La crisis de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel se agravó en 2009, especialmente en Gaza, donde las fuerzas israelíes mataron a cientos de civiles palestinos y destruyeron residencias e infraestructuras civiles durante la Operación Plomo Fundido, una importante ofensiva militar que comenzó el 27 de diciembre de 2008 y acabó el 18 de enero de 2009. El bloqueo constante israelí de Gaza privó de bienes esenciales a los 1.5 millones de residentes e impidió la reconstrucción posterior a la guerra.

Hamas, la Yihad Islámica y otros grupos armados palestinos en Gaza lanzaron indiscriminadamente cohetes contra ciudades y pueblos israelíes. En el momento más álgido de la Operación Plomo Fundido, más de un centenar de cohetes hicieron impacto cada día en Israel, y mataron a tres civiles israelíes. Los cohetes de más largo alcance expusieron a 800,000 israelíes al peligro de ataques.

Durante y después de la guerra, las fuerzas de Hamas en Gaza mataron a presuntos colaboradores con Israel y dispararon e hirieron a numerosos rivales políticos.

En Cisjordania, Israel mantuvo muchas restricciones de la libertad de movimiento de los palestinos, derribó cientos de hogares de acuerdo a reglamentos discriminatorios, continuó la construcción de asentamientos ilegales y siguió deteniendo arbitrariamente a niños y adultos.

La Franja de Gaza

Los grupos armados palestinos

Desde noviembre de 2008 hasta marzo de 2009, los brazos armados de Hamas, la Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)y otros grupos dispararon cientos de cohetes, mayoritariamente de fabricación local, contra centros de población en Israel, que mataron a tres civiles e hirieron a otros cuatro de gravedad. Dentro del radio de alcance de los ataques había hasta 800,000 personas. En varios casos, los cohetes no llegaron a alcanzar los objetivos previstos en Israel y causaron daños a los palestinos en Gaza, que incluyeron la muerte de dos muchachas por el impacto de un cohete en el norte de la Franja de Gaza. Los ataques con cohetes se redujeron considerablemente desde marzo de 2009.

Los ataques repetidos contra centros poblacionales con cohetes que no pueden dirigirse adecuadamente y las declaraciones de los grupos armados palestinos demuestran que tenían la intención que causar daño entre la población civil. Hamas y otros grupos declararon que los ataques se realizaron en represalia por los ataques ilegales de Israel o como medio de resistencia a la ocupación. Los ataques deliberados o indiscriminados contra la población civil son una violación grave del derecho internacional humanitario, independientemente de las razones para ellos.

Los grupos armados palestinos expusieron innecesariamente a la población civil al riesgo de ataques de represalia al disparar los cohetes desde zonas densamente pobladas. Además, los informes de los medios de comunicación y una organización no gubernamental indican que, en ciertos casos, las organizaciones armadas palestinas se escondieron intencionalmente detrás de la población civil para utilizarla ilegalmente como escudos humanos para disuadir los contraataques israelíes.

Desde finales de diciembre de 2008 hasta por lo menos marzo de 2009, hombres encapuchados, aparentemente ligados a Hamas, mataron al menos a 32 supuestos colaboradores con Israel-entre ellos hombres detenidos o que no suponían ninguna amenaza en ese momento-y dispararon o golpearon duramente a numerosos palestinos, principalmente miembros del partido rival Fatah. En respuesta, las autoridades de Fatah en Cisjordania aumentaron las medidas de represión contra los miembros y los simpatizantes de Hamas en la zona.

No se tiene conocimiento de que Hamas y otras facciones palestinas hayan investigado los ataques ilegales con cohetes contra civiles israelíes, las acciones de los grupos armados palestinos que expusieron a los civiles palestinos a un riesgo innecesario, ni los asesinatos y el maltrato de los presuntos colaboradores o rivales políticos. En octubre, Hamas se comprometió a investigar los supuestos crímenes de guerra, entre ellos los ataques con cohetes.

Los grupos armados palestinos en Gaza continuaron reteniendo en situación de aislamiento al soldado israelí Gilad Shalit, capturado en junio de 2006; y se negaron a que el Comité Internacional de la Cruz Roja le visitara o a facilitarle la comunicación con su familia. En octubre, Israel puso en libertad a 20 reclusas a cambio de un video de Shalit demostrando que seguía con vida.

Israel

La población sufrió tremendamente durante el conflicto en Gaza. Según la organización de derechos humanos israelí B'Tselem, al menos 773 civiles palestinos fueron asesinados durante la Operación Plomo Fundido; la organización registró la muerte de 330 combatientes y 248 policías. (Human Rights Watch no ha podido determinar en qué medida los agentes de policía de Gaza eran civiles inmunes al ataque o estaban participando directamente en las hostilidades, y eran por lo tanto objetivos legítimos). Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) causaron daños en hospitales e instalaciones de las Naciones Unidas en las que se habían refugiado personas desplazadas. Israel y Egipto se negaron a abrir sus fronteras, impidiendo que los civiles huyeran del conflicto, una medida criticado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

Las fuerzas israelíes atacaron aéreas densamente pobladas con artillería pesada, que incluyó munición altamente explosiva del calibre 155 mm y fósforo blanco para crear pantallas de humo, consideradas armas inherentemente indiscriminadas cuando se emplean en zonas densamente pobladas. En un caso ocurrido el 15 de enero, proyectiles altamente explosivos y de fósforo blanco de las FDI hicieron impacto contra las instalaciones principales del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, en inglés) en la Ciudad de Gaza, causando heridas a tres personas y desencadenando fuegos que destruyeron cuatro edificios, ayuda alimentaria y suministros médicos. Las FDI habían suspendido previamente el uso de artillería pesada en áreas residenciales de Gaza en noviembre de 2006, después de que un ataque de artillería se cobrara la vida de 23 civiles. Israel nunca había empleado antes el fósforo blanco en Gaza y negó inicialmente haberlo usado durante la Operación Plomo Fundido.

Los soldados israelíes mataron ilegalmente con sus disparos al menos a 11 civiles palestinos, entre ellos cinco mujeres y cuatro niños, que formaban parte de grupos que agitaban banderas blancas para señalar su condición de civiles.

Los dispositivos aéreos teledirigidos de Israel lanzaron misiles que mataron a 87 civiles (sin incluir a la policía) en Gaza, según las ONG de derechos humanos. Entre las víctimas hubo niños que jugaban en los tejados de las casas y estudiantes que esperaban el autobús en áreas donde no había indicios de actividad militar. Los operadores de estos dispositivos teledirigidos tienen tiempo y capacidad suficientes para ver claramente sus objetivos sobre el terreno.

En varias áreas de Gaza, las FDI destruyeron o dañaron estructuras civiles-entre ellas un molino de harina, fábricas de alimentos, cementeras e invernaderos-sin necesidad militar, como exige el derecho internacional. En total, las fuerzas israelíes dañaron o destruyeron 14,000 casas, alrededor de 60 centros de salud, 68 edificios del Gobierno y 31 oficinas de organizaciones no gubernamentales, según la ONU.

Durante toda la guerra, las autoridades israelíes prohibieron la entrada de periodistas y observadores de derechos humanos a Gaza, e impusieron restricciones a las protestas pacíficas contra la guerra. Las autoridades del Gobierno israelí intentaron interrumpir el financiamiento de Romper el Silencio, un grupo de veteranos de las FDI que publicaron los testimonios de 26 soldados israelíes que participaron y criticaron los abusos cometidos durante la Operación Plomo Fundido.

En abril, las FDI hicieron públicos los resultados de cinco investigaciones internas sobre su actuación en Gaza, que concluyeron que habían "operado de acuerdo con el derecho internacional" y que se había producido una "cantidad muy pequeña" de incidentes debido a "errores de información u operacionales". En julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel publicó un informe que reiteró estas afirmaciones y acusó a Hamas de usar a civiles como escudos humanos. En noviembre, el Ministerio informó que las FDI habían abierto investigaciones acerca de 128 incidentes. Éstas incluyeron informes operativos de unidades militares sobre personal dentro de la cadena de mando, cuyas conclusiones no pueden utilizarse como pruebas de infracciones penales, y 27 investigaciones criminales de la policía militar. Hasta noviembre, las autoridades israelíes sólo habían enjuiciado a un soldado involucrado en la guerra de Gaza, por robar una tarjeta de crédito.

En mayo, la Comisión de Investigación designada por el Secretario General de la ONU para examinar los incidentes que causaron daños a las instalaciones y el personal de la ONU durante la guerra determinó que "el Gobierno de Israel era responsable de la muerte y las lesiones... y los daños materiales" en siete de los nueve casos examinados; en otro caso, un cohete palestino dañó un almacén. (No se pudo determinar la responsabilidad por el noveno caso). En un informe publicado en septiembre, la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y encabezada por el magistrado Richard Goldstone, observó que ambas partes en el conflicto habían cometido crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad. Israel se negó a cooperar con la misión.

 

 

Bloqueo

El bloque integral israelí de la Franja de Gaza, impuesto desde junio de 2007, continuó teniendo graves consecuencias humanitarias y económicas para la población civil, especialmente durante la guerra. Cientos de miles de personas estuvieron sin electricidad, agua corriente, gas para cocinar, gasolina y otros bienes durante semanas; las aguas del alcantarillado inundaron algunas calles de la ciudad; los hospitales se abarrotaron, estuvieron desprovistos de medicinas esenciales y, con frecuencia, los heridos no pudieron acceder a ellos.

En septiembre, aproximadamente 20,000 personas seguían sin hogar y 100,000 no tenían suministro de agua. Israel prohibió la entrada de artículos como materiales para la reconstrucción, garbanzos, dátiles, macarrones, un sistema de purificación del agua y 120 camiones llenos de material escolar. Las únicas exportaciones que Israel permitió consistieron en varios cargamentos de claveles.

Los funcionarios israelíes declararon que el bloqueo seguiría vigente hasta que Hamas liberara a Gilad Shalit. El bloqueo, apoyado por Egipto en la frontera de Rafah con Gaza, constituye un castigo colectivo para los 1.5 millones de civiles de Gaza y una violación del derecho internacional. Israel es el principal proveedor de electricidad de Gaza y su única fuente de combustible, que Israel no permite importar de otro sitio, por lo tanto, sus restricciones del suministro afectan al transporte, el bombeo de agua, el alcantarillado y los centros de saneamiento.

En septiembre, la oficina de Coordinación de las Actividades Gubernamentales en los Territorios, dependiente del Ministerio de Defensa de Israel, interrumpió los contactos con las organizaciones de derechos humanos israelíes que tramitan solicitudes individuales de permisos de salida de Gaza, incluso para los casos de emergencia humanitaria. Los residentes de Gaza no tienen acceso directo a las autoridades militares israelíes.

Cisjordania

La Autoridad Palestina

Tres hombres, según se informó, todos simpatizantes de Hamas, murieron bajo la custodia de los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina (AP) en Cisjordania. En un sólo caso se llevó a los sospechosos a juicio: la muerte de Haitham Amr, cuyo cuerpo tenía señales de tortura después de haber sido detenido en junio por la agencia de Inteligencia General en Hebrón. (En noviembre se estaba celebrando un proceso militar de los oficiales presuntamente involucrados). En octubre, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, un organismo palestino, había recibido 150 denuncias de tortura de detenidos por la AP en Cisjordania.

Derribos de hogares y evacuaciones

A finales de octubre, las autoridades israelíes habían derribado 103 estructuras residenciales en Cisjordania (incluido Jerusalén Oriental), que provocaron el desplazamiento de 581 personas. Las autoridades justificaron los derribos alegando que las estructuras se habían construido sin permisos; en la práctica, es casi imposible para los palestinos obtener estos permisos. En un caso ocurrido en junio, las autoridades israelíes derribaron las casas y los corrales de 18 familias de pastores en el norte del Valle del Jordán, provocando el desplazamiento de 130 personas, cinco días después de ordenarles evacuar el área porque estaban viviendo en una "zona militar cerrada". Algunas de las familias desplazadas llevaban viviendo en este lugar desde al menos los años cincuenta.

En agosto, en cumplimiento de una orden judicial, la policía israelí desalojó por la fuerza a 53 palestinos, entre ellos 20 niños, de sus casas en el barrio de Sheikh Jarrah de Jerusalén Oriental. Los colonos israelíes se instalaron inmediatamente en sus casas.

Israel continuó su política de derribo de casas de familias de militantes palestinos condenados, después de que el Alto Tribunal de Justicia confirmara esta política como un elemento de disuasión contra futuros atentados, a pesar de que los familiares no habían sido implicados en las actividades de militancia.

Durante la primera mitad de 2009, Israel terminó 881 viviendas y empezó a construir otras 666 en asentamiento ilegales de Cisjordania. En julio se habían  construido al menos 96 nuevas estructuras en asentamientos no autorizados "de avanzada", y las autoridades israelíes aprobaron la construcción de 455 nuevas viviendas en septiembre, según Peace Now.

Libertad de movimientos

Israel mantuvo restricciones onerosas del movimiento de palestinos en Cisjordania. En septiembre, las autoridades israelíes anunciaron la retirada inminente de un centenar de obstáculos de cierre (que van de retenes a montículos de tierra y bloques de concreto) que, de confirmarse, dejarían en 519 la cifra de obstáculos.

Israel continuó la construcción del muro o la barrera de separación. Su objetivo aparente era protegerse de los atentados suicidas, pero, en lugar de construirlo a lo largo de la Línea Verde que divide Israel de Cisjordania, alrededor del 87% de su superficie está ubicada dentro del territorio de Cisjordania. La confiscación de terrenos privados supuso, entre otras cosas, que los agricultores y los pastores se vieran separados de sus tierras. Entre mayo y agosto de 2009, la ONU informó que las fuerzas de seguridad israelíes habían herido a 94 palestinos durante las protestas contra la barrera.

En marzo, el Alto Tribunal de Justicia confirmó la prohibición de viajar a Shawan Jabarin, director de Al Haq, una organización de derechos humanos de Cisjordania, que le impidió viajar a los Países Bajos para recoger un premio de derechos humanos. Las autoridades israelíes presentaron pruebas secretas, que Jabarin y su abogado no pudieron ver, que demostraban supuestamente su participación activa en el FPLP, pero no le acusaron de ningún crimen.

En agosto, las autoridades israelíes empezaron a restringir los movimientos de ciertos extranjeros que tienen familia, trabajo, negocios o vínculos académicos en Cisjordania y habían entrado a las áreas controladas por la Autoridad Palestina a través de Jordania, prohibiéndoles la entrada a Israel, Jerusalén Oriental y la "Área C" de Cisjordania.

Detención arbitraria

Aunque los tribunales civiles israelíes consideran niños a los menores de 18 años, los tribunales militares israelíes siguen tratando como "adultos" a los palestinos mayores de 16 años, a los que condenan en función de su edad en el momento de dictar la sentencia, en lugar de cuando cometieron el delito. La organización no gubernamental Defensa de los Niños Internacional informó de múltiples casos en los que las autoridades israelíes maltrataron supuestamente a niños palestinos detenidos para obligarles a firmar confesiones en hebreo, que no podían entender.

En julio, las FDI establecieron un tribunal militar especial para procesar a niños palestinos de Cisjordania. Previamente, las FDI habían procesado a niños y adultos palestinos en el mismo sistema judicial.

En noviembre, Israel mantenía en arresto administrativo a 335 palestinos, de acuerdo con la Orden Militar Número 1591 de 2007, que autoriza la reclusión sin cargos durante períodos de hasta seis meses renovables indefinidamente.

Expulsión de solicitantes de asilo

Israel continuó su política de "expulsiones en caliente", un procedimiento instaurado en 2007 por el que las tropas de las FDI expulsan por la fuerza a migrantes que entran al país de manera irregular desde Egipto en un plazo de 72 horas después de su detención, sin permitirles presentar solicitudes de asilo. Al 12 de septiembre, Israel había expulsado a 217 migrantes a Egipto ese año. En noviembre, los guardias fronterizos egipcios habían matado al menos a 16 migrantes cerca de la frontera del Sinaí con Israel.

Actores internacionales clave

Israel es el principal receptor de ayuda de Estados Unidos y, en 2009, recibió asistencia militar por valor de US$2,700 millones, sin ninguna condición de derechos humanos. El gobierno de Obama instó a Israel a que cesara la construcción de nuevos asentamientos, pero después calificó de "avance" una paralización temporal de las nuevas construcciones que no incluyó los planes existentes o Jerusalén Oriental. Estados Unidos continuó entrenando y equipando a las fuerzas de seguridad palestinas.

El actual Plan de Acción de la Unión Europea e Israel sólo menciona vagamente las preocupaciones en materia de derechos humanos, en contraste con los planes similares de la UE con otros países de la región. La UE paralizó extraoficialmente una mejora de la calificación de sus relaciones con Israel tras la Operación Plomo Fundido.

Después de la guerra de Gaza, los donantes internacionales se comprometieron a aportar US$4,400 millones para ayudar a la reconstrucción; a pesar de ello y debido a las restricciones israelíes de las importaciones, la UNRWA declaró en agosto que "no había llegado ni un céntimo de la ayuda a Gaza".

Tanto el Consejo de Derechos Humanos como la Asamblea General de la ONU aprobaron resoluciones refrendando el informe de la Misión de Investigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza y reclamando un mecanismo de supervisión de las medidas adoptadas por Israel y Hamas para investigar las violaciones graves de las leyes de la guerra, incluidos los crímenes de guerra, cometidos por sus respectivas fuerzas.