El proceso de mejora de las protecciones de los derechos humanos en la legislación de la Unión Europea (UE) se estancó en junio de 2008, como consecuencia del rechazo del Tratado de Lisboa en el referendo de Irlanda. El tratado conllevaría la ratificación por parte de la UE del Convenio Europeo de Derechos Humanos y obligaría a la UE al cumplimiento de las disposiciones de la Carta de Derechos Fundamentales. Actualmente, el conjunto de las instituciones de la UE no tiene la obligación específica de cumplir con el Convenio, a diferencia de cada uno de los Estados miembros. La Unión Europea y sus principales Estados miembros continúan persiguiendo medidas antiterroristas que violan los derechos humanos. Algunos de los aspectos más preocupantes son las expulsiones por motivos de seguridad nacional a pesar del riesgo de maltrato en el país de destino, la salvaguardias inadecuadas durante la detención, y las restricciones a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Las políticas de inmigración y asilo siguen centradas en mantener fuera de la UE a los inmigrantes irregulares, incluidos los menores de edad, y expulsar a los que están dentro, en lugar de garantizar sus derechos. Los incidentes y las políticas racistas y xenófobas, que afectan especialmente a las poblaciones de origen romaní o cíngaro, judío y musulmán, así como a los inmigrantes, constituyeron un problema en varios países de la UE.
Medidas antiterroristas y derechos humanos
En abril, el Consejo de la UE aprobó una enmienda de la Decisión marco sobre la lucha contra el terrorismo para introducir nuevos delitos de incitación (con el objetivo de aplicar las disposiciones del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo), y el reclutamiento y entrenamiento de terroristas, incluso cuando se cometan a través de Internet. El delito de incitación plantea preocupaciones sobre la criminalización de expresiones escasamente relacionadas con el terrorismo. En septiembre, el Parlamento Europeo recomendó delimitar el alcance de la enmienda para que sólo se tipificaran como delito las expresiones cuyo objetivo directo fuera incitar actos de terrorismo. La falta de salvaguardias en la aplicación de la UE de las medidas financieras de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo se puso de manifiesto en septiembre, cuando el Tribunal de Justicia Europeo decidió en el caso Kadi que la incapacidad de los no ciudadanos de la UE cuyos bienes han sido congelados de impugnar efectivamente la decisión vulnera el derecho a un juicio justo. Esta sentencia revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia de la UE afirmando que la obligación de cumplir las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU prevalecía sobre la obligación de respetar los derechos humanos. Los Estados miembros de la Unión Europea continuaron intentado la expulsión de sospechosos de terrorismo, incluso mediante el uso de garantías diplomáticas, a países donde corrían el riesgo de sufrir torturas y otras formas prohibidas de maltrato, a pesar de la oposición de los tribunales, los organismos de derechos humanos y las ONG. En febrero de 2008, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reafirmó unánimemente la prohibición absoluta de la devolución de personas al riesgo de torturas y otras formas prohibidas de maltrato en su sentencia del caso Saadi versus Italia, relacionada con el intento de expulsión de un presunto terrorista de Italia a Túnez por medio de garantías diplomáticas. Rechazó una moción del gobierno del Reino Unido para que se balanceara el riesgo de maltrato en el país de destino con la amenaza contra la seguridad nacional. También rechazó la noción de que las garantías diplomáticas constituyen realmente una salvaguardia contra la tortura. Polonia enfrentó finalmente las afirmaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y el Parlamento Europeo sobre la existencia de centros clandestinos de detención para los presos secretos de la CIA en Polonia y Rumania, aunque este último país no ha adoptado medidas significativas. En agosto, a petición del primer ministro polaco Donald Tusk, el fiscal general inició una investigación de tales afirmaciones. Algunas voces críticas están preocupadas por que el alcance y la autoridad de la investigación no sean suficientes para abordar seriamente las acusaciones de tortura y otras violaciones de los derechos humanos.
Política común de asilo e inmigración de la UE
Las cuestiones relacionadas con la inmigración durante la presidencia francesa de la UE, en el segundo semestre de 2008, giraron en torno al “Pacto Europeo sobre Inmigración”, adoptado por el Consejo de Europa en octubre. Este pacto no vinculante prevé controles más estrictos sobre la reunificación familiar de los inmigrantes y recomienda a los países de la UE que, para deshacerse de inmigrantes irregulares, prosigan expulsiones, sistemas de pago a inmigrantes para que regresen a sus países de origen y acuerdos de readmisión con dichos países. Las posibles consecuencias del Pacto sobre el derecho a la vida en familia y la prohibición del retorno al riesgo de persecución o maltrato son motivos de preocupación. El aumento de 30 millones de euros del presupuesto de 2008 del organismo de control de fronteras de la UE, Frontex, demostró que el objetivo principal de la política de inmigración de la UE sigue siendo la vigilancia fronteriza, más que la protección de los derechos humanos. Al momento de escribir este informe en 2008, la operación Hera de Frontex había “disuadido” o “hecho regresar” a África occidental a 4,373 inmigrantes indocumentados que se dirigían a las Islas Canarias. En junio, el Parlamento Europeo adoptó la controvertida Directiva relativa a procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en su territorio, conocida como la Directiva de retorno. La medida, que entrará en vigor en 2010, permite la detención de inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo cuya petición se haya denegado, incluidos los menores no acompañados, durante períodos de hasta 18 meses, y dispone una prohibición del reingreso de hasta cinco años. En octubre de 2008, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos criticó los plazos de detención dispuestos en la Directiva por ser excesivos y menoscabar el derecho a la libertad de los inmigrantes.
Problemas de derechos humanos en los Estados miembros de la UE Francia
Las evaluaciones como parte del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en mayo, y del Comité de Derechos Humanos, en julio, identificaron graves problemas con respecto a los derechos humanos en la ley y la política antiterrorista de Francia. El Comité de Derechos Humanos recomendó a Francia que pusiera fin a la práctica de negar el acceso a un abogado a los presuntos terroristas detenidos por la policía, hasta 72 horas después del arresto, y de no informarles de su derecho a permanecer callados. La falta de un recurso que suspenda automáticamente la expulsión en los casos relacionados con la seguridad nacional se consideró especialmente problemática, dado que puede llevar a la devolución de sospechosos al riesgo de tortura y maltrato antes de que se decida su recurso (lo mismo ocurre con los casos de asilo sometidos a procesos acelerados). En abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó a Francia que suspendiera la deportación a Argelia por motivos de seguridad nacional de Kamel Daoudi, subrayando la necesidad de un procedimiento eficaz dentro del país. Un acontecimiento positivo fue la ratificación francesa del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU, en julio, tras el nombramiento, el mes anterior, del primer Inspector General de Centros de Detención de Francia (en cumplimiento de una obligación del Protocolo). Una ley adoptada en febrero permite la detención preventiva de ciertos ex delincuentes violentos por períodos renovables de un año, después de haber cumplido su condena. Se trata de una vulneración de la presunción de inocencia, el derecho a la libertad y el derecho a no ser castigado dos veces por el mismo delito. En junio, el máximo tribunal administrativo de Francia, el Conseil d’État, negó la ciudadanía a una mujer musulmana de origen marroquí casada con un francés porque sus prácticas religiosas “radicales” (como cubrirse la cara con un velo o “nicab”) eran incompatibles con los valores franceses, en particular la igualdad de género.
Alemania
En importantes sentencias dictadas en febrero y marzo, el Tribunal Constitucional de Alemania decretó que las leyes sobre la vigilancia y el almacenamiento de datos telefónicos y de Internet constituían una restricción desproporcionada del derecho a la privacidad. Las enmiendas a la ley que rige las operaciones de la policía federal alemana, adoptadas por el Bundestag (Cámara baja) en noviembre, permitirían a los investigadores el uso de técnicas invasivas para la vigilancia de presuntos terroristas partiendo de una sospecha generalizada. En el momento de escribir este informe, estas enmiendas estaban pendientes de la aprobación del Bundesrat (Cámara alta). Se mantienen las restricciones laborales para los profesores y otros funcionarios públicos que quieran cubrirse la cabeza con un velo, a pesar de la preocupación de que puedan constituir una discriminación religiosa; y, desde diciembre de 2007, tres tribunales estatales han confirmado la prohibición de que los profesores lleven velos en la cabeza. En junio, la ONG denominada Centro Europeo de Derechos Constitucionales presentó una demanda judicial contra el gobierno alemán ante el Tribunal Administrativo de Berlín por no haber solicitado oficialmente la extradición de 13 agentes de la CIA acusados en Alemania de participar en el secuestro de Khaled El Masri, un ciudadano alemán de origen libanés capturado en Macedonia y trasladado a Afganistán, donde estuvo recluido durante cinco meses y fue torturado. La decisión de Alemania de extraditar, con las garantías diplomáticas de Turquía, a Hassan Atmaca, un refugiado sospechoso de vinculación con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, está pendiente de un recurso presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el momento de escribir este informe, dos recursos contra la deportación, mediante garantías diplomáticas de dos tunecinos sospechosos de suponer una amenaza contra la seguridad nacional también estaban pendientes de resolución en los tribunales alemanes. Tras un examen de Alemania en agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU constató un aumento de las denuncias de incidentes relacionados con el racismo contra miembros de las comunidades judía, musulmana, romaní y cíngara; así como contra ciudadanos alemanes de origen extranjero y solicitantes de asilo (especialmente africanos); y recomendó una “actuación más resuelta” para prevenir y sancionar a los responsables. El examen universal periódico de Alemania en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está previsto para febrero de 2009.
Grecia
En abril, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) vertió duras críticas contra las políticas de asilo y detención griegas y recomendó a otros países europeos que no devolvieran a solicitantes de asilo a Grecia; un golpe a las reglas de la UE de que las peticiones de asilo se tramiten en el primer país de entrada a la UE, y que las condiciones de recepción y los procedimientos de asilo se ajusten a un criterio común. El ACNUR señaló que los solicitantes de asilo en Grecia “a menudo, carecen de los derechos más básicos, como intérpretes y asistencia jurídica, para asegurar que sus solicitudes reciban el escrutinio adecuado de las autoridades de asilo”. En 2007, Grecia sólo admitió el 1.2 por ciento de las solicitudes de asilo en primer instancia. La policía griega arresta sistemáticamente a inmigrantes dentro de su territorio, muchos de ellos iraquíes, a los que detiene durante días sin registrarlos, como exige la ley, y, en ciertos casos, los golpea o maltrata de otro modo. Se realizan regularmente expulsiones de inmigrantes a Turquía, por la fuerza y en secreto, sin tener en cuenta sus necesidades de protección. En 2008, alrededor de un millar de menores no acompañados ingresaron a Grecia, la mayoría procedentes de Afganistán. En varios casos, la guardia costera, la policía y los agentes de vigilancia portuaria propinaron golpes y patadas a estos niños en el momento de su intercepción en la frontera o durante su arresto y reclusión. Con frecuencia, estos niños están detenidos junto con adultos. La mayoría no solicitan asilo, están en situación irregular y corren el riesgo de que los deporten. Muchos viven fuera de los centros de acogida y son explotados con condiciones de trabajo peligrosas. Las menores no acompañadas corren especialmente el riesgo de caer en manos de las redes de tráfico de personas.
Italia
Silvio Berlusconi fue reelegido como primer ministro en abril, ganando con una amplia mayoría en ambas cámaras parlamentarias. En julio, su gobierno declaró un estado nacional de emergencia con respecto a la inmigración irregular. Como consecuencia, la situación irregular en Italia es ahora un delito que acarrea hasta cuatro años de prisión, y constituye un factor agravante para otros delitos que aumenta las condenas correspondientes. En un memorando de julio, el Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, criticó la proliferación de incidentes racistas y xenófobos en Italia, además del aumento de la discriminación contra las personas de origen romaní y cíngaro en las políticas oficiales. Ante varios incidentes de vigilancia callejera, entre ellos dos ataques con bombas incendiarias que destruyeron campamentos romaníes en mayo, y la preocupación popular por varios crímenes violentos cometidos presuntamente por personas de origen romaní, el gobierno declaró un estado de emergencia para las “comunidades nómadas” (otra manera de denominar a los romanís) de las regiones de Campania, Lazio y Lombardia, que otorga facultades especiales a las autoridades locales, como realizar censos y allanar y desmantelar campamentos romanís. En julio, se interpuso una demanda judicial en Italia cuestionando la legalidad de estas medidas y el Parlamento Europeo adoptó una resolución instando a Italia a que dejara de tomar huellas dactilares a romanís, entre ellos algunos niños. La Comisión Europea silenció sus críticas cuando el gobierno italiano aseguró que no estaba recopilando datos sobre el origen étnico. En marzo, se reanudó el juicio contra 26 ciudadanos estadounidenses y siete ciudadanos italianos por el secuestro en Milán y la entrega a Egipto del clérigo egipcio Hassan Mustafa Osama Nasr, alias Abu Omar, entre acusaciones de que el gobierno había actuado de manera “desleal” al presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional alegando que la Fiscalía de Milán había violado las leyes sobre el secreto de Estado durante la investigación del caso. En octubre, el Tribunal acordó la celebración, en marzo de 2009, de una vista a puerta cerrada sobre las alegaciones de violación del secreto de Estado. También en octubre, el Tribunal de Casación confirmó la condena de Rabei Osman por su vinculación con los atentados de Madrid de marzo de 2004 A pesar de la sentencia del caso Saadi versus Italia, Essid Sami Ben Khemais fue expulsado a Túnez en junio, incumpliendo las medidas provisionales dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en donde solicitó a Italia que suspendiera la expulsión hasta que examinara el caso. Esto provocó las críticas del comisionado Hammarberg. Las autoridades italianas justificaron la expulsión afirmando que habían obtenido garantías diplomáticas del gobierno tunecino garantizando que Ben Khemais no sería torturado y tendría un juicio imparcial. En el momento de escribir este informe, el caso estaba pendiente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Siguen muriendo inmigrantes en su intento de llegar a Italia por mar con embarcaciones poco aptas para la navegación. Los juicios contra siete pescadores tunecinos, acusados de complicidad con la inmigración ilegal por haber rescatado a 44 inmigrantes a los que trasladaron a salvo a Lampedusa, una isla cercana a Sicilia, estaban en marcha cuando se escribió este informe. Existe el temor de que este tipo de juicios desalienten los rescates en el mar y exacerben el peligro que corren los inmigrantes que intentan este recorrido.
Malta
Malta siguió siendo objeto de críticas por no rescatar a inmigrantes en apuros en el mar y no estar dispuesto a permitir la entrada en sus puertos de embarcaciones con inmigrantes rescatados en el mar. Más de un millar de inmigrantes llegaron a Malta en 2008. En agosto, 71 inmigrantes murieron ahogados en el Mediterráneo al volcar su barca; un barco de pesca rescató a ocho supervivientes. El gobierno maltés ha reclamado que los Estados miembros de la UE “compartan la carga” de la inmigración irregular. Los inmigrantes, incluidos los niños, que llegan a Malta permanecen recluidos en centros de detención cerrados durante períodos de hasta 18 meses, mientras se procesan sus peticiones. En mayo, un informe de la APCE criticó las condiciones en los centros de detención de inmigrantes en Malta. Una investigación, ordenada por el gobierno maltés, acerca de las alegaciones de maltrato a los detenidos involucrados en los disturbios de marzo en el centro de detención de Safi, concluyó que el personal del centro había hecho un uso excesivo de la fuerza, pero no identificó a los responsables.
Países Bajos
En marzo de 2007, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley sobre medidas administrativas para la seguridad nacional dirigidas a la prevención del terrorismo, que estaba pendiente de la aprobación del Senado cuando se escribió este informe. Contiene disposiciones que limitan seriamente la libertad de movimiento y el derecho a la privacidad de las personas sospechosas de “tener vínculos” con actividades terroristas o apoyarlas. Las organizaciones de derechos humanos han criticado la falta de claridad en la definiciones del proyecto de ley y la ausencia de supervisión judicial de dichas medidas. En enero de 2008, el Tribunal de Apelaciones de La Haya se negó a calificar de “organización terrorista” al grupo Hofstad, cuando absolvió a siete miembros de esta red islamista, entre ellos Mohammed Bouyeri, el asesino del cineasta holandés Theo Van Gogh, de los cargos de pertenencia a un grupo terrorista. En octubre, el Tribunal de Apelaciones de Ámsterdam confirmó la condena de Samir Azzouz y otras cuatro personas acusadas de terrorismo. En un informe de febrero, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes expresó su preocupación por la reclusión de sospechosos de terrorismo en “departamentos para terroristas” de máxima seguridad dentro de las prisiones, cuyas condiciones consideró tan estrictas que equivalen de hecho a un aislamiento. Algunos recursos judiciales contra las leyes y las políticas discriminatorias, que restringen la capacidad de los residentes legales para traer a sus familiares desde países no occidentales a los Países Bajos, lograron su objetivo. En julio, el tribunal de distrito de Ámsterdam decretó la ilegalidad de exigir a los inmigrantes de ciertos países, que quieran unirse a sus familiares en los Países Bajos, que pasen un examen de integración demostrando su conocimiento del idioma y la sociedad holandesa para poder entrar al país, aunque no determinó si dicha política vulnera la ley de derechos humanos. El examen, al que tienen que someterse un número desproporcionado de inmigrantes musulmanes marroquíes y turcos, ha sido criticado por algunos parlamentarios y las ONG holandesas. Ese mismo mes, un tribunal de Roermond anuló una ley relacionada que exigía a los residentes tener ingresos por encima del 120 por ciento del salario mínimo para poder traer a su conyugue extranjero a los Países Bajos. El Ministerio de Justicia ha apelado ambas sentencias y el gobierno está revisando las políticas migratorias.
Polonia
Persiste el problema de las expresiones oficiales de homofobia. En marzo, en un discurso emitido por la televisión nacional, el presidente Lech Kaczynski amenazó con bloquear la ratificación del Tratado de Lisboa, asegurando que la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de la UE obligaría a Polonia a reconocer legalmente las parejas del mismo sexo. Los derechos reproductivos continúan siendo extremadamente limitados, ante la carencia de educación sexual y el acceso limitado a anticonceptivos. El acceso al aborto seguro y legal está seriamente restringido por la ley, que criminaliza el aborto en la mayoría de las circunstancias. La ley también protege el derecho de los médicos a negarse a realizar abortos por motivos de “conciencia”. Como resultado, hay una alta incidencia de abortos ilegales y en condiciones generalmente inseguras, lo que pone en peligro la salud y la vida de las mujeres.
España
Por primera vez en la historia, tras la reelección a la presidencia de José Luis Rodriguez Zapatero en marzo, el gabinete de ministros español se compuso de un número igual de hombres y mujeres, entre ellas una ministra de Defensa. En septiembre, el Tribunal Supremo anuló las condenas a cuatro de las 21 personas encontradas culpables, en 2007, de participar en los atentados contra trenes en Madrid de 2004. También condenó a un ciudadano español quien había sido absuelto previamente por facilitar explosivos para el atentado. En octubre, el mismo tribunal absolvió a 14 de los 20 hombres condenados en febrero por planear un atentado con bomba contra la Audiencia Nacional, donde se juzgan los casos de terrorismo en España. Aunado a los casos relacionados con el terrorismo internacional, en 2008, se produjeron una serie de atentados de la organización separatista vasca ETA y detenciones de presuntos miembros de este grupo, además de los procesos en curso contra personas y organizaciones presuntamente relacionadas con ETA. En mayo, el Relator Especial de la ONU sobre protección y promoción de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, hizo una serie de recomendaciones al gobierno español, en las que subrayó la necesidad de “erradicar completamente” el régimen de incomunicación y revisar la definición excesivamente amplia de los delitos de terrorismo. En octubre, el Comité de Derechos Humanos hizo eco de estas preocupaciones en sus Observaciones Generales. Scheinin también criticó el uso de las garantías diplomáticas en un caso de extradición a Rusia. En febrero, la Audiencia Nacional había aprobado la extradición del checheno Murat Ajmedovich Gasaev basándose en las garantías diplomáticas ofrecidas por Rusia de que sería tratado humanamente. Al momento de escribir este informe, Gasaev seguía detenido en espera de una decisión por parte del Consejo de Ministros para determinar si se procedería con la extradición. En mayo, un juez de la Audiencia Nacional ordenó al gobierno que aportara información detallada sobre las escalas en España de aviones militares estadounidenses procedentes o con destino a la Bahía de Guantánamo, entre 2002 y 2007. En septiembre, el Ministerio de Defensa respondió que algunos vuelos militares de Estados Unidos con dirección a Guantánamo habían hecho escala en España, pero ninguno de ellos trasladaba pasajeros o carga que pudieran ser “controvertidos”. El juez solicitó más información. En marzo, se retiró una solicitud de otro juez de la Audiencia para la extradición de Jamil El-Banna y Omar Deghayes desde el Reino Unido, después de su puesta en libertad en Guantánamo, para someterse a juicio por delitos de terrorismo en España. Siguió manteniéndose la marcada tendencia a la baja de las llegadas de inmigrantes irregulares por mar: 8 por ciento menores en los primeros ocho meses de 2008 con respecto al mismo período de 2007, y 64 por ciento menores que en 2006, según las cifras del Ministerio del Interior de España. No obstante, en septiembre y octubre de 2008, las autoridades españolas interceptaron dos embarcaciones en las costas de las Islas Canarias con 329 inmigrantes irregulares a bordo, algunos de ellos menores de edad. El Defensor del Pueblo de España confirmó las denuncias de malos tratos y criticó las condiciones deficientes de los centros de atención para los niños inmigrantes no acompañados en las Islas Canarias. El gobierno español continuó promoviendo el retorno de menores no acompañados a Senegal y Marruecos sin salvaguardias adecuadas. Más de dos docenas de decisiones judiciales impidieron la repatriación de menores por vulnerar el derecho español e internacional.
Reino Unido
En 2008, los organismos internacionales, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través de su mecanismo de examen periódico universal y el Consejo de Europa, plantearon serias preocupaciones con respecto a la legislación y práctica antiterrorista del Reino Unido. Tras una derrota aplastante en la Cámara de los Lores, el gobierno retiró de un anteproyecto de ley antiterrorista una serie de medidas que extendían la detención preventiva (antes de la formulación de cargos) de sospechosos de terrorismo de 28 a 42 días. También retiró una propuesta para permitir el secreto de las investigaciones judiciales por motivos de seguridad nacional. El gobierno ha dicho que podría volver a introducir ambas propuestas en futuros proyectos de ley, aunque su incompatibilidad con las leyes de derechos humanos ha sido ampliamente criticada. En el momento de escribir este informe, el proyecto de ley incorporaba facultades para imponer requisitos generales de comparecencia y notificación de paradero de por vida a las personas condenadas por delitos de terrorismo en el Reino Unido o el extranjero, cuyo incumplimiento constituiría un delito penal. La Corte de Apelaciones revocó una serie de condenas por delitos de terrorismo. En febrero, anuló una sentencia dictada en 2007, conforme a la sección 57 de la Ley Antiterrorista de 2000, contra cinco estudiantes por descargar y compartir material que podría estar relacionado con el terrorismo. La Corte dictaminó que este delito exige que se demuestre la intención de que el material sería utilizado con fines terroristas. En julio, la Corte revocó la condena de noviembre de 2007 contra Samina Malik, en virtud de la sección 58 de la Ley Antiterrorista de 2000, por posesión de información de utilidad para terroristas. Esta sentencia coincidió con otra decisión de febrero de 2008 de la Corte que afirmaba que la sección 58 no es aplicable a la simple propaganda. En mayo, un funcionario y un estudiante de la Universidad de Nottingham, Hicham Yezza y Rizwaan Sabir, fueron detenidos por tener en su posesión un documento (“el manual de Al Qaeda”) fácilmente descargable en Internet. Estuvieron detenidos durante seis días antes de salir en libertad sin cargos. El caso genera preocupación por las consecuencias de las leyes antiterroristas sobre la libertad académica. En septiembre, se inició la investigación judicial sobre la muerte de Jean Charles Menezes, un hombre inocente contra el que dispararon los agentes de la policía durante una operación antiterrorista en julio de 2005. Los tribunales británicos continuaron bloqueando los intentos de deportar a sospechosos de terrorismo utilizando garantías diplomáticas. En abril de 2008, la Corte de Apelaciones decidió que no se podía deportar a Jordania a Omar Othman (alias Abu Qatada) porque pruebas extraídas mediante tortura serían utilizadas en el juicio contra él. Posteriormente, salió en libertad bajo fianza de una prisión de máxima seguridad donde había estado encerrado 22 horas al día. En octubre, el tribunal de la Cámara de los Lores examinó la sentencia de la Corte de Apelaciones sobre el caso Othman y otro recurso sobre las deportaciones a Argelia mediante garantías diplomáticas. En el momento de escribir este informe aún no había emitido su dictamen en ninguno de los dos casos. En abril, la Corte de Apelaciones detuvo la deportación de dos ciudadanos libios a Libia, al decidir que el memorando de entendimiento con Libia no ofrecía suficientes garantías y los dos hombres se enfrentarían a una negación “total” de su derecho a un juicio imparcial a su regreso al país. El gobierno británico no ha recurrido la decisión sobre Libia. Se confirmó el uso del atolón Diego García, del Territorio Británico del Océano Índico, en el programa de la CIA de entregas de presuntos terroristas. En febrero, el director de la CIA, Michael Hayden, admitió que aviones de Estados Unidos que trasladaban sospechosos de terrorismo a la Bahía de Guantánamo y Marruecos habían repostado dos veces en Diego García en 2002 para cargar combustible. El gobierno británico sostiene que no había autorizado ni había sido informado de las escalas en Diego García para este propósito. En agosto de 2008, la Corte Suprema dictaminó que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth debía revelar en principio toda la información en su posesión que pudiera ayudar a los abogados de Binyam Mohamed, un antiguo residente en el Reino Unido sometido a juicio en una comisión militar de la Bahía de Guantánamo, a demostrar que las confesiones empleadas para probar su culpabilidad se habían extraído mediante tortura y eran, por lo tanto, inadmisibles en el juicio. En el momento de escribir este informe, se había aplazado la celebración de otra audiencia para considerar los argumentos de seguridad nacional contra dicha divulgación, a la espera de los resultados del proceso en Estados Unidos en donde se ordena al gobierno estadounidense facilitar la información correspondiente. En octubre, el Ministro del Interior pidió al Fiscal General que investigara la posible conducta criminal en el trato a Mohamed del Servicio de Seguridad del Reino Unido y la CIA. Durante una revisión del Comité de la ONU para los Derechos del Niño en septiembre, el gobierno británico anunció la retirada de su reserva sobre la Convención de los Derechos del Niño en los casos de inmigración. El Comité recibió el anuncio con satisfacción, aunque se lamentó de que el mejor interés del niño no fuera la consideración primordial en los ámbitos de la justicia de menores, la inmigración, la libertad de movimiento y el derecho a la reunión pacífica.