Marruecos continúa presentando un panorama contradictorio con respecto a los derechos humanos. Por un lado, ha realizado grandes progresos enfrentando los abusos cometidos en el pasado, ha permitido un espacio considerable para la discrepancia y la protesta popular, y ha reducido la desigualdad de género en el código de familia. Sin embargo, las autoridades, con la ayuda de tribunales complacientes, siguen sirviéndose de la legislación represiva para castigar a los opositores pacíficos, especialmente aquellos que violan los tabúes contra las críticas al rey o la monarquía, cuestionan la “marroquinidad” del Sáhara Occidental o “denigran” el islam. La policía continúa haciendo un uso excesivo de la fuerza para disolver las manifestaciones.
En 2008 se produjeron disturbios esporádicos por cuestiones socioeconómicas, sobre todo en la ciudad de Sidi Ifni, donde las fuerzas de seguridad intervinieron el 7 de junio para levantar un bloqueo de protesta en el puerto. Según numerosos informes, las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza y cometieron otros abusos en Sidi Ifni.
Existen controles especialmente estrictos en la región inestable y disputada del Sáhara Occidental, administrada por Marruecos como si formara parte de su territorio nacional. Un movimiento independentista denominado Frente Polisario (Frente Popular para la Liberación de Saguia El Hamra y Río de Oro) cuestiona la soberanía marroquí y reclama la celebración de un referendo para la autodeterminación del pueblo saharaui. El Frente Polisario rechazó una propuesta presentada por Marruecos en abril de 2007 para mejorar la autonomía de la región, principalmente porque en dicha propuesta no se mencionaba en ningún momento la posibilidad de un referendo con la opción de la independencia. (El capítulo sobre Argelia contiene información acerca de los derechos humanos en los campamentos de refugiados administrados por el Frente Polisario).
Terrorismo y antiterrorismo
Cientos de presuntos extremistas islámicos detenidos después de los atentados de Casablanca de mayo de 2003 continúan cumpliendo condenas de cárcel, a pesar de una serie de indultos reales que pusieron en libertad a varios centenares de ellos. Muchos de los detenidos en 2003 estuvieron recluidos ese año en cárceles secretas durante días o semanas, fueron víctimas de maltrato y a veces tortura en los interrogatorios, y finalmente fueron condenados en juicios injustos. Algunos de los acusados fueron sentenciados a muerte, una pena que Marruecos no ha abolido, a pesar de no haber ejecutado a nadie desde 1993. Desde agosto de 2006, la policía ha detenido a cientos más de presuntos militantes islámicos, totalizando (según algunas estimaciones) más de un millar de detenidos hasta septiembre de 2008.
Las agencias de inteligencia continuaron interrogando a sospechosos de terrorismo en un centro de detención clandestino en Temara, cerca de Rabat, según numerosas denuncias de detenidos. Los sospechosos afirman que la policía los torturó en los interrogatorios y los mantuvo en prisión preventiva (antes de la formulación de cargos) por encima del plazo máximo de 12 días previstos por la ley para los casos de terrorismo. Por ejemplo, Abdelkrim Hakkou, un maestro de escuela, desapareció cerca de su casa en Ain Taouijdat el 16 de mayo de 2008. Su familia no recibió noticias de su paradero hasta julio, cuando compareció ante un juez y fue acusado de intentar reclutar a yihaidistas para luchar en Irak. Hakkou dijo a su familia que la policía lo había mantenido recluido durante la mayor parte de las seis semanas en un centro clandestino de detención en Temara, donde lo torturaron. En el momento de escribir este informe, Hakkou seguía en prisión preventiva. Las autoridades alegan que Hakkou fue arrestado el 1 de julio y presentado ante la fiscalía el 11 de julio.
Durante la última década, los “desaparecidos” como Hakkou aparecían semanas después en manos de la policía, a diferencia de los cientos de personas “desaparecidas” durante el reinado de Hassan II quienes nunca volvieron a aparecer con vida. El Estado reconoció su responsabilidad por estos hechos en respuesta a la labor de la Comisión de Igualdad y Reconciliación de Marruecos y su informe de 2005. En 2007, el Estado empezó a pagar aproximadamente 85 millones de dólares en compensación a unas 16,000 víctimas o a sus familiares, y a ofrecer otras formas de asistencia a personas y comunidades que habían sufrido la represión en el pasado.
El sistema de justicia y la aplicación de la ley
Muy pocas veces se exige responsabilidades a la policía por violaciones de los derechos humanos. En los casos con connotaciones políticas, los tribunales rara vez imparten juicios justos, ignorando las peticiones de exámenes médicos presentadas por los acusados que alegan haber sido torturados, negándose a permitir declaraciones exculpatorias y condenando a los acusados partiendo de confesiones obtenidas aparentemente mediante coacción. El 17 de abril de 2008, la policía detuvo en Marrakech al activista saharaui pro derechos humanos Naâma Asfari, al que acusó de conducir en estado de ebriedad y agredir a una automovilista. Según Asfari, la policía le propinó una dura paliza durante un interrogatorio centrado principalmente en su activismo político y le obligó a firmar una confesión. El tribunal lo condenó a dos meses de prisión.
Después de estridentes protestas callejeras contra la homosexualidad, el 10 de diciembre de 2007, un tribunal de Ksar El Kbir se basó en el artículo 487 del código penal para condenar a seis hombres a entre cuatro y diez meses de cárcel por cometer actos homosexuales, a pesar de que la fiscalía no presentó ninguna prueba que sustentara la existencia de violaciones al artículo mencionado. Un tribunal de apelaciones confirmó las sentencias el 15 de enero de 2008.
En febrero, en otro caso que recibió mucha atención, las autoridades anunciaron el desbaratamiento de un plan terrorista y detuvieron a cinco personalidades de la política y un periodista, a los que acusaron de complicidad. Algunos de ellos eran miembros de tres partidos legalmente reconocidos, uno de los cuales, Al Badil Al Hadari (la Alternativa Civilizada) disolvieron inmediatamente. Los acusados seguían encarcelados a la espera de la primera vista de su juicio, prevista para el 14 de noviembre.
Marruecos alberga a una cantidad estimada de 10,000 inmigrantes ilegales subsaharianos, muchos de los cuales pretenden entrar en Europa. El 29 de abril, un buque de la armada marroquí interceptó una lancha neumática repleta de inmigrantes en el Mar Mediterráneo. Según las entrevistas de una ONG marroquí con los supervivientes, cuando el patrón de la lancha desacató las órdenes de regresar a la costa, uno de los marineros del buque pinchó la lancha y provocó la muerte por ahogamiento de 29 inmigrantes. Marruecos negó que la intervención de sus soldados hubiera provocado los ahogamientos, y tampoco realizó ninguna investigación públicamente conocida.
Libertad de asociación y asamblea
Las autoridades toleran generalmente el trabajo de muchas organizaciones de derechos humanos activas en Rabat y Casablanca. No suelen obstaculizar la labor de las organizaciones extranjeras de derechos humanos que visitan Marruecos, y responden con frecuencia a sus solicitudes por escrito. Sin embargo, en el Sáhara Occidental, la vigilancia es más estricta y el hostigamiento a los activistas pro derechos humanos es más habitual. Las autoridades se han negado a reconocer legalmente a toda organización saharaui dedicada a denunciar los abusos cometidos por Marruecos. El 25 de abril, las autoridades expulsaron a una delegación procedente de Francia que había venido a observar el juicio contra Nâama Asfari y estaba compuesta por miembros de organizaciones pro saharauis.
La mayoría de las asambleas públicas tienen que recibir la autorización del Ministerio del Interior, que puede negar el permiso si considera que podrían “alterar el orden público”. Aunque muchas de las frecuentes manifestaciones que se celebran en Rabat transcurren sin impedimentos, algunas han sido disueltas brutalmente por policías armados con bastones. Por ejemplo, durante una sentada pacífica convocada el 1 de julio ante el Parlamento de Rabat, en solidaridad con los presos políticos, los agentes de la ley hicieron un uso excesivo de la fuerza para disolver a los participantes y algunos miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos resultaron heridos.
La policía impidió o disolvió sistemáticamente las sentadas o los mítines pacíficos de grupos que defienden la independencia del Sáhara Occidental. Recurrieron con frecuencia a la fuerza excesiva para responder a los casos en que los manifestantes saharauis plantaron barricadas con piedras, arrojaron piedras o, en muy contadas ocasiones, cócteles molotov. El 26 de febrero en Tantan, los actos violentos de los manifestantes saharauis provocaron por primera vez la muerte de un policía a consecuencia de las heridas sufridas.
Libertad de expresión y los medios de comunicación
Las críticas de los medios de comunicación a las autoridades suelen ser bastante contundentes. No obstante, se ven limitadas por una ley de prensa que dispone condenas de cárcel por la divulgación “malintencionada” de “información falsa” que pudiera alterar el orden público o las expresiones difamatorias e injuriosas contra los miembros de la familia real o que menoscaben el “islam, la institución monárquica o la integridad territorial” de Marruecos.
El 11 de julio de 2008, un tribunal de Rabat impuso una multa a Hassan Rachidi, corresponsal jefe del canal Al Jazeera, por divulgar malintencionadamente “noticias falsas”. La acusación estaba relacionada con una noticia de Al Jazeera, citando fuentes del movimiento pro derechos humanos, de que habían muerto varias personas en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en Sidi Ifni. El tribunal condenó a Rachidi a pesar de que Al Jazeera había emitido declaraciones gubernamentales negando las muertes. Las autoridades también suspendieron la acreditación de prensa de Rachidi. Ese mismo día, un tribunal de Rabat condenó con el mismo argumento a la persona que había proporcionado esta información a Al Jazeera, Brahim Sab Alil del Centro Marroquí de Derechos Humanos. El día anterior, un tribunal había condenado a Sab Alil a seis meses de prisión y multado por “insultar a las autoridades alegando crímenes ficticios” en un conferencia del prensa del 26 de junio, en la que acusó a las fuerzas de seguridad de “crímenes contra la humanidad” por las presuntas muertes, violaciones y “desapariciones” en Sidi Ifni. Un tribunal de apelaciones confirmó la condena de Sab Alil a seis meses de cárcel.
El 22 de febrero, un tribunal de Casablanca sentenció a Fouad Mourtada a tres años de prisión por “usurpación de identidad” en la creación en Facebook de un perfil no autorizado y espurio, aunque no difamatorio, del hermano del rey Mohamed VI. El 8 de septiembre, un tribunal de Agadir dictó una condena de dos años de cárcel contra Mohamed Erraji por “faltar el respeto al monarca” en un artículo publicado en www.hespress.com, en el que criticó la manera en que el Monarca otorga privilegios y favores. Tras las protestas internaciones por las condenas, el Rey indultó a Mourtada el 18 de marzo, y un tribunal de apelaciones anuló la sentencia contra Erraji el 18 de septiembre.
En abril, un indulto real puso en libertad a siete miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos encarcelados casi un año antes por “atacar valores sagrados” en las consignas contra el Rey que habían gritado presuntamente durante las manifestaciones de 2007. No obstante, en febrero, falleció en prisión Ahmed Nasser, un anciano de 95 años en silla de ruedas, cuando había cumplido cinco meses de una condena de tres años por “atacar valores sagrados” al presuntamente insultar al Rey durante un altercado callejero.
En mayo de 2008, las autoridades anularon el permiso a Al Jazeera para emitir sus noticias sobre el Magreb desde Rabat. Esgrimieron razones técnicas y legales, pero los observadores sospecharon que la razón real era la insatisfacción con cobertura noticiosa del canal sobre Marruecos.
Legislación sobre la familia y derechos de mujeres y niños
Las reformas de la ley de familia promulgadas en 2004 han elevado la edad mínima para contraer matrimonio de los 15 a los 18 años, asignado la responsabilidad de la familia a ambos conyugues, rescindido la obligación de la esposa de obedecer a su marido, extendido el acceso de la mujer al divorcio e impuesto un estricto control judicial sobre la práctica de la poligamia. En enero de 2007, Marruecos reformó su código de nacionalidad para que las mujeres tuvieran derecho a transmitir su nacionalidad a sus hijos. En septiembre de 2008, las autoridades reafirmaron la edad mínima para contraer matrimonio con el cierre de escuelas y un sitio web administrados por un clérigo partidario de casar a niñas de incluso nueve años.
Marruecos carece de un sistema operativo de protección del menor, y las iniciativas oficiales para la creación de unidades de protección infantil mostraron escasos avances en 2008. Los menores no acompañados están especialmente expuestos al maltrato cuando intentan cruzar la frontera con España (véase el capítulo sobre la Unión Europea) o cuando regresan a Marruecos, lo que incluye palizas propinadas por la policía y la reclusión junto con adultos delincuentes.
Actores internacionales clave
Marruecos ha intentado tener una relación privilegiada con la Unión Europea que, por su parte, está deseando contar con la cooperación de Marruecos para la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal. El reino marroquí es el principal beneficiario del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, que tiene asignada una ayuda de 654 millones de euros para 2007-2010. El 13 de octubre, la UE votó a favor de conceder “estatuto avanzado” a Marruecos, situándolo ligeramente por encima de otros beneficiarios de su política de vecindad. Aunque constató el progreso en muchos aspectos relacionados con los derechos humanos, la UE también “renovó su llamamiento para que Marruecos garantice el respeto por la libertad de expresión y…. vuelva a reformar el Código de Prensa y el Código Penal para despenalizar los delitos de opinión”. La UE invitó también a Marruecos a “salvaguardar la libertad de asociación y asamblea, sobre todo en el territorio del Sáhara Occidental”, y recomendó que “las fuerzas públicas demostraran mesura en su uso de la fuerza”.
Al presentar su propuesta para que Estados Unidos conceda una ayuda por valor de 29 millones de dólares a Marruecos, el Departamento de Estado dijo que este país era “uno de los aliados más tradicionales y estrechos de Estados Unidos en la región… Una nación árabe moderada y estable en proceso de democratización, un actor importante en la guerra contra el terrorismo y una fuerza constructiva en la búsqueda de la paz en Oriente Medio”. En 2007, la Millennium Challenge Corporation (Corporación Reto Milenio), financiada por el gobierno de Estados Unidos, aprobó un paquete de asistencia económica de cinco años por valor de 697.5 millones de dólares para ayudar a Marruecos a combatir la pobreza y promover el crecimiento económico.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado que respalda la autonomía del Sáhara Occidental bajo la soberanía de Marruecos. Los funcionarios estadounidenses, aunque apoyan esta posición fundamental de Marruecos, han mantenido reuniones con activistas saharauis pro derechos humanos y han criticado públicamente los abusos cometidos por Marruecos en el Sáhara Occidental. Además, en diciembre de 2007, entró en vigor una ley que condicionaba la asistencia militar de un millón de dólares a Marruecos a los avances en materia de derechos humanos, especialmente en el campo de la libertad de expresión con respecto al tema del Sáhara Occidental.
Francia es el principal socio comercial de Marruecos y la principal fuente de ayuda oficial al desarrollo e inversión privada. También apoya el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.
En abril de 2008, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó durante un año el mandato de la fuerza de pacificación de la MINURSO en el Sáhara Occidental, aunque decidió una vez más no ampliar sus funciones para incluir la verificación y la protección de los derechos humanos. Marruecos se opone a que la MINURSO tenga dichas funciones, mientras que el Frente Polisario ha declarado su apoyo.
Marruecos se sometió al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos en abril de 2008. El examen no evaluó la situación en el Sáhara Occidental.