El rey Mohammed VI, en respuesta a los movimientos en favor de la democracia de la Primavera Árabe y las manifestaciones para promover reformas en Marruecos, propuso en junio enmiendas constitucionales con considerables garantías para los derechos humanos, pero pocos frenos significativos a la autoridad del propio monarca.

La nueva versión de la Constitución reconoce como lengua oficial el amazigh, la lengua bereber, y prohíbe la tortura, el trato inhumano y degradante, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas. También dispone que cualquier persona detenida debe ser informada "inmediatamente" de la razón de su detención, y debe disfrutar de la presunción de su inocencia y el derecho a un juicio justo. Sin embargo, cuando se escribió este capítulo, las modificaciones todavía no habían logrado cambios decisivos el desempeño desigual de Marruecos en materia de derechos humanos.

Libertad de reunión, asociación y expresión

Inspirados por las protestas populares en otras partes de la región, los marroquíes comenzaron a manifestarse el 20 de febrero para reclamar reformas políticas amplias. Las marchas, generalmente convocadas por el joven y poco organizado Movimiento del 20 de Febrero por el Cambio y respaldadas por otras fuerzas políticas y de la sociedad civil, como el poderoso movimiento islamista de Justicia y Espiritualidad, superaron a veces los 10,000 manifestantes y tuvieron lugar simultáneamente en varias ciudades. La policía toleró algunas de las protestas, pero en ocasiones miembros del cuerpo policiaco atacaron y golpearon duramente a los manifestantes. Algunos de los episodios más duros de violencia policial se produjeron en protestas pacíficas en Casablanca, Kenitra y Rabat, la capital del país, durante las semanas previas al tan esperado discurso del Rey en junio, en el que tenía programado describir las reformas constitucionales.

El 29 de mayo, las fuerzas de seguridad en la ciudad de Safi golpearon a Kamal Ammari, un manifestante de 30 años, quien murió el 2 de junio. La Fiscalía anunció que los médicos forenses habían concluido que Ammari murió como resultado de una condición preexistente que se "agravó" con "un simple golpe en el torso que normalmente no habría tenido consecuencias". Se sigue investigando el caso.

Terrorismo y antiterrorismo

El 28 de abril, una bomba explotó en un café de Marrakech frecuentado por turistas extranjeros, lo que provocó 17 muertes y docenas de heridos. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad de lo que fue el ataque terrorista con más víctimas mortales en Marruecos desde 2003.El 28 de octubre, la sala especial sobre terrorismo de la Corte de Apelaciones de Rabat condenó a nueve presuntos militantes islamistas por el atentado, y sentenció a uno de ellos a muerte y a los demás a penas de cárcel. Los tribunales marroquíes siguen imponiendo la pena de muerte, pero Marruecos no ha ejecutado a nadie desde principios de la década de 1990.

Cientos de presuntos extremistas islamistas detenidos a raíz de los atentados de Casablanca de mayo de 2003 permanecen en prisión. Muchos fueron condenados en juicios injustos después de haber sido detenidos en secreto y sometidos a malos tratos y, en ocasiones, a torturas. Desde los nuevos atentados terroristas cometidos en 2007, la policía ha arrestado a cientos más de supuestos militantes, muchos de los cuales fueron condenados y encarcelados, no por haber cometido actos de terrorismo, sino por pertenecer a una "red terrorista" o prepararse para unirse a "la yihad" en Irak o en otros lugares.

Hubo menos denuncias que en años anteriores sobre agencias de inteligencia que interrogaran a sospechosos de terrorismo en centros de detención clandestinos, y de haberlos detenido sin cargos durante períodos superiores al plazo máximo de 12 días permitido por la ley en casos de terrorismo. En mayo, delegaciones del Parlamento y del nuevo Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), creado por el Rey en marzo para reemplazar a su Consejo Consultivo de Derechos Humanos, visitaron el supuesto emplazamiento del más notorio de estos centros de detención, la sede de la Dirección General para la Vigilancia del Territorio en Temara, cerca de Rabat. Señalaron que no habían encontrado pruebas durante su visita de la existencia de un centro de detención en ese lugar.

Conducta de la policía y el sistema de justicia penal

Los tribunales rara vez proporcionan un juicio justo en los casos con connotaciones políticas. Los jueces ignoran habitualmente las solicitudes de exámenes médicos de los acusados ​​que alegan haber sido torturados, se niegan a convocar a los testigos de descargo y condenan a los acusados ​​sobre la base de confesiones aparentemente forzadas.

En agosto de 2010, el Ministro de Justicia suspendió al juez Jaafar Hassoun de su cargo de presidente del Tribunal Administrativo de Marrakech. Posteriormente, en diciembre de 2010, Hassoun fue expulsado del Consejo Superior de la Magistratura (CSM). Las autoridades acusaron a Hassoun de divulgar deliberaciones confidenciales del CSM al diario Essabah. Hassoun dijo que era inocente y las autoridades lo perseguían por su independencia del poder judicial, como cuando declaró invalidas las elecciones para la alcaldía de Marrakech en 2009, que había ganado un candidato de un partido en favor de la monarquía En enero, el Rey firmó una orden para expulsar a Hassoun de la judicatura.

En enero, un tribunal de apelaciones confirmó la condena y el encarcelamiento del campeón de boxeo Zakaria Moumni por fraude, después de juicios en los que nunca comparecieron los denunciantes y donde se utilizó como prueba una confesión presuntamente extraída mediante tortura. Moumni, que estaba siendo juzgado de nuevo cuando se escribió este capítulo, sostiene que su procesamiento se debe a motivos políticos y a su campaña persistente y pública para convencer a la monarquía de concederle beneficios gubernamentales a los que dice tener derecho.

En marzo, Mohammed VI indultó al coronel mayor retirado Kaddour Terhzaz y ordenó su liberación. En noviembre de 2008, un tribunal militar había condenado a Terhzaz por revelar "secretos de defensa nacional", con base en una carta que escribió en 2005 al Rey criticando lo que él consideraba un maltrato de Marruecos a sus pilotos, encarcelados por el Polisario durante un cuarto de siglo.

En abril, el Rey también indultó a cinco personalidades de la política condenadas en el juicio masivo de "Belliraj" por organizar una conspiración terrorista. En 2010, un tribunal de apelaciones confirmó el veredicto de culpabilidad contra los 35 acusados, aunque la mayoría había desmentido sus confesiones. El tribunal se negó a investigar las denuncias de los acusados de tortura, detención en cárceles secretas y falsificación de confesiones. Otros 29 acusados ​​en el caso continuaron cumpliendo sus penas de prisión, entre ellas una cadena perpetua para el supuesto cabecilla Abdelkader Belliraj. Otro de los acusados ​​ya había sido puesto en libertad en 2010 después de cumplir una condena de dos años.

El 19 de abril, un tribunal de Casablanca puso en libertad provisional a los destacados activistas saharauis, no violentos y pro independentistas, Ali Salem Tamek, Brahim Dahane y Ahmed Naciri, tras 18 meses de prisión preventiva. La policía los había arrestado junto con otros cuatro activistas en octubre de 2009, cuando regresaban de una visita a los campos de refugiados administrados por el Polisario en Argelia. El juicio contra los siete activistas, acusados de "dañar la seguridad interna [de Marruecos]", se inició en octubre de 2010, pero fue aplazado en varias ocasiones. Cuando se escribió este capítulo todavía no se había reanudado.

23 civiles saharauis siguieron detenidos en prisión preventiva bajo órdenes de un tribunal militar por su presunta participación en enfrentamientos en el interior y los alrededores de El Aaiún, en noviembre de 2010, entre las fuerzas de seguridad y los saharauis que se saldaron con muertes en ambos bandos. Otros 120 saharauis salieron en libertad bajo fianza y enfrentaron cargos menos graves en un tribunal civil por su participación en los enfrentamientos. Un año después de los sucesos, no se había iniciado ningún juicio.

Libertad de asociación

En Marruecos existen miles de asociaciones independientes, pero los funcionarios gubernamentales impiden arbitrariamente la legalización de muchas de ellas, lo que socava su libertad para operar. Entre los grupos afectados existen algunas organizaciones que defienden los derechos de los saharauis, los amazigh (bereberes), los inmigrantes subsaharianos y los graduados universitarios desempleados, así como asociaciones de beneficencia, culturales y educativas, en cuya dirección hay miembros de Justicia y Espiritualidad, un movimiento nacional bien afianzado que aboga por un Estado islámico y cuestiona la autoridad espiritual del Rey. El gobierno, que no reconoce a Justicia y Espiritualidad como una asociación legal, toleró muchas de sus actividades, pero impidió otras.

Las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales operan con escasos impedimentos en las grandes ciudades, pero, en ocasiones, los activistas individuales tienen que pagar un alto precio por denunciar irregularidades. Chekib el-Khayari, presidente de la Asociación de Derechos Humanos del Rif, cumplió dos años de una condena de tres años de prisión por "graves injurias contra las instituciones del Estado" y leves infracciones monetarias, hasta que el Rey le indultó en abril. Las autoridades encarcelaron a el-Khayari después de que acusara a ciertos funcionarios marroquíes de complicidad en el narcotráfico.

Derechos de la mujer

La nueva Constitución garantiza la igualdad de la mujer, "dentro del respeto a las disposiciones de la Constitución y las leyes y las características permanentes del Reino." Las reformas importantes al Código de Familia, adoptadas en 2004, elevaron la edad para contraer matrimonio y mejoraron los derechos de las mujeres con respecto al divorcio y la custodia de los hijos.  Sin embargo, el nuevo código conservó disposiciones discriminatorias en lo que respecta a la herencia y el derecho de los maridos a repudiar unilateralmente a sus esposas.

El 8 de abril, Marruecos retiró sus reservas a los artículos 9(2) y 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aunque mantuvo otras reservas. Este cambio demostró un compromiso por eliminar la discriminación de género en los derechos y las responsabilidades maritales y reflejó una ley de 2007 que otorgó a las madres marroquíes los mismos derechos que a los padres marroquíes para conferir la nacionalidad marroquí a sus hijos cuando el conyugue fuese de nacionalidad extranjera. En su primer estudio nacional sobre la violencia contra las mujeres,  el Haut Commissariat au Plan (Alto Comisariado de Planificación), una agencia gubernamental encargada de compilar las estadísticas nacionales, reveló que el 55 por ciento de las mujeres marroquíes encuestadas, de entre 18 y 64 años de edad, había experimentado violencia doméstica durante el año 2009, y un 15 por ciento dijo haber sufrido violencia física y un 48 por ciento violencia emocional.

Trabajadoras del hogar

En julio, un empleador mató supuestamente a golpes a una trabajadora del hogar de 11 años de edad, en El-Jadida. El caso llamó la atención sobre las decenas de miles de niñas marroquíes que trabajan como empleadas residentes del hogar, y las condiciones abusivas que sufren a menudo. El caso todavía estaba en los tribunales cuando se escribió este capítulo. Marruecos aprobó un proyecto de ley en octubre que, de aprobarse por el Parlamento, endurecería las sanciones contra las personas que violen la prohibición de emplear a menores de 15 años y reforzaría las condiciones de empleo de las personas de 15 a 18 años en los hogares.

Libertad de los medios de comunicación

Los medios de comunicación independientes impresos y en línea de Marruecos investigan y critican a los funcionarios gubernamentales y sus políticas, pero se enfrentan al enjuiciamiento y al acoso cuando se cruzan ciertos límites. La ley de prensa contempla penas de prisión por la difusión "maliciosa" de "información falsa" que pueda perturbar el orden público o por el discurso difamatorio, ofensivo contra los miembros de la familia real o que socave "el islam, la institución de la monarquía o la integridad territorial", es decir, la soberanía que defiende Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

La televisión estatal marroquí ofrece cierto margen para el periodismo de investigación, pero deja poco espacio para la crítica directa al gobierno o al disenso sobre cuestiones fundamentales. Cientos de periodistas que trabajan para medios controlados por el Estado, sobre todo los canales de televisión y la agencia de noticias estatal, llevaron a cabo protestas el 25 de marzo para exigir, entre otras cosas, una mayor independencia editorial.

En abril, las autoridades detuvieron a Rachid Nini, un popular columnista y editor del diario al-Masa'. En junio, un tribunal de primera instancia de Casablanca lo declaró culpable de intentar influir en las decisiones judiciales, mostrar desacato a las decisiones judiciales y acusar falsamente de delitos a funcionarios públicos. El tribunal lo condenó a un año de prisión y se negó a concederle la libertad provisional en espera de la apelación. Las pruebas contra él consistían en artículos que escribió criticando a las agencias de inteligencia de Marruecos y acusando de corrupción a personas cercanas al Palacio Real. El 24 de octubre, un tribunal de apelaciones confirmó el veredicto y la sentencia.

Marruecos revocó o retrasó la renovación de la acreditación de algunos periodistas que trabajan para medios extranjeros. Como muestra de su descontento con la cobertura de Al Jazeera sobre el conflicto del Sáhara Occidental, el gobierno cerró la oficina del canal de noticias en Marruecos en 2010.

Principales actores internacionales

En 2008, la Unión Europea (UE) concedió a Marruecos el "estatuto avanzado", lo que situó al país ligeramente por encima de los demás miembros de la "política de vecindad" de la UE. Marruecos es el segundo mayor beneficiario de ayudas de la UE de Oriente Medio, después de los Territorios Palestinos Ocupados, con 580 millones de euros (808 millones de dólares) asignados para el periodo de 2011 a 2013.

Francia es el principal socio comercial y la principal fuente de ayuda pública al desarrollo e inversión privada de Marruecos. Francia aumentó su ayuda internacional para el desarrollo a 600 millones de euros (810 millones de dólares) para la fase de 2010 a 2012.Francia criticó públicamente en muy pocas veces las prácticas de Marruecos en materia de derechos humanos y apoyó abiertamente a su plan de autonomía para el Sáhara Occidental. El 18 de julio, la presidencia francesa del G8 elogió los resultados del referendo constitucional y declaró el compromiso de "apoyo concreto", por parte de los países del G8, a la "aplicación completa y rápida del programa de reformas de Marruecos".

Estados Unidos proporciona ayuda financiera a Marruecos, un aliado cercano, lo que incluye un programa de donaciones de la Millennium Challenge Corporation por cinco años, iniciado en 2008, con valor de 697 millones de dólares para reducir la pobreza y estimular el crecimiento económico. Con respecto a los derechos humanos, Estados Unidos continuó elogiando públicamente los esfuerzos de reforma de Marruecos y los avances logrados por las mujeres. Sin embargo, en una visita a Marruecos en junio, la subsecretaria de Estado adjunta, Tamara Wittes, dijo que funcionarios de Estados Unidos habían expresado su preocupación al gobierno marroquí sobre la violencia policial para abordar las manifestaciones pacíficas.

La resolución de 2011 del Consejo General de las Naciones Unidas que renueva el mandato de la fuerza de mantenimiento de la paz para el Sáhara Occidental (MINURSO) contenía un texto más explícito en materia de derechos humanos que en años anteriores, pero no amplió el mandato de la MINURSO para incluir la observación de los derechos humanos, una ampliación que cuenta con el apoyo del Polisario y la oposición de Marruecos. La MINURSO es la única operación de mantenimiento de la paz creada después de 1990 que no tiene ningún componente de observación de los derechos humanos. La Resolución 1979 alentó "a las partes a que colaboren con la comunidad internacional para establecer y aplicar medidas independientes y creíbles que aseguren el pleno respeto de los derechos humanos". Acogió con beneplácito "el compromiso de Marruecos de asegurar un acceso sin trabas ni condiciones a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".