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SUSPENSIONES Y DESTITUCIONES
El Informe sobre los Derechos Humanos durante 60 días revisa el empleo de la autoridad para suspender a miembros de las fuerzas armadas que presuntamente han cometido graves violaciones de derechos humanos.
Como destacamos en nuestro informe de agosto, la Condición (A)(ii): la suspensión de oficiales militares requiere que cualquier miembro del personal de las fuerzas armadas acusado sea inmediatamente suspendido. Para que se cumpla esta condición, así pues, todo miembro del personal formalmente implicado en graves violaciones de derechos humanos y/o actividad paramilitar por la Fiscalía General o la Procuraduría tendría que ser suspendido, en espera del resultado de las investigaciones sobre ellos, y tales suspensiones tendrían que llevarse a cabo de "inmediato", es decir, en muy poco tiempo, en cuestión de días como máximo.
El ejército colombiano ha tenido la facultad durante muchos años de suspender a oficiales que presuntamente habían cometido toda una gama de delitos. Sin embargo, en la práctica, el ejército rara vez ha ejercido esa autoridad en casos de violaciones de derechos humanos.
Según la información que poseemos, así continúa sucediendo. El ejército colombiano continúa pagando, ascendiendo y respaldando a personas presuntamente vinculadas a violaciones. En casos clave que consideramos criterios, incluso oficiales bajo arresto formal pueden llevar a cabo delicadas misiones, entre ellos:
Mayor Jesús María Clavijo, Cuarta Brigada: En marzo del 2000, el mayor Clavijo fue relevado de su mando en espera del resultado de su juicio por los cargos de contribuir a formar y dirigir grupos paramilitares durante su servicio en la Cuarta Brigada. Testigos oculares han vinculado a Clavijo y otros oficiales de la Cuarta Brigada a los paramilitares a través de reuniones periódicas celebradas en bases militares. En una investigación de la Procuraduría se enumeraron cientos de comunicaciones telefónicas y por busca entre conocidos paramilitares y oficiales de la Cuarta Brigada, entre ellos Clavijo. El 11 de mayo del 2000, el Fiscal General recibió un contencioso jurisdiccional del juez militar que llevaba el caso. Aunque el CSJ actuó correctamente enviando el caso a un tribunal civil para su enjuiciamiento, hemos recibido información fiable de que incluso supuestamente detenido, Clavijo permanece en activo y está trabajando en inteligencia militar, área que a menudo ha sido utilizada para mantener
vínculos con los grupos paramilitares.
El Informe sobre los Derechos Humanos durante 60 días afirma que el gobierno colombiano ha mostrado una creciente disposición a destituir oficiales de las fuerzas de seguridad que presuntamente han cometido abusos o trabajado con grupos paramilitares. Sin embargo, el informe no proporciona evidencia alguna que apoye esa afirmación. En lugar de eso, en el informe se citan destituciones que tuvieron lugar meses antes de que se firmara la L.P. 106-246. Desde el 15 de julio, cuando el presidente Clinton firmó la ley y las condiciones entraron en vigor, no tenemos conocimiento de una sola destitución de un oficial o soldado basada exclusivamente en derechos humanos.
Un caso notorio que permanece inabordado presenta vínculos que han sido documentados por investigadores del Fiscal General entre la Tercera Brigada con base en Cali y el grupo paramilitar llamado Frente Calima. No tenemos noticia de ninguna acción emprendida por los militares para suspender a los oficiales implicados o conducirles ante las autoridades civiles para su enjuiciamiento.
De hecho, el número de agentes estatales cuyo nombre aparece en casos relacionados con los derechos humanos parece ir en aumento. De las 1419 personas actualmente bajo investigación por el Fiscal General, más del 20% son miembros de las fuerzas armadas. Esta cifra tan solo es un poco menor que la de guerrilleros investigados por violaciones del derecho internacional humanitario. Está claro que los miembros de las fuerzas armadas siguen siendo un factor clave en los abusos contra los derechos humanos en Colombia.
Según admitió el propio gobierno colombiano, la mayoría de los 388 individuos destituidos en octubre del 2000 lo fueron por razones no relacionadas con los derechos humanos. Subsiguientes informes de prensa indicaron que las destituciones de unos cincuenta individuos pudieran haber tenido conexión con presuntas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, que nosotros sepamos, ninguno de los soldados destituidos ha sido arrestado ni está siendo juzgado. Más aún, el gobierno no ha aportado evidencia alguna que respalde la idea de que esas destituciones estuvieran relacionadas con cuestiones de derechos humanos.
Oficiales de alto rango contra los que existe evidencia creíble de vínculos con grupos paramilitares no solamente se mantienen en el mando, sino que han sido ascendidos tras la certificación de agosto. Citaremos al menos un oficial al que hemos incluido en nuestros criterios:
General Carlos Ospina Ovalle, Comandante de la Cuarta División: La Fiscalía General de Colombia ha documentado numerosos lazos entre la Cuarta Brigada y grupos paramilitares entre 1997 y 1999, mientras el general Ospina se hallaba al mando. Entre los casos en los que está implicado Ospina, figura la masacre de El Aro en octubre de 1997, presuntamente perpetrada por unidades de la Cuarta Brigada en cooperación con paramilitares. Documentos del gobierno muestran que una fuerza conjunta de militares y paramilitares rodeó el poblado y mantuvo el cerco mientras entraban dentro unos veinticinco paramilitares, que rodearon a los residentes y ejecutaron a cuatro personas. Ospina fue vuelto a ascender después de la firma de la L.P. 106-246 y de la Directiva 01, y actualmente ostenta un cargo en el mando general del ejército en Bogotá.
A favor del Informe sobre los Derechos Humanos durante 60 días hay que decir que reconoce que en muchos otros casos el personal militar no ha sido relevado de sus obligaciones habituales mientras estaba sometido a investigación formal civil o militar. Los datos de que nosotros disponemos sugieren claramente que, de hecho, los oficiales militares permanecen en activo a pesar de los cargos formales que puedan pesar contra ellos, y estos casos no son la excepción, sino la regla.
Por último el personal militar y los paramilitares continúan abandonando con evidente facilidad las dependencias militares y penales donde se dice que se les ha detenido. En el Informe sobre los Derechos Humanos durante 60 días se reconoce que escapar de un confinamiento militar a menudo no ha resultado nada difícil. Lo que no pasa a señalar es que a pesar de haberse registrado más de una docena de casos desde 1999, las autoridades, especialmente las fuerzas armadas, no han tomado ninguna medida para evitar que siga sucediendo en el futuro y de hecho han permitido que así sea.
En un caso, en noviembre del 2000, Jorge Iván Laverde Zapata, alias Sebastián, escapó estando bajo la custodia de tropas militares y de la policía. Un grupo de unos treinta paramilitares p__tenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) le sacó del hospital donde estaba siendo atendido. No hay indicios de que las fuerzas de seguridad intervinieran para evitar su huída ni para apresar a los pistoleros de las AUC. Laverde, que tenía pendientes tres órdenes de detención contra él por homicidio y actividades paramilitares, había sido arrestado ocho días antes por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Alegó ser comandante de las AUC en el departamento norte de Santander.
Dada esta situación, está claro que la Condición (A)(ii): Suspensión de Oficiales Militares, no se ha cumplido.
Como la Condición (A)(ii) no se ha cumplido, se deduce que la Condición (A)(iii): Cumplimiento de las Condiciones por parte de las Fuerzas Armadas, tampoco se ha cumplido.
LOS PARAMILITARES
El Informe sobre los Derechos Humanos durante 60 días señala correctamente que los progresos del gobierno colombiano en contra de los grupos paramilitares han pasado a ser poco más que retórica, sin el menor respaldo por parte de acciones gubernamentales en ese campo destinadas a romper los vínculos existentes entre los militares y los grupos paramilitares o a perseguir a dichos grupos. Aunque en el informe se describen esos vínculos como resultado de los actos de "miembros individuales de las fuerzas de seguridad", está muy claro que la cadena de los actos descritos depende de la aprobación, connivencia y tolerancia de oficiales de alta graduación.
Citamos del informe: "Continuaron las alegaciones creíbles de cooperación con grupos paramilitares, incluyendo casos tanto de apoyo silencioso como de colaboración directa por parte de miembros de las fuerzas armadas, en particular, el ejército. En algunos casos, miembros individuales de las fuerzas de seguridad colaboraron activamente con miembros de grupos paramilitares - facilitándoles el paso a través de barricadas, compartiendo información y proporcionándoles munición".
Durante su visita de diciembre del 2000, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, llamó la atención del gobierno para que hiciera más en contra de los grupos paramilitares, que continúan operando prácticamente sin traba alguna.
Además, coincidimos en que la labor de la Fiscalía General, especialmente la de su Unidad de Derechos Humanos, ha mostrado un alto nivel de compromiso y dedicación al investigar y procesar casos difíciles y a menudo peligrosos, frecuentemente con gran riesgo para los fiscales.
Sin embargo, en una sección posterior del Informe sobre los Derechos Humanos durante 60 días se intenta defender la idea de que el gobierno ha intensificado sus intentos de integrar esfuerzos para luchar contra los paramilitares. Sin embargo, el informe no aporta evidencia alguna que apoye esta idea. Como señalamos en nuestro informe de agosto, aunque el gobierno sostiene que se han producido grandes avances en la lucha contra los abusos de los paramilitares, los hechos no lo confirman. Y así sigue la situación.
La actividad paramilitar aumentó en el 2000 y los grupos paramilitares fueron considerados responsables de noventa y tres masacres durante los cinco primeros meses del año. Una de las masacres más recientes tuvo lugar en Nueva Venecia, Magdalena. Allí se cree que los paramilitares mataron al menos a treinta y ocho personas el 22 de noviembre. De acuerdo con algunos informes, los hombres de Nueva Venecia fueron reunidos en la iglesia; después les hicieron salir y uno a uno fueron disparados en la nuca. Los paramilitares disparaban sobre cualquiera que se acercara a la aldea.
En áreas de actividad paramilitar bien asentada, existe información fiable y abundante según la cual las fuerzas de seguridad continúan permitiendo operaciones paramilitares con poca o ninguna evidencia de medidas adoptadas para combatir esa actividad. Por ejemplo, en la región de Urabá, los grupos paramilitares continúan operando abiertamente en zonas altamente militarizadas. A lo largo del camino fuertemente vigilado entre la ciudad de Apartadó y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, los paramilitares continúan estableciendo controles cerca de la policía y de las unidades militares. Se sabe que durante los últimos meses al menos dos miembros de la Comunidad de Paz y alguno más han sido sacados de vehículos de transporte público y asesinados. A lo largo del río Atrato, en Chocó, se dice que los paramilitares han establecido un puesto de control permanente en la comunidad de Tumaradó. Esta zona suele estar patrullada por el Batallón Fluvial de la Marina 50, con base en Turbo, Antioquia.
El Ministerio de Defensa ha informado de que el 80% de las órdenes de detención emitidas por la Fiscalía General contra los paramilitares no han sido ejecutadas. Esto se debe en gran medida a la falta de acción por parte de los militares. Los líderes paramilitares conservan y coleccionan las órdenes de detención como distinciones honoríficas. En el momento de redactar este informe, al menos hay veintidós órdenes de detención contra Carlos Castaño, el principal jefe paramilitar, por masacres, asesinatos y secuestros de defensores de los derechos humanos y de un senador colombiano, entre otros delitos.
Castaño a menudo anuncia públicamente y de antemano lo que sus fuerzas planean hacer, y sin embargo los mandos militares no despliegan tropas para proteger a los civiles, aun cuando las autoridades locales les informan de las amenazas. Desde enero, ha habido docenas de ataques anunciados sobre aldeas que posteriormente se han llevado a cabo. Solo en casos excepcionales se han tomado medidas para proteger a los civiles y perseguir a los paramilitares que se sabía que se hallaban en la zona. Las autoridades también reciben información detallada y fiable sobre la localización de bases paramilitares permanentes, a menudo a muy poca distancia a pie de enclaves militares, y sin embargo no actúan contra ellas, contribuyendo a una atmósfera de terror.
Castaño continúa moviéndose, tanto él como sus tropas, con evidente facilidad y se sirve de ordenadores, Internet, radios, vehículos y helicópteros para preparar listas de muertos y coordinar masacres. El Informe sobre los Derechos Humanos durante 60 días añadía nombres nuevos a la lista de presuntos líderes que están libres, entre ellos Alvaro Noriega, Juan Carlos González Jaramillo, Jorge Iván Laverde Zapata, Arturo Contreras (alias Candado) e Iván Duque.
Muchas bases paramilitares permanecen fijas y son conocidas, pero las autoridades no hacen nada por desmantelarlas, evitar su utilización para la comisión de delitos, ni detener a los responsables. Por ejemplo, el 3 de diciembre, tres hombres armados y encapuchados irrumpieron en casa de Roque Sanjuan Trillos, en la aldea de Barranco de Loba, Bolívar. Miembros de la familia informaron de que cuando se dirigieron a la base paramilitar cercana a buscar a Sanjuan, les dijeron: "A los que capturamos vivos, no les devolvemos vivos, no pregunteis más por él, porque ya está muerto, y no pregunteis por su cadáver porque no devolvemos tampoco los restos".
Una de las bases paramilitares más conocida de Colombia está a menos de diez minutos en automóvil del centro de Puerto Asís, Putumayo. Aunque esta base, llamada Hacienda Villa Sandra, ha permanecido activa durante casi un año, las autoridades locales dicen que el gobierno no ha hecho ningún intento de cerrarla ni de detener a los paramilitares que llevan a cabo secuestros y asesinatos desde la misma. Periodistas de todo el mundo han informado también sobre ella y han hecho entrevistas a hombres allí estacionados permanentemente. Algunos testigos han informado de que los paramilitares atraviesan frecuentemente barricadas del ejército local, e incluso han sido vistos descargando suministros en el aeropuerto con la ayuda de la policía local y miembros de las Fuerzas Aéreas colombianas.
Según el testimonio jurado de un personero local, la autoridad municipal encargada de recibir informes de abusos cometidos sobre los ciudadanos, el ejército y los oficiales de policía locales mantenían reuniones periódicas con líderes paramilitares en la base militar correspondiente a la Vigésimo cuarta Brigada.
Esta es una de las brigadas que se sabe que recibía asistencia militar de Estados Unidos, aunque actualmente se encuentra suspendida debido a un caso acontecido en 1998 no relacionado con Villa Sandra. Oficiales de Estados Unidos dijeron a grupos defensores de los derechos humanos que una vez que se aclarara el caso de 1998, probablemente se reanudaría el envío de ayuda a la Vigésimo cuarta Brigada.
El personero también ha declarado bajo juramento en documentos oficiales:
"Puedo afirmar positivamente que no solamente se da una conducta de tolerancia,sino que lo que existe aquí es una labor coordinada entre las fuerzas armadas legales que se suponen legales y las fuerzas ilegales que se suponen ilegales. Cerca de la base que pertenece al Batallón 25, localizada en el camino de salida de Puerto Asís hacia Santana, existe un lugar ocupado por los paramilitares a tan solo 500 metros de distancia: es una casa abandonada y por ese mismo camino llevan a la gente que han hecho desaparecer de la ciudad de Puerto Asís a la Hacienda Villa Sandra…como el coronel Grabriel (sic) Díaz, comandante de la Vigésimocuarta Brigada del ejército dijo que no tenía conocimiento de la presencia de grupos paramilitares en este sector y carecía de información, yo le comuniqué como personero que allí actuaban grupos con entera libertad dentro de la ciudad de Puerto Asís y que estaban localizados en la Hacienda Villa Sandra, cerca del Batallón 25 y de los cuarteles generales de la Brigada. Esta información llegó a los paramilitares, que me amenazaron por lo que yo dije durante la reunión del Consejo de Seguridad. A causa de esta reunión del Consejo de Seguridad, posteriormente fui amenazado por el mayor Carlos Kenedy Veloza Lancheros, de la policía, que me dijo personalmente que estaba extremadamente disgustado y ofendido por lo que yo había dicho y que mi problema no era el resultado de mis obligaciones legales sino de mi lengua mal sujeta, y terminó diciéndome: "Veremos quién revienta primero, tú o yo"… Además sé de una reunión que el mayor Veloza mantuvo en la Hacienda Villa Sandra, con ocasión del asesinato del joven Julián Cardona, hijo del Sr. Oscar Cardona, y también de algunas reuniones celebradas entre miembros del ejército y esta gente en la Hacienda que he mencionado."
El gobierno ha afirmado repetidamente haber creado unidades especiales para perseguir a los paramilitares, pero estos grupos parecen ser poco más que tigres de papel. Uno de ellos, el Centro de Coordinación para la Lucha contra los Grupos de Autodefensa, cuya creación fue anunciada a bombo y platillo el 25 de febrero, aún no se había reunido en el momento de redactar este informe. En el Informe sobre los Derechos Humanos durante 60 días se dice que la oficina del vicepresidente colombiano sigue de cerca los casos que conllevan masacres paramilitares con el fin de asegurar una investigación a fondo y rigurosa. Sin embargo, esta oficina no tiene poder para asegurar esa investigación y es poco más que un portavoz de relaciones públicas del gobierno.
LA COOPERACIÓN
Los investigadores del gobierno, líderes de la comunidad, periodistas y defensores de los derechos humanos que intentan documentar casos que implican a oficiales de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos o de facilitar y encubrir la labor de grupos paramilitares continúan sufriendo hostigamiento, amenazas y ataques de las fuerzas armadas y de los grupos paramilitares. Especialmente preocupantes son las amenazas contra los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General y sus investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Desde que la Unidad de Derechos Humanos comenzó su labor en 1995, docenas de fiscales se han visto obligados a abandonar sus casas, dejar la institución, o marcharse al exilio debido a las amenazas de oficiales militares en activo y paramilitares. El ejército está lejos de mostrar una mayor disposición a cooperar con los oficiales judiciales civiles. Por el contrario, continuamos recibiendo evidencia de que los mandos militares habitualmente evitan que los investigadores civiles tengan acceso a información pertinente, personal militar implicado y registros oficiales.
Más aún, el Fiscal General informó en Septiembre de que los recortes presupuestarios impuestos por el presidente Pastrana eran drásticos y amenazaban con paralizar la labor de la Unidad de Derechos Humanos, responsable de cierto progreso en los casos de referencia incluidos en nuestro primer informe sobre las condiciones e incluidos también en este documento. El Fiscal General señaló: "Con el fin de realizar sus tareas, las unidades especializadas tienen que viajar constantemente y estamos a punto de tener que suspender estos desplazamientos debido a recortes del presupuesto".
Además, oficiales militares de alto rango continúan atacando a los defensores de los derechos humanos, periodistas, e incluso oficiales de Estados Unidos a los que la ley exige la investigación de alegaciones de abusos contra los derechos humanos. Por ejemplo, en una carta al general Tapias, el mando del ejército general Jorge Mora acusó implacablemente a oficiales de la embajada de Estados Unidos de dar un trato ofensivo a oficiales militares que solicitaban visados para Estados Unidos, ignorando el hecho de que la ley de dicho país exige a estos funcionarios que investiguen a los oficiales que planean visitarlo por razones personales o profesionales. Entre los oficiales que Mora defiende los hay que mantienen afianzados vínculos con grupos paramilitares: "La Embajada de Estados Unidos no ha manifestado ningún respeto frente a la dignidad de los generales, revocando visados e identificando como terroristas a algunos de los generales de las fuerzas armadas, lo que a mi juicio daña gravemente la moral institucional."
En diciembre del 2000, el presidente Pastrana anunció que pensaba proponer modificaciones constitucionales que reinstauraran los poderes anteriormente otorgados a las fuerzas armadas, pero abolidos por la Constitución de 1991. Su idea es, concretamente, "dar a las fuerzas militares las herramientas operativas necesarias para luchar con eficacia contra el terrorismo y el secuestro, entre ellas los poderes de detener, realizar búsquedas y pinchar teléfonos". Preocupa particularmente que, en conjunción con este incremento de poderes, Pastrana se proponga introducir mediante reforma constitucional un "procedimiento especial" en la Procuraduría para llevar a cabo investigaciones de personal de las fuerzas armadas por actos que tengan lugar durante operaciones anti-secuestro y anti-terrorismo.
Ese "procedimiento especial" que relajaría la supervisión de la Procuraduría y su función disciplinaria, es una respuesta a las repetidas quejas de los altos mandos de las fuerzas armadas de que las investigaciones administrativas realizadas por la Procuraduría "limitan su capacidad operativa". El ejército posee una larga historia de acusaciones a investigadores civiles de "dañar la moral" mientras llevan a cabo agresivamente investigaciones sobre los derechos humanos, especialmente cuando esas investigaciones dan lugar a órdenes de detención contra oficiales. Interpretamos la propuesta de Pastrana como un signo preocupante de que los investigadores civiles van a recibir menos apoyo gubernamental en su labor de investigación incluso cuando las fuerzas armadas, después de la reforma, dispongan de peligrosos nuevos poderes.
Teniendo en cuenta este historial, defendemos que la Condición (B): Cooperación con las Autoridades Civiles no se ha cumplido; y, dada la falta de progresos discernibles en cuanto al enjuiciamiento riguroso en los tribunales civiles de los líderes y miembros de grupos paramilitares y personal del ejército colombiano que está ayudando o instigando a estos grupos, defendemos que Colombia tampoco ha cumplido la Condición (C): Enjuiciamiento de Actividades Paramilitares.
ATAQUES A DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Lejos de mejorar, tal como se sugiere en el Informe sobre los Derechos Humanos durante 60 días, las amenazas y los ataques contra los defensores de los derechos humanos han aumentado notablemente desde la firma de la L.P. 106-246.
De hecho, ninguno de los casos que expusimos como criterios en agosto ha dado lugar a la detención de los individuos que planearon, coordinaron y pagaron a los asesinos de los defensores de los derechos humanos o fiscales del gobierno. Unicamente se ha arrestado o condenado a los pistoleros, mientras hay abundantes pruebas que apuntan hacia otros como responsables de ordenar esos ataques.
Bajo ataque particular estuvo la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos - Colombia (ASFADDES). Los miembros de ASFADDES Angel Quintero y Claudia Patricia Monsalve desaparecieron en Medellín, Antioquia, el 6 de octubre del 2000. Desde entonces, el grupo informa de constantes amenazas telefónicas, entre ellas una en la que podía oírse a una mujer llorando y pidiendo ayuda como si la estuvieran torturando. Otras amenazas de muerte llegan por correo. En diciembre del 2000, el grupo decidió suspender temporalmente sus actividades para proteger las vidas de sus miembros.
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) con base en Barrancabermeja también recibió docenas de amenazas de muerte por teléfono entre agosto y septiembre del 2000. Entre los que corrían un riesgo particular estaban los miembros de las familias de veinticinco individuos secuestrados por paramilitares en un ataque en mayo de 1998 que dejó atrás la suma de once personas asesinadas. El 17 de noviembre, Héctor Alexander Wells, hermano de uno de los secuestrados, fue asesinado en su casa por hombres armados. Otro miembro de la familia, Francisco García, escapó de la muerte por muy poco dos semanas más tarde, cuando unos hombres armados fueron a buscarle tras matar a siete personas.
Es importante destacar que la Fiscalía General ha emitido órdenes de detención por presuntos perpetradores de masacres contra Camilo Morantes y Alvaro Noriega, pero continúan libres. El gobierno no ha organizado una búsqueda convincente ni de ellos ni de los veinticinco individuos desaparecidos desde el 25 de mayo de 1998. Las autoridades han ignorado prácticamente un acuerdo que se firmó en 1998 entre el gobierno y grupos locales con objeto de organizar una campaña contra los grupos paramilitares. Varios de los ciudadanos que tomaron parte en las negociaciones, entre ellos Edgar Quiroga Diomedes Playonero, han sido asesinados desde entonces por grupos paramilitares.
Tras un foro celebrado en Barrancabermeja los días 29 y 30 de septiembre de 2000 para promover los derechos humanos, algunos individuos distribuyeron panfletos atribuidos a los AUC acusando a los defensores de los derechos humanos de respaldar a los guerrilleros. Estos panfletos también declaraban a CREDHOS Y ASFADDES "objetivos militares". En el idioma colombiano, esto se traduce a una sentencia de muerte en toda regla. En uno de los panfletos se amenazaba con una "desinfección social" en Barrancabermeja y en todo el territorio de Colombia. Adjuntamos el texto completo de esta amenaza en el Apéndice B.
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CONDICIÓN (A)(i)