El levantamiento de Siria se volvió cada vez más sangriento en 2012 a medida que la represión del gobierno contra las protestas callejeras se convirtió en un conflicto armado. Las fuerzas gubernamentales y las milicias progubernamentales conocidas como shabeeha siguen torturando a los detenidos y cometiendo ejecuciones extrajudiciales en las zonas bajo su control. Algunas fuerzas de la oposición también han cometido abusos graves como secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Según fuentes de la oposición, en el momento de escribirse este informe ya han muerto 34.346 civiles en el conflicto. La expansión e intensificación de la lucha han provocado una situación humanitaria desesperada con cientos de miles de desplazados internos o que buscan asilo en países vecinos.

Violaciones durante operaciones militares a gran escala

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo varias grandes operaciones militares en pueblos y ciudades conflictivas de todo el país, dando lugar a asesinatos en masa. En febrero, las fuerzas del gobierno mataron a cientos de civiles en el barrio de Baba Amr de Homs, en el occidente de Siria, como resultado de los bombardeos y disparos indiscriminados de francotiradores. El gobierno utilizó tácticas similares en ciudades de todo el país. Las fuerzas sirias y las milicias progubernamentales shabeeha también cometieron ejecuciones sumarias y extrajudiciales en las provincias de Idlib, Homs y Alepo, así como en los suburbios de la capital, Damasco, después de las operaciones en tierra para reconquistar el terreno perdido a la oposición. El 25 de mayo, al menos 108 residentes de Houla, cerca de Homs, fueron asesinados, la mayoría disparados a quemarropa. Según supervivientes y activistas locales, los responsables de las ejecuciones fueron hombres armados a favor del gobierno. A finales de agosto, residentes de los suburbios de Daraya y Moadamiya, en Damasco, también describieron haber encontrado cientos de cadáveres después de las operaciones de tierra que tuvieron lugar allí. Algunas de las víctimas parecían haber sido ejecutadas por las fuerzas gubernamentales.

En agosto, el gobierno comenzó a recurrir más ampliamente a los ataques aéreos, a menudo disparando indiscriminadamente contra áreas densamente pobladas. El 15 de agosto, un avión de combate lanzó dos bombas sobre Azaz, en la gobernación de Alepo, matando a más de 40 civiles, entre ellos mujeres y niños. En agosto, las fuerzas del gobierno sirio también lanzaron bombas y dispararon artillería en o cerca de al menos 10 panaderías en la provincia de Alepo, deliberadamente matando y mutilando a decenas de civiles que estaban esperando para comprar pan.

Arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, torturas y muertes bajo custodia

Las fuerzas de seguridad sometieron a decenas de miles de personas a detenciones arbitrarias, detenciones ilegales, desapariciones forzadas, malos tratos y torturas, recurriendo a una extensa red de centros de detención en toda Siria. Muchos de los detenidos eran hombres jóvenes de entre 20 y 30 años, pero también había niños, mujeres y ancianos.

Entre los arrestados había manifestantes pacíficos y activistas que participaron en la organización, filmación e información sobre las protestas, así como periodistas, proveedores de asistencia humanitaria y médicos. En algunos casos, activistas denunciaron que fuerzas de la seguridad detuvieron a miembros de sus familias, incluyendo niños, para presionarlos para que se entregaran.

Muchos activistas políticos siguen detenidos en régimen de incomunicación. Algunos llevan detenidos más de un año, mientras que otros han sido juzgados por ejercer sus derechos. En un caso del 16 de febrero, las fuerzas de inteligencia de la Fuerza Aérea llevaron a cabo una redada en el Centro Sirio de Medios y Libertad de Expresión (SCM por sus siglas en inglés) y detuvieron a 16 personas, entre ellas siete mujeres. En septiembre, siete miembros del personal de SCM fueron acusados ​​y condenados por publicar documentos prohibidos con la intención de cambiar los principios básicos de la Constitución. Cinco de los hombres arrestados, incluido Mazen Darwish, el presidente del grupo, permanecen detenidos en régimen de incomunicación.

De acuerdo con presos liberados y desertores, los métodos de tortura incluían palizas prolongadas, a menudo con porras y cables; la manutención de los detenidos en posiciones dolorosas durante prolongados períodos de tiempo; electrocución; asalto sexual y humillación;  el arranque de uñas, e incluso simulacros de ejecución. Los interrogadores y guardias también sometieron a los detenidos a diversas formas de trato humillante, como obligarlos a besar sus zapatos y declarar que el presidente Bashar al-Assad era su dios. Todos los detenidos describieron condiciones de detención terribles, con celdas superpobladas en las que los detenidos sólo podían dormir por turnos.

Varios ex detenidos aseguraron que fueron testigos de cómo personas murieron por las torturas sufridas durante la detención. Al menos 865 detenidos murieron bajo custodia en 2012, según activistas locales. En los casos revisados por Human Rights Watch de muertes de personas detenidas, los cuerpos mostraban signos evidentes de tortura, incluyendo moretones, cortes y quemaduras. Las autoridades no proporcionaron a las familias ningún tipo de información sobre las circunstancias que rodearon las muertes. En algunos casos, las familias de los detenidos muertos tuvieron que firmar declaraciones de que "bandas armadas" habían matado a sus familiares, y prometer que no celebrarían funerales públicos como condición para recibir los cuerpos.

En la gran mayoría de los casos de detención, los familiares no pudieron obtener ninguna información sobre la suerte o el paradero de los detenidos.

Crisis de desplazados

Irak, Jordania, Líbano y Turquía prácticamente abrieron sus fronteras a más de 341.000 refugiados de la vecina Siria. Sin embargo, en violación del derecho de los sirios a buscar asilo, entre mediados y fines de agosto, Irak y Turquía comenzaron a denegar el acceso a sus territorios a decenas de miles de personas, ya fuera fijando un límite al número y perfiles de  personas que dejaban cruzar al día, o cerrando completamente los pasos fronterizos y sólo permitiendo entradas esporádicas de grupos muy limitados. Los sirios varados como consecuencia de estos límites vivían en condiciones de pobreza y corrían el riesgo de sufrir ataques aéreos y de artillería de las fuerzas gubernamentales. Los cuatro países denegaron a los sirios un estatus legal seguro, y después de julio, Jordania y el gobierno central iraquí obligaron a todos los recién llegados a vivir en campamentos cerrados.

El Líbano deportó 14 sirios en agosto, cuatro de los cuales dijeron que temían ser perseguidos a su regreso.

Los refugiados también han sido objeto de ataques por las fuerzas del gobierno sirio conforme trataban de huir del país. Refugiados describieron incidentes a finales de mayo y junio en que el ejército sirio abrió fuego indiscriminadamente y sin previo aviso contra civiles que intentaban huir a Jordania.

Uso ilegal de armas y escudos humanos  

De acuerdo con testigos y desminadores, las fuerzas sirias han colocado minas –incluyendo minas antipersonas y antivehículos de origen soviético o ruso— cerca de la frontera con Líbano y Turquía, causando bajas civiles.

Desde julio, y con mayor frecuencia desde octubre, las fuerzas armadas sirias han recurrido al uso de bombas de racimo, armas que se consideran inherentemente indiscriminadas cuando se utilizan en zonas pobladas. Desde el 9 de octubre hasta el momento en que se escribe este informe, Human Rights Watch documentó 35 impactos de bombas de racimo en toda Siria en las gobernaciones de Alepo, Idlib, Deir al-Zor, Homs, Latakia y Damasco.

Las fuerzas del gobierno sirio también han puesto en peligro a residentes locales, obligándolos a marchar delante del ejército durante operaciones de captura, movimientos de tropas y ataques contra ciudades y aldeas. Testigos de las ciudades de al-Janoudyah, Kafr Nabl, Kafr Rouma y Ayn Larouz, en la gobernación de Idlib, dijeron que vieron al ejército y las fuerzas de shabeeha marchando delante de ellos durante la ofensiva de marzo para retomar el control de áreas que habían caído en manos de la oposición.

Violencia sexual

Fuerzas del gobierno sirio violaron sexualmente a hombres, mujeres y niños detenidos durante el conflicto actual. Testigos y víctimas también dijeron que los soldados y las milicias progubernamentales armadas abusaron sexualmente de mujeres y niñas de apenas 12 años durante los allanamientos de casas y redadas militares de zonas residenciales.

Derechos de los menores

Durante el último año, agentes de seguridad y miembros del ejército sirio detuvieron a menores de edad en condiciones inhumanas y los torturaron con impunidad. Las fuerzas del gobierno también dispararon contra niños en sus hogares y en la calle. Tanto el gobierno como las fuerzas de la oposición recurrieron a las escuelas como centros de detención o cuarteles, convirtiéndolos en blancos militares. Las fuerzas gubernamentales también las utilizaron como puestos para francotiradores, y arrestaron y golpearon a niños y maestros en las escuelas.

Abusos de la oposición armada

Grupos armados de la oposición han cometido graves abusos contra los derechos humanos, como secuestros, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas, y también llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales o sumarias de miembros de las fuerzas de seguridad, partidarios del gobierno y personas identificadas como shabeeha.

En un caso, dos combatientes del Ejército Libre Sirio (ELS) del batallón Ansar Mohammed en Latakia dijeron que su batallón ejecutó a cuatro personas tras asaltar una comisaría en Haffa en junio; dos inmediatamente y los otros después de un juicio. En agosto, seis detenidos en dos centros de detención dirigidos por la oposición dijeron que combatientes armados de la oposición y funcionarios encargados de los centros de detención los torturaron y maltrataron.

Actores internacionales y acontecimientos clave

La comunidad internacional sigue estando profundamente dividida sobre Siria. El 4 de febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas evaluó una resolución que condenaba la violencia en Siria y pedía una transición política. Fue la segunda de tres resoluciones del Consejo de Seguridad en 2011-2012 en ser vetada por Rusia y China.

En diciembre de 2011, Siria aceptó un plan de la Liga de los Estados Árabes (LEA) para poner fin a la violencia contra los manifestantes pacíficos, liberar a los detenidos y retirar los elementos armados de las ciudades y zonas residenciales. La LEA envió monitores allí el 26 de diciembre, pero suspendió la misión de observación el 28 de enero debido a la deteriorada situación de seguridad.

El 23 de febrero, el secretario general de la ONU nombró a Kofi Annan como enviado especial conjunto de la ONU y la Liga Árabe para Siria. A mediados de marzo, Annan propuso un plan de paz de seis puntos para lograr un alto el fuego y un diálogo político abierto. En las semanas siguientes, Annan negoció el plan de paz con el gobierno sirio y, el 4 de abril, anunció que el presidente Assad aseguró que comenzaría "inmediatamente" a retirar sus fuerzas y completaría la retirada militar de las zonas urbanas para el 10 de abril. El 21 de abril, el Consejo de Seguridad estableció una misión de supervisión de la ONU en Siria (UNSMIS) –con 300 observadores—, encargada de supervisar el cese de la violencia y la ejecución del plan de Annan.

En medio de violaciones al alto el fuego por parte de fuerzas gubernamentales y de la oposición, el 16 de junio, las actividades de supervisión del observador fueron suspendidas a causa de la escalada de la violencia y la falta de voluntad de las partes de procurar una transición pacífica.

Entonces, el Consejo de Seguridad votó una resolución, el 17 de julio, que habría amenazado sanciones no militares contra el gobierno por incumplimiento del plan de seis puntos que China y Rusia volvieron a vetar. En agosto, Annan anunció su renuncia al cargo de enviado especial y la misión de observación se retiró. En septiembre, el diplomático argelino y veterano de la ONU Lakhdar Brahimi tomó el relevo de Annan como enviado especial.

A pesar del estancamiento en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos (CDH) aprobaron una serie de enérgicas resoluciones sobre Siria con mayorías abrumadoras. El CDH extendió (hasta marzo de 2013) y fortaleció la comisión internacional de investigación encargada de investigar potenciales violaciones y, dentro de lo posible, identificar a los responsables. También hubo repetidos llamamientos por parte de estados miembros y por Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, en favor de que el CDH refiriera la situación en Siria a la Corte Penal Internacional (CPI).

También se hicieron esfuerzos fuera de la ONU para buscar una solución negociada al conflicto y poner presión adicional sobre el gobierno sirio, incluso mediante la creación en febrero del grupo de contacto “Amigos de Siria”. En junio, Annan y varios ministros de relaciones exteriores, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se reunieron para discutir cómo poner fin a la violencia e iniciar un proceso político que lleve a una transición. En noviembre, Brahimi instó al Consejo de Seguridad  que convirtiera el acuerdo de Ginebra en una resolución del Consejo de Seguridad.

En noviembre, las facciones de la oposición siria también crearon un nuevo grupo paraguas: la Coalición Nacional de Fuerzas Opositoras y de la Revolución Siria. En el momento de escribirse este informe, el Consejo de Cooperación del Golfo y Francia habían reconocido la coalición como el legítimo representante del pueblo sirio.

En 2012, Canadá, la Unión Europea, Suiza, Turquía y Estados Unidos implementaron sanciones contra entidades e individuos implicados en abusos contra los derechos humanos, incluidos altos funcionarios y el Banco Central de Siria. Las importaciones de crudo sirio y la venta de armas también han sido prohibidas. Diecinueve estados miembros de la LEA se comprometieron a aplicar sanciones, pero el grado en que estas han sido efectivamente implementadas aún no está claro, y la propia LEA no ha establecido ningún mecanismo eficaz de supervisión de dichas sanciones.

Los gobiernos de China, Irán y Rusia siguieron apoyando al gobierno sirio ya fuera diplomáticamente o mediante respaldo financiero y militar. Según activistas de la oposición siria e informes de los medios de comunicación, los grupos armados de oposición en Siria también recibieron apoyo financiero y militar de Qatar, Arabia Saudita y Turquía. Francia, el Reino Unido y EE.UU. también prometieron ayuda no letal a los grupos de oposición.