Oriente Medio ha estado asolado durante muchos años por la violencia política y los conflictos armados en los que los gobiernos y los grupos armados han demostrado un nivel similar de desprecio pernicioso por las vidas de los civiles. Cuando tienen esta conducta durante los conflictos armados, violan el principio fundamental del derecho internacional humanitario-la inmunidad de la población civil-que obliga a las partes en conflicto a distinguir entre la población civil y los objetivos militares, y dirigir solamente los ataques contra objetivos militares. Fuera de los conflictos armados, dichos ataques contra civiles pueden constituir crímenes contra la humanidad.
Muchos de los grupos armadas de Oriente Medio responsables de vulnerar este principio fundamental, mediante el asesinato deliberado o indiscriminado de civiles, afirman su identidad islámica, y algunos justifican su decisión de tomar las armas en términos islámicos. La excepción al principio de la inmunidad de la población civil se justifica por razones políticas y a veces religiosas.
Sería difícil exagerar la repercusión del conflicto entre Israel y Palestina en la evolución de las opiniones populares acerca la violencia política y el conflicto armado en la región, lo que incluye las actitudes con respecto a la protección de la población civil. Y debido en gran parte a la destacada dimensión internacional del conflicto, los promotores de los derechos humanos, además de los gobiernos y las organizaciones que resisten las críticas en materia de derechos humanos, han examinado la posición de los actores externos, especialmente de Estados Unidos, en busca de muestras de partidismo y doble rasero en su vigilancia y sus protestas en relación con las violaciones del derecho internacional.
En este contexto, ¿qué posibilidades existen de identificar a voces con autoridad en la mayoría de los países musulmanes de Oriente Medio que puedan promover la protección de los civiles, tratando abiertamente estas cuestiones y demostrando la prohibición común en la ética musulmana y el derecho internacional humanitario en contra de los ataques a personas que no participan en enfrentamientos armados?
Protección de la población civil en el derecho humanitario y de derechos humanos
El derecho internacional humanitario (DIH), o las leyes de la guerra, no se ocupan de si la decisión de tomar las armas es legal o está justificada. Si no más bien de los métodos y los medios empleados en las operaciones militares y el trato a los no combatientes (civiles, prisioneros de guerra, combatientes heridos, etc.). Un aspecto fundamental del DIH es su aplicabilidad a todas las partes en un conflicto armado, es decir, tanto a los Estados como a los grupos armados no estatales. Si las leyes de la guerra sólo se aplicaran a un sólo bando de un conflicto armado, ya sea el agresor militar o el Estado reconocido, entonces su cumplimiento se desvanecería rápidamente. Asimismo, las violaciones cometidas por las fuerzas de un bando no autorizan ni justifican las violaciones de su adversario.
El principio de la inmunidad de la población civil prohíbe los ataques contra civiles, así como los ataques que causan daños indiscriminados a la población civil-es decir, en los que la parte atacante no distingue o no puede distinguir entre objetivos civiles y militares. Los grupos armados estatales y no estatales responsables de dichos ataques están cometiendo violaciones del DIH. Los crímenes de guerra constituyen violaciones graves del DIH cometidas con intención criminal-es decir, deliberadamente o por negligencia-por personas individuales. Los crímenes contra la humanidad son actos criminales graves cometidos en tiempos de paz o durante conflictos armados que forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil específica. En Oriente Medio, el desprecio por la inmunidad de los civiles ha provocado que miembros tanto de las fuerzas armadas nacionales como de los grupos armados de la oposición cometieran crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Actitudes con respecto al daño a la población civil
Para algunos gobiernos de Oriente Medio, la manera de acceder al poder fue excesivamente violenta. La conducta demostrada en guerras de liberación, como la de Argelia en los cincuenta, contribuyó a su vez a conformar los movimientos guerrilleros que se desarrollaron en Oriente Medio, especialmente entre la población palestina.[1] Con este tipo de legados, la costumbre de atacar sin restricciones a los adversarios y su población echó raíces en la conducta de las partes estrictamente laicas en varios conflictos. Cuando surgieron nuevos movimientos políticos en los ochenta y noventa afirmando su legitimidad islámica, los grupos armados derivados de ellos-en Egipto y Argelia, por ejemplo-adoptaron pronto tácticas irrestrictas en su conducta respecto a la violencia armada, dirigida inicialmente a los aparatos de seguridad, con frecuencia brutales, de los Estados que combatían, aunque también pronto empezó a dirigirse contra objetivos civiles "suaves". Aunque estos grupos adoptaron a diferentes niveles un discurso fundamentado, según ellos, en la doctrina religiosa, la violencia que utilizaron contra los civiles y otros no combatientes reflejó y amplió las prácticas ilegales y homicidas de los actores laicos.
Desde que los grupos islamistas palestinos Hamas y la Yihad Islámica comenzaron los atentados suicidas contra civiles israelíes en 1995-96, los activistas de derechos humanos y la sociedad de Oriente Medio han tenido muy poco que decir sobre el tema, lo que demuestra la percepción general en la región de que las prácticas de ocupación ilegal de Israel, que disfrutan mayoritariamente de la tolerancia, si no del apoyo, internacional, han hecho que dicha violencia sea inevitable e incluso legítima.[2] Por si había dudas, los promotores de los derechos humanos no aprobaron los atentados suicidas contra civiles, pero tampoco los criticaron, ya sea porque compartían lo sentimientos de aprobación de los formadores de opinión en estos países o porque no se sentían suficientemente seguros para cuestionar dichos sentimientos.
A finales de los noventa se publicó un análisis de esta cuestión titulado "Las operaciones de Hamas desde la perspectiva de los derechos humanos" dentro de una recopilación de ensayos editada por el Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo.[3] En sus comentarios introductorios, el director del Instituto, Bahey el-Din Hassan, observó que los atentados con bomba de Hamas habían generado una controversia importante dentro de los círculos de derechos humanos egipcios y "especialmente en el movimiento pro derechos humanos en Palestina". Aunque una serie de participantes se mostraron críticos con los atentados, sólo los comentarios del analista político Muhammad al-Sayed Sa`id demostraron un conocimiento del derecho internacional humanitario y el principio fundamental del respeto por la inmunidad de la población civil. Uno de los pocos activistas pro derechos humanos registrado como participante en el debate defendió la idea de que, debido a la ocupación ilegal de Israel, "no existe el concepto de ‘civil israelí'". El analista político Usama al-Ghazali Harb criticó duramente los atentados de Hamas, pero estrictamente por motivos instrumentales: según señaló, la cuestión de si los ataques violan los derechos humanos "no me interesa... ¿Estas operaciones promovieron los intereses [palestinos]?" Como no es así, "tengo que decir que-independientemente de la cuestión de derechos humanos-estas operaciones merecen ser condenadas".
A finales de 2000, tras el colapso de las ya de por sí limitadas negociaciones entre Palestina e Israel y la irrupción de la intifada de Al Aqsa, Hamas y la Yihad Islámica emprendieron atentados suicidas contra la población civil en Israel en enero de 2001, a los que se sumó la Brigada de los Mártires de Al Aqsa, afiliada a Fatah, a finales de 2001.[4] El número de atentados y de víctimas alcanzó el punto máximo en 2002, pero los atentados y las muertes civiles continuaron hasta principios de 2007.
Las críticas palestinas a los atentados suicidas contra civiles se pusieron de manifiesto a finales de 2001. Los críticos argumentaron que estas acciones eran ineficaces y contraproducentes. En una intervención pública, los profesores de la Universidad de Birzeit, Rema Hammami y Musa Budeiri, señalaron que los atentados estaban "alejados de la interpretación estratégica de la reacción y el entendimiento del levantamiento en la sociedad israelí y de la resistencia palestina en general".[5] Estas críticas aumentaron considerablemente cuando el primer ministro Ariel Sharon ordenó a las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) reocupar Cisjordania después de que un atentado suicida de Hamas matara a 29 israelíes que celebraban la Pascua Judía en Netanya. El 19 de junio de 2002, y durante varios días después, el diario Al-Quds publicó una petición a toda página firmada por 55 académicos, escritores y personalidades destacadas, en la que se demandaba a los grupos armados que cesaran las "operaciones militares contra civiles en Israel" debido a que aumentan el odio entre palestinos e israelíes, mientras que refuerzan a "los enemigos de la paz del bando israelí" y "fomentan en la zona una guerra existencial" entre israelíes y palestinos.[6]
Entre los firmantes de la petición estaban los activistas pro derechos humanos Iyad al-Sarraj y Khader Shrikat, pero la mayoría de las propias organizaciones de derechos humanos árabes y palestinas guardaron silencio, lo que demostró el nivel de división entre sus miembros con respecto a este tema. Uno de los aspectos de esta posición fue la tendencia a confundir la cuestión de la resistencia armada contra objetivos militares legítimos con los atentados contra civiles israelíes, además de la frustración por el hecho constante de que los simpatizantes internacionales de Israel no exigieran cuentas a sus líderes por los numerosos asesinatos de civiles palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza por parte del ejército israelí. El silencio puede haber sido también un reflejo de la incomodidad de los activistas pro derechos humanos por su respaldo a veces escaso en la sociedad y entre las élites políticas, y su reticencia a poner a prueba dicho apoyo con una posición pública que atraería con toda seguridad las críticas abiertas de los grupos armados y sus partidarios. En 2004, al analizar la trayectoria de Al-Haq, principal organización de derechos humanos de Palestina, el activista pro derechos humanos palestino Fateh Azzam, señaló que "un grave vacío" en su "honorable historial de derechos humanos" era el hecho de que "no adoptara una posición pública clara con respecto al problema de los ataques armados contra objetivos civiles dentro de Israel durante los primeros tres años de la actual intifada".[7]
Cuando, en noviembre de 2002, Human Rights Watch publicó un informe de investigación muy crítico de los atentados suicidas palestinos contra civiles israelíes, se encontró con la condena de algunos activistas pro derechos humanos de la región. No obstante, hay indicios de que esta hostilidad inicial se moderó en el periodo siguiente. Ziad Abu Amr, parlamentario independiente palestino de Gaza (y ministro de Relaciones Exteriores de un Gobierno de unidad de la Autoridad Palestina durante un breve período) señaló que el informe había "contribuido a definir el debate público, y permitido que se hablara críticamente de estos atentados", aunque, en su opinión, los grupos responsables seguían "atrapados en sus propias posiciones y discursos del pasado".[8] Los periodistas palestinos de Cisjordania coincidieron en que el informe "ayudó a plantear preguntas sobre los atentados [suicidas]".[9]
Por su parte, las organizaciones de derechos humanos árabes también se posicionaron sobre el tema, al principio de manera colectiva. La "Declaración de Rabat", fruto de una reunión de ONG de la sociedad civil árabe celebrado en diciembre de 2004, criticó "el silencio o la colaboración de la mayoría de los gobiernos árabes con un discurso religioso o fatwa que justifica el terrorismo, por parte de juristas [islámicos], algunos de los cuales trabajan para instituciones religiosas dependientes del Estado". La declaración también se manifestó en contra de los "grupos terroristas en Irak" que "bombardearon instituciones civiles, secuestraron y asesinaron a agentes de policía, así como a civiles iraquíes y no iraquíes". La parte más significativa con respecto al conflicto entre Palestina e Israel es que: "La conferencia condena que se ataque o aterrorice a civiles de ambos bandos".[10] En 2006, varias organizaciones de derechos humanos de la región realizaron declaraciones públicas criticando los ataques armados contra civiles israelíes por parte de grupos armados palestinos y libaneses. En julio, Al-Haq emitió un llamamiento público declarando que los grupos armados "no pueden recurrir a la reciprocidad como justificación legal" de las violaciones del derecho humanitario.[11]
Durante los últimos años, algunos colegas de Human Rights Watch y yo nos hemos reunido en varios países árabes con activistas de la sociedad civil, editores y líderes religiosos para analizar los atentados contra civiles por constituir graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho humanitario.[12] Con lo que denominamos la Iniciativa de Protección de la Población Civil, Human Rights Watch intentó entablar un diálogo con activistas y formadores de opinión de toda la región sobre la cuestión de los atentados contra civiles, y animarles a criticar públicamente estos ataques cuando suceden, incluso cuando los responsables defiendan una causa que disfrute de amplio respaldo popular, como el final de la ocupación militar israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Nuestra experiencia previa de investigación e informes sobre dicha violencia en los Territorios Ocupados de Palestina, Irak y Egipto sugiere que el aumento de la intervención en estos temas de activistas y simpatizantes locales de los derechos humanos sería esencial para cualquier intento de persuadir a los responsables de que cesen dichos atentados.[13] Las opiniones de nuestros interlocutores ofrecen un panorama complicado de la situación de la opinión de las élites con respecto a la protección de la población civil.
En primer lugar, prácticamente todos nuestros interlocutores insistieron en la necesidad de tener en cuenta el contexto de ocupación militar con respecto a los asesinatos en Israel e Irak. Para algunos, este contexto era la clave definitiva: si se acaba la ocupación se acaba la violencia. En palabras de un alto funcionario jordano: "Acabar con la injusticia que me hace tolerar [los atentados contra civiles israelíes]". "Estamos combatiendo una ocupación que viola el derecho [internacional humanitario] todos los días", señaló un líder cisjordano del ala reformista de Fatah. No obstante, el derecho internacional humanitario obliga a todas las partes en un conflicto armado a respetar la inmunidad de la población civil, incluso durante la resistencia a una ocupación militar.[14]
En segundo lugar, casi todos los interlocutores hicieron una distinción clara entre los atentados contra civiles en Irak, que condenaron, y los ataques de palestinos contra civiles israelíes. "Las denuncias de los atentados iraquíes han sido claras, nadie los justifica", señaló un abogado islamista y activista pro derechos humanos de Dubái, "pero Palestina está fuera de dicha crítica". Quizá el comentario más recurrente en estas discusiones es la idea de que el conflicto entre Palestina e Israel es "único": para las personas que estaban de acuerdo con el principio básico de que los civiles deben ser inmunes a los ataques, Palestina es la "excepción" que se presenta casi invariablemente. En este sentido, no existe una diferencia discernible entre los islamistas o los líderes islámicos, por una parte, y los laicos o izquierdistas, por otra. Esta excepcionalidad palestina se presenta de varias maneras. Una manera habitual es la afirmación de que la sociedad israelí está militarizada hasta el punto de que no "hay civiles en el país". Otra es que la disparidad entre el armamento de Israel y los grupos armados palestinos permite que estos últimos tengan flexibilidad para emplear cualquier medio que puedan idear. Ninguna de estas razones puede justificar los ataques contra la población civil.[15]
Quizá no sea sorprendente que los más dispuestos a criticar los atentados palestinos contra civiles israelíes fueran los propios palestinos. Los periodistas y escritores de Cisjordania no parecieron tener ningún problema en aceptar que el ataque contra civiles era injustificable en cualquier circunstancia. Señalaron su interés en formar parte de una campaña pública de concienciación sobre este principio humanitario, su historia y su significado en el contexto palestino-aunque no estaba proponiendo, enfáticamente, iniciar dicha campaña. Varios hablaron de una "cultura del miedo" a caer en desgracia entre los grupos armados y sus partidarios.
La vulnerabilidad es aún más pronunciada en los países vecinos, donde la solidaridad con los palestinos ha adoptado carácter de doctrina, sobre todo en Egipto y Jordania. Un activista político egipcio de formación islamista y con buena disposición frente a las preocupaciones de derechos humanos dijo que condenaba los ataques palestinos contra civiles, pero "no puedo convencer a otros intelectuales de que suscriban esta condena, y todavía menos al público en general. Necesitamos una solución integral. En nuestro entorno, pueden aislarnos fácilmente a mí o a otros por traidores o agentes. Necesitamos hacer hincapié en los abusos por el poder superior".[16]
En opinión de muchos con los que hablamos, las organizaciones de derechos humanos occidentales también utilizan el doble rasero. Dijeron que no hay duda de que Human Rights Watch critica las violaciones israelíes, pero, en su opinión, el lenguaje empleado tiende a ser más contenido que cuando habla de las violaciones palestinas. "Sentimos que la manera en que las organizaciones internacionales de derechos humanos analizan el conflicto en nuestra región no es justa", señaló un activista egipcio.[17]
Quizá la dificultad más grande para los intentos de promover las críticas públicas contra los atentados palestinos contra civiles israelíes fuera lo que muchos interlocutores presentaron como la impunidad de Israel frente a sus violaciones muchos más extensas (y en su opinión más atroces) del derecho internacional humanitario, y el hecho de que los países que proclaman su fidelidad con los derechos humanos no exijan responsabilidades a Israel-o, en el caso de Irak, a Estados Unidos. Su argumento esencial era: "Que me demuestren la importancia del derecho internacional". En palabras de un portavoz de Hamas en Cisjordania, "Cumpliremos [el DIH] si tenemos una garantía" de que Israel también lo respetará. Según dijo, en la actualidad, Israel ha dejado pocas opciones a los palestinos.[18]
La intensa atención internacional centrada recientemente en el informe de la Misión de Averiguación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza ("el informe Goldstone"), que observó graves violaciones de las leyes de la guerra por parte de Israel y los grupos armados palestinos, e instó a remitir la cuestión a los mecanismos de justicia internacional si no se emprenden investigaciones nacionales creíbles, ha subrayado de una manera sin precedentes la importancia del rendimiento de cuentas por los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Mucho dependerá de la medida en que la comunidad internacional aproveche esta oportunidad para promover el respeto por los principios del derecho internacional humanitario abordando el importante elemento del rendimiento de cuentas. Como se señaló anteriormente, la prohibición de las leyes de la guerra de los ataques contra civiles es absoluta, y no depende del cumplimiento de un adversario.[19]
Las organizaciones de derechos humanos de la región esgrimen un argumento más para guardar silencio con respecto a esta cuestión. Se centran en los abusos cometidos por sus propios gobiernos, que no dudan en abalanzarse sobre cualquier oportunidad para desacreditar a estos grupos. Estos gobiernos y sus compinches dominan los medios de comunicación. Si, por ejemplo, la Liga Tunecina de Derechos Humanos condenara a los grupos armados palestinos por sus ataques contra civiles israelíes, los medios controlados por el Gobierno tunecino lo describirían como una demostración de su programa "sionista" o al menos pro occidental y su traición a la causa palestina. Si los medios tunecinos gozaran de libertad, una organización como la Liga podría contrarrestar las críticas, pero no es el caso. En esta situación, estas organizaciones velan por su credibilidad y controlan cuidadosamente su capital político para poder continuar vigilando los abusos cometidos por sus propios gobiernos. Para ellos sería un riesgo demasiado alto criticar abiertamente a Hamas u otros grupos palestinos.
Nuestras reuniones también conllevaron conversaciones con grupos responsables de violaciones. Los miembros de organizaciones que han llevado a cabo ataques contra civiles israelíes conocían las normas básicas del DIH y afirmaron no tener nada en contra de ellas. A veces excusaron el daño a civiles como un mal inevitable, con términos no muy diferentes de las nociones del "daño colateral" del DIH. Pero, en realidad, estas organizaciones tienen mucho en contra de estas normas, especialmente con respecto a la no reciprocidad-el principio de que las violaciones cometidas por una parte no autorizan ni justifican las violaciones de la otra parte. Las organizaciones están familiarizadas con la prohibición de los ataques indiscriminados o contra civiles, pero dejaron claro que estaban dispuestas a respetar a la población civil sólo en la medida en que lo hiciera su adversario, Israel. "Los ataques contra civiles son enormemente inaceptables", nos dijo un líder de Hezbollah a principios de julio de 2006. Sin embargo, en la misma conversación, este portavoz reconoció que Hezbollah había llevado a cabo este tipo de ataques en represalia por los ataques israelíes que mataron a civiles libaneses. "¿Cómo se pueden contrarrestar los ataques israelíes contra nuestra población civil? Hay que castigar[los]", señaló.[20] Sin embargo, al hablar de Irak no hubo dudas: "Lo que consideramos resistencia allí se limita al ataque contra los ocupante militares", señaló. "Los que atacan a civiles son terroristas", agregó. Una semana después de esta entrevista estalló la guerra en el Líbano, y Hezbollah e Israel se intercambiaron ataques indiscriminados que se saldaron con civiles muertos y heridos en cada bando.
Algunos líderes de Hamas han sido más contundentes al afirmar que es permisible atacar a la población civil de un adversario en represalia. De acuerdo con el DIH, una represalia beligerante es una acción que sería ilegal de otro modo y sólo se permite en circunstancias excepcionales para controlar los actos ilegales de un adversario. Los Estados condenan mayoritariamente, si no universalmente, las represalias contra la población civil. En lo que respecta al DIH consuetudinario, nunca se permiten las represalias en los conflictos armados no internacionales-los que no se libran entre Estados.[21]
"No se trata de atacar a la población civil", dijo Ismail Abu Shanab a Human Rights Watch. "Se trata de decir que si atacas a los míos atacaré a los tuyos", agregó. Abu Shanab prosiguió diciendo: "Si se nos pide que cumplamos [el DIH], no es difícil. Las enseñanzas islámicas respaldan los Convenios de Ginebra. Están aceptados. Cuando hablamos del otro bando, si no los respetan, no podemos estar obligados a cumplirlos, excepto en la medida en que podamos logar algo".[22] En Beirut, Human Rights Watch también se entrevistó con Usama Hamdan, representante de Hamas en el Líbano. Sus comentarios demostraron que la política de represalias iba de la mano con la tendencia a anular las distinciones operativas entre civiles y combatientes en el caso de Israel: "Israel es un Estado democrático y la presión popular sobre este tema podría cambiar las políticas, pero su población civil está apoyando los ataques [de las FDI] contra nuestros civiles".[23] Además de justificar los ataques contra la población civil, prohibidos totalmente por el derecho internacional humanitario, este razonamiento es una fórmula para el castigo colectivo, que constituye también una violación grave de las leyes de la guerra.
Mitos y realidades de la motivación islamista
Muy pocas de las personas con las que nos hemos reunido para analizar estos temas, incluidos los islamistas y académicos islámicos o los representantes de grupos islamistas responsables de ataques contra civiles, sugirieron que las leyes islámicas diferían significativamente del derecho internacional humanitario a la hora de prohibir los ataques contra la población civil. Un líder de la Hermandad Musulmana de Egipto hizo un comentario habitual: "Un crimen no justifica otro crimen". "Los musulmanes se están desviando del islam, incluyendo las leyes de guerra", agregó.[24]
No pretendemos argumentar que la religión, la historia religiosa y los símbolos religiosos no contribuyen a facilitar las actitudes de desprecio por los principios humanitarios. Las invocaciones de la doctrina religiosa son importantes para el reclutamiento de combatientes (o "mártires") y su participación en ataques contra civiles. Sin embargo, nuestros interlocutores, incluso los activistas islamistas o líderes religiosos, intentaron muy pocas veces o nunca justificar las violaciones del principio de la inmunidad de la población civil argumentando que los ataques estuvieron permitidos, o no estuvieran prohibidos, por las leyes islámicas. En una investigación del lanzamiento de cohetes de Hezbollah contra áreas civiles de Israel, Human Rights Watch no observó ningún caso en el que los líderes de Hezbollah justificaran estos ataques por motivos religiosos.[25] Pero al mismo tiempo, en un entorno de renacimiento islamista es importante el imprimátur de la autoridad islámica. En este sentido, Khalid Mishal, responsable de la oficina política de Hamas, afirmó que las "operaciones de martirio [son] una de las muchas formas de resistencia, de hecho se trata de la forma más elevada y noble de resistencia y la más eficaz. La mayoría de los académicos de nuestras naciones islámicas han dictaminado que es permisible y, de hecho, una de las mejores formas de yihad y resistencia".[26] De acuerdo con los mensajes grabados en video que suelen dejar los que cometen atentados suicidas, así como otras declaraciones, podría parecer que esta legitimación islámica es un factor importante para su reclutamiento y motivación.
El papel de la doctrina islámica y la ideología islamista es mucho más pronunciado en la otra categoría principal de movimientos que han tomado las armas y empleado la violencia contra personas ordinarias, además de contra agentes del Estado, es decir, los movimientos políticos que pretenden derrocar o alterar radicalmente un gobierno existente que se atribuye la legitimidad islámica. Los movimientos Gama`a Islamiyya y Yihad Islámica de Egipto en los ochenta y noventa, influidos por los escritos de Sayyid Qutb, y el movimiento yihadista salafiyya de Arabia Saudita, liderado por veteranos de la campaña contra la Unión Soviética de los ochenta en Afganistán, son un ejemplo de ello.[27]
La legitimidad de dichos movimientos insurgentes despierta serias dudas: las organizaciones políticas musulmanas, como cualquier otra, no ven con buenos ojos a las insurgencias armadas o los posibles usurpadores, y esta resistencia a la rebelión se codifica en la oposición a la fitna, o el desorden. En términos islámicos, es esencial que un movimiento rebelde o insurgente afirme de manera creíble que las prácticas del gobierno en cuestión no son, y en algunas versiones nunca han sido, verdadera o suficientemente islámicas, o ha traicionado al islam de manera grave. Desde el punto de vista de los insurgentes, dichos gobiernos ya no son musulmanes y deben combatirse por apóstatas y no creyentes (kufar). Esto puede estar claro cuando el partido gobernante es extranjero y no musulmán. En el caso de los gobiernos árabes existentes, los rebeldes y los insurgentes justifican en términos islámicos su recurso a la violencia armada declarando que los dirigentes del Estado en cuestión, y los que los respaldan, son kufar.
Aunque el Gobierno egipcio reprimió implacablemente la insurgencia islamista en los noventa, un factor determinante de su derrota (al menos tan importante, en opinión de muchos observadores egipcios, como la capacidad represiva del Estado) fue el aislamiento político que se ganó Gama`a Islamiyya por su estrategia de atentados que mataron indiscriminadamente a civiles, muchos de ellos dirigidos contra la industria del turismo, una fuente importante de ingresos para muchos ciudadanos, como para el Gobierno. Poco después de su derrota, muchos líderes de Gama`a Islamiyya renunciaron al uso de la violencia. Sin embargo, en opinión de Hugh Roberts, quien escribió una serie de análisis excepcionalmente lúcidos sobre el islamismo contemporáneo para el International Crisis Group, las "retractaciones" escritas por Karam Zuhdi y otros repudiando el recurso del grupo a la violencia "dejaron sin respuesta la cuestión crítica de si el radicalismo islámico egipcio ha aceptado verdadera e integralmente la quiebra de su estrategia yihadista y compatibilizado sus interpretaciones intelectuales con las ideas que la inspiraron".[28] La Yihad Islámica respondió al la derrota de la insurgencia en Egipto reorientándose hacia el terreno internacional y uniéndose a al Qaeda a finales de los noventa. Hasta finales de 2007, uno de los fundadores y principales ideólogos del grupo, Sayid Imam Sharif, realizó una "reinterpretación" similar de la yihad, descartando específicamente la denuncia y la condena de personas por kufar para justificar causarles daño, así como el asesinato de no musulmanes en países musulmanes o de musulmanes pertenecientes a otras sectas, como los chiitas.[29]
Los ataques contra civiles por parte de grupos armadas islamistas suscitaron especial controversia entre los propios militantes islamistas en el contexto del baño de sangre en Irak, durante los años posteriores a la invasión estadounidense. Algunos con un impecable historial de militancia han condenado estos atentados sin paliativos. El ideólogo islamista palestino-jordano Abu Muhammad al-Maqdisi ha denunciado sin reservas por kufar a los gobiernos que no instauran reglas basadas en la sharía (ley islámica), y ha criticado la democracia porque equivale a cambiar de religión-es decir, cometer apostasía.[30] Sin embargo, en 2005 criticó a su antiguo camarada Abu Musab al-Zarqawi por su campaña de atentados brutales contra civiles en las comunidades chiitas de Irak. "Mi proyecto no consiste en hacer estallar un bar, mi proyecto no consiste en hacer estallar un cine", dijo al-Maqdisi en una entrevista a Al Jazeera en julio de 2005:
Mi proyecto es devolver a la Nación Islámica su gloria y establecer un Estado islámico que ofrezca refugio a todos los musulmanes, y este es un proyecto grande e importante que no se logra con pequeños actos de venganza.... ¿Cuándo hemos hablado de matar a mujeres y niños? ¿Cuándo hemos hablado de matar a los seguidores del chiismo?[31]
La experiencia iraquí, con multiplicidad de actores y reinado implacable del terror contra la población civil, con frecuencia por el simple hecho de ser sunitas o chiitas, reproduce en cierto modo las masacres de civiles que caracterizaron la guerra civil argelina de mediados de los noventa. En ambos casos, el liderazgo de las fuerzas insurgentes estaba compuesto por veteranos árabes de la guerra de Afganistán que, entre otras cosas, hicieron mucho hincapié en imponer las prácticas islámicas que consideraban "correctas".
La insurgencia armada en Arabia Saudita representa al parecer el caso de violencia política islamista más directa e inequívocamente enraizado en la doctrina y la ideología religiosas. Esto se refleja probablemente en parte en la hegemonía casi total del discurso religioso en los análisis sauditas de cuestiones políticas y religiosas, fomentada por la libertad de actuación que los dirigentes sauditas han otorgado a los ideólogos islamistas, además del silenciamiento sistemático de las opiniones disidentes liberales. Muchos de los responsables de la violencia política en Arabia Saudita son los herederos políticos e ideológicos de aquellos a los que el Estado saudita había animado y autorizado (con total respaldo de Washington) a combatir contra el Gobierno de Afganistán apoyado por la antigua Unión Soviética. El hecho de que hayan trasladado su objetivo a Arabia Saudita y la presencia occidental en este país parece estar inspirado en la doctrina. Sería difícil encontrar una declaración más sucinta de las razones para la violencia insurgente contra no sólo los americanos y otros occidentales en el reino saudita, sino también contra la autoridad política local (aprobada por los líderes religiosos), que la contenida en el panfleto de Nasir al-Fahd "Revelar la blasfemia de los que ayudan a los americanos". Según el académico saudita Madawi al-Rasheed, este panfleto contiene una "narrativa legitimadora de la violencia" inspirada en el Corán y los hadices (dichos del Profeta Mohammed), con sus propios "códigos, significados, políticas y poéticas religiosos".[32]
Human Rights Watch tuvo la oportunidad de plantear estos temas a disidentes sauditas durante una visita al país en diciembre de 2006.[33] Parecía existir un acuerdo total en dos puntos. Primero, el respaldo popular a los grupos violentos de oposición, o al menos la reticencia a condenar su violencia, se debe principalmente a la estrecha relación del Gobierno saudita con Estados Unidos, independientemente de las políticas de Washington consideradas inaceptables con respecto a Irak y el conflicto entre Israel y Palestina. Segundo, argumentaron que el Gobierno saudita tiene que dejar de reprimir sistemáticamente los derechos civiles y políticos básicos, especialmente la libertad de expresión, para que se pueda cuestionar el estatus quo por medios pacíficos. En la medida en que estas opiniones son representativas, cualquier respaldo popular existente a los ataques armados contra civiles se basa más en la política que en la religión. También hubo un amplio acuerdo, aunque no consenso, en un tercer punto, que subraya una dimensión religiosa de la violencia: el compromiso de la familia gobernante saudita con un sistema religioso cuya intolerancia de los no musulmanes y musulmanes que no se adhieren a la interpretación wahabista oficial del islam ha contribuido también al respaldo de los ataques contra extranjeros; y para lograr una liberalización política también hará falta una reforma religiosa.
Como se señaló anteriormente, nuestros interlocutores coincidieron mayoritariamente en que "detrás de la violencia está la opresión, la injusticia y la ocupación", en referencia a las condiciones en el mundo árabe. Con respecto al caso concreto de Arabia Saudita, también insistieron en que "no existe un marco para la sociedad civil ni un sistema judicial independiente", en palabras Matrook al-Faleh, profesor de ciencias políticas de la Universidad Rey Saud que ha sido encarcelado por su activismo reformista y sigue sin poder viajar fuera del país. Tanto él como otros señalaron que el Estado era tan hostil con sus críticas pacíficas como con el desafío de los grupos violentos. "¡Nueve años de prisión por sugerir una constitución!" señaló Abdullah al-Hamid, ex profesor de literatura y defensor de la reforma, en relación con las condenas de cárcel que le impusieron a él, a al-Faleh y a otro activista.[34] "Los promotores de la violencia señalan esto y dicen: mira lo que consigues con peticiones pacíficas", agregó.
¿Una vía para avanzar?
El concepto de yihad, o lucha, es una parte integral de la doctrina y la tradición islámicas, pero, además de incorporar muchos significados diferentes de lucha, está regido esencialmente por reglas, especialmente cuando se aplica al combate y al uso de la fuerza.[35] Las reglas, por supuesto, forman parte del ámbito de impugnación, no sólo en términos del entendimiento legal y jurídico, sino también de los imperativos éticos. Entre lo que se cuestiona ahora está quién puede hablar con autoridad en relación con los elementos esenciales de la tradición islámica, en una época en que la autoridad está en duda y fragmentada.
Por encima de la identificación de las voces autorizadas, que serían probablemente cuestionadas en cualquier caso, está la necesidad de que los formadores de opinión en la mayoría de los países musulmanes de Oriente Medio analicen estos temas de manera que incorporen los parámetros comunes de los principios de la ética islámica y del derecho internacional humanitario. El elemento fundamental de ambos sistemas es entender que, en la guerra, existen límites sobre los medios y los métodos que pueden emplear las partes beligerantes.[36] Los límites recogidos en la tradición islámica incluyen las prohibiciones de la traición y la mutilación, y especifican categorías de personas enemigas inmunes al ataque, entre ellas los niños, los esclavos, las mujeres, los lisiados y los ciegos.[37] Esto requiere tener también en cuenta los aspectos divergentes, aunque con el propósito de desarrollar un marco amplio e integrador para identificar las maneras más eficaces de garantizar el respeto por estos principios compartidos. Los principios del derecho humanitario no se ocupan de si los estados o los grupos no estatales deben alzarse en armas en un conflicto particular, sino de la manera en que movilizan y emplean dichas armas para librar un conflicto particular. En términos islámicos, la cuestión no reside en si la yihad es permisible, es obligatoria o está prohibida (aunque se trata de cuestiones ciertamente importantes sobre las que tienen mucho que decir las leyes islámicas y, en términos más generales, el derecho internacional), sino en cómo se desarrolla la lucha cuando adopta una dimensión armada.
Independientemente de que tengan carácter religioso o político, los grupos que cometen ataques dirigidos contra civiles o que causan un daño indiscriminado a la población civil justifican, con frecuencia, estos ataques como una represalia contra un adversario que daña a su población civil-una justificación que no está permitida por el derecho internacional humanitario, pero tampoco un impulso que se limita a los musulmanes. Aunque es inaceptable, el argumento de la represalia subraya un factor que tienen que tener en cuenta los promotores del derecho internacional humanitario cuando intenten recabar apoyo para sus campañas en las sociedades musulmanas actuales-en concreto, la ausencia aparente de voluntad política a nivel internacional para abordar dichos asesinatos cometidos por todas las partes, incluidos los estados poderosos. Desde su perspectiva, el DIH es un régimen legal que favorece a los estados: los gobiernos pueden costearse armamento de precisión y respetar aparentemente el DIH, incluso sus ataques matan a muchos civiles; pero los grupos insurgentes suelen tener solamente armas rudimentarias e imprecisas. (Por su parte, los estados argumentan que el DIH favorece a los grupos insurgentes porque facilita que sus combatientes se mezclen entre la población civil, lo que aumenta las bajas civiles que se atribuyen a las fuerzas armadas oficiales.) En este caso, no se puede dejar de subrayar la importancia del conflicto entre Israel y Palestina, y la simpatía profunda y generalizada que la mayoría de los musulmanes profesan por los objetivos y las quejas de los palestinos.
Este hecho, más que cualquier incompatibilidad fundamental de los principios del derecho humanitario con la ética y las leyes islámicas, constituye un obstáculo importante para el desarrollo de una opinión pública viable y eficaz dispuesta a manifestarse en contra de estos ataques cometidos por grupos con los que simpatiza. Cuando se trata de las violaciones más graves del derecho internacional humanitario, como los ataques contra civiles, las prohibiciones no están condicionadas por la conducta recíproca del adversario. Sin embargo, si las violaciones graves del propio adversario más poderoso no tienen consecuencias, es más difícil convencer a los demás de que interesa a todas las partes defender y respetar el derecho internacional humanitario.
En el proceso de promoción del respeto por los principios fundamentales del derecho internacional humanitario y los mecanismos eficaces de rendimiento de cuentas en las sociedades árabes, existe claramente una función para las personas capaces de expresar estos principios en un lenguaje convincente para los musulmanes, incluyendo a los islamistas y los nacionalistas que utilizan expresiones principalmente islámicas y referencias doctrinales. En especial, existe la necesidad de personas con credibilidad que no sean simplemente autoridades religiosas que hablen en representación del Gobierno, sobre todo si el cumplimiento de estos principios por parte del Gobierno es cuestionable.
El esfuerzo de Human Rights Watch por promover esta conversación en la región, a través de su Iniciativa de Protección de la Población Civil, ha tenido resonancia entre los activistas pro derechos humanos y de la sociedad civil de la región, y ya no es inusual encontrarse con columnas de opinión o editoriales en los medios árabes criticando los ataques contra civiles por parte de grupos armados en la región árabe y otros contextos musulmanes. Generar un compromiso más amplio con el principio fundamental de la inmunidad de la población civil por parte de los formadores de opinión, por no decir la sociedad en general, exigirá iniciativas adicionales de los activistas regionales e internacionales. Por este motivo es esencial que los líderes políticos y religiosos y los medios influyentes, así como los activistas pro derechos humanos y del movimiento social, se manifiesten enérgicamente contra dichas atrocidades, incluso cuando-de hecho, especialmente cuando-hayan sido cometidas por el Gobierno que les representa o un movimiento cuyos objetivos respaldan ampliamente.
Joe Stork es subdirector de la División de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.
1 En relación con los palestinos, véase Yezid Sayigh, Armed Struggle and the Search for State (Oxford: Oxford University Press, 1997); en relación con las atrocidades cometidas por todas las partes en la guerra de la independencia argelina, véase Alistair Horne, A Savage War of Peace: Algeria 1954-1962 (Nueva York: Viking Press, 1977)
[2] En este ensayo utilizó el término "islamista" para referirme a las personas o los grupos involucrados en la política que afirman o promueven políticas y programas políticos que creen compatibles con las tradiciones y las enseñanzas islámicas y propicias para lo que consideran los intereses islámicos. Hay muchas organizaciones y tendencias islamistas diferentes que comparten esta orientación, aunque pueden variar considerablemente su interpretación de cuáles serían estas tradiciones, enseñanzas e intereses. En este caso me preocupa especialmente el subgrupo de organizaciones islamistas que usan la violencia armada o promueven su uso.
[3] The Peace Process: Implications for Democracy and Human Rights Ibn Rushd Booklets Series, 3 (1997), pp. 75 - 128.
[4] La provocadora visita de Ariel Sharon, el 29 de septiembre de 2000, a la sede de la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén Oriental y la respuesta de las fuerzas de seguridad israelíes a los manifestantes palestinos generaron enfrentamientos constantes entre las fuerzas israelíes y los palestinos armados, en lo que llegó a conocerse como la intifada o el levantamiento de Al Aqsa. Para ver información detallada sobre los atentados suicidas palestinos hasta finales de 2002, y un análisis de dichos atentados desde el punto de vista de los derechos humanos, véase Human Rights Watch, Erased in a Moment: Suicide Bombing Attacks against Israeli Civilians (Nueva York, Human Rights Watch, 2002), http://www.hrw.org/legacy/reports/2002/isrl-pa/.
[5] Citado en Lori Allen, "Palestinians Debate ‘Polite' Resistance to Occupation", en Joel Beinin y Rebecca Stein, The Struggle for Sovereignty: Palestine and Israel 2003-2005 (Stanford: Stanford University Press, 2006), p. 289.
[6] Ibíd., pp. 301-02.
[7] "Al-Haq in 2004: A Twenty-five Year Retrospective", en Waiting for Justice: Al-Haq Annual Report 2004 (Ramallah, 2005), pp. 12-13. Azzam trabajó en Al-Haq de 1987 a 1995.
[8] Entrevista de Human Rights Watch con Ziad Abu Amr, Washington, DC, junio de 2006.
[9] Discusiones de Human Rights Watch con periodistas palestinos en Ramallah, agosto de 2005.
[10] "Declaración de Rabat: Hacia una alianza equitativa por la democracia, los derechos humanos, la paz justa y el desarrollo económico y social", declaración de ONG y actores de la sociedad civil ante el Foro para el Futuro [reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G-8 y los países árabes], 8-9 de diciembre de 2004. La asamblea de NGO fue patrocinada por la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, la Organización Marroquí de Derechos Humanos, el Instituto de Estudios sobre Derechos Humanos de El Cairo y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
[11] "Al-Haq's Appeal to Palestinian Political Parties and Armed Factions", comunicado de prensa de Al-Haq REF: 21.2006E, 3 de julio de 2006). Un año antes, en agosto de 2005, los activistas de Al-Haq señalaron a Human Rights Watch que la organización había redactado varios temas a tratar en una reunión en Beirut sobre grupos armados patrocinada por Amnistía Internacional, pero después decidió no participar en el encuentro hasta que no contaran con el acuerdo total del personal y la junta directiva. "Tenemos que ser valientes, pero es difícil", dijo uno de los ellos al señalar que muchos de los que habían firmado peticiones públicas habían sido "hostigados por la comunidad".
[12] Estas reuniones tuvieron lugar en El Cairo, Ramallah, Belén, Amán, Rabat, Túnez, Kuwait, Dubái, Riad, Beirut y Bahréin.
[13] En relación con los atentados palestinos, véase Erased in a Moment, http://www.hrw.org/legacy/reports/2002/isrl-pa/; en relación con los atentados iraquíes, véase A Face and a Name: Civilian Victims of Insurgent Groups in Iraq, vol, 17, no. 9(E), octubre de 2005, http://www.hrw.org/en/reports/2005/10/02/face-and-name-0; en relación con Egipto, véase Egypt: Mass Arrests and Torture in Sinai, vol. 17, no. 3(E), febrero de 2005, http://www.hrw.org/en/reports/2005/02/21/egypt-mass-arrests-and-torture-sinai-0.
[14] Por ejemplo, el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra (Protocolo I), que prohíbe los ataques contra civiles, cubre expresamente "los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación..." Protocolo I, artículo 1(4).
[15] De acuerdo con el DIH, cualquier persona que no sea combatiente se considera civil, y los civiles sólo pierden su inmunidad en el caso y durante el período en que participen directamente en las hostilidades. En virtud del DIH, se considera civiles a los militares en la reserva, cuando no estén sometidos a la disciplina integral de las fuerzas armadas. La mayoría de las guerras se libran entre fuerzas con medios desiguales; y una excepción al DIH por este motivo socavaría totalmente el principio de la inmunidad de la población civil.
[16] Entrevista de Human Rights Watch, El Cairo, 9 de abril de 2006.
[17] El comentario se realizó en una mesa redonda en El Cairo copatrocinada por Human Rights Watch y el Instituto de Estudios sobre Derechos Humanos de El Cairo, 26 de junio de 2005.
[18] Entrevista de Human Rights Watch, Ramallah, agosto de 2005.
[19] Véase, por ejemplo, el artículo 51(6) del Protocolo I, que declara: "Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o las personas civiles".
[20] Entrevista de Human Rights Watch, Beirut, 1 de julio de 2006.
[21] Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), El derecho internacional humanitario consuetudinario, pp. 513-29.
[22] Human Rights Watch, Erased in a Moment, http://www.hrw.org/legacy/reports/2002/isrl-pa/, p. 52.
[23] Entrevista de Human Rights Watch, Beirut, 2 de julio de 2006.
[24] Entrevista de Human Rights Watch, El Cairo, 9 de abril de 2006.
[25] Human Rights Watch, Civilians Under Assault: Hizbollah's Rocket Attacks on Israel in the 2006 War, vol. 19, no. 3(E), agosto de 2007, at http://hrw.org/reports/2007/iopt0807/.
[26] Citado en Mohamed M. Hafez, "Rationality, Culture, and Structure in the Making of Suicide Bombers: A Preliminary Theoretical Synthesis and Illustrative Case Study", Studies in Conflict & Terrorism 29, pp. 165-185.
[27] Sayyid Qutb, activista de la Hermandad Musulmana de Egipto, estuvo diez años en prisión, donde fue sometido a torturas, por su supuesta participación en una intentona golpista contra el presidente Gamal Abdel Nasser. Salió en libertad en 1964, volvió a ser encarcelado en 1965 en relación con otra supuesta conspiración y fue ejecutado en la horca en agosto de 1966. En opinión de Malise Ruthven, su obra Señales en el camino (Ma`alim fi'l-tariq), "articula, mejor que ningún otro texto, la rabia y la energía revolucionaria que sostienen el movimiento islamista". Malise Ruthven, A Fury for God (London: Granta Books, 2002), p.85.
[28] Hugh Roberts, "Islam in North Africa II: Egypt's Opportunity", International Crisis Group Middle East and North Africa Briefing, 20 de abril de 2004, p. 9.
[29] Imam Sharif, también conocido como Dr. Fadl, es el autor de Principios básicos para hacer preparativos para la yihad (Al-umda fi e'dad al-udda). Su revisión, titulada "Racionalización de la yihad en Egipto y el mundo", apareció en una serie de artículos publicados en noviembre de 2007 en el diario egipcio Masri al-Yom. Véase Jailan Halawi, "Bidding Violence Farewell", Al-Ahram Weekly, 22-28 de noviembre de 2007, y el comentario de Marc Lynch en su blog Abu Aardvark del 27 de noviembre de 2007, disponible en http://abuaardvark.typepad.com/abuaardvark/2007/11/dr-fadls-review.html.
[30] Nibras Kazimi, "A Virulent Ideology in Mutation: Zarqawi Upstages Maqdisi", en Hillel Fradkin, et al., eds., Current Trends in Islamist Ideology (Washington: The Hudson Institute, 2005), disponible también en http://www.futureofmuslimworld.com/research/pubID.24/pub_detail.asp. (consultado el 22 de marzo de 2007).
[31] La entrevista, fechada el 5 de julio de 2005, se cita en Kazimi. Al-Maqdisi, que había estado encarcelado junto con al-Zarqawi a finales de los noventa, fue detenido de nuevo por cargos de terrorismo en 2000, pero salió en libertad el 28 de diciembre de 2004, después de que un Tribunal de Seguridad del Estado de Jordania le absolviera de los cargos. Volvieron a arrestarle al día siguiente de la entrevista con Al Jazeera, aparentemente por no haber denunciado más enérgicamente a al-Zarqawi. El caso de al-Maqdisi es uno de los que se analizan en Human Rights Watch, Suspicious Sweeps: The General Intelligence Department and Jordan's Rule of Law Problem (Nueva York, Septiembre de 2006), disponible en http://hrw.org/reports/2006/jordan0906/.
[32] Madawi al-Rasheed, Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a New Generation (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007), pp. 135-36.
[33] Joe Stork, "Violence and Political Change in Saudi Arabia", ISIM Review 19, primavera de 2007, pp. 54- 55, http://www.isim.nl/files/Review_19/Review_19-54.pdf.
[34] Al-Faleh, al-Hamid y el escritor Ali al-Dumaini fueron detenidos en marzo de 2004 por negarse a firmar una promesa de cesar todas las críticas públicas contra el Gobierno. Tras un juicio injusto, en mayo de 2005, un tribunal los condenó a seis, siete y nueve años de prisión, respectivamente. En agosto de 2005, el rey Abdulá los indultó, pero todavía tienen prohibido viajar y acceder a los medios sauditas.
[35] Para ver un análisis esclarecedor de la evolución del concepto de yihad en los primeros siglos del islam, véase Roy Parviz Mottahedeh y Ridwan al-Sayyid, "The Idea of the Jihad in Islam before the Crusades", en Angeliki E. Laiou y Roy Parviz Mottahedeh, The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2001), disponible en www.doaks.org/etexts.html.
[36] Sohail Hashemi señala que "se presta muy poca atención a las leyes de la guerra" en los discursos musulmanes contemporáneos sobre la guerra, cita el mandamiento coránico de "no transgredir los límites" en el transcurso de la lucha por la "causa de Alá", y enumera las limitaciones basadas en las sunna (prácticas) del profeta Mohammed y sus primeros ("bien guiados") sucesores como líderes de la comunidad musulmana. Véase su ensayo "Interpreting the Islamic Ethics of War and Peace", en Sohail H. Hashmi, ed., Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict (Princeton: Princeton University Press, 2002).
[37] John Kelsay, Arguing the Just War in Islam (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007), especialmente el capítulo 3: "Politics, Ethics, and War in Premodern Islam". En este capítulo, Kelsay señala: "La cuestión no estriba solamente en que el Profeta identificara a las mujeres, los niños y otras personas como grupos protegidos. Sino en que estas personas se enumeran por el hecho general de que ‘no combaten'" (p. 114).