Informe Anual 2003





Informe Anual 2005

ARGENTINA

El sistema de justicia penal de Argentina continúa asediado por graves problemas. Estos incluyen los abusos policiales, el hacinamiento de las prisiones, la tortura de detenidos y las condiciones degradantes de la detención en calabozos policiales. Ante la fuerte presión pública para que se abordara con mayor eficacia la delincuencia violenta urbana, en 2003, el gobierno del Presidente Kirchner aprobó leyes que aumentaron el uso de la detención provisional y prolongaron las condenas de prisión para los delincuentes violentos.

Cabe resaltar el esfuerzo del gobierno de Kirchner por mantener la presión para establecer la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el período del régimen militar en Argentina (1976-1983). Al momento de escribir este capítulo, se había detenido alrededor de un centenar de ex oficiales militares y policiales, y se habían iniciado varios juicios importantes.

Abusos policiales
La policía incumple frecuentemente las normas internacionales relativas al uso de la fuerza letal y, como consecuencia, la tasa de mortalidad en enfrentamientos con sospechosos es elevada. Las ejecuciones extrajudiciales y la tortura por parte de la policía también son un problema grave, aunque es difícil calcular la cantidad real de ejecuciones extrajudiciales. Según las cifras oficiales, 25 personas, entre ellas cuatro menores, fueron asesinadas en 2003 durante enfrentamientos armados con la participación de agentes de la policía federal en la ciudad de Buenos Aires. En 2004, una de las víctimas fue el muchacho de 15 años Héctor David Herrera, asesinado el 16 de abril, según se informó, por los disparos a bocajarro de miembros de la policía federal.

El secuestro y asesinato en marzo de 2004 de Axel Blumberg, de 23 años, hizo que su padre, Juan Carlos Blumberg, iniciara una destacada campaña pública contra la impunidad por crímenes violentos. En respuesta a las protestas de miles de personas, el gobierno se apresuró a aprobar leyes que alargaron las condenas por robos a mano armada y delitos con armas. Las nuevas leyes aumentan la duración máxima acumulada de condenas por delitos violentos a 50 años, limitan drásticamente la posibilidad de que el acusado obtenga la libertad provisional y prohíben el adelanto de la puesta en libertad de condenados. Además, un proyecto de ley aprobado en septiembre por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires modificó el código contravencional de la ciudad aumentado las penas para muchas faltas a un máximo de 60 días de detención, un período más largo del contemplado por el Código Penal para ciertos delitos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización no gubernamental de derechos humanos, criticó la ley bonaerense por su "corte manifiestamente represivo" y su violación de la Constitución de Argentina y de tratados internacionales de derechos humanos.

Condiciones de detención
El sistema de prisiones argentino está seriamente sobrecargado, y la tortura y el maltrato a los detenidos son fenómenos generalizados. En octubre de 2004, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (de la provincia de Buenos Aires), después de analizar 3.500 querellas criminales contra funcionarios del sistema de prisiones de Buenos Aires, publicó unas conclusiones dramáticas en las que señalaba que el abuso era sistemático.

 

  La detención y el maltrato a menores en comisarías de policía de Buenos Aires continúa siendo un problema grave.

Debido al hacinamiento de las prisiones, en julio de 2004, 5.441 personas estaban detenidas en comisarías a la espera de juicio en la provincia de Buenos Aires. Según un informe del CELS, había hasta diez detenidos hacinados en celdas que medían de 1,8 a 2,5 metros—sin camas, ventilación ni luz natural—lo que hacía que los detenidos tuvieran que hacer turnos para dormir en el suelo. Al momento de escribir este capítulo, una petición colectiva de hábeas corpus presentada por el CELS en 2001 en representación de los detenidos en comisarías seguía pendiente ante la Corte Suprema. En agosto de 2004, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y la Organización Mundial contra la Tortura presentaron conjuntamente un escrito de amicus curiae a la Corte respaldando la posición adoptada por el CELS.

La detención y el maltrato a menores en comisarías de policía de Buenos Aires continúa siendo un problema grave. En un informe publicado en diciembre de 2003, el CELS reveló que muchos niños están detenidos ilegalmente junto con adultos en dependencias policiales pero no aparecen en las estadísticas oficiales. En octubre de 2004, la prensa informó que 300 menores estaban detenidos ilegalmente en comisarías de la provincia.

Derechos reproductivos
Argentina ha adoptado importantes medidas para garantizar el derecho de las mujeres a la salud reproductiva, sobre todo mediante la implementación de un programa nacional de "salud sexual y procreación responsable" en 2002. Sin embargo, las mujeres continúan enfrentándose a múltiples obstáculos para acceder a la contracepción y a la información sobre la atención a la salud reproductiva. Algunos de estos obstáculos constituyen violaciones de las normas internacionales de derechos humanos: negación del acceso al ligamento de trompas voluntario; persistencia de la violencia doméstica sin un recurso efectivo; divulgación deliberada de información engañosa u ocultación de información sobre métodos anticonceptivos en el sistema público de atención a la salud; y acceso seriamente limitado al aborto, incluso cuando no es legalmente sancionable. Estas violaciones se ven agravadas para las mujeres con bajos ingresos debido a los servicios gravemente inadecuados en ciertas áreas y la grave sobrecarga del sistema público de atención a la salud.

Rendimiento de cuentas por abusos cometidos en el pasado
Tras la anulación en el Congreso, en agosto de 2003, de las leyes de "punto final" y "obediencia debida"—que habían impedido el enjuiciamiento de los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar—los juicios sobre derechos humanos continúan avanzando. El ministro de Defensa, José Pampero, declaró en junio de 2004 que, desde que el actual presidente asumió el cargo, 97 ex oficiales militares han sido detenidos por abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado. Entre los enjuiciamientos más destacados se encuentran los relacionados con 15 ex agentes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), incluido Alfredo Astiz, y 30 ex oficiales del Primer Cuerpo del Ejército. En septiembre de 2004, el juez Jorge Urso dictó auto de procesamiento contra 19 ex oficiales militares, entre ellos el ex jefe de la junta, General Jorge Videla, por su participación en la Operación Cóndor, un acuerdo de colaboración entre los regímenes militares del Cono Sur en los setenta para arrestar, torturar y "desaparecer" a disidentes que se encontraran en el territorio de alguno de los países de la región.

En marzo de 2004, un tribunal federal de La Plata condenó a Miguel Etchecolatz y Jorge Berges, ex comisario de policía y médico, respectivamente, a siete años de prisión por ocultar la identidad de la bebé de Aída Sanz, secuestrada por las fuerzas de seguridad y "desaparecida" en 1977, cuando estaba embarazada de nueve meses. Berges había entregado personalmente la bebé a una pareja de civiles que la criaron con un nombre falso. Era la primera vez que un tribunal de La Plata condenaba a alguien por violaciones de los derechos humanos, aunque se dice que hasta dos mil personas "desaparecieron" en la provincia durante el régimen militar.

En el momento de escribir este capítulo, seguía pendiente una decisión judicial definitiva sobre la constitucionalidad de la anulación de las leyes de "punto final" y "obediencia debida". En octubre de 2003, la Corte Suprema sometió el caso a la Cámara Nacional de Casación Penal. Esta misma Cámara tenía que decidir si la reapertura del caso sobre la ESMA violaba el principio de la cosa juzgada.

En agosto de 2004, la Corte Suprema rechazó una apelación de un ex agente chileno que argumentaba que la cadena perpetúa que le habían impuesto por el asesinato en 1974 del general Carlos Prats, antiguo comandante en jefe del ejército chileno, debía anularse porque el delito había prescrito. En un fallo histórico, la Corte dictaminó que, al tratarse de un crimen contra la humanidad, el asesinato no era prescriptible.

En un acontecimiento simbólico para conmemorar el 28 aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, el Presidente Kirchner ordenó que se retiraran de los muros del Colegio Militar los retratos de dos líderes de la junta militar que gobernó el país hasta 1983. Kirchner también visitó la ESMA y firmó un acuerdo con el gobierno de la ciudad para convertir el edificio en un "museo de la memoria".

 

  Aunque Argentina cuenta con una prensa libre y vibrante, el avance de los proyectos de ley para extender los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información continúa siendo decepcionantemente lento.

Libertad de expresión
Aunque Argentina cuenta con una prensa libre y vibrante, el avance de los proyectos de ley para extender los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información continúa siendo decepcionantemente lento. Los grupos defensores de la libertad de prensa han presionado al Congreso para que adopte leyes que hagan que la difamación de funcionarios públicos sólo sea sancionable con daños y perjuicios, en lugar de sanciones penales. Un proyecto de ley con esta finalidad introducido en el Senado en octubre de 2002 sigue empantanado en el proceso legislativo. En el Senado también está estancado un proyecto de ley, que ya fue aprobado por la Cámara baja en mayo de 2003, para otorgar a los ciudadanos argentinos el derecho a consultar la información en poder de organismos públicos.

Los periodistas de algunas provincias argentinas se enfrentan a amenazas y ataques físicos por su trabajo informativo. Rara vez se persigue a los responsables de estos delitos.

Actores internacionales fundamentales
Los documentos recientemente desclasificados por el gobierno de Estados Unidos demuestran el fuerte apoyo prestado por el ex Secretario de Estado Henry Kissinger a la junta militar argentina en 1976, en una época en que la junta era responsable de abusos masivos contra los derechos humanos. Según el registro de una conversación entre Kissinger y el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Almirante César Augusto Guzzetti, Kissinger dijo a Guzzetti: "Si hay cosas que hay que hacer, debe hacerlas rápido. Pero debe volver rápidamente a los procedimientos normales". Los documentos demuestran que Kissinger debilitó los esfuerzos del Congreso de Estados Unidos y del embajador estadounidense en Argentina por presionar a las fuerzas armadas argentinas para que cesaran los abusos.

En España continúan los juicios contra los agentes de ESMA Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo, el último de los cuales fue extraditado desde México en junio de 2003. Los tribunales de otros países, como Alemania, continúan investigando crímenes cometidos contra sus ciudadanos durante la "guerra sucia". En noviembre de 2003, un tribunal de Nuremberg dictó órdenes internacionales de detención contra el ex presidente Jorge Rafael Videla y otros dos ex oficiales militares por el asesinato de dos estudiantes alemanes en 1976 y 1977. Los tres sospechosos ya se encontraban bajo arresto domiciliario en Argentina por otros delitos contra los derechos humanos.


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