human rights watch | colombia — IIª certificación de derechos humanos

A. El Centro de Coordinación para la Lucha contra los Grupos de Autodefensa hará público un plan global que esté financiado íntegramente e incluya una estrategia a largo plazo y políticamente factible dirigida a desarticular grupos paramilitares y a ejecutar órdenes de arresto relevantes.

B. Los Estados Unidos obtendrán una lista con los nombres de los dirigentes y miembros de grupos paramilitares que hayan sido procesados, detenidos y enjuiciados desde agosto de 1997, y una descripción de las acusaciones y de la situación procesal de los casos. La Embajada de EEUU deberá poner al día esta información cada tres meses y distribuirla con prontitud entre los comités del Congreso y los grupos de derechos humanos incluidos en el proceso de consultas requerido por la certificación. Se incluirán los casos nuevos y la evolución de los casos pendientes, con un énfasis particular en si las fuerzas armadas están adoptando medidas concretas para ejecutar las órdenes de arresto o no. La información sobre la ejecución de las órdenes de arresto será clasificada según las distintas unidades de las fuerzas de seguridad a que aquellas remitan.

C. Los Estados Unidos obtendrán una lista con los nombres y rango del personal de las fuerzas armadas colombianas que han sido llevados ante la justicia en los tribunales civiles desde agosto de 1997 por colaborar o instigar a los grupos paramilitares, incluyendo una descripción de las acusaciones y situación de los casos. La embajada de EEUU deberá poner al día esta información cada tres meses y distribuirla con prontitud entre los comités del Congreso y los grupos de derechos humanos incluidos en el proceso de consultas requerido por la certificación. Se incluirán los casos nuevos y la evolución de los casos pendientes, con un énfasis particular en si las fuerzas armadas están cooperando en la ejecución de las órdenes de arresto o no. La información sobre la ejecución de las órdenes de arresto será clasificada según las distintas unidades de las fuerzas de seguridad a que aquellas remitan.

D. Los Estados Unidos exigirán la investigación y, si procede, el arresto y procesamiento ante los tribunales civiles del personal militar que sigue. A pesar de denuncias bien fundadas sobre su participación en violaciones graves de los derechos humanos y/ apoyo a las actividades paramilitares, todavía no han sido investigados ni enjuiciados por la jurisdicción civil:

General (ret.) Fernando Millán, ex Comandante, Quinta Brigada: El Fiscal General abrió una investigación al General Millán basándose en indicios que indicaban que había organizado Las Colonias CONVIVIR en Lebrija, Santander, mientras estaba al mando de la Quinta Brigada. De acuerdo con el testimonio de antiguos miembros, Las Colonias CONVIVIR operaron durante todo el año 1997 sin autorización pero con el apoyo del ejército. Según residentes y familiares de las víctimas, el grupo perpetró al menos quince asesinatos selectivos con anterioridad a que el director, "Comandante Cañón", un oficial del ejército retirado, y un empleado que había contratado fueran detenidos y procesados en aplicación del Decreto 1194, que prohibe la formación de grupos paramilitares. Entre los casos actualmente bajo investigación en la Fiscalía General está el asesinato de dos protestantes, los hermanos Oscar y Armando Beltrán Correa, capturados por Las Colonias CONVIVIR cuando se dirigían al trabajo el 29 de julio de 1997 y asesinados en la carretera que une Lebrija y la aldea La Puente. Según parece, CONVIVIR los acusaba de pasar información a la guerrilla. El 4 de septiembre de 1997, Leonardo y José Manuel Cadena, padre e hijo, fueron sacados a la fuerza de su casa por miembros de CONVIVIR y asesinados, aparentemente acusados por CONVIVIR de llevar comida a las guerrillas, de acuerdo con el testimonio prestado por miembros de su familia ante la Fiscalía General. Según un antiguo miembro de CONVIVIR que también era informante del ejército, durante los meses en que funcionó, Las Colonia CONVIVIR tomó parte con frecuencia en operaciones con unidades del ejército, estableciendo controles de carreteras y arrestando a sospechosos de participar en actividades guerrilleras y delictivas. Cuando la Fiscalía General investigó el caso, el alto mando del ejército impidió a los fiscales tomar declaración a Millán y después alegó incompetencia de jurisdicción basándose en que al estar Millán en servicio activo y cumpliendo sus obligaciones en el momento de los hechos, la competencia en su caso correspondía a los tribunales militares. En cumplimiento de una sentencia de la CSJ, el caso el caso fue trasladado a la jurisdicción militar en octubre de 1998. El fiscal asignado a la investigación de la masacre de 11 personas en mayo de 1998 en Barrancabermeja huyó del país tras ser amenazado por el General Millán, entonces al mando de la Quinta Brigada. Nueve miembros del ejército y la policía fueron disciplinados en conexión con esta masacre, pero no se ha producido ningún procesamiento ante la jurisdicción civil. El General Millán no ha sido llevado tampoco ante la jurisdicción civil.
General (ret.) Jaime Uscátegui, Séptima Brigada: Docenas de civiles fueron asesinados por los paramilitares y cientos se vieron obligados a huir para salvar sus vidas en Mapiripán, Meta, en julio de 1997. Durante cinco días, los paramilitares actuando con el apoyo de residentes detenidos por el ejército y gente llegada en barco, les llevaron al matadero local, les ataron, torturaron y ejecutaron a degüello. Las unidades del ejército y la policía ignoraron las llamadas telefónicas de un juez civil de la zona pidiendo ayuda para poner fin a la matanza. Al menos dos de los cuerpos, los de Sinaí Blanco, barquero, y Ronald Valencia, encargado de la pista de despegue, estaban decapitados. El juez Leonardo Iván Cortés informó haber oído los gritos de la gente que había sido llevada al matadero para ser interrogado, torturada y ejecutada. En una de las cartas que envió a varias autoridades regionales durante la masacre, escribía: "cada noche matan grupos de cinco o seis personas indefensas. Quienes son cruel y monstruosamente masacradas después de ser torturadas. Se oyen los gritos de esta gente humilde, suplicando clemencia y pidiendo ayuda". Cientos de personas huyeron de la región, incluyendo el juez Cortés, que se vio obligado a dejar Colombia con su familia a consecuencia de las amenazas contra su vida. Las investigaciones posteriores revelaron que tropas bajo el mando de Uscátegui, entonces al frente de la Séptima Brigada, asistieron a los paramilitares a su llegada al aeropuerto más cercano y se aseguraron que las tropas con capacidad de combatir a los paramilitares en otras partes tomaran parte también. Con la intención de ocultar su responsabilidad, Uscátegui intentó falsificar los documentos que informaban de la masacre. Como consecuencia de una investigación interna, el ejército trasladó a Uscátegui al servicio administrativo por no haber actuado con diligencia poniendo fin a la masacre y arrestando a los responsables. Sin embargo, la CSJ estableció más tarde que se trataba de un caso de "omisión" y que debía ser llevado ante los tribunales militares. Más adelante Uscátegui se retiró y sigue sin ser procesado en la jurisdicción civil por sus supuestos crímenes. Con posterioridad, el ejército reabrió el caso y anunció que Uscátegui sería llevado ante un "consejo de guerra" acusado de "homicidio", "prevaricación por omisión" y "falsedad en documento" por la masacre de Mapiripán. Uscátegui ha sido detenido de nuevo y está retenido en la Tercera Brigada.
General (ret.) Alberto Bravo Silva, Comandante, Quinta Brigada: Según el Defensor del Pueblo de Colombia, el 29 de mayo de 1999, los paramilitares mataron al menos a veinte personas y secuestraron a quince en La Gabarra (Norte de Santander). El General Bravo fue repetidamente informado de las amenazas y subsecuentes masacres, pero no actuó para prevenirlas o perseguir eficazmente a los perpetradores una vez las masacres habían tenido lugar. Fue retirado del servicio, pero no enjuiciado ante los tribunales civiles por sus supuestas actividades de colaboración e instigación de esta atrocidad.
General (ret.) Rito Alejo del Río, Decimoséptima Brigada: El Fiscal General abrió una investigación en 1998 a Del Río por apoyar y tolerar las actividades de los paramilitares en la región de Urabá en 1996 y 1997 mientras estaba al mando de la Decimoséptima Brigada. De acuerdo con informes elaborados por el Coronel retirado Carlos Velásquez, su jefe de estado mayor, para sus superiores en 1996, Del Río apoyaba a los paramilitares de Urabá y mantenía relaciones con un mayor del ejército retirado que trabajaba para los paramilitares. Lejos de conducir a una seria investigación de Del Río, los informes provocaron una investigación de Velásquez por el ejército, aparentemente para silenciarlo. La investigación del ejército terminó recomendando, no que el General Del Río, que más tarde fue promocionado, fuera castigado, sino que el Coronel Velásques fuera disciplinado por "insubordinación y [actos] contra el servicio y el espíritu del cuerpo". Velásquez fue obligado a retirarse el 1 de enero de 1997.
Según indican informes de prensa, el Fiscal General abrió una investigación en agosto del 2000 contra los Generales Del Río y Fernando Millán. De acuerdo con estos informes, los fiscales les acusaban de haber intentado presentar testigos falsos ante el Fiscal General para que declararan que un prominente sindicalista y un defensor de los derechos humanos habían pagado a testigos para que denunciaran a Del Río y Millán por vínculos con los paramilitares. Estos informes indican que el Fiscal General cree que, de hecho, un "informante" del ejército coaligado con Del Río y Millán pagó a estos testigos para que mintieran a las autoridades.
General (ret.) Farouk Yanine Díaz: El General Yanine fue arrestado en octubre de 1996 por supuesta complicidad en la masacre de diecinueve comerciantes en la región del Magdalena Medio en 1987. Testigos presenciales, incluyendo un oficial del ejército, declararon que Yanine apoyó a los paramilitares que habían llevado a cabo la masacre y que operaban en la zona desde 1984, cuando él estaba al mando de la Decimocuarta Brigada en Puerto Berrio. El jefe paramilitar también declaró que el General Yanine le había pagado una suma importante por llevar a cabo la matanza. Supuestamente,Yanine también proporcionó a los paramilitares la inteligencia necesaria para interceptar a las víctimas. A pesar de la pruebas abundantes, el General Manuel José Bonnet, entonces jefe del ejército, cerró el caso por supuesta falta de pruebas. La Procuraduría apeló la decisión argumentando que "pruebas presentadas contra Yanine Díaz no habían sido tomadas en cuenta…[la sentencia] se aparta protuberantemente de las pruebas que aparecen en el proceso". El Departamento de Estado expresó su preocupación por la absolución decretada el 1 de julio de 1997.
General Rodrigo Quiñones, Comandante, Primera Brigada Naval: Investigadores del gobierno de Colombia vinculan a Quiñones con, al menos, cincuenta y siete asesinatos de sindicalistas, trabajadores de derechos humanos y dirigentes comunales en 1991 y 1992, cuando estaba a la cabeza de la Inteligencia Naval y dirigía la Red 3, con base en Barrancabermeja. Un tribunal militar decidió que había pruebas suficientes contra él, pero nunca fue enjuiciado en la jurisdicción civil. Las únicas personas que fueron condenadas por estos crímenes fueron dos empleados civiles de la Red n° 7 de Inteligencia Naval, uno de los cuales fue asesinado más tarde en la cárcel. En la sentencia dictada en este caso, el juez civil señaló que estaba "perplejo" por la absolución de Quiñones y otros por el tribunal militar, ya que consideraba las pruebas contra ellos "irrefutables". "Con [esta absolución] todo lo que [los militares] hacen es justificar el crimen, ya que los hechos y las personas responsables de su ejecución están más que claros." Este juez también desestimó la pretensión del ejército de que Quiñones había sido víctima de una campaña de calumnias orquestada por el narcotráfico y estimó que no había evidencias que apuntaran en esa dirección. Por el contrario, concluyó que la evidencia que vinculaba a Quiñones con las atrocidades de Barrancabermeja eran claras y convincentes.
El único castigo que ha recibido Quiñones ha sido una "reprehensión severa" ordenada por la Procuraduría, que concluyó era responsable del establecimiento de las redes de asesinos que habían cometido docenas de asesinatos y desapariciones forzadas. La Procuraduría ha establecido, mediante una interpretación discutible de las normas existentes, que el asesinato no está clasificado como una infracción administrativa en los reglamentos existentes. En consecuencia, el castigo máximo que puede ser impuesto por asesinato es una "reprehensión severa", básicamente una carta en su hoja de servicios. Es importante señalar que la misma Procuraduría ha calificado este absurdo castigo de "vergonzosamente insignificante, tanto dentro de las fronteras como ante la comunidad internacional". Quiñones era también el oficial a cargo de la región cuando se produjo la masacre en febrero del 2000 en El Salado (Bolívar). Unidades del ejército y la policía estacionadas en las proximidades no impidieron la matanza y bloquearon las carreteras, lo cual impidió que grupos de ayuda y derechos humanos pudieran entrar en la ciudad. Quiñones fue ascendido a General en junio del 2000.
General Carlos Ospina Ovalle, Comandante, Cuarta Division: La Fiscalía General de Colombia ha documentado los extensos vínculos entre la Cuarta Brigada y grupos paramilitares entre 1997 y 1999, cuando el General Ospina estaba a cargo de la misma. Entre los casos que involucran a Ospina está la masacre de El Aro en octubre de 1997. Documentos del gobierno muestran como una fuerza conjunta del ejército y los paramilitares rodearon el pueblo y mantuvieron un cerco mientras alrededor de veinticinco paramilitares entraban en el pueblo, reunían a los residentes y ejecutaban a cuatro de ellos.
General de Brigada Jaime Ernesto Canal Albán, Comandante, Tercera Brigada: Investigadores del Gobierno de Colombia encontraron pruebas de que, en 1999, cuando el General de brigada Canal Albán estaba al mando, la Tercera Brigada estableció un grupo paramilitar y lo pertrechó con armas e inteligencia.
General Jaime Humberto Cortés Parada, Inspector General del Ejército: El fiscal General reunió abundantes y convincentes pruebas que indicaban que bajo su autoridad en la Tercera División, la Tercera Brigada del Ejército estableció un grupo paramilitar en el departamento del Valle del Cauca, al sur de Colombia. Los investigadores pudieron establecer los lazos entre el grupo y oficiales del ejército en activo, retirados y en la reserva y la ACCU (Ver más abajo).
General Freddy Padilla León, Comandante II División, y Coronel Gustavo Sánchez Gutiérrez, Director de Personal del Ejército: En julio del 2000, la prensa informó ampliamente que la Procuraduría había presentado formalmente un "pliego de cargos" contra el General Jaime Humberto Cortés Parada y estos dos oficiales por "omisión" en relación con la masacre de Puerto Alvira en junio de 1997. Otros dos ex generales que también se enfrentaron a medidas disciplinarias por "omisión" -Generales Jaime Humberto Uscátegui y Agustín Ardila Uribe- ya se han retirado.

E. Investigación y, cuando proceda, arresto y procesamiento de los siguientes dirigentes y miembros de los grupos paramilitares:

Carlos Castaño Gil, dirigente de las Fuerzas de Autodefensa Campesina de Córdoba y Urabá (ACCU): Castaño tiene veintidós órdenes de arresto pendientes, incluida una en relación con el asesinato de defensores de derechos humano. Ha sido implicado en la muerte del satírico político Jaime Garzón, a quien supuestamente había amenazado y se ha declarado responsable de la muerte del estudiante de la Universidad de Antioquia Gustavo Marulanda. Castaño ha amenazado repetidamente con hacer que sus fuerzas continúen las masacres de mayo del 2000 en La Gabarra (norte de Santander) hasta que la zona quede "limpia" de guerrillas. A pesar de las apariciones públicas de Castaño, incluyendo una comparecencia en televisión en marzo del 2000, las fuerzas de la ley colombianas no han ejecutado las órdenes de arresto contra él.
Fidel Castaño Gil, Los Tangüeros: Aunque la familia Castaño asegura que Fidel ha muerto, no hay confirmación de ello. Mientras tanto, el Fiscal General continúa acumulando acusaciones y sentencias contra él y actualmente debe ser considerado fugitivo.
Alexander "El Zarco" Londoño, La Terraza: Londoño es un dirigente de un grupo de asesinos profesionales que trabaja con Castaño y es buscado en conexión con una serie de asesinatos y secuestros, incluido el secuestro de IPC en 1999, llevado a cabo bajo las órdenes de la ACCU. Hay varias órdenes de arresto contra él.
Julian Duque, Bolívar: Duque es el jefe paramilitar de las Autodefensas del Sur de Bolívar y es buscado por organizar grupos paramilitares.
Gabriel Salvatore "El Mono" Mancuso Gómez, ACCU: Mancuso tiene ocho órdenes de arresto pendientes, incluida una en relación con la masacre de El Aro, llevado a cabo en coordinación con la Cuarta Brigada.
Ramón Isaza Arango, Magdalena Medio: Isaza, un jefe paramilitar veterano, es buscado por actividades paramilitares en la región que rodea Barrancabermeja.
Luis Eduardo "El Aguila" Cifuentes Galindo, Cundinamarca: Cifuentes es el jefe paramilitar de las Autodefensas de Cundinamarca y es buscado por organizar grupos paramilitares.
Diego Fernando Murillo Bejerano: Murillo no está directamente vinculado con el ala militar de las "fuerzas de autodefensa", sino que juega el papel de encargado de finanzas. Es supuestamente responsable de una serie de secuestros en, y alrededor, de Medellín, llevados a cabo en asociación con las ACCU. Se dice que el Fiscal General sospecha que es el "autor intelectual" del asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado.

F. Investigación y, si procede, arresto y procesamiento de los paramilitares sospechosos de estar implicados en los siguientes casos de derechos humanos:

Alirio de Jesús Pedraza Becerra: Pedraza, un abogado de CSPP, fue "desaparecido" por ocho hombres fuertemente armados el 4 de julio de 1990. Su destino nunca ha sido determinado. En aquel momento representaba a los familiares de un número de campesinos muertos cuando el Batallón Luciano D' Eluyart abrió fuego contra una manifestación en 1988 en Llano Caliente, Santander. No conocemos que haya habido arrestos en este caso.
Blanca Cecilia Valero de Durán, CREDHOS: Esta defensora de derechos humanos perteneciente a CREDHOS fue asesinada a tiros el 29 de enero de 1992 en Barrancabermeja, Santander. El entonces Coronel Rodrigo Quiñones Cárdenas, director de inteligencia de la Red n° 7 de la Inteligencia Naval de Colombia, fue considerado responsable de este asesinato y otros crímenes políticos por los investigadores de gobierno. Sin embargo, Quiñones fue absuelto por un tribunal militar a pesar de que el Fiscal general lo había señalado como el autor intelectual "inequívoco". Permanece en servicio activo. Dos personas fueron condenadas por el asesinato.
Oscar Elías Lopez, CRIC: Este abogado de derechos humanos había asesorado al Consejo Regional Indígena, CRIC. Fue asesinado en Santander de Quilichao por hombres fuertemente armados el 29 de mayo de 1992.
Julio César Berrio, CREDHOS: Era un guardia de seguridad empleado en CREDHOS que participaba en una investigación de la organización. Fue asesinado el 28 de junio de 1992, supuestamente, a manos de hombres trabajando para el Director de Inteligencia Naval, Coronel Quiñones.
Ligia Patricia Cortez Colmenares, CREDHOS: Cortés, una investigadora de CREDHOS, fue asesinada el 30 de julio de 1992 junto con varios sindicalistas. No sabemos que haya habido detenciones en este caso.
Jairo Barahona Martínez, Comité de Derechos Humanos Curumaní: Este activista fue asesinado el 29 de septiembre de 1994 en Curumaní, César, después de ser secuestrado y torturado. Según miembros de organizaciones de derechos humanos que reunieron información y presionaron para que se realizara una investigación judicial adecuada sobre el caso, están implicados en el asesinato miembros de las fuerzas de seguridad. Nadie ha sido llevado ante la justicia.
Ernesto Emilio Fernández, defensor de derechos humanos: Le dispararon cuando conducía a sus hijos a casa. No sabemos que haya habido detenciones en este caso.
Javier Alberto Barriga Vergal, CSPP: Este abogado de derechos humanos fue asesinado en Cúcuta el 16 de junio de 1995. No sabemos que haya habido detenciones en este caso.
Josué Giraldo Cardona, cofundador y presidente de Meta Civil Comité de Derechos Humanos: Giraldo fue asesinado el 13 de octubre de 1996, después de meses de supuestas amenazas y agresiones de oficiales de inteligencia del ejército y paramilitares trabajando para la Séptima Brigada, entonces bajo el mando del General Herrera Luna.
Elsa Alvarado y Mario Calderón, CINEP: Alvarado y Calderón eran investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. El 19 de mayo de 1997 un grupo de enmascarados armados entraron por la fuerza en el apartamento de Alvarado y Calderón y los asesinaron a ambos y al padre de Alvarado. Aunque algunos de los pistoleros están bajo arresto, los individuos que planificaron y pagaron para la ejecución del crimen permanecen en libertad. Se han dictado órdenes de arresto para Fidel y Carlos Castaño en relación con este asesinato.
Jesús María Valle Jaramillo, "Héctor Abad Gómez" Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos: Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por personas sin identificar, después de haber denunciado repetidamente los lazos entre el ejército y los paramilitares. La Fiscalía General pidió el procesamiento del jefe paramilitar Carlos Castaño y otros ocho. Actualmente hay seis paramilitares detenidos. A pesar de que existen indicios convincentes de la implicación de oficiales del ejército en el crimen, no se ha abierto ninguna investigación formal contra personal militar.
Eduardo Umaña, abogado de derechos humanos: Umaña fue asesinado en Bogotá el 18 de abril de 1998. Varios supuestos pistoleros están bajo arresto o pendientes de extradición. Poco antes de que le mataran, había denunciado el papel jugado por unidades de inteligencia militar en las actividades paramilitares y violaciones de derechos humanos. Aunque algunos de los pistoleros están detenidos, los individuos que planificaron el crimen y pagaron por su ejecución permanecen en libertad.
Jorge Ortega, sindicalista: Este sindicalista y defensor de los derechos humanos fue muerto en Bogotá el 20 de octubre de 1998. Dos antiguos oficiales de la policía han sido implicados en el ataque. Los individuos que planificaron el crimen y pagaron por su ejecución permanecen en libertad.
Everardo de Jesús Puertas y Julio Ernesto González, CSPP: Puertas y González, abogados del CSPP fueron asesinados a tiros el 30 de enero de 1999, cuando viajaban desde Medellín a Bogotá en autobús. No sabemos que se hayan producido arrestos en este caso.
Darío Betancourt, académico: Betancourt, profesor de la Universidad Nacional de Educación de Bogotá, fue secuestrado violentamente el 2 de mayo de 1999. Su cuerpo apareció el 2 de septiembre de 1999. No se han dictado órdenes de arresto en este caso.
Hernán Henao, académico: Henao, Director del Instituto de Estudios Regionales de Antioquia, fue asesinado el 4 de mayo de 1999. No se han dictado órdenes de arresto en este caso.
Guzmán Quintero Torres, periodista: Quintero, periodista que había investigado informes sobre corrupción en las fuerzas armadas, fue asesinado el 16 de septiembre de 1999 en Valledupar (César). La Fiscalía General detuvo a dos paramilitares supuestamente implicados en el crimen, pero los individuos que planificaron y pagaron por el asesinato permanecen en libertad.
Jesús Antonio Bejarano, académico: Bejarano, un antiguo funcionario del gobierno que intervenía en las conversaciones de paz con las FARC, fue asesinado el 16 de septiembre de 1990. No se han dictado órdenes de arresto en este caso.
Alberto Sánchez Tovar y Luis Alberto Rincón Solano, periodistas: Los periodistas Sánchez y Rincón fueron supuestamente capturados y ejecutados por paramilitares el 28 de noviembre de 1999 en El Playón (Santander), mientras cubrían la información de las elecciones municipales. Tres pistoleros paramilitares han sido arrestados, pero los individuos que planificaron y pagaron por el crimen permanecen en libertad. 20. Jairo Bedoya Hoyos, activista indígena: Bedoya, miembro de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, fue secuestrado el 2 de marzo del 2000. No se han producido arrestos en el caso.
Margarita Maria Pulgarín Trujillo, Fiscalía General: Pulgarín, fiscal especializada en la investigación de los vínculos entre el ejército y los grupos paramilitares, fue asesinada en Medellín el 3 de abril del 2000. No se han dictado órdenes de arresto en este caso.
Jesús Ramiro Zapata Hoyos, Comité de Derechos Humanos de Segovia: Zapata, dirigente de una organización que coordina a grupos de derechos humanos, fue secuestrado y asesinado el 3 de mayo del 2000 en Segovia, Antioquia. El día que fue secuestrado, Zapata había informado a las autoridades locales que los paramilitares habían estado buscando información sobre su persona. Los paramilitares habían ocupado la zona el mes anterior.
Elizabeth Cañas Cano, Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, ASFADDES: Cañas, miembro de ASFADDES, fue asesinada a tiros cerca de su oficina el 11 de junio del 2000. Familiares suyos habían muerto en la masacre ocurrida en Barrancabermeja en 1998. En la actualidad, los testigos de la masacre y otros miembros de ASFADDES corren grave peligro de sufrir otros ataques.
Jairo Bedoya, Olga Rodas, Jorge Salazar, y Claudia Tamayo, IPC: Estos cuatro trabajadores de derechos humanos pertenecientes al Instituto Popular de Capacitación con base en Medellín, Antioquia, fueron secuestrados en sus oficinas el 28 de enero de 1999 por hombres armados. Varios días después el comandante paramilitar Carlos Castaño proclamó su responsabilidad en el secuestro y declaró considerarlos "prisioneros de guerra". Permanece en libertad.
Piedad Córdoba de Castro, Senadora: El 21 de mayo de 1999, Córdoba, Senadora del Partido Liberal y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, fue secuestrada en Medellín por un grupo de quince hombres armados. Al día siguiente, el jefe paramilitar Carlos Castaño hizo unas declaraciones públicas responsabilizándose del secuestro. Fue puesta en libertad más tarde.
Diana Salamanca Martínez, Justicia y Paz: Salamanca, trabajadora de derechos humanos, fue secuestrada el 10 de noviembre de 1999 por fuerzas paramilitares en Dadejba, Antioquia. Tres días más tarde, en medio de la protesta nacional e internacional, fue liberada en una iglesia de Necoclí, Antioquia. Informó que había sido transportada en un camión que había cruzado por varios controles militares y policiales sin que nada se interpusiera en su camino. No sabemos que se hayan producido arrestos.
San José de Apartadó: El 19 de febrero y el 8 de julio del 2000, supuestos paramilitares mataron a 11 civiles en San José de Apartadó. Según testigos presenciales, personal de la Decimoséptima Brigada estaba en la zona en el momento en que se produjeron ambas masacres y no actúo para impedir o interrumpir las matanzas. Un helicóptero supuestamente perteneciente a la Decimoséptima Brigada sobrevolaba la zona en el momento de la masacre del 8 de julio.
El Aro: Fiscales colombianos reunieron pruebas que implicaban a la Cuarta Brigada, bajo la autoridad del General Carlos Ospina Ovalle, en la masacre perpetrada el 25 de octubre de 1997 por paramilitares en El Aro. Los documentos del gobierno muestran como una fuerza conjunta del ejército y los paramilitares había rodeado el pueblo y defendido un cerco mientras alrededor de veinticinco paramilitares entraban en el pueblo, reunían a los residentes y ejecutaban a cuatro de ellos.
El Salado: El 18 de febrero del 2000, se inició la masacre de docenas de civiles en El Salado, Bolívar. Alrededor de 300 paramilitares entraron el viernes 18, y se marcharon el domingo, después de asesinar al menos a cuarenta y cinco vecinos, entre ellos una niña de seis años y una anciana. A pesar de las peticiones para que interviniera, el ejército en la región, según se informa, se limitó a bloquear la carretera e impedir que la ayuda humanitaria entrara en la zona. Mandos navales continúan defendiendo que las muertes se produjeron como resultado de un combate y no debido a ejecuciones sumarias como declaran docenas de testigos presenciales.
Norte de Santander: La reciente sucesión de masacres paramilitares en Norte de Santander pone de manifiesto la falta de voluntad del ejército colombiano de proteger a la población civil de la violencia a pesar de las repetidas advertencias de las comunidades nacional e internacional. Sigue una breve cronología de los ataques perpetrados durante el año pasado:

Apéndice A

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