorios. Desde entonces, casi 10.000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en el país.

En 2012, la emblemática Ley de Identidad de Género reconoció el derecho de los mayores de 18 años a elegir su identidad de género, someterse a intervenciones de reasignación de género y a que se modifiquen los documentos oficiales sin necesidad de aprobación judicial o médica. Los seguros de salud públicos y privados contemplan procedimientos de reasignación de género quirúrgicos u hormonales.

Actores internacionales clave

Un informe de diciembre de 2013 del Comité contra la Desaparición Forzada, el organismo que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, reconoció que la legislación argentina sobre esta materia es en gran medida consistente con las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por país, pero señaló con preocupación que no existen suficientes datos estadísticos para evaluar si se cumplen las normas internacionales.

En abril, el Comité de las Naciones Unidas  de los Derechos de las Personas con Discapacidad determinó que las autoridades argentinas no habían asegurado que un preso con discapacidad tuviera acceso equitativo a los servicios e instalaciones penitenciarias, y destacó la obligación del Estado de adoptar medidas para rectificar esta situación y prevenir violaciones similares en otros casos.

Motivada por la situación de su deuda externa, Argentina impulsó una resolución internacional sobre restructuración de deudas soberanas, sosteniendo que era necesario que los gobiernos cumplieran determinadas obligaciones en materia de derechos. En septiembre, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la cual estableció un marco multilateral para asistir a los países que enfrentaran este tipo de restructuraciones. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina apoyó acciones de la ONU orientadas a que se llevara a cabo un fuerte escrutinio sobre violaciones de derechos humanos ocurridas en Corea del Norte, Sri Lanka, Bielorrusia, Irán, los territorios ocupados de Palestina y Siria. Argentina ha  sido uno de los países que apoyaron más activamente acciones internacionales para reforzar la protección de escuelas, a través del proceso de formulación e implementación de las Directrices de Lucens para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados.

En septiembre de 2014, Argentina fue uno de los promotores de una importante resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. La resolución instó al Alto Comisionado para los Derechos Humanos a que actualizara un informe de 2012 sobre violencia y discriminación con el objeto de dar a conocer buenas prácticas que permitan poner fin a estos abusos.