LA OTRA CARA DE LAS ISLAS CANARIAS

* La versión original de este informe ha sido redactada en lengua inglesa.  En caso de duda o de malentendido, sírvase referirse a esta versión.

[1] El Colegio de Abogados es una entidad corporativa con un papel importante en la administración de la justicia en España debido a que, entre otras cosas, trabaja en relación directa con el Ministerio de Justicia con objeto de proporcionar turnos de oficio de abogados así como apoyo jurídico para personas nacionales o no nacionales, cuando así sea necesario. En España todo abogado que quiera ejercer su oficio debe pertenecer a uno de los Colegios de Abogados del país. Cada provincia tiene su Colegio y dentro de ellos existen numerosas secciones como la orientada a la inmigración. Los abogados que se han registrado para una sección en particular son llamados cuando se requieren sus servicios, los cuales son brindados gratuitamente a los clientes pero costeados por el Colegio de Abogados.

[2] Se desarrolla un continuo debate entre las autoridades nacionales, regionales y locales, respecto a los pasos a seguir en relación a la cada vez más problemática cuestión de la inmigración en las Islas Canarias. En el 2001 la posibilidad de trasladar a los inmigrantes desde las instalaciones de los aeropuertos, en particular desde el de Fuerteventura, a un cuartel militar abandonado en esta última isla  se convirtió en uno de los debates más controvertidos. En el momento de escribir este informe no había consenso alguno acerca de si esas instalaciones serían convertidas en un centro de detención temporal. Tomás Bárbulo, "Interior habilitará un cuartel para los inmigrantes de Fuerteventura", El País, 18 de diciembre 2001; Tomás Bárbulo, "Interior paraliza el plan de ubicar a los 'sin papeles' en un cuartel de Fuerteventura", El País, 20 de diciembre 2001; Entrevista telefónica de Human Rights Watch con la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de Canarias, 8 de enero 2002. Parece, sin embargo que en el transcurso de los últimos meses se produjeron reuniones (enero y febrero del 2002) entre los representantes del gobierno central y regional en las que se acordó la construcción de seis nuevos centros para inmigrantes, cada uno con capacidad para 250 personas, durante el verano del 2002. Estos debates sin embargo, incluso el que tuvo lugar en la segunda semana de febrero, no han derivado en decisiones concretas acerca de cuándo, dónde y cómo se comenzará la construcción. Tampoco se han producido debates sólidos acerca de cómo remediar la situación actual en Fuerteventura y Lanzarote. "Interior facilitará la salida de ilegales de Canarias sin asumir su traslado", La Provincia, 25 de enero 2002; "Rajoy guarda silencio sobre las medidas para frenar la afluencia de inmigrantes", La Provincia, 6 de febrero 2002. Es necesario señalar en este momento que este plan de construcción apoyado por todas las partes en Canarias, a nivel central, regional y local, no es un plan original. De hecho se presenta el mismo proyecto bajo la supervisión de Jaime Mayor Oreja que fue establecido en el Plan Greco, el cual establece la política del gobierno español en cuestiones de extranjería e inmigración a seguir en un futuro próximo. Ministerio del Interior (Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración), Programa Global de Regulación y  Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España (Programa Greco), aprobado 30 de marzo 2001 (publicado 27 de abril 2001), el cual se puede encontrar en: http://www.mir.es/dgei/programaenglish.htm, (acceso el 6 de febrero 2001).

[3] Entrevista de Human Rights Watch, Carlos Guervós, Subdirector de Inmigración, Ministerio del Interior, Madrid, 12 de noviembre 2001. Después de una visita a las instalaciones en 1999 la Oficina del Defensor del Pueblo concluyó que las instalaciones eran inadecuadas y recomendó la adopción de medidas de mejora inmediatas (Recomendación Nº 9912449) que aún no han sido adoptadas. Informe anual del Defensor del Pueblo presentado al Parlamento español el 8 de octubre del 2001, Sección 3.1.2.3, "Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)", p. 64-65.

[4] Por "Saharauis" Human Rights Watch entiende las personas nacidas en el territorio bajo disputa del Sáhara Occidental.  Esta región es calificada por la comunidad internacional como territorio no autónomo. La mayor parte del territorio se encuentra actualmente bajo el control de facto de Marruecos.

[5] Esta lista fue elaborada en base a las nacionalidades de los inmigrantes con los que Human Rights Watch mantuvo entrevistas.

[6] Entrevista de Human Rights Watch, doctor Juan Letang, Jefe de Cirugía en el Hospital de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1 de noviembre 2001, describiendo las instalaciones del aeropuerto de Fuerteventura.

[7] La mayor parte de la información acerca de las condiciones de detención obtenida por nuestros investigadores a finales del mes de octubre y de  noviembre del 2001 pertenecen a las instalaciones de Fuerteventura. Además, Human Rights Watch también entrevistó a siete inmigrantes que habían estado recientemente detenidos en las instalaciones del aeropuerto de Lanzarote en su llegada a Canarias así como a organizaciones humanitarias y de inmigrantes que proporcionan servicios a los inmigrantes en Lanzarote. Estas organizaciones humanitarias y de inmigrantes consideran que los inmigrantes en Lanzarote, al igual que los de Fuerteventura, son detenidos en un espacio masificado e inapropiado donde la luz natural es limitada y carece de ventilación o aire fresco. Los inmigrantes no tienen acceso a ningún tipo de ejercicio ni pueden comunicarse con el mundo exterior o recibir visitas. A todas las organizaciones, a excepción de Cruz Roja, se le deniega el acceso para ver o hablar con los inmigrantes. Entrevistas de Human Rights Watch con inmigrantes, Las Palmas, 3 de noviembre 2001; Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Lanzarote Acoge, 31 de octubre 2001; Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Cruz Roja Española, 4 de enero 2002. En este caso no se proporcionan nombres de los trabajadores de Cruz Roja debido a que algunos de ellos solicitaron permanecer en el anonimato.

Está claro que aunque algunos de los aspectos observados en Lanzarote no son tan nefastos como el caso de Fuerteventura (por ejemplo la extrema masificación y precariedad de los baños), las condiciones se presentan, sin embargo, por debajo de unos mínimos aceptables y requieren las mismas inmediatas medidas provisionales propuestas en la sección de Síntesis y Recomendaciones de este mismo informe. Esto último es particularmente cierto teniendo en cuenta que la razón principal por la que Lanzarote es considerado "mejor" que Fuerteventura se basa simplemente en el hecho de que menor cantidad de inmigrantes se encuentran detenidos allí porque en menor número llegan a la isla, reduciendo por tanto la masificación en unas condiciones con una base negativas. En este momento es importante destacar que a pesar de que se producen menor número de llegadas a Lanzarote que a Fuerteventura (menos del 20 por ciento de los inmigrantes que llegan a Canarias lo hacen a Lanzarote) informes recientes indican que las rutas de pateras están modificándose para dirigirse a Lanzarote. Tomás Bárbulo, "Las pateras que zarpan del Sahara cambian su ruta y colapsan las instalaciones de Lanzarote", El País, 19 de octubre 2001. Estadísticas de enero del 2002 indican que el número de inmigrantes que llegaron a Lanzarote durante ese mes representa aproximadamente el 25 por ciento del total del año anterior. Ver "La llegada de menores inmigrantes se ha incrementado un 97% en Fuerteventura", La Provincia, 31 de enero 2002.

[8] La Policía Nacional española añadió duchas y retretes adicionales en el segundo semestre del año 2001 generando el número que existe en la actualidad. Entrevista de Human Rights Watch, Cruz Roja Española, Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001.

[9] Los diferentes informes acerca de las medidas de las instalaciones de Fuerteventura son contradictorios. Cruz Roja Española, quien tiene acceso cotidiano a estas instalaciones, informó a Human Rights Watch de que la zona del antiguo aeropuerto utilizada para la detención de inmigrante mide aproximadamente treinta metros por treinta y que el área donde viven y duermen los hombres tiene una medida aproximada de veinte por veinte metros. Durante el mes de enero del 2002 Cruz Roja Española verificó estas medidas tras una entrevista telefónica. Entrevista de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001; Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Fuerteventura), 17 de diciembre 2002. Sin embargo mirar Tomás Bárbulo, "Un aeropuerto convertido en infierno para inmigrantes", El País, 17 de diciembre 2002.

[10] Cruz Roja Española no conoce el número exacto de literas y colchones disponibles pero está al tanto de que algunas de las camas se encuentran rotas. Estima que hay suficientes camas para unas 200 o 250 hombres detenidos, con colchones suplementarios en el suelo. Entrevista de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001. Recientes informes de prensa indican que 31 de enero 2002 el ejército español añadió nuevas camas a las instalaciones de Fuerteventura. Ver Juan Manuel Pardellas, "Un centenar de inmigrantes, detenidos en Fuerteventura, Lanzarote y Algeciras", El País, 1 de febrero 2002.

[11] Entrevistas de Human Rights Watch con inmigrantes, Las Palmas, 31 de octubre y 1 de noviembre 2001; Entrevista de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001.

[12] Entrevista de Human Rights Watch, Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001.

[13] Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Fuerteventura), 17 de diciembre 2001.

[14] Entrevista de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Las Palmas), Las Palmas, 30 de octubre 2001.

Aunque las condiciones en Lanzarote son mejores a las referidas para el aeropuerto de Fuerteventura en relación a la masificación, se encuentran habitualmente detenidos en Lanzarote cien inmigrantes, a veces 200, en habitaciones de dimensiones similares a las de Fuerteventura. Por el momento hay suficientes camas para todos los detenidos pero el reciente traslado de cuarenta y cinco inmigrantes desde el aeropuerto de Fuerteventura a las instalaciones de Lanzarote levanta serias sospechas de que el gobierno español (o las autoridades regionales) planean desarrollar una estrategia a corto plazo consistente en realojar a los detenidos en instalaciones con las mismas condiciones nefastas aunque menos masificadas en lugar de apuntar a la profunda inadecuación de las actuales instalaciones provisionales de las Islas Canarias. Cruz Roja Española expresó su preocupación respecto a que el traslado de inmigrantes de Fuerteventura a Lanzarote sólo pueda aliviar la masificación de Fuerteventura en un grado muy pequeño, mientras que el aumento del número de detenidos en Lanzarote pudiera empeorar significativamente las ya inadecuadas condiciones de las instalaciones. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Cruz Roja Española, 4 de enero 2002. Ver también Juan Manuel Pardellas, "Canarias exige competencias en inmigración y control de fronteras", El País, 22 de diciembre 2001.

[15] Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Fuerteventura), 17 de diciembre 2001. Ver también Pardellas, "Canarias exige competencias . . . ", El País.

[16] Ver Tomás Bárbulo, "Las pateras se desplazan de Andalucía a Canarias tras el 11 de septiembre", El País, 10 de enero 2002. Algunos expertos defienden la hipótesis de que el aumento en las llegadas a Canarias durante el otoño del 2001 se debe al aumento de control de las rutas que cruzan el Estrecho de Gibraltar hacia las costas de Andalucía después del los ataques del 11 de septiembre del 2001. Idem.

[17] Ver Tomás Bárbulo y Juan Manuel Pardellas, "El PSOE pide un plan de urgencia para la inmigración en Canarias", El País, 11 de enero 2002.

[18] "En busca de un lugar mejor", La Provincia, 27 de enero 2002.

[19] El foro fue creado por el gobierno regional de las Islas Canarias con el propósito de discutir las políticas de inmigración entre los representantes del gobierno central, regional y local y las organizaciones humanitarias y no gubernamentales que trabajan en ámbitos de la inmigración. La sesión del 11 de diciembre 2001 apuntó entre otras cuestiones las condiciones de las instalaciones del aeropuerto así como debatió la idea de la construcción de nuevas instalaciones de detención.

[20] Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Fuerteventura), 17 de diciembre 2001.

[21] Ver Juan Manuel Pardellas, "Los inmigrantes hacinados en Fuerteventura dejan de recibir atención médica" El País, 10 de enero 2002.

[22] Ver Juan Manuel Pardellas, "Canarias exige competencias en inmigración y control de fronteras", El País, Bárbulo y Pardellas, "El PSOE pide un plan de urgencia . . .", El País.

[23] Entrevistas de Human Rights Watch con inmigrantes, Las Palmas, del 29 de octubre al 3 de noviembre 2001; Entrevista de Human Rights Watch a una trabajadora social que previamente trabajó para Cruz Roja Española distribuyendo kits médicos en las instalaciones de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001.

En Lanzarote la ventilación es igual de pobre. Según Cruz Roja Española ninguna de las ventanas del techo puede abrirse y nunca entra aire fresco. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Cruz Roja Española, 4 de enero 2002.

[24] Entrevista de Human Rights Watch, hombre de cuarenta años de Guinea-Bisseau, Las Palmas, 3 de noviembre 2001.

[25] Tomás Bárbulo, "Un aeropuerto convertido en infierno . . .", El País.

En Lanzarote hay entre tres y cuatro retretes. Sin embargo, en base a las entrevistas con inmigrantes llevadas a cabo por Human Rights Watch, se puede asegurar que no existen duchas a las cuales los detenidos tengan un acceso libre. La policía los debe escoltar en grupos a unas instalaciones fuera del edificio cuando éstos solicitan ducharse. Entrevista de Human Rights Watch con siete inmigrantes que estuvieron detenidos en las instalaciones del aeropuerto de Lanzarote, Las Palmas, 3 de noviembre 2001. Cruz Roja Española confirmó estos datos en una entrevista posterior. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Cruz Roja Española, 4 de enero 2002.

[26] Un trabajador social que previamente trabajó en las instalaciones del aeropuerto de Fuerteventura declaró a Human Rights Watch:

No hay suficientes camas. Tienen colchones de espuma para dormir. La idea era que pudiesen cambiar las sábanas cada semana pero en la práctica utilizan las mismas sábanas y mantas durante cuarenta días.

Entrevista de Human Rights Watch, Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001.

[27] Tomás Bárbulo, "Un aeropuerto convertido en infierno . . ." El País, citando a Els van Leemput, trabajador de Cruz Roja Española.

[28] Estos voluntarios han suspendido su trabajo en las instalaciones como protesta ante las condiciones de las instalaciones. Ver el debate anterior (la sección de Masificación).

[29] La atención médica ofrecida por los médicos voluntarios de Cruz Roja a los detenidos en Lanzarote es comparable a la descrita para el caso de Fuerteventura. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Cruz Roja Española, 4 de enero 2002.

[30] En las instalaciones de ambos aeropuertos los inmigrantes tienen tres comidas al día. En Fuerteventura la comida de la mañana consiste en un bocadillo de pan con queso o carne, leche y zumo. La comida de la tarde, la más importante del día, la proporciona el servicio de catering de las compañías aéreas (similares a aquellas que se dan a los pasajeros) y un postre. Y la comida de la noche consiste en otro bocadillo. Tienen agua durante todo el día. Aunque los inmigrantes se quejan de que no les gusta la comida y de que ésta no es fresca, los doctores con los que Human Rights Watch mantuvo entrevistas no consideran que la comida sea de mala calidad. Entrevista de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001; Entrevista telefónica de Human Rights Watch, doctor Pedro Media, 1 de noviembre 2001; Entrevista de Human Rights Watch, doctor Juan Letang, Puerto del Rosario, 1 de noviembre 2001. De todas formas un representante de Cruz Roja Española que trabaja en las instalaciones de Fuerteventura recientemente declaró que la comida es inadecuada y que con frecuencia es distribuida en horarios erráticos. Tomás Bárbulo, "Un aeropuerto convertido en infierno para inmigrantes", El País; Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Cruz Roja Española, 17 de diciembre 2002.

[31] Entrevista de Human Rights Watch, doctor Juan Letang, Puerto del Rosario, 1 de noviembre 2001

[32] Tomás Bárbulo, "Un aeropuerto convertido en infierno . . .", El País.

[33] Entrevista de Human Rights Watch, doctor Juan Letang, Puerto del Rosario, 1 de noviembre 2001.

[34] Cruz Roja Española comentó a Human Rights Watch que los médicos en Lanzarote presentan la misma disconformidad con respecto a las zonas donde deben llevar a cabo las revisiones físicas de los detenidos. La habitación para revisiones es un lugar pequeño (generalmente ocupado por la policía) donde si bien la falta de privacidad debe ser menos seria que en el caso de Fuerteventura, el nivel de higiene no es el apropiado para una clínica médica y también es causa de preocupación. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Cruz Roja Española, 4 de enero 2002.

[35] Entrevista de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001

[36] Entrevista de Human Rights Watch, doctor Juan Letang, Puerto del Rosario, 1 de noviembre 2001.

[37] Nombre ficticio.

[38] Entrevista de Human Rights Watch, Las Palmas, 30 de octubre 2001.

[39] Entrevista de Human Rights Watch con inmigrantes, Las Palmas, 30 de octubre-1 de noviembre 2001. Las instalaciones de Lanzarote son igual de restrictivas. No hay teléfonos públicos y los inmigrantes no pueden recibir visitas o correo. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Cruz Roja Española, 4 de enero 2002. Un abogado de Lanzarote Acoge, la organización no gubernamental más importante que trabaja con inmigrantes en Lanzarote, comentó a Human Rights Watch que, al igual que en Fuerteventura, los abogados y las organizaciones no gubernamentales no pueden visitar las instalaciones del aeropuerto de Lanzarote. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Carmen Steinert, abogada, Lanzarote Acoge, 19 de diciembre 2001.

[40] Entrevista de Human Rights Watch, Carlos Guervós, Subdirector de Inmigración, Ministerio del Interior, Madrid, 12 de noviembre 2001; Entrevista de Human Rights Watch, oficial de la Unidad de Intervención Policial (fuerzas especiales de la policía), Fuerteventura, 1 de noviembre 2001.

[41] Entrevista de Human Rights Watch, CEAR (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001; Entrevista de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001.

[42] Ver ley 8/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social) en combinación con la Sección 2ª (Centros de Internamiento para Extranjeros), Artículo 127(4) del Reglamento de Ejecución de la Ley de Extranjería.

[43] Juan Manuel Pardellas, "Interior devuelve a Marruecos a 200 'sin papeles' retenidos en Fuerteventura", El País, 23 de enero 2002, señalando que el mismo 23 de enero la Guardia Civil había detenido a cien inmigrantes para trasladarlos posteriormente a las instalaciones de Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo a un bebé de nueve meses y a otros seis menores en Fuerteventura y cuatro en Lanzarote.

[44] Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Fuerteventura), 17 de diciembre 2001.

[45] Tomás Bárbulo, "El Gobierno canario rechaza el centro de inmigrantes en un antiguo cuartel de la Legión en Fuerteventura", El País, 19 de diciembre 2001.

[46] La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una de las principales organizaciones de ayuda al refugiados y asilados en España. Tiene siete oficinas repartidas por el territorio, incluyendo una en Las Palmas y otra en Fuerteventura.

[47] Entrevista de Human Rights Watch, CEAR (Fuerteventura) centro de menores, Puerto del Rosario, 1 de noviembre 2001. En relación a la cuestión de la separación del niño de su madre, Human Rights Watch notó durante su visita al centro que éste es un edificio abierto cerca del puerto de Puerto del Rosario donde los niños de todas las edades están mezclados y pueden entrar y salir libremente sin ninguna supervisión relevante.

[48] Entrevista de Human Rights Watch, Pedro Santana, Coordinador, CEAR (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001.

[49] Entrevista de Human Rights Watch, Carlos Guervós, Subdirector de Inmigración, Ministerio del Interior, 12 de noviembre 2001. El Secretario del Estado para la Inmigración (Ministerio del Interior), Enrique Fernández Miranda, fue nombrado en su cargo el 3 de mayo del año 2000. Su función principal es formular políticas en relación a los derechos de los inmigrantes y asilados así como coordinar y promover las actividades relacionadas con este ámbito.

[50] Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Madrid, 5 de noviembre 2001.

[51] Idem.

[52] Entrevista de Human Rights Watch, Madrid, 14 de noviembre 2001.

[53] Entrevista de Human Rights Watch, Carlos Guervós, Subdirector de Inmigración, Ministerio del Interior, 12 de noviembre 2001; Entrevista de Human Rights Watch, Manuel Prieto, Director de la Oficina de Extranjeros y Documentación, José García Santalla, Jefe de la Unidad Central para Extranjería (Oficina de Extranjeros y Documentación) y  José Ramón Pérez García, Jefe de Estadísticas, Policía Nacional (en el Ministerio del Interior), 14 de noviembre 2001. Ver también la nota 2 de este informe.

[54]Idem.

[55] El término español para la detención prolongada (hasta cuarenta días) de inmigrantes que esperan el procesamiento de sus órdenes de expulsión y/o deportación es internamiento. Human Rights Watch utiliza el término orden judicial de detención y detención prolongada en lugar de "internamiento" a lo largo de este informe. La detención de los inmigrantes en las comisarías de la policía es una cuestión diferente a las órdenes judiciales de detención o a la detención prolongada y es señalada únicamente en la primera parte de la presente sección.

[56] Entrevista de Human Rights Watch, Las Palmas, 3 de noviembre 2001.

[57] Entrevista de Human Rights Watch, un inmigrante de veintidós años proveniente de Sierra Leona, Las Palmas, 3 de noviembre 2001.

[58] Nombre ficticio.

[59] Entrevista de Human Rights Watch, Las Palmas, 3 de noviembre 2001.

[60] Artículo 22(1) de la Ley 8/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social) establece:

Los extranjeros que se hallen en España y que carezcan de recursos económicos suficientes según los criterios establecidos en la normativa de asistencia jurídica gratuita tienen derecho a ésta en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, a su devolución o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia de asilo. Además, tendrán derecho a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice.

Ver también la Sección 5ª, Artículo 137(2) y 138(2) del Reglamento.

[61] Artículo 62 de la Ley 8/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social) en combinación con la Sección 2ª (Centro de Internamiento para Extranjeros), Artículo 127(1) del Reglamento.

[62] En España existen seis "centros de internamiento" para extranjeros. Estos centros se encuentran regulados por una ley especial relativa a los centros de internamiento y son equivalentes a las instalaciones administrativas de internamiento en otros países. En este informe se hará referencia a ellos como centros de internamiento.

[63] Artículo 63(2) de la Ley 4/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social) enmendada por la ley 8/2000 en combinación con la Sección 2ª (Centros de Internamiento para Extranjeros), artículo 127 (7) del Reglamento. Ver también la ley española sobre Centros de Internamiento (publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) Nº 47, p. 7681-7688, 24 de febrero 1999).

[64] Artículo 62 de la Ley 4/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social) enmendada por la Ley 8/2000 en combinación con la Sección 2ª (Centros de Internamiento para Extranjeros), Artículo 129 del Reglamento. Ver también la ley española sobre Centros de Internamiento (publicada en el BOE, Nº 47, p. 7681-7688, 24 de febrero 1999).

[65]  Ver la sección de Criterios europeos e internacionales.

[66] Nombre ficticio.

[67] Entrevista de Human Rights Watch, Las Palmas, 3 de noviembre 2001.

[68] Entrevista de Human Rights Watch, Las Palmas, 3 de noviembre 2001.

[69] Nombre ficticio.

[70] Entrevista de Human Rights Watch, Las Palmas, 3 de noviembre 2001.

[71] Cada provincia en España tiene un Colegio de Abogados que proporciona asistencia jurídica pro bono, gratuita, a los inmigrantes tal como está requerido en la ley española. Dentro del Colegio hay algunos abogados que comparten la prestación de estos servicios de una forma rotativa. En Fuerteventura, por ejemplo, hay dieciséis abogados que proporcionan asistencia jurídica pro bono a los inmigrantes que llegan. Los turnos son cada dieciséis días y cuando están de servicio son responsables de la asistencia jurídica de todos los inmigrantes que llegan ese día independientemente del número que sean.

[72] En las Islas Canarias la mayoría de las órdenes de deportación se establecen de tal forma que las deportaciones pueden realizarse tanto por el proceso de retorno como de devolución, dos formas de deportación identificadas en la última ley de extranjería en España. El retorno se puede aplicar a los inmigrantes que se considera aún no han entrado en territorio español (como los inmigrantes en aeropuertos) mientras que la devolución es aplicable a los inmigrantes sorprendidos entrando ilegalmente a España o que ya habían sido expulsados previamente de España mediante una orden de expulsión. Ver los Artículos 58 y 60 de la Ley 8/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social) en combinación con la Sección 5a, Artículos 137 y 138 del Reglamento.

[73] Entrevista de Human Rights Watch, Las Palmas, 29 de octubre 2001.

[74] Nombre ficticio.

[75] Entrevista de Human Rights Watch, Las Palmas, 30 de octubre 2001.

[76] Nombre ficticio.

[77] Entrevista de Human Rights Watch, Las Palmas, 3 de noviembre 2001.

[78] Nombre ficticio.

[79] Entrevista de Human Rights Watch, Las Palmas, 3 de noviembre 2001.

[80] Nombre ficticio.

[81] Entrevista de Human Rights Watch, Las Palmas, 3 de noviembre 2001.

[82] Nombre ficticio.

[83] Entrevista de Human Rights Watch, Las Palmas, 3 de noviembre 2001.

[84] Artículo 22(1) de la Ley 8/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social).

[85] Entrevista de Human Rights Watch, Manuel Prieto, Director de la Oficina de Extranjeros y Documentación, José García Santalla, Jefe de la Unidad Central para Extranjería, y José Ramón Pérez García, Jefe de Estadísticas, Policía Nacional, Madrid, 14 de noviembre 2001.

[86] Entrevista de Human Rights Watch, abogado del Colegio de Abogados (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 30 de octubre 2001.

[87] Idem.

[88] Ver Artículo 63(2) de la Ley 4/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social) enmendada por la Ley 8/2000 en combinación con la Sección 2ª (Centros de Internamiento para Extranjeros), Artículo 128(1) del Reglamento. Ver también la ley española sobre Centros de Internamiento (publicada en el BOE, Nº 47, p. 7681-7688, 24 de febrero 1999). Aunque las instalaciones del aeropuerto no son "centros de internamiento" tal como los describe la ley, está claro que la intención al redactar una guía de normas legales para el funcionamiento de los centros de internamiento era la de asegurar un mínimo proceso de protección a los inmigrantes que se encuentren detenidos mientras aguardan el procesamiento de sus órdenes de expulsión o su deportación. Entrevista de Human Rights Watch, Colegio de Abogados (Madrid), Madrid, 24 de octubre 2001. La detención en centros ad hoc como pueden ser aquellos de los aeropuertos de Fuerteventura y Lanzarote y que se encuentra limitada por el período de cuarenta días establecido en la ley para los centros de internamiento oficiales (detención prolongada) y frecuentemente compaginada con la detención en uno de estos centros de detención oficial, debe ser protegida por las mismas garantías establecidas en la ley española de centros de internamiento.

[89] Idem.

[90] En 1985 cinco estados europeos (Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, y Holanda) firmaron un acuerdo creando una zona de libre circulación (sin fronteras) con fronteras exteriores. Un acuerdo posterior, que fue firmado el 19 de enero de 1990 y entró en vigor en 1995, abolió las fronteras interiores entre los estados firmantes y creó una frontera única exterior donde los controles de inmigración se realizan bajo un mismo conjunto de normas comunes. A finales de la década de los 90 este espacio denominado Schengen (en razón a la ciudad en la cual el acuerdo fue cerrado) se extendió hasta incluir a todos los estados de la Unión Europea, con excepción del Reino Unido e Irlanda. Una de las principales características del sistema Schengen es la creación de una red que permite a todas oficinas de policía y agentes consulares de los países miembros del espacio Schengen acceder a la misma base de datos. El hecho de ser incorporado al Sistema Schengen de Información (SIS) por causas como el rechazo de entrada al territorio o la iniciación de una orden de expulsión de un estado miembro limita de forma rotunda la futura entrada de esas personas a cualquier estado del espacio Schengen. Para mayor información: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l33020.htm, (acceso el 6 de febrero 2002).

[91] Ver Artículo 58(2) de la Ley 8/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social).

[92] Como ya se mencionó anteriormente, la devolución también alude a la deportación de inmigrantes que hayan sido previamente expulsados de España mediante una orden de expulsión. Ver Artículo 58 de la ley 8/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social) en combinación con la Sección 5ª, Artículo 138 del Reglamento.

[93] Auto del Juzgado de Instrucción número cinco, Algeciras, 31 de agosto 2001. Según José Luis Rodíguez, abogado y presidente de Andalucía Acoge, una organización española que ofrece la ayuda jurídica a los inmigrantes, el auto del juzgado es aplicable por toda España. Entrevista telefónica de Human Rights Watch, José Luis Rodíguez, 6 de febrero 2002.

[94] Auto del Juzgado de Instrucción número cinco, Algeciras, 31 de agosto 2001. Entrevista de Human Rights Watch, Carlos Guervós, Subdirector de Inmigración, Ministerio del Interior, Madrid, 12 de noviembre 2001; Entrevista telefónica de Human Rights Watch, José Luis Rodríguez, Presidente de Andalucía Acoge y abogado para los inmigrantes del Centro de Internamiento de Málaga, Madrid, 11 de octubre 2001; Entrevista de Human Rights Watch, Cristina Olmedo, Red Acoge (departamento jurídico), Madrid, 11 de octubre 2001; Entrevista de Human Rights Watch, Rafael González, abogado para los inmigrantes en el Centro de Internamiento de Málaga, 22 de octubre 2001; Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Carlos Alava, Director Jurídico, Médicos Sin Fronteras, 18 de enero 2002. Ver también el Artículo 58(5) de la Ley 8/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social).

Nótese que los inmigrantes detenidos sobre la base del retorno, diferente que la devolución, también son internados si tras setenta y dos horas un juez lo autoriza. Ver Artículo 60 de la ley 8/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social). Aunque algunas autoridades de las Islas Canarias argumentan que la devolución debe ser vista como retorno con objeto de poder legitimar la detención de los inmigrantes tras el período inicial de setenta y dos horas, tanto los jueces como los abogados trabajando en las islas han expresado su desacuerdo con esta interpretación; Entrevista de Human Rights Watch, CEAR (Las Palmas), Las Palmas, 2 de noviembre 2001.

[95] Entrevista de Human Rights Watch con inmigrantes, Las Palmas, 29 de octubre-3 de noviembre 2001.

[96] Informe Anual del Defensor del Pueblo presentado ante el Parlamento Español el 8 de octubre del 2001, Sección 3.1.2.4, p. 65-66. El informe del Defensor del Pueblo explica que la iniciación del proceso de expulsión (que resulta en una orden de expulsión) actuaría como una forma de doble sanción para un acto y que para muchos de estos inmigrantes la orden de expulsión nunca tendría que comenzarse ya que tiene "[e]ntonces como único efecto práctico el de obstruir la regularización de estas personas por la apropiada vía administrativa autorizada, llevándolos a la marginación en la sociedad". Idem.

[97] El 2 de septiembre del 2001 el Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras liberó a treinta y un nigerianos que habían estado detenidos en el Centro de Internamiento de los Capuchinos (Málaga) durante catorce días. Leonor García, "Un auto judicial admite que es illegal encerrar a inmigrantes de pateras", El País, 2 de septiembre 2001.

[98] Ver Artículo 62(2) de la Ley 8/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social) que establece "La decisión judicial autorizándolo [detención prolongada o "internamiento"], a la luz de las circunstancias presentes en cada caso, debe establecer un periodo máximo de internamiento [detención] con una duración inferior a la anteriormente citada. "  Ver también entrevista telefónica de Human Rights Watch, Blanca Ruiz, Coordinadora, Red Acoge, 23 de enero 2002; Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Raúl Báez, abogado, 18 de enero 2002; Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Carlos Alava, Director Jurídico, Médicos Sin Fronteras, 18 de enero 2002.

[99] Entrevista de Human Rights Watch, Cruz Roja Española, Las Palmas, 30 de octubre 2001; Entrevista de Human Rights Watch, CEAR (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001; Entrevista de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001.

[100] Entrevista de Human Rights Watch, Manuel Prieto, Director de la Oficina de Extranjeros y Documentación, José García Santalla, Jefe de la Unidad Central para Extranjería, y José Ramón Pérez García, Jefe de Estadísticas, Policía Nacional, 14 de noviembre 2001.

[101] Idem.

[102] Idem.

[103] Idem.

[104] Artículo 62 de la Ley 8/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social) en combinación con la Sección 2ª (Centros de internamiento para extranjeros), Artículo 127 del Reglamento.

[105] Idem, Artículo 62(2).

[106] Entrevista de Human Rights Watch con siete inmigrantes que estuvieron detenidos en las instalaciones del aeropuerto de Lanzarote, Las Palmas, 3 de noviembre 2001.

[107] Entrevista de Human Rights Watch, abogado del Colegio de Abogados (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 30 de octubre 2001.

[108] Entrevista de Human Rights Watch a un inmigrante de Sierra Leona, Madrid, 27 de octubre 2001; Entrevista de Human Rights Watch con inmigrantes, Las Palmas, 29-30 de octubre 2001; Entrevista de Human Rights Watch con inmigrantes, Las Palmas, 3 de noviembre 2001.

[109] Entrevista de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Las Palmas) y CEAR (abogado en la oficina de Las Palmas), Las Palmas, 30 de octubre 2001; Entrevista de Human Rights Watch, Carlos Guervós, Subdirector de Inmigración, Ministerio del Interior, Madrid, 12 de noviembre 2001; Entrevista de Human Rights Watch, Manuel Prieto, Director de la Oficina de Extranjeros y Documentación, José García Santalla, Jefe de la Unidad Central para Extranjería, y  José Ramón Pérez García, Jefe de Estadísticas, Policía Nacional, 14 de noviembre 2001.

[110] Entrevista de Human Rights Watch a un inmigrante de veintinueve años originario de Costa de Marfil, Las Palmas, 3 de noviembre 2001. Este hombre llegó a Fuerteventura en patera con otros treinta inmigrantes; todos llegaron a la costa donde la Guardia Civil los arrestó y los traspasó a la custodia de la Policía Nacional. Después de veintiocho días aquellos que no habían sido deportados desde las instalaciones del aeropuerto, fueron transferidos al Centro de Internamiento en Las Palmas donde permanecieron otros once días.

[111] Inmigrantes y representantes de ONGs también indicaron que se realizaron algunos pocos vuelos a Camerún y Senegal, pero que estos vuelos son mucho más extraños. Entrevistas de Human Rights Watch con inmigrantes, Las Palmas, 29 de octubre-3 de noviembre 2001; Entrevistas de Human Rights Watch, Cruz Roja Española, Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001; Entrevistas de Human Rights Watch, CEAR (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001.

[112] Personal de la oficina local de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Fuerteventura reiteró su preocupación ante estas cuestiones declarando que temen que legítimos peticionarios de asilo se vean incapacitados de demandarlo en la policía o en las instalaciones del aeropuerto en Fuerteventura. Entrevista de Human Rights Watch, Pedro Santana, Coordinador, e Itziar Díaz Soloaga, abogada, CEAR (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001.

[113] Ley española 9/1994 (19 de marzo) (publicada en el BOE, Nº 122 y 131, 27 de marzo 1984 y 6 de junio 1994); enmendando por la Ley 5/1984 (26 de marzo); Regulación de Estatuto de Refugiado y del Derecho al Asilo, capítulo dos, Artículo 4 (1); Decreto Real 203/1995 (10 de febrero) aprobando la implementación de la Regulación [a partir de ahora "Decreto de Implementación"] de la Ley 5/1984 (26 de marzo) regulando el Estatuto de Refugiado y el Derecho al Asilo, enmendado por la Ley 9/1994 (16 de mayo) (publicada en el BOE Nº 52, 2 de marzo 1995), Artículo 8(4) (solicitud hecha en territorio español) y 19(2) (solicitud hecha en frontera); Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Libro para los Procedimientos y Criterios en la Determinación del Estatuto de Refugiado, (Ginebra, ACNUR, 1992). El Libro para los Procedimientos y Criterios en la Determinación del Estatuto de Refugiadofue escrito para proporcionar una guía a los gobernantes a la hora de llevar a cabo procedimientos de asilo. Ver las Conclusiones de la Comisión Ejecutiva del Programa del Alto Comisionado Nº 8 (1977), párrafo 53.6 (lista de los requerimientos básicos para los procesos de determinación del estatuto de refugiado sobre el que Libro para los Procedimientos y Criterios en la Determinación del Estatuto de Refugiado se basó).

[114] Decreto de Implementación de la Ley 5/1984 (26 de marzo) regulando el Estatuto de Refugiado y el Derecho al Asilo, enmendada por la Ley 9/1994 (16 de mayo), Sección 1, Artículo 5(1) estipula que:

La Administración en colaboración con el ACNUR y las organizaciones no gubernamentales que persiguen los objetivos de proporcionar ayuda a los refugiados, deben producir un folleto en varias lenguas con toda la información útil para los demandantes de asilo. Este documento deberá estar disponible en cualquiera de los organismos gubernamentales mencionadas en el artículo 4 antes citados [que incluye puntos fronterizos y comisarías provinciales y de distrito] y debe ser entregado a los demandantes de asilo cuando éstos realizan su solicitud, con el fin de que puedan contactar con aquellas organizaciones que consideren necesario.

[115] Entrevista de Human Rights Watch, un hombre de treinta y cinco años de Sierra Leona, Madrid, 27 de octubre 2001.

[116] Nombre ficticio.

[117] Entrevista de Human Rights Watch, Las Palmas, 3 de noviembre 2001.

[118] Nombre ficticio.

        [119] Entrevista de Human Rights Watch, Las Palmas, 30 de octubre 2001.

[120] Ley española 9/1994 (19 de marzo) (publicada en el BOE, Nº 122 y 131, 27 de marzo 1984 y 6 de junio 1994);  enmendanda por la Ley 5/1984 (26 de marzo); Regulación del Estatuto de Refugiado y el Derecho de Asilo, capítulo dos, Artículo 4(1) en combinación con la Sección 1, Artículo 7(1) del Decreto de Implementación de la ley 5/1984 (26 de marzo) regulando el Estatuto de Refugiado y el Derecho de Asilo, enmendado por la Ley 9/1994 (16 de mayo).

[121] Entrevista de Human Rights Watch, abogado del Colegio de Abogados (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 30 de octubre 2001.

[122] Nota del International Protection, Refugee Survey Quarterly, Volumen 18:2, 1999, 88-101, p. 88,  párrafo 18.

[123] Ver Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR, Conclusión 15(i), (1977).

[124] Decreto de Implementación de la Ley 5/1984 (26 de marzo) regulando el Estatuto de Refugiado y el Derecho de Asilo, enmendado por la Ley 9/1994 (16 de mayo), Artículo 7(2), citando Artículo 5(6)(d) de la Ley 5/1984 regulando el estatuto de refugiado y el derecho de asilo.

[125] El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Principios Revisados sobre Criterios Aplicables y Normas Relatives a la Detención de Solicitantes de Asilo, Ginebra, febrero 1999.

[126] Entrevista de Human Rights Watch, abogado del Colegio de Abogados (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001.

[127] Entrevista de Human Rights Watch, Coordinador, Pedro Santana, CEAR (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001. Cruz Roja Española también expresó su preocupación ante la posibilidad de que potenciales demandantes de asilo sean enviados de vuelta a sus países de origen mediante el retorno, la devolución u órdenes de expulsión antes de que su petición de asilo pueda ser oída o procesada. También nos comentó que la policía percibe a la organización como estimulando a los inmigrantes a que soliciten asilo debido a la información acerca de sus derechos para pedir asilo que ésta les proporcionan; en consecuencia la policía no cree que los inmigrantes solicitantes de asilo sean legítimos demandantes. En este sentido Cruz Roja Española también comentó a Human Rights Watch que de hecho numerosos inmigrantes desean solicitar asilo pero tienen miedo de decirlo a la policía o no son capaces de "decir la palabra mágica que hace que el proceso empiece a funcionar: refugiado". Entrevista telefónica de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Las Palmas), 4 de enero 2002.

[128] Entrevista de Human Rights Watch, abogado del Colegio de Abogados (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001.

[129] Ley española 9/1994 (19 de marzo) (publicada en el BOE, Nº 122 y 131, 27 de marzo 1984 y 6 de junio 1994);  enmendanda por la Ley 5/1984 (26 de marzo); Regulación del Estatuto de Refugiado y el Derecho de Asilo, capítulo dos, Artículo 5(1), Consecuencias de la petición de asilo"; Ver también Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR Conclusión Nº. 8 para la Determinación del Estatuto de Refugiado, 1977, la cual establece que el solicitante puede permanecer en el país si se encuentra pendiente de la decisión sobre su demanda inicial o de un recurso a este respecto. La deportación de un solicitante de asilo sin una consideración global de su solicitud puede constituir una exclusión al acceso al sistema de asilo de forma completa y justa, lo que está prohibido en el artículo 33 de la Convención del Refugiado, artículo 3 de la Convenio Europeo de Derechos Humanos y artículo 3 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Ver la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950), Artículo 3; Convención contra la Tortura y otro tipo de Pena o Trato Cruel, Inhumano o Degradante (1987), Artículo 3.

[130] Decreto de Implementación de la Ley 5/1984 regulando el estatuto de Refugiado y el Derecho al Asilo, enmendada por la Ley 9/1994 (16 de mayo), Artículo 7(2), citando la Ley 5/1984 Artículo 5(6)(d), 11 y 13.

[131] Entrevista de Human Rights Watch, abogado del Colegio de Abogados (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 30 de octubre 2001.

[132] Entrevista de Human Rights Watch, Pedro Santana, Coordinador, y Itziar Díaz Soloaga, abogada, CEAR  (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001; Entrevista de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001.

[133] Idem.

[134] Entrevista de Human Rights Watch, Cruz Roja Española (Fuerteventura), Puerto del Rosario, 31 de octubre 2001.

[135] Decreto de Implementación de la Ley 5/1984 (26 de marzo) regulando el Estatuto de Refugiado y el Derecho de Asilo, enmendada por la Ley 9/1994 (16 de mayo), Sección 1, Artículos 8(3) y 9(1).

[136] Idem. Ver también Convención del Refugiado, Artículo 1(a) y 31. El artículo 31 prohibe a los estados penalizar a los solicitantes de asilo por el mero hecho de haber entrado al país sin, por ejemplo, la documentación necesaria. Las penas que imponen los estados pueden incluir la detención; el rechazo en frontera o consecuencias negativas en la solicitud de asilo.

[137]Convención del Refugiado, Artículo 1 (a). Ver también Consejo Europeo sobe Refugiados y Exilados, Posición sobre la Interpretación del Artículo 1 de la Convención del Refugiado, septiembre 2000, el cual se puede encontrar en inglés en: http://www.ecre.org/positions/csrinter.shtml, (acceso el 5 de febrero 2002)

[138] El ACNUR (España) posee sólo una sede, en Madrid, pero desarrolla investigaciones y misiones en otras partes del país cuando esto se considera necesario y disponen del presupuesto requerido. Entrevista de Human Rights Watch, ACNUR (España), Madrid, 24 de octubre 2001; Entrevista telefónica de Human Rights Watch, ACNUR (España), 15 de enero 2002.

[139] Entrevista de Human Rights Watch, Carlos Báez Evertsz, Jefe del Departamento de Documentación, Oficina de Asilo y Refugio, Ministerio del Interior, 25 de octubre 2001.

[140] Idem.

[141] Idem.

[142] Adoptada el 30 de agosto de 1955 en el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes, Resolución 663 (julio 1957) y 2076 (mayo 1977).

[143] Consejo de Europa, Comité de Recomendaciones Ministeriales Nº R (87)3, adoptado el 12 de febrero de 1987.

[144] Según Nigel Rodley, antiguo Relator Especial sobre la Cuestión de la Tortura de Naciones Unidas y actualmente miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas:

Aunque no todas las normas se constituyen en una obligación legal, se presenta como una cuestión razonablemente clara que las Normas de Criterios Mínimas pueden proporcionar una guía en la interpretación de las normas generales contra el trato y el castigo cruel, inhumano o degradante. En consecuencia, el incumplimiento serio de alguna de estas normas o el incumplimiento generalizado de otras puede resultar en un nivel de maltrato suficiente como para constituir una violación general de la norma. Las Normas de Criterio Mínimas proporcionan una guía similar en la interpretación de las exigencias generales de la Convención artículo 10(1) sobre trato humano y respetuoso para la condición humana. . .

Nigel Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, Oxford University Press, Nueva York, 1987, p. 222. España ratificó la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas.

[145] Comentario General Nº 15 en "La Posición de los Extranjeros bajo el Convenio" en Instrumentos de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Compilación de Comentarios y Recomendaciones Generales adoptadas por la Sección de tratados de Derechos Humanos, HRI/GEN/1/Rev4, 7 de febrero 2000, p. 98, párrafo 7.

[146] Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Dougoz contra Grecia, 40907/98, 6 de marzo 2001.

[147] Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 9 y Corte Europea de Derechos Humanos artículo 5 garantizan los derechos de libertad y seguridad de la persona así como proporciona a todas las personas privadas de su libertad, entre otras cosas, la posibilidad efectiva de apelar la falta de legalidad de su detención ante un juzgado. En su Comentario General Nº 8 el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos interpreta el artículo 9 de Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de forma que incluye "toda privación de libertad, sean casos criminales u otros casos como…el control de la inmigración". Instrumentos de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Compilación de Comentarios y Recomendaciones Generales adoptadas por la Sección de tratados de Derechos Humanos, HRI/GEN/1/Rev4, 7 de febrero 2000, p. 88, párrafo 1. La Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que los inmigrantes detenidos gozan de las garantías procesuales básicas recogidas en Corte Europea de Derechos Humanos artículo 5, que incluye el derecho a la revisión efectiva de la legalidad de la detención por un juzgado. Ver Dougoz contra Grecia, 40907/98, 6 de marzo 2001.

[148] Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, resolución 43/173, 9 de diciembre 1988.

[149] Ver la ley Nº 8/2000 (Sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social) en combinación con la Sección 2ª (Centros de Internamiento para Extranjeros), Artículo 127-132 del Reglamento.

[150] Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, E/CN.4/2000/4, 28 de diciembre 1999, Anexo II, Deliberación Nº 5, "Situación relativa a los Inmigrantes y solicitantes de Asilo", el cual se puede encontrar en:  , (acceso el 6 de febrero 2002).

[151] Convención de los Derechos del Niño, Artículo 3(1), G.A. Res.44/25, documento de Naciones Unidas, A/RES/44/25 (adoptada el 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor el 2 de septiembre 1990).

[152] Convención, Artículo 9(1).

[153] Convención, Artículo 20(1).

[154] Convención, Artículo 37.

[155] Convención, Artículo 3.

[156] Convención del Refugiado, Artículo 33.

[157] Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Libro para los Procedimientos y Criterios para Determinar el Estatus de Refugiado bajo la Convención de 1951 y el Protocolo sobre Refugiados de 1967, HCR/IP/Eng/Rev.1, Ginebra, enero 1992, p. 31.

[158] El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Principios Revisados sobre Criterios Aplicables y Normas Relativas a la Detención de Solicitantes de Asilo, Ginebra, febrero 1999.

[159] Idem.

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