La situación de los derechos humanos en Irak siguió siendo grave en 2004 y empeoró debido al aumento de los ataques armados de insurgentes y los ataques contrainsurgentes de las fuerzas internacionales lideradas por Estados Unidos e iraquíes. Tanto las fuerzas estadounidenses como los insurgentes han estado implicados en graves violaciones de las leyes relativas a los conflictos armados y han cometido, entre otros, crímenes de guerra.

El nivel de ataques violentos contra civiles por parte de los insurgentes, incluidos los atentados suicidas y el asesinato deliberado de civiles iraquíes que trabajan para Estados Unidos y otras fuerzas extranjeras, siguió siendo elevado en 2004. También se produjo un aumento marcado del número de secuestros, y en ciertos casos asesinatos, de ciudadanos tanto iraquíes como extranjeros. Este elevado nivel de inseguridad tuvo una repercusión especialmente negativa sobre la capacidad de las mujeres y las muchachas para acudir al trabajo, asistir a la escuela o salir fuera de casa por otros motivos.

Las fuerzas estadounidenses también han sido responsables de violaciones de las leyes de la guerra. Las fotografías de la tortura y otras formas de maltrato a los detenidos en la prisión de Abu Ghraib, hechas públicas en abril de 2004, aportaron la prueba más gráfica posible del abuso; las investigaciones posteriores revelaron que el maltrato a los detenidos no se limitaba a Abu Ghraib. Las consideraciones de seguridad han limitado la supervisión de las operaciones militares estadounidenses contra los bastiones insurgentes, pero han aparecido informes que indican como soldados estadounidenses mataron a combatientes iraquíes indefensos, obligaron a civiles a regresar a zonas de combate e hicieron un uso innecesario de la fuerza contra civiles en los retenes. Las fuerzas de Estados Unidos continúan deteniendo a cientos de iraquíes basándose en la autoridad que les confiere el Consejo de Seguridad, pero sin ninguna base legal evidente.

Este elevado nivel de inseguridad tuvo una repercusión especialmente negativa sobre la capacidad de las mujeres y las muchachas para acudir al trabajo, asistir a la escuela o salir fuera de casa por otros motivos.

Tras la invasión de Irak liderada por Estados Unidos y el derrocamiento del gobierno del partido Baath en abril de 2003, la potencia ocupante y el gobierno interino se han esforzado por desmantelar el aparato represivo construido durante el régimen de Saddam Hussein. El hecho de que la coalición liderada por Estados Unidos no ofreciera una seguridad adecuada después de la invasión, la expansión de la insurgencia y los atentados insurgentes contra agencias humanitarias han obstaculizado seriamente este proceso y las iniciativas para la reconstrucción económica.

Irak continúa enfrentándose al legado de casi tres décadas de gobierno autoritario de Saddam Hussein y su partido Baath. El legado incluye crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio que llevan mucho tiempo sin castigo; y un sistema de justicia penal atrofiado como consecuencia de su subordinación al aparato de seguridad del Estado y corrompido por los "tribunales revolucionarios" que hicieron amplio uso de la pena de muerte, la tortura y la detención arbitraria. Muchas de las víctimas del anterior gobierno fueron kurdos, una minoría étnica, y chiítas, la religión mayoritaria en Irak. Las políticas gubernamentales y las sanciones económicas globales impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas devastaron la infraestructura y la economía del país.

La autoridad gobernante en Irak
Tras la declaración del fin de la ocupación por las fuerzas de la coalición lideradas por Estados Unidos y la disolución de la Autoridad Provisional de la Coalición (Coalition Provisional Authority, CPA), el 28 de junio de 2004, la coalición transfirió la soberanía al Gobierno Provisional Iraquí. Las fuerzas lideradas por Estados Unidos han permanecido en Irak autorizadas por la Resolución 1546 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el 8 de junio de 2004, por la que se creó la Fuerza Multinacional en Irak (Multi-National Force-Iraq, MNF-I). La Resolución dispone que la MNF-I "estará autorizada a tomar todas las medidas que sean necesarias para contribuir al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en el Irak".

Con el traslado de la soberanía, entró en vigor la Ley de Administración del Estado de Irak durante el Período de Transición (TAL, por sus siglas en inglés). La CPA promulgó la TAL el 8 de marzo de 2004, que permanecerá efectiva hasta "la formación de un gobierno electo iraquí en virtud de una constitución permanente", prevista para finales de 2005 después de las elecciones generales. La TAL contiene una declaración de derechos de los ciudadanos iraquíes, entre ellos el derecho a la libertad de expresión y asociación, a las creencias religiosas y a estar libre de discriminación por motivos étnicos, religiosos o de otro tipo. La ley también estipula que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen derecho a no sufrir el arresto arbitrario y la detención ilegal, los juicios injustos y la tortura.

Seguridad interna y ley de emergencia
En junio de 2004, el Primer Ministro Ayad Allawi anunció una importante reorganización de las fuerzas de seguridad iraquíes, lo que incluía la creación de nuevas agencias responsables de la reunión de inteligencia y la aplicación de la ley. En abril de 2004, bajo la autoridad de la CPA, se había establecido un Servicio Nacional de Inteligencia de Irak, que informó inicialmente al Administrador de la CPA L. Paul Bremer y posteriormente al Primer Ministro. Durante el mandato de la CPA, también se reorganizaron y ampliaron varias agencias del Ministerio de Interior responsables de investigar delitos graves—como el lavado de dinero, los secuestros y el crimen organizado—así como de reunir inteligencia sobre las actividades criminales.

El 3 de julio de 2004, el gobierno provisional dictó la Orden para Salvaguardar la Seguridad Nacional (Número 1 de 2004), con la que promulgó leyes de emergencia y permitió que el Primer Ministro declarara la ley marcial durante un período de hasta 60 días (renovable con la aprobación del Consejo de la Presidencia). La Orden dispone la imposición de toques de queda; el cierre de carreteras, líneas marítimas y el espacio aéreo; restricciones o prohibición de reuniones públicas; vigilancia de las comunicaciones electrónicas y de otro tipo; y amplias facultades para registrar propiedades y detener a sospechosos.

En virtud de la Ley de Seguridad Pública, se puede declarar el estado de excepción "cuando el pueblo de Irak esté expuesto a un peligro de enormes proporciones que amenace la vida de las personas, derivado de una campaña continuada de violencia por parte de cualquier grupo, con el objetivo de prevenir el establecimiento de un gobierno con amplio respaldo en Irak, o impedir la participación pacífica de todos los iraquíes en el proceso político, o con cualquier otro propósito" (artículo 1).

Al anunciar la Orden, los funcionarios iraquíes señalaron que las disposiciones no permiten el arresto de personas sin una orden de las autoridades judiciales, y ordenan su puesta a disposición de un juez instructor en un plazo de 24 horas. Sin embargo, la ley autoriza dichos arrestos o registros sin orden judicial en "circunstancias de extrema exigencia", las cuales no se definen. El 7 de noviembre de 2004, el Primer Ministro declaró un estado de excepción de 60 días en vísperas de la ofensiva militar liderada por Estados Unidos contra la ciudad de Falluja, considerada la base de operaciones de presuntos insurgentes.

Como parte de la intención declarada de luchar contra la delincuencia violenta, el gobierno provisional reinstituyó la pena de muerte, que había sido suspendida por las autoridades de la CPA.

Como parte de la intención declarada de luchar contra la delincuencia violenta, el gobierno provisional reinstituyó la pena de muerte, que había sido suspendida por las autoridades de la CPA. La Orden 3 de 2004, aprobada el 8 de agosto, dispone la pena capital para ciertos crímenes que afecten a la seguridad interna del Estado, la seguridad pública, los ataques contra medios de transporte, los asesinatos premeditados, el narcotráfico y el secuestro.

Varios días antes de la reinstauración de la pena de muerte, el Primer Ministro Allawi anunció una amnistía para una serie de delitos relacionados con la posesión de armas y artefactos explosivos, no informar a las autoridades sobre la planificación o el financiamiento del terrorismo y otros actos de violencia, la participación junto con grupos terroristas en actos destinados a debilitar la seguridad interna del Estado o el bienestar o los bienes públicos, y dar refugio a personas buscadas por las autoridades judiciales por delitos terroristas o violentos o conectados con crímenes cometidos por el anterior gobierno iraquí. La Orden 2 de 2004 excluye de la amnistía a las personas halladas culpables de asesinato, secuestro, violación, robo y daños contra bienes públicos o privados. También limita sus beneficiarios a los ciudadanos iraquíes que hayan cometido dichos crímenes entre el 1 de mayo y la fecha de entrada en vigor de la ley. La amnistía, inicialmente válida por un período de 30 días, se extendió un mes más a mediados de septiembre de 2004. Se desconoce cuántas personas se han beneficiado de ella.

El sistema de justicia penal
Después de la caída del gobierno de Saddam Hussein, los tribunales penales de Irak empezaron a funcionar de nuevo alrededor de junio de 2003, pero han tenido que recurrir a un marco legal anticuado y profundamente deficiente a la espera de una reforma integral del sistema judicial y la legislación penal de Irak.

Durante 2003 y 2004, Human Rights Watch observó numerosos juicios y sesiones de investigación de sospechosos de cometer varios delitos en virtud del Código Penal de 1969 ante los tribunales penales ordinarios de Bagdad y el Tribunal Penal Central de Irak (Central Criminal Court of Iraq, CCCI). Este último tribunal fue establecido en julio de 2003 bajo la autoridad de la CPA para conocer casos relacionados con delitos graves como el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción oficial, los actos destinados a desestabilizar las instituciones y los procesos democráticos, y la violencia por motivos de raza, nacionalidad, etnia o religión. Entre los imputados que comparecieron ante el CCCI se encuentran aquellos acusados de atentar contra las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos y los que se encuentran actualmente bajo la custodia de la MNF-I. El tribunal también tiene competencia sobre futuros casos de sospechosos arrestados y acusados de acuerdo con la orden de seguridad nacional del 23 de julio de 2004, antes descrita.

En la gran mayoría de los casos observados por Human Rights Watch, los acusados habían sido detenidos sin orden judicial y fueron puestos a disposición de los tribunales penales sin haber tenido previamente contacto con un abogado.

En la gran mayoría de los casos observados por Human Rights Watch, los acusados habían sido detenidos sin orden judicial y fueron puestos a disposición de los tribunales penales sin haber tenido previamente contacto con un abogado. Muchos de ellos llevaban semanas o meses en prisión provisional y, en ciertos casos, habían sido torturados o maltratados para extraerles confesiones. Cuando los acusados no podían o no querían contratar a abogados defensores, los tribunales se los asignaron. Sin embargo, dichos abogados no tuvieron acceso previo a los acusados ni a las pruebas contra ellos y, en ciertos casos, no estuvieron presentes en las audiencias de instrucción de los casos. Los juicios se celebraron de manera sumaria en los tribunales penales y duraron menos de 30 minutos en la mayoría de los casos.

Responsabilidad por los crímenes cometidos en el pasado
El Estatuto del Tribunal Especial para Irak, promulgado bajo la autoridad de la CPA durante el Consejo de Gobierno Iraquí en diciembre de 2003, contiene varias deficiencias sustantivas y procesales que, independientemente de las cuestiones sobre la forma de establecimiento del tribunal y otros factores, podrían socavar la legitimidad del tribunal y la justicia de futuros juicios.

Entre otros problemas, el estatuto del tribunal no contempla ninguna prohibición del uso de confesiones extraídas mediante tortura, ninguna garantía del derecho a un abogado en las primeras fases de la investigación ni ningún requisito de que se pruebe la culpabilidad más allá de la duda razonable. Los condenados pueden enfrentarse a la pena de muerte. Y mientras las iniciativas judiciales en todo el mundo han creado un cuadro de jueces y fiscales con una experiencia incalculable en el enjuiciamiento de casos de genocidio y crímenes contra la humanidad, el tribunal ha sido estructurado para excluir casi totalmente su participación. En cambio, el tribunal va a ser dirigido por abogados y jueces que han reconocido su propia falta de experiencia en este tipo de procesos complejos.

Human Rights Watch ha planteado estas cuestiones a los funcionarios iraquíes y estadounidenses y pedido la introducción de modificaciones esenciales del estatuto para hacerlo compatible con las normas internacionales sobre el juicio justo. Hasta la fecha, no se ha enmendado el estatuto del tribunal.

Desde finales de junio de 2004, la MNF-I ha retenido la custodia física de "detenido de alto valor", entre ellos miembros del antiguo gobierno iraquí que serán eventualmente juzgados por el Tribunal Especial para Irak. Al momento de escribir este capítulo, más de 90 sospechosos de este tipo seguían detenidos y, según se cree, la mayoría de ellos estaban recluidos en Camp Cropper, en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Bagdad. Hasta la fecha, el Tribunal Central Penal de Irak sólo ha dictado auto de procesamiento contra 12 acusados, entre ellos al ex presidente Saddam Hussein, por crímenes tipificados en el Código Penal de Irak.

Actores internacionales fundamentales
Después de la guerra para derrocar al antiguo gobierno, Estados Unidos continúa siendo la potencia extranjera predominante en Irak. En el momento de escribir este capítulo, 138.000 soldados estadounidenses en activo estaban destacados en el país, participando en operaciones contrainsurgentes e iniciativas de reconstrucción. El personal de la embajada de Estados Unidos en Irak es numeroso y creciente, y numerosas compañías estadounidenses operan en el país contratadas por el gobierno de su país. El Reino Unido es el principal aliado militar y político en la coalición liderada por Estados Unidos, con una presencia de tropas de unos 8.500 efectivos destacados principalmente en el sur del país. Otros países con presencia militar en Irak incluyen Italia (2.700), Polonia (2.500), Corea del Sur (3.600) y los Países Bajos (1.400).

Tras la publicación de las fotos que mostraban a las fuerzas estadounidenses maltratando a detenidos en la prisión de Abu Ghraib (véase la Introducción), el 25 de junio de 2004, el grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria y los relatores especiales de la ONU para la tortura, la independencia de jueces y abogados, y el derecho a la salud hicieron una petición conjunta para visitar los lugares donde estaban detenidos los sospechosos de terrorismo en Irak.

Después de los atentados contra la sede y el personal de las Naciones Unidas en Irak, y contra las agencias humanitarias en general, la ONU ha tenido una presencia limitada en el país. El deterioro general de las condiciones de seguridad ha inducido a muchas organizaciones no gubernamentales no iraquíes a sacar a su personal internacional en el país y cancelar totalmente sus operaciones. Muchos periodistas extranjeros, varios de los cuales han sido víctimas de secuestros, también han salido de Irak. A finales de 2004, las condiciones de seguridad impedían a los que aún permanecían en el país desplazarse para realizar investigaciones, a parte de viajar "insertados" con las fuerzas estadounidenses durante campañas contra presuntos insurgentes.