La agitada transición desde un régimen autocrático y militar continuó tras el derrocamiento en 2011 del Presidente Hosni Mubarak. Egipto celebró elecciones democráticas parlamentarias y presidenciales, y puso fin a 31 años de gobierno mediante leyes de emergencia. Sin embargo, siguen existiendo graves problemas de derechos humanos, como el abuso y la impunidad policiales; las restricciones de la libertad de expresión, asociación y religión; y los límites sobre los derechos de las mujeres y los trabajadores.

El primer parlamento post revolucionario de Egipto, elegido entre noviembre de 2011 y enero de 2012, no logró adoptar reformas significativas en materia de derechos humanos antes de su disolución por el Tribunal Constitucional Supremo el 14 de junio, debido a la inconstitucionalidad de la ley electoral.   Tres días después de la disolución del parlamento, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), que había asumido el poder después del derrocamiento de Mubarak, aprobó un apéndice a la declaración constitucional, en el que se otorgó poderes legislativos y un papel sustantivo en la redacción de la constitución y la limitación de los poderes del nuevo presidente.

Sin embargo, el 24 de junio, el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Morsy, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales y, el 12 de agosto, anuló el apéndice del CSFA y ordenó el retiro del mariscal de campo Mohamed Hussein Tantawy y el teniente general Sami Anan, los dos miembros de mayor rango del CSFA. El 22 de noviembre, el Presidente Morsy emitió una declaración constitucional por la que eximía a los decretos y las leyes dictadas por él de supervisión judicial, y suspendía al fiscal con competencia en estas cuestiones, una decisión recibida con mucha polémica y huelgas dentro de la judicatura.  El 30 de noviembre, la asamblea legislativa con 100 representantes comenzó la votación del borrador de la constitución, y se había programado la celebración de un referendo 15 días después de la aprobación del borrador.

Libertad de expresión

En general, se produjo un aumento de los enjuiciamientos en el marco de las leyes restrictivas de la época de Mubarak, que penalizan la difamación y la “divulgación de información falsa”, y los servicios de seguridad continuaron arrestando y maltratando a periodistas durante las protestas.  Los servicios de seguridad agredieron, arrestaron y torturaron a periodistas y manifestantes durante las protestas frente al Ministerio del Interior en febrero, y delante del Ministerio de Defensa en mayo.  

Tras la elección del Presidente Morsy, las autoridades ordenaron el cierre de un canal de televisión y censuraron al menos tres ediciones de periódicos. La fiscalía pública formuló cargos penales por difamación contra al menos nueve periodistas en relación con la información que escribieron o emitieron. En noviembre, el ministro de justicia nombró a un juez instructor encargado de interrogar a periodistas y activistas acusados de “insultar al Poder Judicial”. En 2012, los fiscales interrogaron al menos a 15 personas o presentaron cargos contra ellas por “insultos a la religión”. En septiembre, un tribunal de Assiout condenó a Bishoy Kamel a seis años de cárcel por “insultar el Islam”.

Ese mismo mes, comenzó el juicio por blasfemias contra Alber Saber, cuya creencias ateas hicieron que fuera acusado de insultar al Islam y la cristiandad. Los defensores de la libertad de prensa criticaron a la alta cámara del parlamento, el Consejo de la Shura, por no contar con periodistas independientes para los nuevos nombramientos de directores de los periódicos estatales. En agosto, el Presidente Morsy modificó la ley de prensa para suspender la detención preventiva de periodistas, después de que un juez ordenara la detención de Islam Afifi, director del periódico Dustoor, acusado de difamación. 

Tortura y abusos policiales y militares

La policía siguió usando la tortura en las comisarías y los lugares de los arrestos, sobre todo durante las investigaciones de casos penales normales, pero también en algunos casos políticos, como la tortura de manifestantes detenidos en El Cairo en agosto y noviembre. La tortura produjo al menos 11 casos de muertes durante la custodia policial.  La policía también ha contribuido al uso de la fuerza excesiva y a veces mortal, tanto en el control de las manifestaciones como en su labor habitual. También se produjeron torturas a manos de las fuerzas armadas. En mayo, los oficiales militares arrestaron al menos a 350 manifestantes, entre ellos 16 mujeres, después de que una protesta cerca del Ministerio de Defensa se tornara violenta. Las personas puestas en libertad durante los días siguientes coincidieron en las denuncias de actos de tortura y palizas durante el arresto y la detención.

Desde diciembre de 2011, los policías y los soldados han arrestado y detenido a más de 300 niños que participaron en protestas. Los niños arrestados en las protestas del Ministerio del Interior en febrero de 2012 y frente a la Embajada de Estados Unidos en septiembre denunciaron que habían recibido palizas, que en algunos casos constituían actos de tortura. A pesar del alto número de menores de edad detenidos, entre ellos niños que viven y trabajan en la calle, las autoridades recluyeron constantemente a los niños junto con adultos en las comisarías, y los sometieron a la autoridad de fiscales ordinarios, en lugar de remitirlos al sistema de justicia para menores, como requiere la ley.

Impunidad por los abusos policiales y militares

En Egipto, no ha habido un proceso de justicia de transición para rendir cuentas por los crímenes cometidos durante el régimen de Mubarak, ni tampoco se han exigido realmente cuentas por la violencia durante el levantamiento de enero de 2011, que se saldó con 846 muertos.  El 2 de junio, un juez condenó a Hosni Mubarak y a su ex ministro del interior Habib al-Adly a cadena perpetua por no proteger a los manifestantes de los ataques de “elementos criminales extranjeros”. El juez absolvió a los otros cuatro viceministros de interior acusados porque no estaba convencido de que “la policía estuviera implicada en las muertes de los manifestantes”.

Los enjuiciamientos de la violencia contra los manifestantes resultaron en 35 juicios contra al menos dos centenares de oficiales de nivel medio y alto de la policía en todo el país. Cuando se escribió este capítulo, 26 juicios habían terminando con 21 absoluciones por falta de pruebas o defensa propia y, en cinco de los juicios, las sentencias se dictaron en rebeldía o se suspendieron. Cuando se escribió este capítulo, sólo dos agentes de policía estaban cumpliendo condenas de prisión por el uso excesivo o ilegal de la fuerza contra los manifestantes.  En julio, Morsy estableció un comité de investigación y, en noviembre, aprobó una ley para la creación de un tribunal especial encargado de juzgar casos de violencia contra los manifestantes.

No se ha exigido cuentas por la implicación de las fuerzas armadas en la tortura y las palizas a cientos de manifestantes el 25 de febrero, el 9 de marzo, el 9 de abril, el 4 de mayo y el 17 de diciembre de 2011. En marzo de 2012, un tribunal militar absolvió al único oficial que estaba siendo juzgado por agresión sexual contra siete mujeres manifestantes detenidas en una prisión militar en marzo de 2011, con la excusa de someterlas a “pruebas de virginidad”. En septiembre, un tribunal militar condenó a tres oficiales a dos años de cárcel por manejar los vehículos blindados que arrollaron y mataron a 13 manifestantes frente al edificio de la televisión en Maspero, en octubre de 2011. Sin embargo, no se investigó la muerte por disparos de otros 14 manifestantes ese mismo día. No se ha exigido cuentas a ningún otro oficial del ejército por los abusos cometidos desde el levantamiento de enero.

Libertad de asociación

Los legisladores han estado redactando una nueva ley sobre asociaciones que estaba a punto de finalizarse cuando un tribunal disolvió el parlamento. Mientras tanto, Egipto continúa aplicando la represiva Ley 84 sobre asociaciones de la era Mubarak. En 2011, el gobierno puso en marcha investigaciones sobre numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) no registradas, en muchos casos organizaciones de derechos humanos a las que las agencias de seguridad habían impedido registrarse. Como consecuencia, 43 trabajadores de ONG, 16 egipcios y 27 ciudadanos extranjeros, fueron acusados de operar grupos “sin licencia”, de acuerdo con la ley sobre asociaciones vigente. El juicio comenzó en marzo.

Las agencias de seguridad también bloquearon el financiamiento de proyectos de derechos humanos de las ONG registradas, lo que provocó una paralización de las actividades y una pérdida de personal.  La Fundación de la Nueva Mujer, una organización local de derechos de la mujer, demandó judicialmente al gobierno al no poder lograr que se aprobara el ingreso de fondos extranjeros para proyectos en curso. 

Leyes de emergencia y juicios militares  

El 31 de mayo, se venció el plazo del estado de emergencia en Egipto y no se renovó, con lo que se puso fin a 31 años ininterrumpidos de estado de excepción.  A finales de agosto, el Ministerio del Interior había puesto en libertad a todos los detenidos en virtud de las disposiciones sobre detención administrativa de las leyes de emergencia. El juicio de al menos ocho casos remitidos a los tribunales durante el estado de emergencia continuó en los notorios Tribunales de Seguridad del Estado de Emergencia, en los que no se garantiza el derecho a apelar. En septiembre, Morsy nombró a 3.649 jueces para estos tribunales, pero las organizaciones de derechos humanos recurrieron legalmente esta decisión, argumentando que Morsy no tenía autoridad para ordenar dichos nombramiento masivos sin un estado de emergencia.

Los fiscales militares continuaron enjuiciando a civiles ante los tribunales militares, incluso después de que el Presidente Morsy asumiera el poder. En noviembre, la policía militar arrestó a 25 civiles durante un intento de desalojo de la isla de Qursays, en El Cairo, y los fiscales ordenaron su detención a la espera de su juicio ante un tribunal militar. Un comité establecido por decreto presidencial para examinar los casos de todos los condenados por los tribunales militares recomendó un indulto presidencial de hasta 700 presos, pero no recomendó que se volviera a juzgar a los otros 1.100 reclusos condenados por tribunales militares por motivos de “seguridad”. 

Libertad de religión y violencia sectaria

Los incidentes de violencia sectaria entre coptos y musulmanes prosiguieron a la largo de 2012, sin se que enjuiciaran nuevos casos ni se realizaran investigaciones serias, a excepción de la investigación sobre la violencia sectaria en Dahshour, Giza, donde los fiscales ordenaron la detención de nueve sospechosos. El 1 de febrero, la policía y los líderes locales religiosos y políticos ordenaron el desalojo de ocho familias cristianas después de que los residentes musulmanes saquearon las casas y los comercios de residentes cristianos en el pueblo de Sharbat, cerca de Alejandría. El desalojo fue revocado dos días después, después de que algunos parlamentarios visitaran la zona, pero a finales de año, la policía aún no había acusado a nadie de los actos de violencia, a pesar de la existencia de un informe policial en el que se identificaba a los sospechosos. 

El 21 de mayo de 2012, en la ciudad meridional de Minya, un Tribunal de Seguridad del Estado de Emergencia, que no cumple las garantías del juicio justo, condenó a 12 cristianos a cadena perpetua y absolvió a ocho musulmanes, que habían sido acusados en el contexto de los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos de abril de 2011. Los enfrentamientos se saldaron con la muerte de dos musulmanes, varios heridos en los dos bandos y numerosos comercios y hogares cristianos calcinados. 

Derechos de las mujeres y las niñas

El acoso sexual sistemático a las mujeres y las niñas en espacios públicos continuó sin que el gobierno intentara realmente intervenir, y frenar o detener la práctica. Por ejemplo, en junio, las turbas atacaron y agredieron sexualmente al menos a seis mujeres egipcias y extranjeras en la Plaza de Tahrir. Aunque los fiscales investigaron dos de estos incidentes, no remitieron ningún caso a los tribunales en 2012 y, en general, el gobierno no dio prioridad al tratamiento de la violencia contra las mujeres. Después del clamor popular, se abandonaron las propuestas de los miembros islamistas del parlamento de reducir la edad mínima para el matrimonio, anular el derecho de la mujer a iniciar un proceso de divorcio sin imputación de culpa y descriminalizar la mutilación genital femenina. La Asamblea Constituyente redactó disposiciones sobre los derechos de la mujer que aumentaron la presencia de la excepción de la sharia sobre la igualdad en el borrador de la nueva constitución, lo que demostró que siguen vigentes las reservas de Egipto a los convenios sobre los derechos de la mujer. 

Refugiados, solicitantes de asilo y derechos de los migrantes

La policía arrestó a cientos de eritreos y etíopes en el Sinaí cuando se dirigían a Israel, los detuvo indefinidamente en comisarías locales y les negó el acceso a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo que constituye una violación de su derecho a solicitar asilo. La policía fronteriza de Egipto disparó contra migrantes africanos desarmados que intentaban cruzar la frontera con Israel en el Sinaí, y mataron al parecer a 12 de ellos entre enero y noviembre. Los migrantes africanos siguieron denunciando la tortura y las violaciones a manos de los traficantes que operan en el Sinaí, pero el gobierno no abordó ni reconoció el problema.  Las investigaciones sobre el tráfico de personas fueron escasas, y se centraron exclusivamente en los casos de trabajadoras domésticas extranjeras o de egipcios traficados al extranjero.   

Derechos de los trabajadores

Las huelgas, las sentadas y las protestas de trabajadores continuaron para reclamar derechos económicos y sociales. El nuevo parlamento se negó a considerar el proyecto de la ley de sindicatos, que había sido redactado por el ex ministro de trabajo Mohamed Bor’i en consultas con sindicatos independientes, lo que hizo que cientos de nuevos sindicatos independientes quedaran desprovistos de protección legal o acceso a servicios.  Los soldados y los agentes de la policía hicieron un uso excesivo de la fuerza en al menos siete ocasiones para disolver protestas y sentadas de trabajadores. Los trabajadores se enfrentaron a medidas disciplinarias y, en ocasiones, investigaciones criminales en relación con la organización de huelgas o sindicatos independientes.

Principales actores internacionales

Las relaciones entre Egipto y Estados Unidos se deterioraron en enero, cuando la fiscalía pública formuló cargos contra el personal de cuatro ONG estadounidenses, y al que impuso posteriormente una prohibición de viajar. Por primera vez, el Gobierno de Estados Unidos se planteó seriamente suspender la asistencia militar basándose en las leyes que requieren la certificación del progreso en materia de derechos humanos en Egipto como condición para la ayuda. En febrero, la secretaria de estado Hillary Clinton eximió al país de las condiciones de derechos humanos cuando las autoridades de Egipto levantaron la prohibición de viajar a los ciudadanos extranjeros procesados, a pesar de que el gobierno continuó el enjuiciamiento de los trabajadores de ONG egipcias.

No obstante, a lo largo del año, el Gobierno de Estados Unidos ejerció una presión considerable sobre las fuerzas armadas egipcias para que respetaran los resultados de las elecciones presidenciales y permitieran la transferencia de poderes al candidato victorioso del partido de los Hermanos Musulmanes. En noviembre, la Unión Europea organizó un grupo de trabajo de alto nivel con funcionarios egipcios en El Cairo, en el que se aprobó un paquete de ayuda de US$6.400 millones para Egipto, de los cuales un mínimo de US$900 millones dependían de la buena gestión de gobierno.