Informe Anual 2003





Informe Anual 2005

MÉXICO

Varios de los problemas más apremiantes de México en materia de derechos humanos se derivan de las deficiencias en su sistema de justicia penal. Estos incluyen la tortura y otras formas de maltrato por parte de los agentes policiales, así como la falta de investigación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones de los derechos humanos.

El Presidente Fox ha prometido repetidamente resolver estos problemas y ha adoptado importantes medidas en este sentido-estableciendo una fiscalía especial para investigar los abusos cometidos en el pasado y proponiendo reformas judiciales destinadas a prevenir que sucedan en el futuro. Sin embargo, ninguna de las iniciativas ha recibido el apoyo gubernamental adecuado, y no está claro que el Presidente Fox pueda promover estos programas en los dos años que le quedan de presidencia.

Tortura, maltrato y brutalidad policial
La tortura es un problema persistente dentro del sistema de justicia penal mexicano. Un factor que perpetúa dicha práctica es que algunos jueces aceptan el uso de pruebas obtenidas mediante violaciones a los derechos humanos de los detenidos. Los presos están sometidos a abusos, que incluyen la extorsión por parte de guardias y la imposición del confinamiento en solitario durante períodos indefinidos. Los niños de algunos centros de detención de menores se ven forzados a vivir en condiciones sórdidas y, según se ha informado, son víctimas de palizas y abusos sexuales. Los inmigrantes extranjeros son especialmente vulnerables a las prácticas abusivas de los agentes del gobierno.

Las prácticas policiales abusivas fueron evidentes en varios casos destacados en 2004. En mayo, la policía de Guadalajara, Jalisco, se enfrentó a los manifestantes que protestaban durante el último día de la Cumbre Unión Europea-América Latina y, varias horas después, realizaron una redada en los alrededores de la protesta, deteniendo a personas que estaban sentadas en parques, viajaban en autobuses, caminaban por la calle o estaban siendo atendidas en la clínica de la Cruz Roja. La policía golpeó a algunos de los detenidos durante y después del arresto y mantuvo a más de 50 personas incomunicadas durante dos días. Durante este período, se negó a los detenidos el acceso a un abogado y fueron sometidos a maltratos y abusos físicos. Varias personas que habían estado detenidas informaron que las habían coaccionado mediante la tortura y otros abusos para que firmaran confesiones falsas.

En marzo de 2004, el Presidente Fox propuso una serie de reformas destinadas a resolver algunos aspectos del proceso penal mexicano que perpetúan e incluso fomentan el uso de la tortura por parte de agentes de las fuerzas policiales. La nueva legislación desestimaría todas las pruebas obtenidas ilegalmente y sólo admitiría como prueba en el juicio las confesiones que se hayan realizado en presencia de un juez y un abogado defensor. Sin embargo, el impacto de estas disposiciones se vio debilitado, por la posibilidad de eximir de éstas y otras garantías procesales a los sospechosos en casos contra el crimen organizado. Al momento de escribir este capítulo, el Congreso mexicano todavía no había votado la propuesta legislativa.

Impunidad
El sistema de justicia penal no administra habitualmente justicia a las víctimas de crímenes violentos y abusos contra los derechos humanos. Las causas de esta situación son variadas e incluyen la corrupción, la formación y los recursos inadecuados y la falta de voluntad política. Un ejemplo destacado son los asesinatos sin resolver de cientos de mujeres jóvenes y muchachas ocurridos durante la última década en Ciudad Juárez, ciudad del estado de Chihuahua en la frontera con Estados Unidos.

 

  El sistema de justicia penal no administra habitualmente justicia a las víctimas de crímenes violentos y abusos contra los derechos humanos.

Las iniciativas estatales para enjuiciar a los responsables de los asesinatos han estado plagadas de problemas. En octubre de 2004, un juez de Chihuahua condenó a Víctor García Uribe, chofer de autobús, por los asesinatos de ocho muchachas. García fue condenado sobre la base de una confesión que dijo haber hecho bajo tortura y una confesión hecha por Gustavo González Meza, otro sospechoso. No existían pruebas físicas que conectaran a García con ninguno de los asesinatos. En 2002, la policía mató a tiros al abogado de González, Mario Escobedo, en circunstancias altamente sospechosas. Escobedo y otro abogado habían denunciado que llevaban tres meses recibiendo amenazas de muerte por teléfono de hombres que les advertían que los matarían si seguían representando a García y a Meza. Gustavo Meza murió bajo custodia policial. Otras tres personas que enfrentan a cargos por algunos de los asesinatos de Juárez también se han retractado de sus confesiones que, según ellos, fueron obtenidas mediante tortura.

Una deficiencia importante del sistema de justicia mexicano es que deja en manos de las autoridades militares la tarea de investigar y enjuiciar los abusos cometidos por el ejército. El sistema de justicia militar está mal equipado para dicha tarea. Este carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones fiables y su funcionamiento adolece de una ausencia general de transparencia. El temor al ejército, un fenómeno generalizado en muchas comunidades rurales que impide que las víctimas y los testigos civiles faciliten información a las autoridades militares, debilita aún más la capacidad de los agentes del ministerio público militar para investigar los abusos cometidos por esta institución.

La Fiscalía Especial
En 2001, el Presidente Fox estableció una Fiscalía Especial encargada de investigar y enjuiciar los actos de violencia política cometidos en el pasado, incluidas las masacres de manifestantes estudiantiles en 1968 y 1971 y la desaparición forzada de cientos de opositores al gobierno durante la "guerra sucia" de los setenta. Durante dos años el progreso de la fiscalía se vio limitado por la cooperación insuficiente de las fuerzas armadas y el acceso inadecuado a documentos oficiales. Pero en noviembre de 2003 el Fiscal Especial obtuvo un histórico fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de México en el que afirmaba que los antiguos "casos" de desapariciones no prescribían mientras no se hallaran los cuerpos de las víctimas. A continuación obtuvo órdenes de arresto contra varios oficiales de alto rango, así como aseguró la detención de Miguel Nazar Haro en febrero de 2004 y Juventino Romero Cisneros en octubre de 2004. Ambos están acusados de participar en la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra en los setenta.

Pero estos avances se han visto contrarrestados por fracasos significativos. Todos los demás sospechosos han logrado eludir el arresto. No se han realizado exhumaciones ni existen indicios de que el Fiscal Especial haya avanzado en determinar el paradero de cientos de personas "desaparecidas" ni en ofrecer al país una versión detallada de los crímenes que, en ese entonces, tuvieron lugar. La iniciativa más ambiciosa del Fiscal Especial-el auto de procesamiento contra el ex presidente Luis Echeverría-fue desestimado por un juez de primera instancia. El caso se encuentra ahora en manos de la Suprema Corte.

Derechos laborales
La legítima actividad sindical está siendo obstruida por acuerdos negociados entre la gerencia y los sindicatos que la apoyan. Estos acuerdos no ofrecen con frecuencia beneficios para el trabajador más allá de los mínimos establecidos por la legislación mexicana y, en ocasiones, los trabajadores sólo descubren la existencia de acuerdos cuando crece su descontento e intentan organizar sindicatos independientes. Los trabajadores que intentan formar sindicatos independientes corren el riesgo de perder sus empleos y el gobierno generalmente no los protege frente a los despidos en represalia por su iniciativa.

 

  Las leyes mexicanas sobre difamación son excesivamente restrictivas y tienden a socavar la libertad de expresión.

Libertad de expresión
Las leyes mexicanas sobre difamación son excesivamente restrictivas y tienden a socavar la libertad de expresión. A parte de las sanciones económicas, los periodistas se enfrentan a procesos penales por presunta difamación de funcionarios públicos. En ocasiones, los periodistas han sufrido la violencia de los agentes del gobierno.

Derecho a la educación
México no ha garantizado que decenas de miles de niños del medio rural reciban educación primaria durante los meses que sus familias emigran a otros estados para trabajar en campos agrícolas. Aunque existe un programa federal para la escolarización primaria en los campos agrícolas, un número considerable de padres prefieren que sus hijos trabajen en el campo en lugar de asistir a la escuela. La falta de aplicación de las leyes sobre el trabajo infantil facilita esta situación.

Actores internacionales fundamentales
Como parte de un Acuerdo de Cooperación Técnica firmado por el Presidente Fox, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos mantiene una oficina nacional que, en diciembre de 2003, produjo un informe detallado sobre los continuos problemas de derechos humanos, en el que ofreció recomendaciones para resolverlos. El gobierno de Fox se ha comprometido a desarrollar un programa nacional de derechos humanos basado en las recomendaciones del informe, pero aún no lo había hecho cuando se escribió este capítulo. La propuesta del gobierno para la reforma de la justicia incorpora algunos elementos de estas recomendaciones e ignora otros, como la recomendación de poner fin a la jurisdicción militar sobre los casos relacionados con violaciones de los derechos humanos.

Estados Unidos y Canadá han firmado, junto con México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su acuerdo de cooperación laboral adjunto que los compromete a aplicar sus leyes de protección a los derechos de los trabajadores y les otorga facultades para exigir la determinación de responsabilidades por el incumplimiento de estas obligaciones. Según el acuerdo, cuando el gobierno de uno de los países recibe una denuncia de violaciones cometidas en uno de los otros dos países, puede investigarla. Sin embargo, dado lo enrevesado del sistema de denuncia y la debilidad de los mecanismos de aplicación de sanciones, el acuerdo ha tenido muy poca repercusión sobre las violaciones de los derechos laborales en México.

México ha ejercido un papel de liderazgo a nivel internacional presionando para que la promoción de los derechos humanos se considere una parte integral de las iniciativas antiterroristas. Ha patrocinado resoluciones con esta finalidad tanto en el seno de la Asamblea General de la ONU como en la Comisión de Derechos Humanos y ha logrado que la Comisión nombre a un experto independiente sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.


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