Discrecionalidad sin límites

La aplicación arbitraria de la ley española de inmigración

* La versión original de este informe ha sido redactada en lengua inglesa, por lo que en caso de duda o malentendido debe dirigirse a la mencionada versión.  

[1] Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. [Ley 8/2000]; Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre [Reglamento].

     La Ley 8/2000 regula los derechos y libertades de todos los extranjeros (personas sin nacionalidad española) en España. La Ley 8/2000, que reformó la anterior ley de extranjería (Ley Orgánica 4/2000) en diciembre de 2000, fue motivada por “la situación y características de la población extranjera en España, no sólo en la actualidad, sino de cara a los años venideros.” Ibídem. Su propósito es el de “regular [ándose] la inmigración desde la consideración de ésta como un hecho estructural que ha convertido a España en un país de destino de los flujos migratorios y, por su situación, también en un punto de tránsito hacia otros Estados, cuyos controles fronterizos en las rutas desde el nuestro han sido eliminados o reducidos sustancialmente.” Ibídem. En síntesis, la Ley 8/2000 pretende servir como “un planteamiento global y coordinado en el tratamiento del fenómeno migratorio en España”, regulando los derechos de los inmigrantes legales e ilegales, documentados e indocumentados así como los procedimientos para su trato, incluyendo las consideraciones sobre su regularización y expulsión así como su integración social. Ibídem. Una ley independiente, la Ley 9/1994, regula los derechos y procedimientos aplicables a los solicitantes de asilo en España.

     La investigación de Human Rights Watch se concentró en el trato de los inmigrantes y solicitantes de asilo en España, incluyendo a inmigrantes documentados, indocumentados, con derecho a permanecer en España o sin derecho a hacerlo. En consecuencia, el enfoque principal de este breve informe es la aplicación de la Ley 8/2000 en España en conformidad con las normas nacionales, regionales e internacionales sobre el trato a inmigrantes.

[2] Las violaciones de los derechos procesales, tales como la falta de información sobre los derechos de cada uno o la incapacidad de acceder a servicios jurídicos y de traducción relevantes, también pueden convertirse en un obstáculo al derecho de petición de asilo. Si este tipo de violaciones precede la repatriación del inmigrante, la obstrucción al derecho de buscar asilo puede resultar en la devolución (refoulement) de potenciales solicitantes de asilo a países donde sus vidas o libertades pueden estar amenazadas, en violación de las obligaciones fundamentales españolas de no devolución (non-refoulement). Para más información sobre las cuestiones de acceso al asilo en España, nos remitimos a Human Rights Watch, “La otra cara de las Islas Canarias: violación de los derechos de los inmigrantes y los solicitantes de asilo”, Informe de Human Rights Watch, vol. 14, nº 1 (D), febrero 2002.

[3] Véase Human Rights Watch, “La otra cara de las Islas Canarias”, pág. 24. Human Rights Watch también efectuó una investigación durante cinco semanas sobre el trato de los menores inmigrantes no acompañados que se trasladan desde Marruecos a Ceuta y Melilla. Véase Human Rights Watch, “Callejón sin salida: abusos cometidos por las autoridades españolas y marroquíes contra niños inmigrantes”, Informe de Human Rights Watch, vol. 14, nº 4 (D), mayo 2002.

[4] Human Rights Watch solicitó permiso (y le fue concedido) para visitar tres de las seis instalaciones de detención, o centros de internamiento, en España, incluyendo los centros de internamiento en Barcelona, Málaga y Murcia. Además, se nos permitió visitar las dos instalaciones de recepción de inmigrantes mantenidas por el gobierno en Ceuta y Melilla. Aunque también se solicitó permiso para visitar los centros de detención no oficiales en el antiguo aeropuerto de Fuerteventura, el gobierno español rechazó la petición alegando que las organizaciones no gubernamentales (ONG) no tienen permitido el acceso a esas instalaciones o a instalaciones similares de detención de emergencia en Lanzarote. No obstante, Human Rights Watch habló con numerosos inmigrantes, abogados y representantes de organizaciones no gubernamentales y humanitarias familiarizados con las condiciones  y el trato de los inmigrantes en estos centros de detención provisionales.

[5] Véase Human Rights Watch, “La dimensión de los derechos humanos en las políticas de inmigración de la Unión Europea: lecciones para los estados miembros”, discurso presentado en la Conferencia de la Academia de Derecho Europeo: “Situación de las políticas de inmigración y asilo: remendando Tampere”, Trier, Alemania, abril 2002 (disponible en http://hrw.org/backgrounder/eca/eu-immigration.pdf).

[6] Entrevista de Human Rights Watch, Manuel Prieto, director de la oficina de extranjeros y documentación; José García Santalla, jefe de la unidad central de extranjería (Oficina de Extranjeros y Documentación); José Ramón Pérez García, jefe de estadísticas, Policía Nacional, (dentro del Ministerio del Interior), 14 de noviembre de 2001.

[7] Ley española 9/1994, de 19 de mayo, (publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), nos. 122 y 131), de modificacion de la Ley 5/1984, 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condicion de Refugiado, Capítulo dos, Artículo 4 (1); Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condicion de Refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, (publicada en el BOE nº 52, 2 de marzo de 1995), Artículo 8 (4) (solicitud hecha en territorio español) & 19 (2) (solicitud hecha en frontera); Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condicion de Refugiado, (Ginebra, ACNUR, 1992), párrafo 192. Véase también Ley 8/2000 Artículo 22 (1), que concede el derecho a servicios jurídicos, de interpretación y de traducción gratuitos para todos aquellos inmigrantes que no puedan permitírselo

[8] Entrevista de Human Rights Watch, abogados de CEAR, Madrid, 26 de octubre de 2001 y 5 de noviembre de 2001.

[9] Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condicion de Refugiado, (publicado en el BOE nº 74, 27 de marzo de 1984), modificada por la Ley 9/1994 (19 de mayo) [Ley 9/1994], § 114, Artículo 5 (1).

[10] Entrevista de Human Rights Watch, abogados de CEAR, Madrid, 26 de octubre de 2001 y 5 de noviembre de 2001.

[11] Entrevista de Human Rights Watch, abogados de CEAR, Madrid, 26 de octubre de 2001 y 5 de noviembre de 2001; Entrevista de Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras, Madrid, 8 de octubre de 2001. Aunque los tribunales han interpretado que el período de siete días incluye fines de semana y días festivos, los abogados informan que en algunas ocasiones la policía sigue manteniendo que el período de siete días incluye solamente días hábiles. Sentencia de la Audiencia Nacional, nº 53/2002, 27 de febrero de 2002.

[12] Informe Anual del Defensor del Pueblo, presentado ante el Parlamento Español el 8 de octubre de 2001, Sección 3.1.1, “Régimen de entrada”, pág. 61-63. La figura del Defensor del Pueblo fue creada por la Constitución española en 1978. El Defensor del Pueblo es nombrado por los legisladores para un período de cinco años, nombramiento que requiere un voto mayoritario tanto del Senado como del Congreso, y es un alto comisionado del Parlamento español. Aunque el papel del Defensor del Pueblo no es de naturaleza ejecutiva y está limitado a la crítica de los actos de la administración, la oficina del Defensor del Pueblo tiene la tarea de examinar todas las funciones administrativas del gobierno español, incluyendo las embajadas en el extranjero y las administraciones autónomas y locales a lo largo de todo el territorio español. La oficina también tiene la tarea de proteger los derechos humanos y cuenta con un departamento destinado a las cuestiones de inmigración y asuntos exteriores. Una vez que una queja ha sido aceptada en la oficina del Defensor del Pueblo, la oficina puede investigar ex officio. La Constitución obliga al gobierno a responder a todas las quejas y demandas de información presentadas por la oficina del Defensor del Pueblo. Además, el Defensor del Pueblo y su equipo tienen acceso ilimitado a todas las oficinas administrativas de España. Debido al carácter independiente de la oficina del Defensor del Pueblo y a su especial posición dentro de la legislación española, en particular su papel de alto comisionado del Parlamento, el Defensor del Pueblo tiene el poder de presentar cuestiones y comparecer ante el Tribunal Constitucional.

[13] Idem.

[14] Idem.

[15] Idem.

[16] Entrevista de Human Rights Watch, abogados de CEAR, Madrid, 26 de octubre de 2001 y 5 de noviembre de 2001; Entrevista de Human Rights Watch, ConchaBadillo, coordinadora legal, MSF, Madrid, 26 de marzo de 2002; Entrevista de Human Rights Watch con inmigrantes, Madrid, 4 y 5 de noviembre de 2001.

[17] Entrevista de Human Rights Watch con una inmigrante armenia, Madrid, 4 de noviembre de 2001. Esta situación fue confirmada por su abogada. Entrevista de Human Rights Watch, Estela Gracia, Madrid, 5 de noviembre de 2001.

[18] La ley española establece dos tipos de documentos para las excepciones humanitarias: 1) para los solicitantes de asilo a quienes se les deniega pero cuya petición se considera suficientemente valiosa como para conceder el permiso para quedarse en España por razones humanitarias; 2) para inmigrantes que no poseen la documentación exigida para entrar en España pero cuya entrada y estancia legal ha sido autorizada “cuando existen razones excepcionales de naturaleza humanitaria, interés público o conformidad con los compromisos adquiridos por España” o para quienes los permisos de residencia temporal son otorgados “por razones humanitarias, en circunstancias excepcionales o cuando se acredite una situación de arraigo cultural”. Ejemplos de razones humanitarias pueden ser las necesidades médicas, los lazos familiares con España y la imposibilidad de retornar al inmigrante a su país de origen. Véase Ley 9/1994, Artículo 17 (2); Ley 8/2000, Artículo 25 (4) & 31 (4); Entrevista de Human Rights Watch, abogados trabajando con inmigrantes en el CETI, Ceuta, 18 de octubre de 2001.

[19] La ley española exige que los inmigrantes soliciten un permiso de residencia y trabajo ordinario con objeto de recuperar su situación legal, convirtiendo la base de su legalidad en España (un permiso por razones humanitarias) en un permiso bajo el régimen general. La transición exitosa a este régimen general requiere que el inmigrante obtenga tanto el permiso del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para trabajar en España como el permiso del Ministerio del Interior (a través de la policía) para vivir en España. No obstante, muchos inmigrantes cuyos documentos derivados de excepciones humanitarias no fueron renovados se encontraron con que, al intentar renovar su permiso de trabajo basándose en el empleo que habían desempeñado previamente en España, probando también que habían estado pagando las cuotas de la seguridad social (los requisitos normales para renovar un permiso de trabajo de dos a tres años), se les exigió un pre-contrato (u oferta de trabajo). Algunos inmigrantes que trabajan en empleos de temporada no pueden obtener pre-contratos de sus empleadores porque éstos (agencias de trabajo temporal) no los proporcionan. Otros inmigrantes encontraron dificultades para convencer a sus empleadores de que les proporcionaran un pre-contrato debido a que los empleadores tienen miedo, injustificadamente, de ser sancionados bajo la Ley 8/2000 por contratar inmigrantes indocumentados. En consecuencia, a un número importante de inmigrantes les ha sido imposible renovar sus permisos de trabajo y, consiguientemente, no han podido obtener un permiso de la policía para poder residir legalmente en España. Estas nuevas circunstancias son el resultado del fracaso en la coordinación y comunicación entre la policía y las autoridades de dos departamentos independientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (un departamento para las excepciones humanitarias y otro para la aprobación de permisos de trabajo ordinarios) y no un reflejo de un cambio intencionado en la política de renovación de permisos de trabajo. Entrevista de Human Rights Watch, abogados de CEAR, Madrid, 26 de octubre de 2001; Entrevista de Human Rights Watch con inmigrantes, Madrid, 4 y 5 de noviembre de 2001; Entrevista de Human Rights Watch, Concha Badillo, coordinadora legal, MSF, Madrid, 26 de marzo de 2002.

     Según MSF esta política fue revisada en noviembre de 2001 debido a la rápida e insistente presión por parte de las ONG que denunciaron la ilegalidad de esta política, por lo que los inmigrantes cuyos permisos por motivos humanitarios no son renovados tienen técnicamente un período de tres meses para regularizar su situación. La policía continúa, de todas formas, rechazando la renovación de estos documentos y la coordinación interministerial con el fin de facilitar la transición de los inmigrantes de un tipo de régimen de permisos a otro no ha mejorado. Recientemente, MSF ha tenido éxito en sus  reclamaciones contra la denegación de la renovación de documentos otorgados sobre la base de excepciones humanitarias. Entrevista de Human Rights Watch, Concha Badillo, coordinadora legal, MSF, Madrid, 26 de marzo de 2002.

[20] Entrevista de Human Rights Watch, Concepción Dancausa Treviño, secretaria general de asuntos sociales, y Antonio Maceda García, director general de ordenación de las migraciones, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 13 de noviembre de 2001.

[21] Idem.

[22] Idem.

[23] Entrevista de Human Rights Watch, Concepción Dancausa Treviño, secretaria general de asuntos sociales, y Antonio Maceda García, director general de ordenación de las migraciones, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 13 de noviembre de 2001.

[24] Human Rights Watch ha documentado el papel de los delegados del gobierno en las rápidas expulsiones y otras violaciones de los derechos de los inmigrantes no acompañados en Ceuta y Melilla en Callejón sin salida: abusos cometidos por las autoridades españolas y marroquíes contra niños inmigrantes (mayo 2002). Véase Informe de Human Rights Watch, vol. 14, nº 4 (D), mayo 2002.

[25] Entrevista de Human Rights Watch, Rocío Rodríguez Bayón, Jefa de Gabinete, Oficina del delegado del Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, Melilla, 9 de noviembre de 2001.

[26] Idem.

[27] Entrevista de Human Rights Watch, agente en la comisaría de la Policía Nacional en Melilla, 9 de noviembre de 2001.

[28] En los últimos años, España (como otros países fronterizos de Europa) ha experimentado un aumento en el movimiento de la inmigración ilegal hacia sus costas mediante pequeñas embarcaciones (pateras). Los inmigrantes que llegan a España lo hacen a lo largo de la costa andaluza, a través del Estrecho de Gibraltar y a las Islas Canarias a través de las costas del norte de África.

[29] Véase Artículo 58 de la Ley 8/2000 (sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) en combinación con la Sección 5.a, Artículo 138 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Española sobre Extranjeros. Para explicaciones más detalladas sobre la expulsión en la ley española, véase la sección posterior “Expulsión”.

[30] Los departamentos de inmigración, extranjería y documentación del Ministerio del Interior confirmaron esta interpretación en reuniones con Human Rights Watch. Entrevista de Human Rights Watch, Carlos Guervós, subdirector de inmigración, Ministerio del Interior, Madrid, 12 de noviembre de 2001; Entrevista de Human Rights Watch, Manuel Prieto, director de la oficina de extranjeros y documentación; José García Santalla, jefe de la unidad central para extranjería, (Oficina de Extranjeros y Documentación); José Ramón Pérez García, jefe de estadísticas, Policía Nacional, (perteneciente al Ministerio del Interior), 14 de noviembre de 2001. Aunque la ley española no especifica concretamente que el proceso de devolución de los inmigrantes a los que se encuentra entrando ilegalmente en España deba realizarse en setenta y dos horas desde su entrada al territorio español, el Ministerio del Interior y los abogados especialistas en inmigración han interpretado la ley en este sentido. El razonamiento detrás de esta interpretación es el siguiente: la ley en España prohíbe la detención de cualquier persona más allá de setenta y dos horas sin una orden judicial y la Ley 8/2000 no permite la prolongación de la detención (más de setenta y dos horas) para esta categoría particular de inmigrantes aún en posesión de una orden judicial. Por tanto, estos inmigrantes sólo pueden estar detenidos durante setenta y dos horas, período durante el cual el proceso de devolución debe ser realizado o el inmigrante deberá ser liberado. Para más explicación sobre esta cuestión, véase la nota a pie de página número 33.

[31] Por “regularización” Human Rights Watch entiende la capacidad del inmigrante de conseguir una situación de legalidad en un país, de forma permanente o temporal. Muchos países de Europa occidental promueven “programas de regularización” para inmigrantes indocumentados que desean estar en situación legal. Estos programas frecuentemente exigen, por ejemplo, la presentación de documentos que prueben que el inmigrante ha vivido y trabajado en el país por un período de tiempo específico y que tiene en ese momento una oferta de trabajo.

[32] En 1985, cinco Estados europeos (Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos) firmaron un acuerdo creando una zona de libre circulación con fronteras exteriores. Un acuerdo posterior, que fue firmado el 19 de enero de 1990 y entró en vigor en 1995, abolió las fronteras interiores entre los estados firmantes y creó una frontera única exterior donde los controles de inmigración se realizan bajo un mismo conjunto de normas comunes. A finales de la década de los 90, esta zona denominada “espacio Schengen” (por la ciudad en la cual se firmó el acuerdo) se amplió hasta incluir a todos los estados de la Unión Europea con la excepción del Reino Unido e Irlanda. Una de las principales características del sistema Schengen es la puesta en marcha de una red que permite a todas las oficinas de policía y agentes consulares de los países miembros del espacio Schengen acceder a la misma base de datos. El hecho de ser incorporado al Sistema Schengen de Información (SIS) por haber sido rechazada la entrada al territorio o por haberse iniciado una orden de expulsión en un estado miembro, limita de forma rotunda la futura entrada de esta persona a cualquier país miembro del espacio Schengen. Para mayor información, diríjase a: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/133020.htm (acceso el 10 de junio de 2002).

[33] La detención de inmigrantes por un período superior a las setenta y dos horas iniciales exige una orden judicial para la detención del inmigrante o el internamiento en un centro de internamiento oficial (detención prolongada). Como la ley española no especifica que los inmigrantes que han sido encontrados entrando ilegalmente en España, y que por tanto deben estar sujetos a un proceso de devolución, deben ser internados, al contrario que los inmigrantes que han sido previamente expulsados de España mediante órdenes de expulsión (también inmigrantes para los cuales la devolución es el proceso concebido) o los inmigrantes que están sujetos a deportaciones mediante procesos de retorno o expulsión, el Ministerio del Interior, los abogados especialistas en inmigración y el Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras han interpretado la ley española como una prohibición de detención de los inmigrantes sujetos al proceso de devolución (por entrada ilegal en España) por un tiempo superior a setenta y dos horas. En este sentido, el Juzgado de Algeciras declara lo siguiente:

 

Debe de llegarse, por tanto, a la conclusión de que la medida de internamiento por los supuestos de devolución por entrada ilegal en el país al amparo del articulo 58-2 b) no se encuentra prevista en norma con rango de ley, siendo lo procedente dejar sin efecto la medida adoptada, acordandoel cese del internamiento, sin que pueda ampararse su mantenimiento en deducciones sobre el espíritu de la ley o situaciones paradójicas a que dicha interpretación puede conducir, pues, según doctrina del Tribunal Constitucional, los preceptos legales deben de interpretarse de la forma mas favorable para la efectividad de los derechos fundamentales y no cabe duda de que la medida de internamiento afecta a un derecho fundamental.

 

Véase Juzgado de Instrucción número cinco de Algeciras, Algeciras, 31 de agosto de 2001; Entrevista de Human Rights Watch, Carlos Guervós, subdirector de inmigración, Ministerio del Interior, Madrid, 12 de noviembre de 2001; entrevista telefónica de Human Rights Watch, José Luis Rodríguez, presidente de Andalucía Acoge y abogado de inmigrantes en el Centro de Internamiento de Málaga, 17 de octubre de 2001; entrevista de Human Rights Watch, Cristina Olmedo, abogada, Madrid, 11 de octubre de 2001 y 10 de junio de 2002; entrevista de Human Rights Watch, Rafael González, abogado de inmigrantes en el Centro de Internamiento de Málaga, Málaga, 22 de octubre de 2001; entrevista telefónica de Human Rights Watch, Carlos Álava, director jurídico, Médicos Sin Fronteras, 18 de enero de 2002; véase Artículo 58 (5) de la Ley 8/2000 (sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), que permite el internamiento de inmigrantes que no pueden ser devueltos en el período inicial de setenta y dos horas, en el caso en que los inmigrantes hayan sido previamente expulsados de España y estén sujetos a un proceso de devolución por este concepto.

[34] Entrevista de Human Rights Watch con inmigrantes, Las Palmas, 29 de octubre al 3 de noviembre de 2001.

[35] Véase Human Rights Watch, “La otra cara de las Islas Canarias: violación de los derechos de los inmigrantes y los solicitantes de asilo”, Informe de Human Rights Watch, vol. 14, nº 1 (D), febrero 2002. Algunos inmigrantes que llegan a las Islas Canarias son retenidos en internamiento basándose en procesos de repatriación de acuerdo con la ley de retorno (forma de repatriación). Los inmigrantes retenidos sobre la base del retorno, distinta de la devolución, pueden ser legalmente retenidos en internamiento después de las primeras setenta y dos horas si un juez así lo permite mediante una orden. Véase el Artículo 60 de la Ley 8/2000 (sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social). Mientras que algunas autoridades de las Islas Canarias mantienen que el proceso de devolución debe ser visto como el de retorno para poder así legitimar la detención de los inmigrantes tras el período de setenta y dos horas iniciales, tanto los jueces como los abogados que trabajan en las islas expresaron su desacuerdo con esta interpretación. Entrevista de Human Rights Watch, CEAR (Las Palmas), Las Palmas, 2 de noviembre de 2001. El retorno y la devolución son dos conceptos legales diferentes. El proceso de retorno se aplica a los casos en que la entrada de los inmigrantes a España es rechazada (como en aeropuertos o en pasos fronterizos donde técnicamente la presencia del inmigrante no se reconoce como en territorio español). Por otro lado, el proceso de devolución se aplica a los inmigrantes que se considera que se encuentran en España, pero están sujetos a una repatriación inmediata.

[36] Entrevista de Human Rights Watch con inmigrantes, CETI, Melilla, 8 de noviembre de 2001.

[37] Entrevista de Human Rights Watch con inmigrantes argelinos fuera del CETI, Melilla, 8 de noviembre de 2001.

[38] Entrevista de Human Rights Watch, Rocío Rodríguez Bayón, Jefa de Gabinete, Oficina del delegado del Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, Melilla, 9 de noviembre de 2001.

[39] Entrevista de Human Rights Watch, Manuel Prieto, director de la oficina de extranjeros y documentación; José García Santalla, jefe de la unidad central para extranjería, (Oficina de Extranjeros y Documentación); José Ramón Pérez García, jefe de estadísticas, Policía Nacional, (dentro del Ministerio del Interior), 14 de noviembre de 2001.

[40] Idem.

[41] Entrevista de Human Rights Watch con inmigrantes en el Centro de Internamiento Capuchinos, Málaga, 22 de octubre de 2001.

[42] Informe Anual del Defensor del Pueblo, presentado ante el Parlamento Español el 8 de octubre de 2001, Sección 3.1.2.4, pág. 65-66. El Informe del Defensor del Pueblo explica que la iniciación de procesos de expulsión (que resulta en la emisión de una orden de expulsión) actuaría como una forma de doble sanción para un solo acto y que para muchos de estos inmigrantes la orden de expulsión nunca se llevará a cabo, teniendo “por ello la única eficacia práctica de . . . dificultar la posible regularización de estas personas mediante la obtención de las correspondientes autorizaciones administrativas, abocándolas a situaciones de  marginalidad.” Ibídem.

[43] El 2 de septiembre de 2001, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Algeciras liberó a 31 nigerianos que habían sido detenidos en el Centro de Internamiento Capuchinos (Málaga) durante catorce días. Leonor García, “Un auto judicial admite que es ilegal encerrar inmigrantes de pateras”, El País, 2 de septiembre de 2001.

[44] Véase Ley 8/2000, Artículos 53 & 57.

[45] Véase Ley 8/2000, Artículos 63 & 64.

[46] Entrevista de Human Rights Watch, Algeciras Acoge, Algeciras, 15 de octubre de 2001. Véase también el Informe Anual del Defensor del Pueblo, presentado ante el Parlamento Español el 8 de octubre de 2001, Sección 3.1.2.4, “Entrada de personas indocumentadas por las costas de Andalucía”, pág. 65-66.

[47] Entrevista de Human Rights Watch, Ramón Capdevila, subdirector de documentación, Policía Nacional Española en Ceuta, Ceuta, 19 de octubre de 2001.

[48] Entrevista de Human Rights Watch, Luis Vicente Moro, delegado del Gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta, Ceuta 19 de octubre de 2001.

[49] Entrevista de Human Rights Watch, Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, Ceuta, 18 de octubre de 2001; Entrevista de Human Rights Watch con inmigrantes, Ceuta, 18 y 19 de octubre de 2001.

[50] Véase, por ejemplo, la entrevista de Human Rights Watch, Ramón Capdevila, subdirector de documentación, Policía Nacional Española en Ceuta, Ceuta, 19 de octubre de 2001, en la que señala que “desde el momento en que se les dan [a los inmigrantes] documentos de expulsión, están en el SIRINE Hay una lista de personas no admisibles, que es específica para estas personas a quienes se les han expedido órdenes de expulsión. . . . En consecuencia, no tienen más posibilidades de regularizar su situación en la zona Schengen”. Para una explicación del sistema Schengen, véase la nota 32.

[51] Entrevista de Human Rights Watch, Álvaro García, abogado de Málaga Acoge, Málaga, 22 de octubre de 2001. El abogado García trabaja con inmigrantes a lo largo de la costa andaluza, incluyendo numerosos inmigrantes que llegan desde Ceuta. Aunque un programa de regularización para extranjeros en España permitió a los inmigrantes con órdenes de expulsión solicitar una anulación de estas órdenes con objeto de regularizar su situación, esta posibilidad no existió para los inmigrantes que llegaron a España después de junio de 1999. Este proceso de regularización tuvo lugar cuando el gobierno reemplazó la Ley de Extranjería 7/85 con la Ley 4/2000, permitiendo a todos los inmigrantes que podían probar su llegada a España antes de junio de 1999 que se anularan sus antiguas órdenes de expulsión. A pesar de esta medida, las organizaciones que trabajan con inmigrantes en Madrid comentaron que varios de sus clientes provenientes de Ceuta, algunos de los cuales habían estado en España durante más de cinco años, tenían órdenes de expulsión que no podían ser anuladas y, en consecuencia, se veían imposibilitados de regularizar su situación. Entrevista de Human Rights Watch, abogados trabajando para CEAR, Madrid, 26 de octubre de 2001. Las normas que sistematizan la regularización más reciente, que comenzó en enero de 2001 después de que la ley sobre extranjeros fuera nuevamente modificada (originando la ley actual, Ley 8/2000), no introdujo una cláusula similar que permitiera a los inmigrantes con órdenes de expulsión anularlas con objeto de regularizar su situación. Véase Ley 8/2000. Entrevista de Human Rights Watch, Arsenio García, abogado, Madrid, 5 de noviembre de 2001; entrevista de Human Rights Watch, ConchaBadillo, coordinadora legal, MSF, Madrid, 26 de marzo de 2002. Moro, el delegado del Gobierno en Ceuta, confirmó la preocupación de que la frecuente práctica en la ciudad de Ceuta de emitir órdenes de expulsión a los inmigrantes, pueda tener el efecto de impedir de forma permanente su regularización:

 

No habrá más regularizaciones en España. . . . Muchos inmigrantes creen que el gobierno (porque hay tantos inmigrantes) modificará las leyes para ajustarse a las necesidades de los emigrantes. Lo más seguro es que en el 2002 el gobierno español apruebe un contingente de inmigrantes para venir a España, cuya cantidad será el resultado de las demandas de los sindicatos.

 

Entrevista de Human Rights Watch, Luis Vicente Moro, delegado del Gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta, Ceuta 19 de octubre de 2001. Los inmigrantes que hayan sido enviados a la península con órdenes de expulsión no estarán entre los que se permita formar parte del contingente. Ibídem.

[52] Entrevista de Human Rights Watch, Ramón Capdevila, subdirector de documentación, Policía Nacional Española en Ceuta, Ceuta, 19 de octubre de 2001.

[53] Informe Anual del Defensor del Pueblo, presentado ante el Parlamento Español el 8 de octubre 2001, Sección 3.1.2.3, “Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Las Palmas”, pág. 64-65.

[54] Entrevista de Human Rights Watch, Algeciras Acoge, Algeciras, 15 de octubre de 2001.

[55] Entrevista de Human Rights Watch con inmigrantes, Ceuta, 28 de julio de 2001 y 18 y 19 de octubre de 2001.

[56] Idem.

[57] Entrevista de Human Rights Watch, inmigrantes en el CETI, Melilla, 7 de noviembre de 2001.

[58] Véase el Artículo 22 (1) de la Ley 8/2000 (sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social). Véase también la Sección 5.a, Artículos 137 (2) y 138 (2) del Reglamento para la aplicación de la ley española sobre extranjeros. La ley española especifica que los inmigrantes deben tener acceso a la asesoría no sólo durante los procedimientos legales sino también durante las detenciones administrativas prolongadas. Véase el Artículo 63 (2) de la Ley 4/2000 (sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) modificada por la Ley 8/2000, en combinación con la Sección 2.a (Centros de Internamiento para Extranjeros), Artículo 128 (1) del Reglamento para la aplicación de la ley española sobre extranjeros. Véase también la ley española sobre centros de internamiento (publicada en el BOE, nº 47, pág. 7681-7688), 24 de febrero de 1999.

[59] Artículo 62 de la Ley 8/2000 (sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) en combinación con la Sección 2.a (Centros de Internamiento para Extranjeros), Artículo 127 (1) del Reglamento para la Aplicación de la Ley Española sobre Extranjeros.

[60] Véase en general Ley 8/2000, Artículo 21.

[61] Artículo 63 (2) de la Ley 4/2000 (sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) modificada por la Ley 8/2000, en combinación con la Sección 2.a (Centros de Internamiento para Extranjeros), Artículo 127 (7) del Reglamento para la aplicación de la ley española sobre extranjeros. Véase también la ley española sobre centros de internamiento (publicada en el BOE, nº 47, pág. 7681-7688), 24 de febrero 1999. Las autoridades también están obligadas a proporcionar a los inmigrantes detenidos información acerca del lugar en el que se encuentran detenidos, incluyendo información sobre sus derechos. Véase Artículo 62 de la Ley 4/2000 (sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) modificada por la Ley 8/2000, en combinación con la Sección 2.a (Centros de Internamiento para Extranjeros), Artículo 129 del Reglamento para la aplicación de la ley española sobre extranjeros. Véase también la ley española sobre centros de internamiento (publicada en el BOE, nº 47, pág. 7681-7688), 24 de febrero 1999.

[62] El Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Artículo 5 de la Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos (CEDH) garantizan los derechos de libertad y seguridad de la persona y proporcionan a todas las personas privadas de su libertad, entre otras cosas, la posibilidad efectiva de alegar la falta de legalidad de su detención ante un tribunal. En su Observación General nº 8, el Comité de Derechos Humanos interpreta el Artículo 9 del PIDCP de forma que incluye "toda privación de libertad, sean casos criminales u otros casos como…el control de la inmigración". Instrumentos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Compilación de Comentarios y Recomendaciones Generales adoptadas por la Sección de Tratados de Derechos Humanos, HRI/GEN/1/Rev.4, 7 de febrero de 2000, pág. 88, párrafo 1. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que los inmigrantes detenidos gozan de las garantías de procedimiento básicas recogidas en el Artículo 5 de la CEDH, incluyendo el derecho a la revisión efectiva de la legalidad de la detención por parte de un tribunal. Véase Dougoz contra Grecia, 40907/98, de 6 de marzo de 2001. Véase también el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 43/173, 9 de diciembre de 1988.

[63] Ley española 9/1994, de 19 de mayo, (publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), nos. 122 y 131), de modificacion de la Ley 5/1984, 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condicion de Refugiado, Capítulo dos, Artículo 4 (1); Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condicion de Refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, (publicada en el BOE nº 52, 2 de marzo de 1995), Artículo 8 (4) (solicitud hecha en territorio español) & 19 (2) (solicitud hecha en frontera); Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condicion de Refugiado, (Ginebra, ACNUR, 1992), párrafo 192. Para una explicación más detallada acerca de las normas regionales e internacionales sobre el trato a los solicitantes de asilo y la posibilidad de los inmigrantes que llegan a España a través de las Islas Canarias de acceder al asilo, véase Human Rights Watch, “La otra cara de las Islas Canarias: violación de los derechos de los inmigrantes y los solicitantes de asilo”, Informe de Human Rights Watch, vol. 14, nº 1 (D), febrero 2002.

[64] Véase el Reglamento de aplicación de la ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, Sección 1, Artículo 5 (1).

[65] Véase Artículo 13 de PIDCP; Artículo 32 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; Protocolo nº 4, Artículo 4 y Protocolo nº 7, Artículo1 de la CEDH; Artículo 19 (1) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Véase http://www.europarl.eu.int/comparl/libe/elsj/charter/art19/default_en.htm#2(acceso el 10 de junio 2002).

[66] Nombre ficticio.

[67] Entrevista de Human Rights Watch con un inmigrante argelino de veintidós años de edad, Ceuta, 18 de octubre de 2001.

[68] Idem.

[69] Entrevista de Human Rights Watch, Ceuta, 18 de octubre de 2001.

[70] Entrevista de Human Rights Watch, Manuel Prieto, director de la oficina de extranjeros y documentación; José García Santalla, jefe de la unidad central para extranjería, (Oficina de Extranjeros y Documentación); José Ramón Pérez García, jefe de estadísticas, Policía Nacional, (perteneciente al Ministerio del Interior), 14 de noviembre de 2001.

[71] Entrevista de Human Rights Watch, Asociación Pro Derechos Humanos, Mario Arias, Tarifa, 15 de octubre de 2001.

[72] Los Colegios de Abogados en España no son asociaciones, sino entidades corporativas con un importante papel en la administración de justicia. Entre otras cosas, trabajan directamente con el Ministerio de Justicia para proporcionar turnos de oficio de abogados y apoyo jurídico para nacionales y no nacionales, cuando así sea necesario. En España, todo abogado que quiera ejercer su oficio debe pertenecer a uno de los Colegios de Abogados del país (y pagar las tasas y responder a las obligaciones que esto significa) y solamente los licenciados en derecho pueden ser miembros del Colegio. Cada provincia tiene, por lo menos, su Colegio y dentro de ellos existen numerosas secciones especializadas como el departamento de asuntos exteriores que se ocupa de las cuestiones de la inmigración. Los abogados que se han registrado para una sección particular son llamados cuando se requieren sus servicios, los cuales son brindados gratuitamente a los clientes pero costeados por el Colegio de Abogados.

[73] Entrevista de Human Rights Watch, agente en la comisaría de la Policía Nacional en Melilla, Melilla, 9 de noviembre 2001; Entrevista de Human Rights Watch, Francisco Javier Arias Herrera, abogado del Colegio de Abogados de Melilla, Melilla, 9 de noviembre de 2001.

[74] Entrevista de Human Rights Watch, agente de la Guardia Civil, costa de Andalucía, 16 de octubre de 2001.

[75] Entrevista de Human Rights Watch, Luis Vicente Moro, delegado del Gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta, Ceuta 19 de octubre 2001; entrevista de Human Rights Watch, Ramón Capdevila, subdirector de documentación, Policía Nacional Española en Ceuta, Ceuta, 19 de octubre de 2001.

[76] Entrevista de Human Rights Watch, Ramón Capdevila, subdirector de documentación, Policía Nacional Española en Ceuta, Ceuta, 19 de octubre de 2001.

[77] Informe Anual del Defensor del Pueblo, presentado ante el Parlamento Español el 8 de octubre de 2001, Sección 3.1.2.2, “Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta”, pág. 64.

[78] Idem.

[79] Idem.

[80] Los inmigrantes a los que se halla entrando ilegalmente en España desde Marruecos pueden ser devueltos a las autoridades marroquíes en cumplimiento del acuerdo de readmisión firmado en 1992 entre España y Marruecos. De todas formas, como Marruecos normalmente no acepta a no nacionales marroquíes, la práctica del proceso de devolución, o repatriación inmediata según el acuerdo, ha sido reservada para los marroquíes o los argelinos que las autoridades crean que son marroquíes.

[81] Según el Defensor del Pueblo, numerosas de estas instalaciones no alcanzan el nivel mínimo exigido para la detención. Entrevista de Human Rights Watch, Algeciras Acoge, Algeciras, 15 de octubre de 2001. Véase también el Informe Anual del Defensor del Pueblo, presentado ante el Parlamento Español el 8 de octubre de 2001, Sección 3.1.2.4, “Entrada de personas indocumentadas por las costas de Andalucía”, pág. 65-66.

[82] Entrevista de Human Rights Watch, Ramón Capdevila, subdirector de documentación, Policía Nacional Española en Ceuta, Ceuta, 19 de octubre de 2001, señalando que la policía devuelve grupos de dieciocho o más inmigrantes a Marruecos “fácilmente seis veces al día”; entrevista de Human Rights Watch, jefe de policía, comisaría de la Policía Nacional Española, Algeciras, 15 de octubre de 2001.

[83] Entrevista de Human Rights Watch, Melilla, 9 de noviembre de 2001.

[84] Entrevista de Human Rights Watch, Eduardo de Quesada, subdirector general de asuntos de extranjería, Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 13 de noviembre de 2001. Véase también Rocío Rodríguez Bayón, Jefa de Gabinete, Oficina del delegado del Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla, Melilla, 9 de noviembre de 2001. Cuando se le pidió que identificase un procedimiento de determinación claro y consistente utilizado en los casos de los procesos de devolución o directrices para los procedimientos que aseguren el respeto de los derechos humanos de los inmigrantes, la Jefa del Gabinete Rodríguez explicó que “[p]ara el proceso de devolución los inmigrantes han debido tener prohibida su entrada en España. No es que el proceso haya comenzado. No tienen permitido estar en España y ellos lo saben”. Ibídem.

[85] Entrevista de Human Rights Watch, jefe de policía, comisaría de la Policía Nacional Española, Algeciras, 15 de octubre de 2001.

[86] Entrevista de Human Rights Watch, Algeciras Acoge, Hassan Yetefti y José Villahoz Rodríguez, Algeciras, 15 de octubre de 2001.

[87] Entrevista de Human Rights Watch, Tomás Partida, Ceuta, 17 de octubre de 2001.

[88] Idem.

[89] Véase explicación en la nota 80.

[90] Entrevista de Human Rights Watch, agentes de la Guardia Civil, costa de Andalucía, 16 de octubre de 2001.

[91] Idem.

[92] Entrevista de Human Rights Watch, Luis Vicente Moro, delegado del Gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta, Ceuta 19 de octubre de 2001.

[93] Entrevista de Human Rights Watch, Ramón Capdevila, subdirector de documentación, Policía Nacional Española en Ceuta, Ceuta, 19 de octubre de 2001.

[94] Ley 8/2000, Artículo 21.

[95] El día que Human Rights Watch, por ejemplo, entrevistó a Hamid R. (véase nota 67) y a su amigo, el 18 de octubre de 2001, los inmigrantes en la instalación gestionada por la iglesia dijeron a nuestros entrevistadores que catorce argelinos irían a Algeciras el día siguiente. El hombre acababa de recibir sus documentos de expulsión ese mismo día y todavía no había recibido los billetes del ferry para ir a la península. El plan era encontrarse enfrente de la comisaría de policía en Ceuta a la mañana siguiente, momento en que la policía los llevaría al ferry y se aseguraría que viajaban a la península. Los papeles de Hamid R. y su amigo estaban fechados el 17 de octubre 2001, por lo que les dejaba únicamente la tarde del viernes para localizar a un abogado y presentar un recurso contra su expulsión. Entrevista de Human Rights Watch con un inmigrante argelino de veintidós años de edad, Ceuta, 18 de octubre 2001.

[96] Entrevista de Human Rights Watch, Luis Vicente Moro, delegado del Gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta, Ceuta 19 de octubre de 2001.

[97] Véase, por ejemplo, entrevista de Human Rights Watch, Lucrecia de África Benzo Montilla, abogada del Colegio de Abogados, Ceuta, 18 de octubre de 2001, describiendo los problemas prácticos y logísticos que los inmigrantes deben enfrentar cuando intentan recurrir.

[98] Entrevista de Human Rights Watch, Francisco Javier Arias Herrera, abogado del Colegio de Abogados de Melilla, Melilla, 9 de noviembre de 2001.

[99] Entrevista de Human Rights Watch, Ramón Capdevila, subdirector de documentación, Policía Nacional Española en Ceuta, Ceuta, 19 de octubre de 2001.

[100] Idem.

[101] Entrevista de Human Rights Watch, Manuel Prieto, director de la oficina de extranjeros y documentación; José García Santalla, jefe de la unidad central para extranjería, (Oficina de Extranjeros y Documentación); José Ramón Pérez García, jefe de estadísticas, Policía Nacional, (perteneciente al Ministerio del Interior), 14 de noviembre de 2001.

[102] Idem.