(El resumen de país que presentamos a continuación se escribión antes de la reciente escalada de la violencia en Gaza. Nuestra página de Israel/TPO contiene la información más actualizada sobre este conflicto).
En 2008, el bloqueo de Gaza por parte de Israel y las restricciones del movimiento para proteger los asentamientos ilegales en Cisjordania, junto con los ataques indiscriminados con cohetes desde Palestina contra ciudades israelíes y los graves abusos cometidos por Al Fatah y Hamas contra sus respectivos simpatizantes, fueron los aspectos principales de la crisis de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel.
Alrededor de la mitad de los palestinos muertos en las operaciones militares israelíes en Gaza, antes del alto el fuego de junio entre Hamas e Israel, eran civiles. En la primera mitad del año, tan sólo en Gaza, murieron más palestinos a consecuencia de los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que en todo 2007 tanto en Cisjordania como en Gaza.
El bloqueo israelí de Gaza ha exacerbado la crisis humanitaria que afecta a sus 1.5 millones de habitantes. En Cisjordania, Israel mantiene fuertes restricciones de la libertad de movimiento de los palestinos.
Los grupos armados palestinos lanzaron indiscriminadamente cohetes y proyectiles de mortero contra poblaciones israelíes, especialmente en Sderot, provocando cuatro muertes y varios heridos entre la población civil. Al Fatah y Hamas, los dos partidos que dominan respectivamente Cisjordania y Gaza, fueron responsables de numerosas violaciones de los derechos humanos en su intento de imponer su autoridad, y tomaron represalias contra las violaciones cometidas por cada uno de ellos.
Los grupos armados palestinos en Gaza continuaron el secuestro del soldado israelí Gilad Shalit, al que mantienen retenido desde junio de 2006.
Israel
Franja de Gaza
El bloqueo general israelí de la Franja de Gaza tiene graves consecuencias humanitarias y económicas para la población civil. Incluso después del alto el fuego de junio, el mantenimiento de las restricciones redujo la disponibilidad de productos básicos y la prestación de servicios esenciales. La cifra de las importaciones en septiembre equivalía al 30 por ciento de lo que Israel había permitido entrar a Gaza en diciembre de 2005. Las exportaciones siguieron completamente bloqueadas.
Israel es el principal proveedor de electricidad y la única fuente de combustible de Gaza, por lo que sus restricciones del suministro obstaculizan el funcionamiento del transporte, el bombeo de agua, el alcantarillado y los centros de saneamiento.
Israel también sigue limitando la salida de los palestinos de Gaza. Estas restricciones dependen de la cooperación de Egipto en su frontera con Gaza, especialmente en el puesto fronterizo de Rafah.
En la primera mitad del año, Israel sólo permitió la salida de un pequeño número de personas con necesidad urgente de atención médica. En julio, unos cuantos estudiantes con becas en el extranjero pudieron salir de Gaza. En agosto y septiembre, Israel levantó algunas restricciones y permitió la salida de más personas con necesidad urgente de atención médica. En septiembre, más de 4,000 palestinos, entre ellos 1,100 peregrinos, entraron a Egipto por el paso de Rafah, pero las autoridades egipcias no permitieron la salida de unos 800 estudiantes para cursar estudios en el extranjero. La gran mayoría de los palestinos sigue sin poder salir del territorio. En julio, la ministra de Asuntos Exteriores Tzipi Livni escribió que esta política respondía a una decisión adoptada por el gabinete de seguridad en septiembre de 2007 considerando a Gaza una “entidad hostil”.
Israel volvió a implantar el bloqueo total en noviembre, en represalia por una nueva oleada de ataques palestinos con cohetes. El cierre completo de Israel interrumpió la entrada de asistencia alimentaria y médica, además del suministro de combustible, interrumpió el programa de distribución de alimentos de las Naciones Unidas a unas 750,000 personas y provocó cortes generalizados de electricidad.
Muertes de palestinos e impunidad israelí
Entre enero y junio de 2008, las operaciones militares de las fuerzas israelíes se saldaron con la muerte de 388 palestinos civiles y combatientes en Gaza, alrededor de la mitad eran civiles y 59 de ellos niños. Entre enero y finales de octubre, las fuerzas israelíes mataron a 41 palestinos en Cisjordania, de los cuales al menos 15 eran civiles. La mayor operación militar israelí, que tuvo lugar entre el 27 de febrero y el 3 de marzo en Gaza, se saldó con la muerte de 107 palestinos, más de la mitad de los cuales eran civiles. Human Rights Watch examinó una zona ocupada por las tropas israelíes durante la operación y observó evidencias claras de cuatro incidentes en los que los soldados israelíes habían disparado deliberadamente contra personal médico y combatientes incapacitados, y matado a cinco civiles. En otros ataques era aparente que las fuerzas israelíes no habían adoptado todas las precauciones posibles para garantizar que los objetivos fueran militares, y no civiles.
En noviembre de 2008, la policía militar israelí sólo había iniciado una investigación formal sobre las sospechosas muertes de civiles.
El 12 de agosto, el Auditor de Guerra, el general de brigada Avishai Mandelblit, informó a la agencia de noticias Reuters que la decisión de la tripulación de un tanque israelí de abrir fuego contra un camarógrafo de Reuters en Gaza, el 16 de abril, había sido “buena”. El ataque acabó con la vida del camarógrafo y otros ocho civiles, entre ellos seis niños. Mandelbilt dijo que la tripulación había actuado correctamente, a pesar de reconocer que no podían haber identificado al camarógrafo como un combatiente.
Libertad de movimiento
Israel aumentó sus amplias y, con frecuencia arbitrarias, restricciones de la libertad de movimiento de los palestinos en Cisjordania y Jerusalén oriental. Desde el 4 de septiembre de 2007 al 1 de septiembre de 2008, los obstáculos físicos colocados por Israel en Cisjordania para su cierre pasaron de 572 a 630. Estas restricciones dificultan o imposibilitan el acceso de muchos palestinos a empleos, educación y servicios de salud, además de impedirles visitar a familiares y amigos.
Los asentamientos y el muro
La “barrera de separación” o muro, con más del 80 por ciento de su ubicación dentro de Cisjordania, limita aún más la capacidad de miles de residentes palestinos para acceder a sus tierras y a servicios esenciales como la educación, la atención a la salud y el agua.
A mediados de 2008, se estaban levantando más de 600 edificaciones en los asentamientos ilegales de Cisjordania (sin incluir Jerusalén oriental) y se había sometido a concurso la construcción de otras 2,400. En julio, la aprobación gubernamental de Maskiot constituyó el primer reconocimiento oficial de un asentamiento en casi nueve años.
En octubre, la organización de derechos humanos israelí B’Tselem informó de 429 casos de actos violentos de colonos contra palestinos y sus propiedades en 2008, lo que supuso un aumento del 75 por ciento con respecto a 2007. Esto incluyo ataques físicos con armas de fuego, palizas y destrucción de cosechas y otras propiedades. Las autoridades israelíes detienen o enjuician muy pocas veces a los responsables. En septiembre, Zeev Sternhall, de 77 años, profesor de la Universidad Hebrea y destacado crítico del movimiento de los colonos, resultó herido como consecuencia de la explosión de un artefacto colocado fuera de su casa.
Legislación discriminatoria
Israel continúa aplicando leyes y políticas que discriminan por motivos de origen étnico o nacional. Desde 2002, Israel prohíbe a los palestinos de los TPO casados con ciudadanos israelíes vivir con sus conyugues en Israel. En 2007, el Knéset (Parlamento) extendió la prohibición hasta 2008 y amplió su alcance a los ciudadanos de Irán, Irak, Siria y Líbano casados con israelíes.
En la parte positiva, desde octubre de 2007, Israel aprobó cerca de 32,000 solicitudes de reunificación familiar en Cisjordania y la Franja de Gaza; las primeras excepciones al cese de las reunificaciones familiares vigente desde septiembre de 2000. Quedan pendientes unas 90,000 peticiones de reunificación familiar.
Las leyes y las prácticas israelíes continúan obligando a decenas de miles de beduinos de la región del Neguev a vivir en asentamientos “no reconocidos”. El Estado excluye deliberadamente a las aldeas beduinas de su proceso de planificación nacional, lo que les impide su legalización. Las autoridades israelíes derribaron decenas de viviendas de beduinos en 2008. Una comisión oficial presidida por el jubilado de la Corte Suprema de Justicia, Eliezer Goldberg, celebró sesiones abiertas para examinar los problemas relacionados con la propiedad de la tierra en 2008. No obstante, en noviembre, todavía no había emitido ninguna conclusión ni recomendación.
Expulsión de solicitantes de asilo
Entre el 23 y el 29 de agosto, las FDI devolvieron por la fuerza a Egipto a 91 eritreos, sudaneses y somalíes que habían cruzado ilegalmente la frontera que recorre el Sinaí. (Egipto no ha informado de su paradero al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y deportó al parecer a Sudán a cerca de 50 de los sudaneses devueltos por la fuerza por Israel en agosto de 2007).
La Autoridad Palestina (AP) y Hamas
Ataques contra la población civil israelí
Durante la primera mitad de 2008, los grupos armados palestinos en Gaza lanzaron indiscriminadamente cohetes de fabricación casera contra la ciudad fronteriza israelí de Sderot y otras áreas civiles. Los cohetes lanzados antes del alto el fuego de junio de 2008 provocaron la muerte de cuatro civiles y varios heridos israelíes. A excepción de Hamas, los grupos armados palestinos lanzaron una pequeña cantidad de cohetes después del alto al fuego. Según los informes de prensa, las autoridades de Hamas detuvieron temporalmente a varios militantes de la yihad islámica por planear o llevar a cabo ataques con cohetes. A principios de noviembre, Hamas y otros grupos armados palestinos lanzaron más de 80 cohetes contra objetivos en el interior de Israel, lo que incluyó áreas con población civil, en respuesta a una operación militar israelí que acabó con la vida de seis combatientes. Como sucedió en ataques con cohetes anteriores, las autoridades palestinas de Gaza no emprendieron ninguna medida para enjuiciar a las personas responsables.
El 4 de febrero, un atentado suicida palestino cobró la vida de una mujer de 73 años e hirió a once civiles en la ciudad de Dimona, al sur de Israel. Las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa y el Frente Popular para la Liberación de Palestina reivindicaron conjuntamente el atentado en un conferencia de prensa en Gaza. Las autoridades palestinas de Gaza no detuvieron ni formularon cargos contra ninguna de las personas ni organizaciones que tomaron responsabilidad de los atentados.
El 3 de marzo, un palestino armado con un rifle de asalto mató a ocho civiles israelíes, cuatro de ellos menores de 18 años, en una yeshivá, o seminario, en Jerusalén. El atacante, que actuó aparentemente por su cuenta, hirió también a 10 estudiantes. El principal portavoz de Hamas respaldó aparentemente este atentado, y otros cuatro ataques palestinos contra la población civil israelí en Jerusalén, ocurridos en 2008.
Luchas internas palestinas e ilegalidad
Las fuerzas de Hamas en Gaza y las fuerzas de la Autoridad Palestina controladas por Al Fatah en Cisjordania han llevado a cabo arrestos arbitrarios de sus respectivos simpatizantes, torturado a prisioneros en su custodia y clausurado numerosas organizaciones benéficas, políticas y de otro tipo. La AP ha juzgado a civiles en tribunales militares, eludiendo las garantías procesales. Estos abusos tuvieron lugar durante el período de control de Hamas sobre Gaza, desde junio de 2007, y alcanzaron su punto culminante en julio de 2008, cuando un atentado en un café de la Ciudad de Gaza mató a una niña de cuatro años y cinco miembros de las Brigadas de Izz Ad Din Al Qassam, el brazo armado de Hamas. Los miembros de estas brigadas, que no tienen autoridad para aplicar la ley, detuvieron arbitrariamente a más de 200 personas. En Cisjordania, las fuerzas de seguridad de la AP respondieron con la detención arbitraria de más de un centenar de personas consideradas simpatizantes de Hamas.
Las fuerzas de seguridad palestinas practicaron la tortura durante los interrogatorios, lo que en algunos casos provocó la muerte de los detenidos. El 14 de febrero, el Servicio General de Inteligencia (SGI), que depende directamente del presidente de la AP Mahmud Abbas, arrestó a Majid Al Barghuti, dirigente de una mezquita en una aldea de las afueras de Ramallah. El cadáver de Barghuti fue hallado ocho días después, y es casi un hecho que su muerte ocurrió como resultado de heridas provocadas mediante tortura. El 13 de abril, un grupo de hombres armados arrestaron en Gaza a Sami Atiya Khattab, ex capitán del SGI. Su cuerpo fue encontrado 36 horas después con “signos obvios de tortura”, según la versión de un activista de derechos humanos palestino.
A principios de agosto, las fuerzas de Hamas atacaron una zona de la Ciudad de Gaza controlada por la familia Hillis, a la que Hamas acusaba de dar cobijo al responsable del atentado contra el café. Se informó que dos de los 12 miembros asesinados de la familia Hillis habían sido ejecutados, y un testigo presencial señaló que habían disparado contra algunos de los heridos después de su rendición.
A mediados de septiembre, las fuerzas de Hamas hicieron un uso excesivo de la fuerza en un intento de detener a miembros del clan Dugmush en la Ciudad de Gaza. En los enfrentamientos murieron 11 miembros de la familia, entre ellos tres niños, y 43 personas resultaron heridas. También murieron dos policías.
A pesar de la gravedad de estas violaciones, la Autoridad Palestina no adoptó ninguna medida para investigarlas o exigir responsabilidades. A principios de junio, las autoridades de Hamas afirmaron que habían sancionado a 35 funcionarios por “violar los derechos humanos”, pero no suministraron detalles.
La lucha entre Hamas y Al Fatah también contribuyó a la crisis humanitaria en Gaza. En agosto, las autoridades de Hamas interrumpieron los envíos regulares de combustible diesel a la Empresa de Abastecimiento de Agua de los Municipios Costeros, controlada por la AP en Ramallah.
Pena de muerte
Un tribunal militar de Gaza dictó dos condenas a muerte, una en enero y otra en julio. En Cisjordania, un tribunal militar de Yenín aplicó la pena capital en abril y julio; y un tribunal militar de Hebrón también condenó a muerte a un hombre en abril. En octubre, un tribunal penal de Gaza sentenció a muerte a cuatro personas, entre ellos un hombre de 22 años que era menor de edad cuando cometió el delito del que se le acusaba. En noviembre, un tribunal militar de Belén condenó a muerte a un hombre de 24 años.
Actores internacionales clave
Israel es el principal beneficiario de la asistencia de Estados Unidos, y recibió ayuda militar estadounidense por valor de 2,380 millones de dólares en 2008. La mayoría del financiamiento de Washington no está condicionado a que Israel mejore su cumplimiento del derecho internacional de derechos humanos y humanitario. Estados Unidos entrenó y equipó a las fuerzas de seguridad palestinas, quienes asumieron algunas funciones policiales en Yenín y Hebrón.
En el actual Plan de Acción Unión Europea-Israel sólo se mencionan breve y vagamente las preocupaciones en materia de derechos humanos, a diferencia de planes similares de la UE con otros países de la región. A finales de 2008, cuando se inició un dialogo sobre la “mejora” de las relaciones con Israel, la UE señaló que cualquier nuevo acuerdo incluiría la formación de un subcomité de derechos humanos.
La asistencia humanitaria a Gaza por parte del cuarteto formado por la UE, Estados Unidos, Rusia y la ONU fue limitada; Estados Unidos y la UE mantuvieron sus sanciones económicas contra el gobierno de facto de Hamas en Gaza.
Israel fue sometido al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en mayo de 2008.