El año 2011 fue dramático para Libia. Un levantamiento popular y la represión gubernamental desembocaron en una revuelta armada, la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la muerte de un dictador que había acumulado un deplorable historial en materia de derechos humanos a lo largo de 42 años. Cuando se escribió este capítulo, los nuevos líderes provisionales del Libia, a través del Consejo Nacional de Transición (CNT), estaban intentado controlar a las múltiples milicias y fuerzas de seguridad locales en todo el país, tomar control de las armas sin vigilancia y construir una nueva Libia basada en instituciones independientes y el Estado de derecho. La debilidad del sistema de justicia penal, la tortura y el maltrato de los detenidos, así como los ataques de represalia contra funcionarios y partidarios de Gaddafi fueron preocupaciones acuciantes, al igual que la aparente ejecución del líder libio Muammar Gaddafi, su hijo Muatassim, y docenas de sus partidarios.

El levantamiento

El 15 de febrero de 2011, comenzaron las protestas antigubernamentales en la segunda ciudad más importante de Libia, Bengasi, después de los levantamientos populares en los países vecinos de Túnez y Egipto. El detonante de las protestas fue el arresto de críticos del gobierno, entre ellos un abogado que representaba a las familias de un número estimado de 1,200 presos asesinados en la prisión de Trípoli Abu Salim en 1996.

Las fuerzas gubernamentales respondieron con arrestos y ataques contra los manifestantes pacíficos en Bengasi y otras ciudades del este del país. El gobierno hizo un uso excesivo de la fuerza cuando las protestas se extendieron a ciudades occidentales como Trípoli, la capital del país, Misrata, Zawiya, Zuwara y Zintan. Human Rights Watch documentó el uso de fuego real con consecuencias mortales por parte del gobierno contra manifestantes pacíficos, así como la detención y desaparición de cientos de personas sospechosas de haber participado en manifestaciones contra el gobierno.

La respuesta internacional a la represión de Gadafi no se hizo esperar. El 25 de febrero, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó las violaciones "graves y sistemáticas" en Libia y pidió la creación de una comisión de investigación. Al día siguiente, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la Resolución 1970, que impuso un embargo de armas a Libia y sanciones a Gadafi y los principales miembros de su familia y del gobierno, y sometió la situación de Libia a la consideración de la Corte Penal Internacional (CPI). La resolución dispuso que la CPI tenía jurisdicción sobre los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Libia a partir del 15 de febrero. En junio, los magistrados de la CPI autorizaron órdenes de arresto por crímenes de lesa humanidad contra tres sospechosos: Muammar Gaddafi, su hijo Saif al-Islam y el jefe de inteligencia y cuñado de Gadafi, Sanussi Abdullah. Muammar Gaddafi murió el 20 de octubre, pero, cuando se escribió este capítulo, los otros dos sospechosos seguían en libertad.

Frente a la represión violenta del gobierno, el levantamiento se convirtió rápidamente en un conflicto armado, especialmente después de que las fuerzas de oposición tomaron control del armamento militar abandonado del gobierno al este de Libia. El 17 de marzo, cuando las fuerzas militares de Gadafi se iban aproximando a Bengasi, el principal bastión de la oposición, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1973 que impuso una zona de exclusión aérea sobre Libia y autorizó el uso de "todas las medidas necesarias", a excepción de una fuerza de ocupación, para proteger a la población civil. Esto llevó a la Operación Protector Unificado de la OTAN, con el mandato de proteger a la población civil, que impidió que las fuerzas de Gadafi retomaran Bengasi y la zona oriental de Libia. La misión de la OTAN extendió su mandato con el tiempo para dar apoyo aéreo a las fuerzas opositoras a Gadafi. Francia, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, y posiblemente otros gobiernos, proporcionaron armas y entrenamiento a los combatientes de la oposición. Qatar dijo posteriormente que había desplegado a cientos de sus propios efectivos sobre el terreno.

El conflicto armado

Desde febrero hasta agosto, cuando cayó Trípoli, las fuerzas de Gadafi arrestaron a miles, si no decenas de miles, de personas en todo el país, entre ellos manifestantes antigubernamentales, presuntos detractores del gobierno y personas acusadas de haber proporcionado información a los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos internacionales. Muchos de los detenidos eran combatientes, pero muchos otros eran civiles, como médicos, periodistas y personas atrapadas en las zonas de los combates. El gobierno de Gadafi no proporcionó información respecto a cuántas personas habían sido arrestadas, dónde estaban detenidas o los cargos que pesaban sobre ellas. Los detenidos puestos en libertad por el gobierno durante y después del conflicto denunciaron que había sufrido torturas frecuentes, como palizas con palos de madera y tubos de plástico, y el uso de descargas eléctricas. Al parecer, algunos presos murieron como consecuencia del abuso o la posterior falta de atención médica.

En los combates, las fuerzas del gobierno lanzaron repetidos ataques indiscriminados con mortero y cohetes Grad contra zonas habitadas por civiles, especialmente en Misrata y ciudades de las montañas occidentales. La ciudad costera de Misrata sufrió un asedio de dos meses con ataques casi diarios que mataron a numerosos civiles e impidieron durante un tiempo la entrega de ayuda humanitaria. Human Rights Watch confirmó que el gobierno había disparado municiones de racimo con mortero contra zonas residenciales de Misrata, y había dejado caer minas contra vehículos mediante ​ cohetes Grad.

El gobierno plantó miles, y quizás decenas de miles, de minas terrestres contra personas y vehículos en varias partes de Libia, como Ajdabiya, Brega, Misrata y las montañas occidentales. Human Rights Watch confirmó el uso de cinco tipos de minas terrestres en seis lugares diferentes, lo que probablemente pondrá en peligro a la población civil durante muchos años. Al parecer, la mina antipersonal brasileña T-AB-1 fue la que se usó con más frecuencia: su bajo contenido de metales la hace más difícil de detectar y desinstalar.

Human Rights Watch documentó diez presuntos casos de violación en grupo y agresión sexual cometidos durante el conflicto por las fuerzas de Gadafi contra hombres y mujeres, entre los que se encontraron detenidos bajo custodia. Todavía se desconoce el alcance de la violencia sexual durante el conflicto, debido en parte al estigma que se atribuye a la violación en Libia y a los peligros que los sobrevivientes pueden enfrentar cuando dan a conocer este tipo de delitos.

Durante el conflicto, y especialmente justo antes de la caída de Trípoli, las fuerzas de Gadafi ejecutaron a los presos bajo su custodia. Al parecer, en agosto, los miembros de la Brigada Khamis, una poderosa fuerza militar dirigida por Khamis, uno de los hijos de Gadafi, ejecutaron sumariamente a al menos 45 detenidos en un almacén de Trípoli. Los 34 cadáveres exhumados en agosto de una fosa común cerca de la ciudad de al-Qawalish, al oeste de Libia, correspondían aparentemente a los de hombres detenidos por las fuerzas de Gadafi a principios de junio. En septiembre, se hallaron enterrados los cadáveres de 18 detenidos, muertos por asfixia durante la detención por las fuerzas de Gadafi en junio, en al-Khoms, al oeste de Libia. En mayo, las fuerzas de seguridad ejecutaron al parecer a diez manifestantes antigubernamentales en Bani Walid.

Cuando se escribió este capítulo, Libia seguía intentado resolver el problema de los desaparecidos por el conflicto. El número de muertos y desaparecidos aún no está claro. Se siguieron descubriendo fosas comunes, pero la falta de expertos forenses complicó el proceso de identificación.

Las fuerzas rebeldes también cometieron violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario durante el conflicto armado. El caso más significativo documentado se produjo en octubre, cuando las milicias de Misrata ejecutaron presuntamente a 53 partidarios de Gadafi en Sirte.

En zonas al este de Libia bajo el control del CNT desde finales de febrero y principios de marzo, los grupos de voluntarios encargados de la seguridad detuvieron arbitrariamente a docenas de presuntos partidarios de Gadafi. Esto dio lugar a graves abusos, que incluyeron torturas. Human Rights Watch documentó una presunta muerte durante la detención por grupo de seguridad local en Baida, y recibió informes creíbles acerca de otras muertes. Al menos una decena de ex funcionarios de seguridad de Gadafi fueron hallados muertos en Bengasi y Derna, víctimas de supuestos asesinatos en represalia.

Cuando el gobierno de Gadafi se retiró del este del país, decenas de miles de trabajadores extranjeros subsaharianos se vieron expuestos a la amenaza de la violencia y las detenciones arbitrarias, y miles de ellos tuvieron que huir. La mayoría de estos migrantes, junto con los libios de piel oscura, fueron acusados ​​sin pruebas de haber combatido como mercenarios de Gadafi, aunque de hecho mercenarios de algunos países participaron en los combates.

En julio, el comandante de las fuerzas de la oposición, el general Abdul Fatah Yunes, fue asesinado junto con dos de sus colaboradores en circunstancias poco claras. Pese a las promesas, las autoridades no parecen haber llevado a cabo una investigación independiente.

En las montañas occidentales, las fuerzas rebeldes realizaron actos de venganza en algunas de las ciudades que tomaron, entre ellos saqueos, incendios y ciertos episodios de violencia física.

Mientras las fuerzas del CNT tomaban control del oeste de Libia a finales de agosto, las milicias locales detuvieron arbitrariamente a cientos, si no miles, de trabajadores migrantes subsaharianos y libios de piel oscura procedentes del sur del país, a los que acusaron de mercenarios. En algunos casos, las milicias sometieron a estos detenidos a abusos físicos y trabajos forzados en prisión. Miles de inmigrantes africanos se refugiaron en campamentos improvisados, con pésimas condiciones de vida y seguridad.

Las condiciones de reclusión en la región occidental de Libia después de la caída de Gadafi no cumplían las normas mínimas: había hacinamiento, falta de alimentos y agua, y denuncias constantes de abusos, como palizas y ciertos casos de descargas eléctricas. El CNT no ha proporcionado a la mayoría de los detenidos el derecho a revisiones judiciales inmediatas y mucho menos el acceso a un abogado.

Un problema clave es el gran número de fuerzas de seguridad locales en Trípoli, así como en otras ciudades y pueblos, muchos de los cuales mantienen sus propios centros improvisados de detención. Cuando se escribió este capítulo, el CNT estaba intentando unir estas fuerzas dispares bajo un mando civil unificado.

Los ataques de represalia contra la población considerada partidaria de Gadafi también aumentaron en septiembre y octubre. En particular, las milicias de Misrata impidieron que unas 30,000 personas regresaran a sus hogares en Tawergha, un pueblo cercano a Misrata, a las que acusó de haber cometido atrocidades en Misrata, junto con las fuerzas de Gadafi. Los residentes de Tawergha desplazados fueron objeto de detenciones arbitrarias y torturas durante la detención, que en algunos casos llevó a su muerte. Los miembros de la tribu mesheshiya de las montañas occidentales, acusados de haber sido leales Gaddafi, también denunciaron hostigamiento y ataques de represalia.

El 20 de octubre, después de semanas de intensos combates en Sirte, las fuerzas del CNT capturaron a Muammar Gadafi y a su hijo Muatassim. Las imágenes de vídeo sugieren claramente que fueron ejecutados durante su detención. El CNT dijo que creará una comisión de investigación para examinar las muertes.

Tres días después de la muerte de Gadafi, Human Rights Watch descubrió 53 cadáveres de supuestos simpatizantes de Gadafi afuera del hotel Mahari en Sirte, donde las fuerzas rebeldes de Misrata habían establecido su base. Algunas de las víctimas tenían las manos atadas a la espalda, y al parecer a todas se les disparó en esta ubicación. El CNT dijo que investigará estos casos.

A pesar de las promesas, hasta octubre, el CNT no había logrado tomar control de algunos de los arsenales militares de armas y municiones abandonados por las fuerzas de Gadafi. Estos arsenales contienen misiles tierra-aire (SAM) y grandes cantidades de armamento explosivo que no han sido asegurados. Personas civiles y grupos armados saquearon intensamente muchos de estos arsenales.

El CNT respondió positivamente a ciertas peticiones de organizaciones de derechos humanos durante y después del conflicto, por ejemplo, mediante la concesión de acceso sin restricciones a Human Rights Watch y otros grupos a sus centros de detención. El CNT se comprometió públicamente a respetar las leyes de la guerra y cooperar con la CPI, y los líderes políticos condenaron reiteradamente los ataques de represalia. El 28 de abril, el CNT se comprometió oficialmente a no utilizar minas terrestres contra personas y vehículos, y a destruir todas las minas en manos de sus fuerzas. Al mismo tiempo, los líderes del CNT dijeron que tenían un control limitado de las múltiples milicias y brigadas locales que habían cometido abusos durante y después de los combates.

Las fuerzas de la OTAN dirigidas por franceses y británicos, con un importante apoyo de Estados Unidos, lanzaron miles de ataques aéreos contra objetivos del gobierno durante el conflicto, algunos de los cuales mataron a civiles. Según una investigación parcial de Human Rights Watch, el número de muertes de civiles parecía mucho menor a lo afirmado por el gobierno de Gadafi, aunque superior a la cifra reconocida por la OTAN.

A principios de agosto, Human Rights Watch investigó cuatro emplazamientos dentro del territorio bajo el control del gobierno de Gadafi al oeste de Libia, en los que habían muerto aparentemente alrededor de 50 personas, algunas de ellas claramente civiles. Dadas las circunstancias, no fue posible determinar en ninguno de los sitios si estos civiles habían muerto a consecuencia de un ataque ilegal de la OTAN. La OTAN no ha facilitado información detallada sobre estos objetivos y las razones de las bajas civiles. También se acusó a las fuerzas de la OTAN de no rescatar a los inmigrantes africanos que huían del conflicto por mar, lo que en una ocasión se saldó con 63 muertes.

Principales actores internacionales

Muchos países desempañaron papeles cruciales en Libia en 2011, especialmente aquellos que participaron en la campaña de la OTAN. Qatar y los Emiratos Árabes Unidos proporcionaron un importante apoyo a la oposición contra Gadafi, y posteriormente a algunas organizaciones de la era posterior a Gadafi. Todos estos países, así como la Unión Europea, tienen un gran interés en que los futuros gobiernos de Libia respeten los derechos humanos y el Estado de derecho. Una misión de la ONU está encargada de ayudar en el proceso de transición de Libia, especialmente en lo que respecta a elecciones democráticas y  justicia de transición.

Los nuevos líderes libios se enfrentan a un enorme desafío: construir un país basado en el Estado de derecho después de 42 años del gobierno de una sola familia, y al mismo tiempo tratar de evitar  ataques de represalia, garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos por todas las partes en el conflicto y promover la reconciliación. Todos estos procesos llevarán tiempo y requerirán ayuda externa. No obstante, los acontecimientos de 2011 han dado a los libios la oportunidad de emprender este arduo proceso.