Estados Unidos tiene una sociedad civil dinámica y sus medios de comunicación disfrutan de fuertes protecciones constitucionales. Sin embargo, su historial de derechos humanos se ve ensombrecido por abusos relacionados a la justicia penal, la inmigración, la seguridad nacional y la política de drogas. Dentro de estas áreas, las víctimas son a menudo los miembros más vulnerables de la sociedad: las minorías raciales y étnicas, los inmigrantes, los niños, los ancianos, los pobres y los presos.
Las revelaciones en 2013 sobre el extenso programa de vigilancia por parte del gobierno y los agresivos procesamientos que afrontaron los informantes causaron preocupación por la violación de los derechos de privacidad y libertad de expresión, lo que generó una ola de protestas internacionales contra las prácticas de EE.UU.
Legisladores federales propusieron reformas a las perjudiciales y anticuadas leyes y políticas inmigratorias y de sentencia. En el momento de escribirse este informe, el resultado de estas iniciativas era incierto.
Un compromiso renovado por el presidente Barack Obama para cerrar el centro de detención de Guantánamo sigue sin cumplirse. La falta de transparencia hizo imposible evaluar la implementación de las reformas prometidas a la práctica de los “asesinatos selectivos” en el extranjero, incluso mediante el uso de aviones no tripulados (drones); nuevas informaciones sobre ataques individuales revelaron casos de violaciones del derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
Sentencias muy severas
EE.UU. cuenta con la mayor población carcelaria reportada en el mundo, y de lejos, la mayor tasa de encarcelamiento. Hasta fines del año 2011, albergaba a 2,2 millones de personas en prisiones o cárceles para adultos.
El encarcelamiento masivo refleja el resultado de tres décadas de regímenes de sentencia muy duros, tanto a nivel estatal como federal, incluyendo un mayor uso de condenas a cadena perpetua y a cadena perpetua sin libertad condicional, prolongadas sentencias mínimas obligatorias y las leyes conocidas como “three strikes” (tres fallas). La organización The Sentencing Project informó que uno de cada nueve prisioneros de EE.UU. está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua.
El creciente número de presos de la tercera edad plantea un serio desafío a las autoridades correccionales: desde 2011, el último año del cual hay cifras completas disponibles, 26.136 personas mayores de 65 años permanecían encarceladas en prisiones estatales y federales, un alza de 62 por ciento en cinco años.
En un paso positivo, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció en agosto revisiones a sus normas para evaluar las solicitudes de excarcelación por razones humanitarias (“compassionate release”) delos presos de edad avanzada o con discapacidad, lo que haría que más presos federales pudieran calificar para este mecanismo, que casi nunca se usa.
También en agosto, el Fiscal General de EE.UU., Eric Holder, instruyó a los fiscales federales para que trataran de evitar los cargos que conllevan sentencias mínimas obligatorias para algunos delincuentes de tráfico de drogas de bajo nivel, no violentos. Si bien fue recibido con beneplácito, este cambio de política todavía deja a muchos presos por casos de drogas sujetos a penas obligatorias desproporcionadamente largas. Los esfuerzos legislativos para concederles a los jueces mayor discreción en estos casos son objeto de debate.
En 2013, Maryland se unió a otros 17 estados y al Distrito de Columbia en la abolición de la pena de muerte, pero 32 estados todavía la permiten. En el momento de escribirse este informe, 34 personas habían sido ejecutadas en EE.UU. en 2013. Carolina del Norte derogó su Ley de Justicia Racial de 2009, que permitía que los presos condenados a muerte pudieran apelar sus sentencias sobre la base de la discriminación racial.
Las disparidades sociales en la justicia penal
Los blancos, los afroamericanos y los latinos tienen niveles comparables de consumo de drogas, pero las tasas de detención, enjuiciamiento y encarcelamiento por delitos relacionados con las drogas son enormemente diferentes. Por ejemplo, es casi cuatro veces más probable que los afroamericanos sean arrestados por posesión de marihuana que los blancos, a pesar de que sus tasas de consumo de marihuana son más o menos equivalentes. Si bien representan sólo 13 por ciento de la población de EE.UU., los afroamericanos conforman el 41 por ciento de los presos estatales, y el 44 por ciento de los presos federales cumpliendo una sentencia por delitos de drogas.
Por lo tanto, debido a tener más antecedentes penales, los miembros de minorías raciales y étnicas tienen más probabilidades que los blancos de ser estigmatizados y discriminados legalmente en el empleo, la vivienda, la educación, las prestaciones públicas, el servicio de jurado y el derecho a votar.
En agosto, un tribunal federal determinó que la política de “detención y registro” (“stop and frisk”) del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) violaba los derechos de las minorías. Una cantidad desproporcionada de personas “detenidas y registradas” bajo la política son afroamericanos o latinos, y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York informa que 89 por ciento de las personas detenidas son inocentes de cualquier delito. La policía de Nueva York apeló el fallo.
Reformas en la política de drogas
En las últimas décadas, EE.UU. ha gastado cientos de miles de millones de dólares en arrestar y encarcelar a delincuentes por casos de drogas en el país. La fuerte dependencia de leyes penales para el control del tráfico de drogas ha tenido costos graves para los derechos humanos, incluyendo la violación a los derechos a la autonomía y a la privacidad de los que simplemente poseen o consumen drogas.
En un aplaudido giro estratégico, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció en agosto que no interferiría en la legalización de la marihuana de los estados mientras que éstos cumplan con ciertas prioridades federales, tales como la prohibición a la venta de drogas a los niños o el transporte de drogas a través de las fronteras estatales. También señaló que un sólido enfoque regulatorio estatal sobre la marihuana puede prevenir que la delincuencia organizada se beneficie del comercio ilícito de la marihuana.
Washington y Colorado continuaron con la implementación de iniciativas electorales estatales para legalizar el uso recreativo de la marihuana, así como para regular su producción, venta y distribución. Otros veinte estados de EE.UU. han legalizado la marihuana con fines médicos.
Condiciones penitenciarias
Septiembre de 2013 marcó el décimoaniversario de la aprobación de la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión (PREA), que dio lugar a la elaboración de normas nacionales para detectar, prevenir y castigar la violación en las cárceles. La aplicación sigue siendo un desafío: aproximadamente 4 por ciento de presos estatales y federales y 3 por ciento de presos en cárceles reportan haber experimentado uno o varios incidentes de abuso sexual en el período de 2011-2012, y muchos siguen sin denunciarse. Los presos transgénero siguen sufriendo altos niveles de violencia durante su encarcelamiento.
En prisiones y cárceles, muchos reclusos –incluso jóvenes menores de 18 años— permanecen en régimen de confinamiento solitario, a menudo durante semanas o meses. En julio, se estima que 30.000 presos en el sistema penitenciario de California participaron en una huelga de hambre para protestar por las condiciones, incluido el uso del régimen de aislamiento. El confinamiento solitario prolongado es considerado como malos tratos en virtud del derecho internacional y puede constituir tortura.
Pobreza y justicia penal
En todo el país, acusados con escasos recursos económicos languidecen en prisiones preventivas, ya que son demasiado pobres para pagar la fianza. Los datos más recientes indican que un 60 por ciento de personas encarceladas están confinados a la espera de que se celebre su juicio –a un costo de US$9.000 millones al año—, a menudo porque carecen de los recursos financieros para pagar la fianza y asegurar su liberación. En 2013, el jefe de la Corte Suprema de Nueva York apoyó reformas legislativas que comenzarían a reducir la encarcelación preventiva de los acusados indigentes.
También son cada vez más comunes las tasas legales y recargos extremadamente altos, a medida que condados y municipios con problemas de liquidez esperan que sus tribunales se financien por sí mismos o incluso recurren a ellos como fuente de ingresos públicos. El impacto sobre los acusados pobres es particularmente grave.
Las prácticas que agravan e incluso castigan los apuros económicos son cada vez más comunes. En Arkansas, los inquilinos que se atrasan en el pago del alquiler afrontan acciones penales. En estados tras todo el país, los tribunales colocan a cientos de miles de delincuentes de delitos menores en libertad condicional con empresas privadas y con fines de lucro que no les cobran nada a las autoridades locales por sus servicios, pero cada año recaudan decenas de millones de dólares en honorarios de los delincuentes a los que supervisan.
En agosto, una década después de que un grupo de familias de presos presentó una petición desafiando los precios exorbitantes que se cobran por las llamadas telefónicas interestatales desde prisiones y cárceles, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) votó a favor de limitar el coste de las llamadas.
En diferentes ciudades de EE.UU., las personas sin hogar se vuelven blanco de arresto y son detenidas bajo las leyes que prohíben que deambulen, se sienten u ocupen espacios públicos.
La juventud en el sistema de justicia penal
En casi todas las jurisdicciones de Estados Unidos, un número considerable de jóvenes delincuentes son juzgados en los tribunales para adultos y sentenciados a cumplir condenas en cárceles y prisiones para adultos.
La práctica generalizada de condenar a delincuentes jóvenes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional está cambiando conforme los estados lidian con cumplir las decisiones recientes de la Corte Suprema de EE.UU. Decisiones independientes han sostenido que la pena no puede ser jamás obligatoria para los delincuentes juveniles, ni puede ser impuesta a los delincuentes menores de edad condenados por delitos comunes que no sean de homicidio. Sin embargo, el Tribunal Supremo aún no anula la aplicación de la pena a los menores, y los delincuentes juveniles continúan recibiendo sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional por delitos de homicidio. En 2012, Human Rights Watch informó que de 500 delincuentes menores de edad condenados a cadena perpetua sin libertad condicional, casi todos reportaron haber sido víctimas de violencia física o abuso sexual por parte de otros reclusos o funcionarios de las prisiones.
Los jóvenes también son condenados a otras penas severas que son el equivalente funcional a la cadena perpetua sin libertad condicional debido a que la sentencia excede la duración promedio de una vida. En septiembre de 2013, California aprobó una ley que crea un proceso de revisión para los casos de jóvenes condenados a penas de prisión para adultos, que requiere que la junta de libertad condicional brinde una oportunidad significativa para su liberación, basada en la culpabilidad disminuida por la juventud, en comparación con los adultos. En muchos casos, esto significa una puesta en libertad más temprana.
La ley federal requiere generalmente que los estados y otras jurisdicciones registren a los menores condenados por ciertos delitos sexuales en un registro nacional y público que se puede acceder en línea. El registro impacta el acceso a la educación, la vivienda y el empleo de estos delincuentes juveniles.
Los derechos de los inmigrantes
Hay aproximadamente 25 millones de inmigrantes en Estados Unidos y casi 12 millones están en el país sin autorización.
La amplia red de centros de detención de inmigrantes en EE.UU. cuenta actualmente con alrededor de 400.000 no ciudadanos cada año. En cualquier momento dado, hay cientos de detenidos en régimen de confinamiento solitario. En septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estado Unidos (ICE, por sus siglas en inglés)anunció que limitaría pero no prohibiría el uso del régimen de aislamiento.
El procesamiento penal de los delitos de inmigración, con los que históricamente se había lidiado ampliamente mediante la deportación y otras sanciones no penales, sigue aumentando. En 2012, los casos de inmigración constituyeron el 41 por ciento de todos los casos penales federales; el reingreso ilegal es ahora el delito federal más perseguido. Muchos de los procesados no tienen antecedentes penales y muchos otros tienen lazos profundos en EE.UU., como familiares que son ciudadanos estadounidenses con los que estaban buscando reunirse en el momento en que fueron detenidos.
En 2013, después de años de inacción, el Congreso de EE.UU. comenzó a debatir una rigurosa reforma al sistema de inmigración de EE.UU. En junio, el Senado aprobó un proyecto de ley que crearía un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes no autorizados y permitiría una mayor consideración al derecho a la unidad familiar en algunas decisiones de deportación. De entrar en vigor, el proyecto de ley alinearía mejor las prácticas de control y de detención inmigratoria con los requisitos de derechos humanos, incluida la eliminación de una fecha límite de un año para los solicitantes de asilo, si bien seguiría exigiendo la deportación automática de los no ciudadanos con antecedentes penales, incluso por delitos menores. El proyecto de ley pide que se dediquen unos US$47.000 millones adicionales a los esfuerzos de supervisión a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, incluyendo un aumento importante en los procesos federales de delitos de inmigración y un aumento sustancial en las penas por la entrada ilegal y el reingreso ilegal al país.
En el momento de escribirse este informe, la Cámara de Representantes no había hecho ningún progreso serio sobre esta reforma inmigratoria integral.
“Comunidades Seguras” (“Secure Communities”) y otros programas federales relacionados con las agencias policiales locales siguieron desempeñando un papel importante en las deportaciones. El gobierno federal ha retratado estos programas como medidas centradas en la detención de delincuentes peligrosos, pero la mayoría de los inmigrantes deportados a través de Comunidades Seguras no son criminales o son delincuentes de nivel inferior. Estos programas también exacerban la desconfianza en la policía en las comunidades de inmigrantes.
Connecticut y California, junto con las ciudades de Newark y Nueva Orleans, se han sumado a un creciente número de estados y localidades que han puesto límites a la participación de la policía local en programas como Comunidades Seguras, en gran parte negándose a mantener detenidas a personas sin cargos para las autoridades federales de inmigración, si no tienen antecedentes penales o estos son menores.
Derechos de los trabajadores
Cientos de miles de niños trabajan en labores agrícolas de Estados Unidos. La Ley de Normas Laborales Justas de 1938 (FLSA, por sus siglas en inglés) exime a los niños trabajadores agrícolas de los requisitos de edad mínima y jornada laboral máxima aplicables a todos los demás niños trabajadores. Como consecuencia, los trabajadores agrícolas menores de edad suelen trabajar diez o más horas diarias y corren el riesgo de intoxicación por pesticidas, envenenamiento por nicotina, enfermedades producidas por el calor, lesiones, discapacidades permanentes y muerte. De los niños menores de 16 años que sufrieron lesiones mortales en el trabajo en 2012, 75 por ciento trabajaba en la producción agrícola. Las protecciones federales existentes no se aplican a menudo.
El Congreso aún no ha cerrado un vacío legal que permite a los niños desempeñar trabajos peligrosos en la agricultura a partir de los 16 años; el trabajo peligroso está prohibido en todos los demás sectores laborales hasta los 18 años.
Millones de trabajadores estadounidenses, entre ellos padres y madres de bebés, son perjudicados por leyes débiles o inexistentes sobre los permisos pagados, condiciones para la lactancia y discriminación contra trabajadores con responsabilidades familiares. Los permisos inadecuados contribuyen al retraso de la inmunización de los bebés, la depresión posparto y otros problemas de salud, y hacen que las mujeres paren la lactancia prematuramente. En 2013, varios proyectos de ley federales fueron introducidos para mejorar las políticas nacionales de conciliación entre la vida profesional y familiar. Rhode Island se unió a California y Nueva Jersey en el establecimiento de un seguro pagado por el estado para los permisos de ausencia por razones familiares; varias ciudades adoptaron leyes para introducir los días de enfermedad pagados.
En septiembre, el gobierno de Obama emitió una regulación poniendo fin a la exclusión de determinados trabajadores domésticos de las protecciones de salarios mínimos y límites a las horas laborales. Estos trabajadores, la mayoría de los cuales son mujeres e incluyen a muchos inmigrantes y minorías, proporcionan servicios esenciales a las personas con discapacidades y a ancianos.
Política de salud
Dieciséis estados se han negado a ampliar los servicios de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, impidiendo el derecho a la salud para los pobres, los afroamericanos y otros grupos con acceso limitado a la atención médica.
Las infecciones del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) en Estados Unidos continúan afectando de manera desproporcionada a las comunidades minoritarias, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y las mujeres transgénero. Muchos estados siguen menoscabando los derechos humanos y la salud pública con la limitación de la educación sexual, las protecciones legales inadecuadas para las personas con VIH, la resistencia a los programas de reducción del daño como los de intercambio de jeringas y la falta de financiamiento de la prevención y la atención para el VIH. Las políticas de justicia penal negativas incluyen leyes que aplican penas más severas a las personas que viven con el VIH y permiten el uso de condones como prueba de la prostitución.
Los derechos de las mujeres y las niñas
En febrero, el Congreso renovó la Ley sobre Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés), la principal ley federal que ofrece protección legal y servicios a las víctimas de la violencia doméstica y sexual y el acoso. La nueva ley incluye protecciones mejoradas para las víctimas inmigrantes, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT); y las víctimas en los territorios tribales.
En enero, un informe de Human Rights Watch describió detalladamente la pobre respuesta policial a las agresiones sexuales en el Distrito de Columbia, lo que llevó a la implementación de reformas en el enfoque de ese departamento policial hacia estos casos.
En 2013, la anticoncepción de emergencia se hizo disponible sin receta médica para los clientes de todas las edades. Según el Instituto Guttmacher, los estados adoptaron 43 restricciones al acceso al aborto en el primer semestre de 2013. Estas restricciones adoptaron una variedad de formas, incluyendo las que exigen que los proveedores de aborto cuenten con privilegios de admisión en los hospitales locales, que las pacientes se hagan una ecografía antes del aborto y las que prohíben el aborto después de un número determinado de semanas desde la última menstruación de la mujer.
En enero de 2013, el Departamento de Defensa levantó una antigua prohibición que impedía que las mujeres sirvieran en funciones directas de combate.
Hombres y mujeres militares siguen afrontando altos niveles de violencia sexual. El gobierno estima que en 2012 tuvieron lugar 26.000 agresiones sexuales en el ejército, y los datos del Departamento de Defensa sugieren que el 62 por ciento de las personas que denuncian dichos asaltos sufren represalias.
Orientación sexual e identidad de género
En junio, la Corte Suprema de EE.UU. invalidó dos de las iniciativas anti-LGBT más atroces en el país. En Estados Unidos vs. Windsor, el tribunal revocó la sección 3 de Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés), que prohíbe el reconocimiento federal de los matrimonios del mismo sexo aprobados por el estado. En Hollingsworth vs. Perry, el tribunal desestimó un recurso presentado por los defensores de la Proposición 8, un referéndum estatal de California en 2008 que habría revocado el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. El tribunal aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de las leyes estatales que prohíben el matrimonio entre personas homosexuales.
Contraterrorismo y vigilancia
La detención indefinida sin cargos ni juicio de los detenidos en la Bahía de Guantánamo continuó por duodécimo año, con todavía 162 detenidos en la prisión. Desde 2009, 82 de ellos han sido declarados aptos para ser transferidos a sus países de origen u otros por un grupo de trabajo interinstitucional. Aunque el presidente Barack Obama renovó su promesa de cerrar la prisión de Guantánamo en mayo, en el momento de escribirse este informe, su gobierno sólo había trasladado a ocho detenidos de la instalación desde el año 2011. Dos de ellos fueron repatriados a Argelia en agosto y dos más en diciembre.
A principios de 2013, varios detenidos en Guantánamo iniciaron una huelga de hambre; en su apogeo, supuestamente hubo 106 de ellos que participaron de alguna manera y 45 fueron alimentados a la fuerza vía un tubo dos veces al día. Grupos médicos y de derechos humanos escribieron cartas de protesta señalando que la alimentación forzada de presos competentes era una violación de la ética médica y las normas de derechos humanos.
El gobierno continuó utilizando comisiones militares con deficiencias fundamentales en Guantánamo para procesar a los detenidos. Las audiencias previas al juicio se movieron con lentitud en los dos únicos casos activos de la comisión: uno contra cinco hombres acusados de planear los atentados del 11 de septiembre de 2001 y otro contra un hombre acusado de planear el atentado contra el USS Cole en Yemen en octubre de 2000. La incapacidad de la comisión para establecer normas que protegieran la relación de acceso y comunicación entre abogado y cliente, entre otras cosas, socavó la progresión de los casos. La fiscalía ha anunciado que tiene la intención de presentar cargos sólo contra otros siete presos de Guantánamo.
Con mucho retraso, el gobierno comenzó a revisar los casos de los detenidos de Guantánamo cuya puesta en libertad no estaba prevista o que afrontaban cargos activos, un paso importante hacia el cierre de la prisión. Pero las directrices de dichas revisiones no garantizan los derechos básicos de los detenidos, como el acceso a información clasificada cuando dicha información es la base de su detención, el derecho a estar presentes durante todo el proceso y el acceso a un abogado.
A finales de 2012, el Comité de Inteligencia del Senado completó un estudio exhaustivo del programa de detenciones e interrogatorios secretos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 de la CIA, que terminó en 2009. En el momento de redactarse este informe, el reporte permanecía clasificado.
En mayo, el presidente Obama anunció una política para los asesinatos selectivos en el extranjero que requería que el objetivo fuera una amenaza continua e inminente contra los estadounidenses y que debía haber prácticamente una certeza de que no habría heridos civiles durante el ataque. El presidente Obama insistió en que la preferencia del gobierno de EE.UU. es detener en lugar de matar. La política completa permanece clasificada y no se ha divulgado ninguna información sobre su cumplimiento. El gobierno tampoco ha proporcionado la plena base jurídica para sus asesinatos selectivos bajo el derecho internacional y de EE.UU.
En agosto, el secretario de Estado, John Kerry, afirmó que los ataques con aviones no tripulados (drones) en Pakistán terminarían “muy pronto”, aunque no especificó una fecha exacta.
Documentos clasificados filtrados a los periodistas por el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), Edward Snowden, revelaron que EE.UU. ha utilizado secretamente poderes de vigilancia, otorgados por el Congreso para prevenir ataques terroristas, para capturar sistemáticamente enormes flujos de datos, incluyendo correos electrónicos, búsquedas en Internet, información sobre llamadas telefónicas y otros registros, de empresas y nodos de comunicaciones ubicados tanto en EE.UU. como en el extranjero, a veces con la ayuda de gobiernos extranjeros. La mayoría de lo que intercepta proviene de personas que no son sospechosas de ningún delito, y el gobierno retiene grandes cantidades de datos durante diferentes períodos de tiempo. La supervisión judicial y del Congreso de estas prácticas de vigilancia es mínima y poco transparente.
Las personas en EE.UU. cuentan con algún tipo de protección legal de la privacidad del contenido de sus comunicaciones, pero no de los “metadatos” o detalles de las comunicaciones generalmente compartidos con empresas u otras terceras partes (como la fecha, la hora, el lugar, el emisor y el receptor). Los funcionarios estadounidenses afirman que la recopilación de las comunicaciones no constituye una invasión a la privacidad hasta que los datos son examinados, o “investigados”. La ley de EE.UU. de vigilancia ofrece poca o ninguna protección de la privacidad para los no estadounidenses fuera de Estados Unidos.
Revelaciones en 2013 pusieron en evidencia que funcionarios estadounidenses también podrían estar socavando sistemáticamente los estándares internacionales de encriptación y de seguridad adoptados por las empresas de Internet, lo que debilita la seguridad en línea de todos los usuarios de Internet.
Los fiscales presentaron cargos contra Snowden bajo la Ley de Espionaje. El derecho de EE.UU. no brinda protecciones o defensas legales adecuadas a los informantes que divulgan información de seguridad nacional o de inteligencia al público, incluso en asuntos de importancia pública apremiante. El gobierno de Obama trató de bloquear los intentos de Snowden de obtener asilo en varios países. Snowden finalmente obtuvo asilo temporal en Rusia.
En agosto, una corte militar de EE.UU. condenó a la soldado Chelsea (anteriormente Bradley) Manning a 35 años de prisión bajo la Ley de Espionaje y otros cargos por filtrar cientos de miles de documentos gubernamentales secretos a Wikileaks para su publicación, incluyendo algunos que ponían en evidencia delitos o potenciales crímenes de guerra. Antes del juicio, Manning ya se había declarado culpable de cargos que ascendían a 20 años de prisión.
Política exterior de EE.UU.
En enero, los legisladores estadounidenses evaluaron la posibilidad de enviar ayuda militar a las fuerzas de la oposición siria en la guerra civil de ese país. En febrero, el gobierno dijo que comenzaría el envío de ayuda no letal a la oposición, incluyendo alimentos y medicamentos. En septiembre, EE.UU. parecía dispuesto a llevar a cabo ataques contra Siria en respuesta al uso por el gobierno sirio de armas químicas cerca de Damasco, que acabaron con la vida de más de 300 personas. Obama había indicado previamente que el uso de armas químicas en Siria constituía una “línea roja” que empujaría a EE.UU. a la acción en el conflicto.
Obama solicitó la autorización del Congreso para la iniciativa militar de EE.UU. en Siria, pero un acuerdo respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para colocar las armas químicas de Siria bajo control internacional, retrasó indefinidamente una votación en el Congreso.
Birmania se convirtió en una parte importante del “giro” de Obama hacia Asia, cuando Birmania buscaba reducir su dependencia de China. EE.UU. promovió una mayor reforma política en el país y alentó la inversión de EE.UU. en Birmania, sujeto a los requisitos de derechos humanos que entraron en vigor en mayo. En septiembre, EE.UU. restringió la ayuda militar a Birmania en vista de preocupaciones de que hubiera niños soldados.
Tras el derrocamiento en julio del presidente Mohammed Morsi en Egipto, EE.UU. condenó al gobierno militar provisional por declarar un estado de emergencia y por sus violaciones contra la población civil, incluidos los partidarios de la Hermandad Musulmana. En octubre de 2013, EE.UU. suspendió algunas clases de asistencia militar y económica, pero lo hizo porque el gobierno interino estaba incumpliendo su propósito de encaminar el país hacia la democracia, no a causa de los continuos abusos o falta de rendición de cuentas.
EE.UU. ha seguido desempeñando un papel fundamental en la movilización del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para responder a violaciones graves de los derechos humanos, entre ellos, en Sri Lanka, Irán y Corea del Norte.