Por Zama Coursen-Neff y Bede Sheppard
De los 72 millones de niños en edad escolar que actualmente no asisten a la escuela en todo el mundo, más de la mitad (39 millones) vive en países afectados por conflictos armados.[1] En muchos de estos países, grupos armados amenazan y matan a estudiantes y profesores, y bombardean y queman escuelas como tácticas en el conflicto. Las fuerzas de seguridad gubernamentales utilizan las escuelas como bases para operaciones militares, poniendo en riesgo a los estudiantes y socavando aún más la educación.
Desde 2004, en el sur de Tailandia, insurgentes separatistas han incendiado escuelas por lo menos en 327 ocasiones, y las fuerzas de seguridad gubernamentales ocuparon por lo menos 79 escuelas en 2010. En Colombia, en la última década, han sido asesinados cientos de maestros activos en los sindicatos; los responsables suelen ser paramilitares a favor del gobierno y otras partes en el conflicto en curso entre las fuerzas gubernamentales y rebeldes. En el norte de la República Democrática del Congo (RDC), el rebelde Ejército de Resistencia del Señor (ERS) ha secuestrado a un gran número de niños de las escuelas y se ha vengado de los pueblos sospechosos de ayudar a los desertores del ERS mediante, entre otras cosas, el saqueo y la quema de escuelas.
"Te advertimos que debes dejar tu trabajo como maestro lo antes posible porque si no les cortaremos las cabezas a sus hijos y le prenderemos fuego a tu hija", decía una carta de amenaza de insurgentes talibanes en Afganistán, donde entre marzo y octubre de 2010 fueron atacadas 20 escuelas con explosivos e incendiarios, y donde los insurgentes mataron a 126 estudiantes.
Mientras que los ataques contra escuelas, profesores y estudiantes en Afganistán han sido posiblemente las imágenes más vívidas de este problema (hombres en motocicletas disparando contra estudiantes, niñas rociadas con ácido), los ataques intencionales a la educación son un fenómeno, si bien poco documentado, de gran alcance. No es un problema que esté limitado a unos pocos países, sino uno más amplio en el panorama de los conflictos armados del mundo. Investigadores de Human Rights Watch han documentado ataques contra estudiantes, profesores y escuelas (y sus consecuencias para la educación) en Afganistán, Colombia, la República Democrática del Congo, India, Nepal, Birmania, Pakistán, Filipinas y Tailandia. La UNESCO informa que entre 2007 y 2009 se produjeron ataques en al menos 31 países.[2]
Aunque sólo algunos grupos armados no estatales apoyan abiertamente este tipo de ataques, las medidas que se han tomado para documentarlos, denunciarlos y ponerles fin han sido insuficientes. Tampoco se da la consideración necesaria al impacto negativo que tienen las ocupaciones a largo plazo de las escuelas por las fuerzas militares. El acceso a la educación es cada vez más reconocido como un elemento crucial en la respuesta humanitaria de emergencia, especialmente durante el desplazamiento masivos de personas y los desastres naturales. Pero es solo ahora que la protección de las escuelas, profesores y estudiantes de ataques deliberados en las zonas de conflicto está recibiendo mayor atención. Los grupos de ayuda humanitaria son cada vez más conscientes de los daños que causan estos ataques y las consecuencias que tienen a largo plazo, y los grupos de derechos humanos han comenzado a abordarlos en el contexto de la protección de los civiles en los conflictos armados y la promoción de los derechos económicos y sociales, incluido el derecho a la educación.
Una respuesta eficaz a los ataques a la educación requerirá políticas y acciones más enfocadas por parte de los gobiernos preocupados y un esfuerzo internacional mucho mayor. Hacer que los estudiantes, profesores y escuelas queden realmente fuera del alcance de los grupos armados no estatales y los ejércitos regulares exigirá que los gobiernos, los grupos de oposición y otras organizaciones implementen fuertes medidas, cuyo cumplimiento sea supervisado mediante un control riguroso, intervenciones preventivas, reacciones inmediatas a las violaciones y la rendición de cuentas de los infractores de las leyes nacionales e internacionales.
Por qué se ataca a los niños, profesores y escuelas
Los grupos armados no estatales atacan escuelas, maestros y estudiantes por una variedad de razones. Los grupos rebeldes a menudo ven a las escuelas y los profesores como símbolos del Estado. De hecho, en zonas rurales, pueden ser las únicas estructuras y los únicos empleados gubernamentales en los alrededores, y pueden servir para múltiples propósitos. Por ejemplo, en India, Pakistán y Afganistán, los grupos armados de oposición han atacado escuelas utilizadas como centros de votación durante las elecciones.
Los profesores y las escuelas constituyen blancos "suaves" de alta visibilidad: se les puede atacar más fácilmente que a las fuerzas de seguridad gubernamentales, las ofensivas tienden a atraer la atención de los medios de comunicación hacia los agresores y su agenda política, y socavan la confianza en el control del Gobierno. Los grupos de oposición también pueden ver a las escuelas y los maestros como símbolos de un sistema educativo opresivo. Un profesor en el sur de Tailandia le contó a Human Rights Watch cómo se convirtió en objetivo de ambas partes del conflicto separatista. Insurgentes musulmanes le advirtieron que, como musulmán, no debería estar enseñando en una escuela del Gobierno. Más tarde, tropas paramilitares del Gobierno local también lo amenazaron por su presunto apoyo a los insurgentes. Poco después, asaltantes no identificados le dispararon cuando se dirigía a su casa después de sus oraciones diarias en su mezquita, hiriéndolo de gravedad.
A veces las escuelas son atacadas porque los grupos armados se oponen al contenido de la educación que se imparte o a los estudiantes beneficiarios de la misma. En algunos países, las escuelas han sido blanco de ataques porque sus planes de estudios son percibidos como laicos u "occidentales"; otras simplemente porque también educan a las niñas. No toda la violencia es ideológica: es posible que los elementos criminales quieran expulsar a fuentes autoritarias que les hacen la competencia; algunos ataques no son más que conflictos locales que pueden estar o no relacionados a la educación.
Las escuelas y las rutas que los estudiantes toman para llegar a ellas también pueden convertirse en blanco de rebeldes, paramilitares y otros que buscan reclutar a los niños para sus ejércitos, para el adoctrinamiento o para mantener relaciones sexuales forzadas. Por ejemplo, durante la prolongada guerra civil en Nepal, Human Rights Watch documentó cómo los rebeldes maoístas utilizaban una variedad de técnicas para reclutar a niños, incluyendo el secuestro de grandes grupos de menores, a menudo de las escuelas, para el adoctrinamiento.
Las consecuencias de los ataques
El impacto de los ataques puede ser devastador. Muchos profesores y alumnos pueden resultar heridos, traumatizados y, en algunos casos, muertos. Además, los ataques a menudo conducen a una disminución drástica en las tasas de asistencia escolar. Cuando la asistencia permanece baja durante un largo plazo acarrea repercusiones negativas sobre la economía y los índices de desarrollo clave, como las medidas de la salud materna y de los niños.
En el peor de los casos, cientos de escuelas son clausuradas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación de Afganistán informó en marzo de 2009 que aproximadamente 570 escuelas permanecían cerradas tras los ataques de los talibanes y otros grupos insurgentes, lo que se traduce en cientos de miles de estudiantes a los que se les niega la educación.
Los ataques también pueden dañar las infraestructuras y los materiales de aprendizaje, lo que conduce a la necesidad de reparaciones extensas y costosos nuevos materiales antes de que las escuelas puedan volver a abrir sus puertas. Si las escuelas no son cerradas por completo, las clases pueden verse suspendidas durante días, semanas, o incluso más tiempo. Además, una vez reanudadas, puede ser que sean impartidas en estructuras peligrosas, parcialmente derrumbadas o incluso a la intemperie. Otros valiosos servicios que se ofrecen a las comunidades en los edificios escolares, tales como los programas de educación para adultos y los servicios de salud comunitaria, entre otros, también se pueden perder.
Cuando los gobiernos no emprenden obras de reconstrucción después de un ataque, el impacto es aún mayor. Por ejemplo, en India, ninguna de las escuelas atacadas por los rebeldes maoístas (conocidos como naxalitas) que Human Rights Watch visitó en 2009 había recibido ninguna ayuda del Gobierno para reparaciones o reconstrucciones. Los ataques se habían producido entre dos y seis meses antes y los gobiernos estatales habían declarado que disponían de recursos para la reconstrucción.
Los ataques contra escuelas y profesores traumatizan a los estudiantes y afectan el rendimiento laboral de los maestros. Incluso cuando los edificios se mantienen intactos o la infraestructura física es restaurada, es posible que los profesores y los estudiantes tengan demasiado miedo para volver. Profesores calificados pueden negarse a trabajar en el área, dejando a los que se quedan con grandes dificultades para darse abasto.
Por ejemplo, en el estado rural de Bihar en India, los residentes locales describieron a Human Rights Watch cómo un gran grupo de maoístas hizo estallar el edificio de la escuela primaria en su ciudad. En respuesta, fuerzas paramilitares de la policía local establecieron un campamento dentro de las estructuras que permanecieron en pie. Las clases se reanudaron en un refugio para viajeros, en parte a la intemperie, sin baños ni la comida del mediodía exigida por el Gobierno. Uno de los padres le dijo a Human Rights Watch: "Cuando la gente escucha acerca de estos problemas, los padres sacan a sus hijos [de la escuela]".
Los ataques también pueden tener un efecto dominó sobre las escuelas de los alrededores e influir sobre el cálculo general que los padres y los estudiantes hacen en su evaluación de los costos y beneficios de asistir a la escuela. En las zonas de conflicto, la calidad de la educación es a menudo ya de por sí débil y las familias pueden ser muy sensibles a la violencia. Por ejemplo, cuando en septiembre de 2010, dos profesores en el sur de Tailandia fueron asesinados de camino a un mercado local, la federación local de profesores suspendió las clases en todas las escuelas públicas en la provincia durante tres días.
Las amenazas por sí solas pueden ser muy eficaces para cerrar escuelas en entornos donde la violencia es generalizada y los responsables quedan impunes. Una maestra en la provincia rural de Laghman, Afganistán, le contó a Human Rights Watch que un tercio de sus alumnas abandonó la escuela después de que alguien dejara una "carta nocturna" en la mezquita que decía: "Advertimos que deben dejar de enviar a sus hijas a estas clases o no podrán ni siquiera imaginarse las consecuencias. Una bomba destruirá sus clases, y si alguna de sus hijas es violada o secuestrada, no podrán quejarse después".
El uso de las escuelas para fines militares
En estrecha relación con los ataques dirigidos a las escuelas está el uso de las instalaciones escolares por las fuerzas armadas nacionales y otros grupos armados. Atraídas por la ubicación de las escuelas en lugares centrales, sus sólidas estructuras y las instalaciones eléctricas y sanitarias, algunas fuerzas de seguridad invaden las escuelas durante semanas o meses, y a veces incluso años. Por ejemplo, en los estados de Bihar y Jharkhand en India, donde las fuerzas de seguridad del Gobierno se apoderaron de docenas de escuelas y las utilizaron como puestos de avanzada en los conflictos con los rebeldes maoístas, las 21 ocupaciones de escuelas que Human Rights Watch investigó en 2009 y 2010 duraron entre seis meses y tres años. El uso militar de las escuelas no sólo interfiere en la educación de los estudiantes, sino que puede provocar ataques de fuerzas contrarias.
Incluso cuando las escuelas no están siendo utilizadas para las clases, el uso militar es problemático porque los ataques de las fuerzas de oposición pueden destruir la infraestructura escolar y confundir los limites entre las instalaciones civiles y militares, exponiendo a las escuelas al ataque una vez que los estudiantes han vuelto a las aulas. Cuando las fuerzas de seguridad ocupan una escuela, suelen fortificar y militarizar los edificios y terrenos escolares, por ejemplo, mediante el establecimiento de puestos guardia, la excavación de trincheras y la construcción de muros de protección con alambre de púas y sacos de arena. Cuando las fuerzas de seguridad se retiran, a menudo dejan atrás estas fortificaciones. Esto pone a la escuela en una situación de peligro constante porque sigue teniendo la apariencia de una instalación militar mucho después de que las fuerzas de seguridad se han ido.
En algunos casos, las fuerzas de seguridad desplazan completamente a los estudiantes. En ninguno de los casos investigados por Human Rights Watch los gobiernos tomaron medidas para proporcionar instalaciones educativas alternas de una calidad comparable a los niños desplazados por las ocupaciones militares de las escuelas.
En otros casos, los militares sólo ocupan ciertas áreas dentro de las escuelas, mientras las clases continúan en las partes no ocupadas. Esta ocupación parcial de las escuelas también es problemática. En las escuelas parcialmente ocupadas que Human Rights Watch visitó en India y el sur de Tailandia, estudiantes, maestros y padres se quejaron de problemas tan diversos como el hacinamiento en las aulas, la pérdida de las cocinas que antes solían proporcionar las comidas del mediodía y la imposibilidad de usar los baños de la escuela. (La falta de acceso a retretes es un factor reconocido a nivel mundial que contribuye a la baja asistencia de las niñas a la escuela). Los estudiantes tratan de continuar sus estudios pese a la presencia de hombres armados cuyo comportamiento en muchos casos deja mucho que desear-que va desde golpear a presuntos delincuentes delante de los estudiantes hasta el entretenerse con actividades de juego, bebidas alcohólicas y consumo de drogas- y va en contra de un entorno de aprendizaje seguro y positivo para los niños.
Cuando las fuerzas de seguridad se instalan en una escuela, normalmente hay un éxodo instantáneo de estudiantes. Las ocupaciones a largo plazo suelen desalentar las nuevas inscripciones. Las niñas parecen más propensas a abandonar la escuela o a ni siquiera inscribirse, en parte por temor a ser hostigadas por los soldados de ocupación o la policía. Por ejemplo, estudiantes y profesores en Jharkhand y Bihar, en India, se quejaron de que los agentes de las fuerzas de seguridad se bañaban en ropa interior delante de las niñas. Estudiantes en el sur de Tailandia nos dijeron que comandos paramilitares les habían pedido los números de teléfono de sus hermanas mayores. Este tipo de conducta, obviamente, no tiene lugar en una escuela.
Normas internacionales que protegen la educación
Bajo las leyes internacionales de derechos humanos (la ampliamente ratificada Convención de los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), los países están obligados a hacer que la educación primaria sea obligatoria y gratuita para todos, y que la educación secundaria esté disponible y sea accesible. Deben trabajar para mejorar progresivamente la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de abandono escolar de los niños y las niñas. Con el fin de garantizar el derecho a la educación, los Estados tienen la obligación de prevenir y responder a los ataques de los grupos armados no estatales para que las escuelas sigan operando y los niños reciban una educación. Los ataques contra estudiantes, maestros y escuelas violan diversas disposiciones de la legislación penal nacional.
En situaciones que desembocan en un conflicto armado, también se aplica el derecho internacional humanitario (las leyes de la guerra). El derecho internacional humanitario es vinculante para todas las partes implicadas en un conflicto, es decir, tanto para el Gobierno como para los grupos armados de oposición. Entre las leyes aplicables cabe destacar los Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales, y el derecho internacional consuetudinario. En virtud del derecho internacional humanitario, las escuelas e instituciones educativas son de carácter civil y están protegidas de los ataques deliberados con la excepción del momento en que están siendo utilizadas por las fuerzas beligerantes para un propósito militar. Por consiguiente, una escuela que sirva de sede militar o como un depósito de municiones se convierte en un blanco para los ataques.
El derecho internacional humanitario también prohíbe los actos o amenazas de violencia con el objetivo principal de difundir el terror entre la población civil.
Cuando las fuerzas gubernamentales o grupos armados no estatales ocupan las escuelas durante un conflicto armado, tienen la obligación de tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles de los ataques y para evacuarlos de la vecindad: es ilegal utilizar una escuela simultáneamente como una fortaleza activa en el conflicto armado y como centro educativo. Cuanto mayor sea el tiempo en que la escuela no pueda ser usada para propósitos educativos, mayor será la obligación del Estado de garantizar por otros medios el derecho de los estudiantes a la educación. Cuando una estructura deja de ser utilizada como una escuela, las autoridades deben reubicar a los maestros y los estudiantes a un lugar seguro donde puedan retomarse las actividades educativas, o estarán negando a los niños el derecho a la educación en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
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Acabar con los ataques contra escuelas, profesores y estudiantes requiere una actuación a nivel nacional e internacional en tres frentes:
- Mejores sistemas de supervisión;
- Medidas preventivas específicas, y respuestas más decisivas e inmediatas cuando ocurren incidentes; y
- Mecanismos eficaces de justicia para la rendición de cuentas de quienes violen las leyes nacionales e internacionales.
Supervisión
Para disuadir más eficazmente los ataques contra la educación, se debe comenzar con el reconocimiento del problema, incluyendo las declaraciones públicas por parte de funcionarios y, cuando sea posible, de los comandantes de los grupos rebeldes, para dejar en claro que están prohibidos los ataques contra estudiantes y profesores, así como el uso de las escuelas con fines militares. Con demasiada frecuencia, las políticas gubernamentales y las regulaciones sobre el uso de las escuelas para las operaciones militares en zonas de conflicto son ambiguas o inexistentes. Un modelo positivo a seguir es el de Filipinas, que estipula específicamente como delitos los ataques contra los edificios escolares y prohíbe su uso por las fuerzas gubernamentales como puestos de mando, destacamentos, almacenes, u otro tipo de instalaciones militares.[3]
La información también es fundamental. Los funcionarios deben implementar sistemas de vigilancia que garanticen que se está haciendo un seguimiento de los ataques contra escuelas, maestros y estudiantes: es imposible diseñar una respuesta efectiva si no se conoce el alcance del problema. Con demasiada frecuencia, los ataques a la educación han caído en un limbo que está fuera del alcance de los organismos de protección y educación y, por lo tanto, no han sido abordados como un problema sistemático que requiera una supervisión y una respuesta coordinada. Si bien los gobiernos están en la mejor posición para vigilar los ataques, algunos carecen de la capacidad o voluntad de hacerlo. En otros casos, ellos mismos están implicados. Aquí, la ONU y otros actores internacionales tienen un papel importante que desempeñar.
La supervisión internacional es especialmente importante en el caso de los conflictos subestimados, incluyendo los de bajo perfil que no han producido desplazamientos en masa de la población, pero que implican ataques a la educación. Los militares, las embajadas, las oficinas de asuntos políticos y otros organismos de paz y seguridad también deberían ser alentadas a ver (y por tanto supervisar) el acceso a la educación y los ataques contra la misma en todos los niveles, como una medida trascendental de seguridad.
El Mecanismo de Vigilancia y Presentación de Informes (MRM, por sus siglas en inglés) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los niños y los conflictos armados constituye un vehículo que, si es centrado más en este tipo de ataques, podría tener un impacto de gran alcance. El MRM fue establecido en 2005 y actualmente opera en 13 países, aportando información sobre los abusos cometidos contra niños en los conflictos al Consejo de Seguridad desde el campo de batalla . A su vez, el Consejo de Seguridad tiene autoridad para tomar medidas enérgicas contra los implicados que cometen abusos contra los niños durante los conflictos armados, incluyendo la imposición de sanciones y embargos de armas y la remisión de los autores de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a la Corte Penal Internacional.
En la actualidad, el MRM sólo entra en operación en caso de que haya evidencia de crímenes de guerra que incluyan el reclutamiento y la utilización de los niños como soldados, la violencia sexual contra los niños durante un conflicto, y el asesinato y la mutilación de niños. Sin embargo, una vez que está operativo en un país, el mecanismo tiene la obligación de vigilar otros abusos, incluyendo los ataques contra la educación. El Consejo de Seguridad ha instado a las partes involucradas en conflictos a abstenerse de "ataques y amenazas contra niños en edad escolar y profesores, de usar las escuelas para operaciones militares, y de ataques contra escuelas que están prohibidos por el derecho internacional aplicable".[4] Sin embargo, el organismo ha emitido menos recomendaciones sobre educación a través del MRM que sobre cuestiones de mayor perfil, como los niños soldados. Otro factor importante es la ausencia del MRM en algunos lugares que siguen sufriendo los continuos ataques contra sus instalaciones escolares y personal, como es el caso del sur de Tailandia e India.
Con el apoyo del MRM, la ONU ha conseguido logros significativos en la reducción del uso de niños soldados a través de la negociación de planes de acción con los gobiernos y grupos armados para desmovilizar a los niños de sus fuerzas y poner fin al reclutamiento de nuevos niños. Para lograr un éxito similar en el objetivo de acabar con los ataques a la educación, los equipos de país dirigidos por la ONU que supervisan las violaciones contra los niños en los conflictos armados deben mejorar la vigilancia de los ataques a la educación, proveyendo al Consejo de Seguridad de más información y recomendaciones para la acción. Además, el Consejo de Seguridad debería incluir los ataques a la educación como un motivo para poner en marcha el MRM.
Medidas preventivas y respuestas oportunas
Cuando se producen ataques o incluso cuando son sólo una amenaza, las autoridades deben tomar medidas inmediatas para proteger a los profesores y estudiantes de posibles daños. Por ejemplo, al mejorar la participación comunitaria en la construcción y gestión escolar, los proveedores de educación pueden servirse de la información local acerca de cómo evitar mejor las amenazas y aumentar los incentivos entre los miembros de la comunidad para apoyar a sus escuelas. Otras medidas pueden incluir el suministro de guardias privados o escoltas para las escuelas y el transporte; la exploración de posibles sitios y horarios alternativos para las clases; la prohibición del uso de las escuelas con fines militares o policiales; y la negociación con todas las partes implicadas de la condición de las escuelas como zonas protegidas y desmilitarizadas, según establece el derecho internacional humanitario. En algunos contextos, los grupos de oposición pueden ser influenciados por las declaraciones de destacados líderes religiosos e incluso por la participación activa de dichos líderes en las escuelas, por la interacción con los líderes de la comunidad, y otras medidas que evitarían los ataques rebeldes contra la educación.
Por ejemplo, en Nepal, las iniciativas conocidas como Las Escuelas como Zonas de Paz y las Asociaciones para la Protección de Niños en Conflictos Armados (PPCC, por sus siglas en inglés) son a menudo citadas como efectivas alianzas de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que, entre otras cosas, han ayudado a mantener a los grupos armados alejados de las escuelas. En cambio, en Afganistán, en el período previo a las elecciones de 2009, un grupo de agencias humanitarias y el Ministerio de Educación recurrieron a los datos sobre ataques para pedir que las escuelas fueran utilizadas como centros de votación sólo como último recurso. Su solicitud no fue atendida, y de acuerdo con el ministerio, 26 de las 2,742 escuelas utilizadas como centros de votación fueron atacadas durante la jornada electoral.[5]
La respuesta inmediata del Gobierno a un ataque, incluyendo la reparación de edificios y la sustitución de materiales didácticos, es importante para mitigar sus efectos y lograr que los estudiantes vuelvan a la escuela tan pronto como sea posible. Mientras los gobiernos y las agencias de educación ponen a prueba distintas respuestas, sería útil la creación de un "estuche de herramientas" de medidas preventivas comprobadas y respuestas para ayudar en sus esfuerzos.
Justicia
Por último, la rendición de cuentan por los ataques contra la educación -incluido el enjuiciamiento de los autores- es fundamental. Los países que no lo han hecho deberían tipificar explícitamente los ataques contra las escuelas como delito en su legislación nacional y códigos militares, e imponer más restricciones al uso y ocupación militar de las escuelas. El Manual de Derecho de los Conflictos Armados del Ministerio de Defensa del Reino Unido, por ejemplo, incluye referencias específicas para la protección de las escuelas.[6] Además de afirmar que los ataques contra las escuelas son ilegales a menos que sean utilizadas para fines militares, el manual señala que el "uso de un edificio privilegiado para un propósito impropio" constituye un "crimen de guerra tradicionalmente reconocido por el derecho consuetudinario de los conflictos armados".[7] En otro ejemplo, la Corte Suprema de India y varios tribunales de estados indios ordenaron a la policía y las fuerzas paramilitares involucradas en operaciones militares que desalojen las escuelas ocupadas. Aun así, las fuerzas de seguridad a menudo han ignorado estas órdenes.
Los procesamientos a nivel nacional de los ataques, incluidos los de actores no estatales, son indispensables. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, un Tribunal Militar de la provincia de Ituri sentenció en agosto de 2006 a Ives Kahwa Panga Mandro ("Jefe Kahwa"), fundador del Partido para la Unidad y la Salvaguardia de la Integridad del Congo, bajo seis cargos, incluido el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada un ataque contra una escuela primaria, una iglesia y un centro médico. Citando la disposición de la Constitución de la República Democrática del Congo que permite a las cortes y los tribunales militares aplicar los tratados internacionales, el tribunal aplicó directamente el delito bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que condena los ataques dirigidos de manera intencional contra instituciones educativas. Kahwa fue condenado a 20 años de prisión.[8] Sin embargo, un tribunal de apelaciones, en una sentencia débil en razonamiento legal y fáctico,[9] anuló el veredicto y, al momento de escribir este informe, el caso permanece en un limbo legal.
En los casos en que los gobiernos no están dispuestos o son incapaces de juzgar, los tribunales internacionales pueden desempeñar un papel importante a la hora de imponer castigos para los responsables y prevenir violaciones futuras. La Corte Penal Internacional, por ejemplo, tiene competencia explícita sobre los ataques intencionales contra edificios dedicados a la educación, tanto en los conflictos armados internacionales como nacionales, siempre que no sean blancos militares. El tribunal aún tiene que incluir los ataques a la educación en sus cargos y dedicarle una consideración especial a la cuestión durante las investigaciones pertinentes, y seguir los casos en que la evidencia indica que este tipo de ataques se encuentran entre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional y que son lo suficientemente graves como para justificar la intervención de la Corte Penal Internacional.
Además de los mecanismos formales de justicia, las comisiones de investigación y la verdad, así como las comisiones de reconciliación, también deberían abordar los ataques a la educación. Por ejemplo, el informe final de 1998 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica reconoció que una variedad de actores estatales y no estatales habían bombardeado, incendiado y ocupado escuelas, además de asaltar y matar a profesores. Muchos acusados se presentaron ante la comisión para admitir su participación en los ataques contra escuelas, estudiantes y profesores.[10]
El Comité de los Derechos del Niño, que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, también se encuentra en una buena posición para poner de relieve cómo los ataques y las ocupaciones violan el derecho a la educación. Hasta ahora, ya ha se ha referido al problema en al menos cuatro países: Burundi, Etiopía, Israel y Moldavia.[11] Como paso siguiente, la Comisión podría emitir un "Comentario General", una declaración que amplíe y clarifique las disposiciones en la Convención. En 2008, se celebró una jornada de debate sobre la educación en situaciones de emergencia, durante la que se recopilaron informaciones y recomendaciones que podrían convertirse en un Comentario General. Tal interpretación de la Convención sobre este tema podría ayudar a los Estados a proteger a los estudiantes, maestros y escuelas en situaciones de emergencia, así como entregar a la Comisión y a otros órganos internacionales y nacionales una serie de normas con las cuales juzgar las acciones gubernamentales.
Conclusión
En demasiados países afectados por conflictos, los combatientes son capaces de atacar escuelas, maestros y estudiantes con escasas consecuencias. El impacto recae, en su lugar, sobre los profesores, estudiantes y familias afectadas, con repercusiones negativas a largo plazo para la sociedad en conjunto.
La formación en 2010 de una nueva coalición internacional de agencias de la ONU, organizaciones humanitarias y otros grupos de la sociedad civil para la protección de la educación es una señal de una renovada atención a la cuestión.[12] La experiencia de la coalición hasta la fecha ya sugiere medidas concretas que los gobiernos pueden tomar para minimizar los ataques a la educación. Sin embargo, mejoras duraderas en la protección de escuelas, profesores y estudiantes contra posibles ataques requerirán una acción mucho más concentrada y coordinada a nivel nacional e internacional.
Tal como señaló un anciano tribal de la provincia de Helmand, en el norte de Afganistán: "La gente quiere escuelas, incluso para las niñas. Estamos perdiendo una oportunidad de oro para la superación de nuestros hijos".
Zama Coursen-Neff es subdirectora de la División de Derechos del Niño en Human Rights Watch; Bede Sheppard es un investigador principal en la división.
[1] Save The Children, "The Future is Now: Education for Children in Countries Affected by Conflict" ["Reescribamos el futuro: Educación para Niños en Países Afectados por Conflictos], 2010, pág. viii.
[2] Brendan O'Malley, Education under Attack 2010 ["La educación bajo ataque 2010"] (París: UNESCO, 2010).
[3] Una ley que define y penaliza delitos contra las leyes humanitarias internacionales, genocidio y otros crímenes contra la humanidad; organiza jurisdicciones; designa cortes especiales y otros fines relacionados: Ley de la República No. 9851, 2009- criminaliza los ataques contra instalaciones escolares; Una ley que provee una mayor protección contra el abuso, la explotación y la discriminación de los niños, provee penas por su violación, y para otros propósitos, Ley de la República No. 7610, 1992- prohíbe el uso de dichas instalaciones para operaciones militares.
[4] Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, "Presidential Statement on Children and Armed Conflict" ["Comunicado Presidencial sobre los Niños y el Conflicto Armado"], UN Doc. S/PRST/2009/9, 29 de abril de 2009.
[5] "Afghanistan: Over 20 Schools Attacked on Election Day" [Afganistán: Más de 20 escuelas atacadas durante la jornada electoral] IRIN News, 24 de agosto de 2009, http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=85831 (consultado el 15 de enero de 2011).
[6] Ministerio de Defensa del Reino Unido, Manual of the Law of Armed Conflict [Manual de Derecho de los Conflictos Armados](Oxford: Oxford University Press, 2004).
[7] Ibid.,16.16.1, 16.29(c), págs. 428-29, n. 122.
[8] Tribunal Militar de Ituri, Jugement Contre Kahwa Panga Mandro, RPA No. 039/2006, RMP No. 227/ PEN/2006 (2 de agosto de 2006).
[9] Tribunal Militar de la Provincia Oriental, Arrêt Contre Kahwa Panga Mandro, RPA No. 023/2007, RMP 227/PEN/2006 (28 de julio de 2007).
[10] Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica (1998), vol. I, pág. 34, vol. II, págs. 154, 150, 380, 387, 431, 436, y 661-662, vol. III, págs. 59-60, 236, 311, 370, 408, y 617; vol. IV, pág. 266; y vol. V, págs. 255 y 355.
[11] Comité de Naciones de Unidas de los Derechos del Niño (CDN). UN Committee on the Rights of the Child: Concluding Observations, Burundi, CRC/C/15/Add.133 (16 de octubre de 2000), párr. 64-65; CDN, UN Committee on the Rights of the Child: Concluding Observations, Ethiopia, CRC/C/ETH/CO/3 (1 de noviembre de 2006), párr. 27-28; CDN, UN Committee on the Rights of the Child: Concluding Observations, Israel, CRC/C/15/Add.195 (9 de octubre de 2002), párr. 52; CDN, Consideration of Reports Submitted by States Parties Under Article 44 of the Convention: Convention on the Rights of the Child: 2nd and 3rd Periodic Reports of States Parties Due in 2005: Republic of Moldova, CRC/C/MDA/3 (10 de julio de 2008), párr. 423 y 435.
[12] La Coalición Global para la Protección de la Educación de los Ataques (GCPEA) incluye el Consejo de Asistencia para Académicos Refugiados, Education Above All, Education International, Human Rights Watch, Save the Children International, UNESCO y UNICEF, el organismo dedicado a los niños de la ONU. La coalición se dedica a aumentar la concienciación sobre la gravedad de los ataques contra la educación y sus consecuencias, y movilizar una respuesta internacional más eficaz.