Informe Anual 2003





Informe Anual 2005

GUATEMALA

Dieciocho años después del regreso del gobierno civil y ocho años después de la firma de los acuerdos de paz, Guatemala ha hecho pocos avances con respecto a la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho, aspectos fundamentales de una democracia en funcionamiento. Los actos constantes de violencia política e intimidación amenazan con revertir los pocos avances que se han logrado en los últimos años. Al concluir la misión de 10 años de verificación de las Naciones Unidas a finales de 2004, los esfuerzos por establecer nuevas formas de colaboración internacional sobre asuntos relacionados con los derechos humanos se enfrentan a la fuerte oposición de poderosos sectores dentro del país, así como a las barreras legales creadas por la muy restrictiva interpretación de la constitución guatemalteca por parte de la Corte de Constitucionalidad.

Impunidad
Guatemala sigue sufriendo los efectos de un conflicto armado interno que fue, en muchos sentidos, el más brutal de la región. Una comisión de la verdad patrocinada por la ONU estimó que hasta 200.000 personas habían sido asesinadas durante los 36 años de la guerra que finalizó en 1996. Las fuerzas gubernamentales fueron responsables de la gran mayoría de las matanzas.

 

  Guatemala sigue sufriendo los efectos de un conflicto armado interno que fue, en muchos sentidos, el más brutal de la región.

Los guatemaltecos que exigieron la determinación de los responsables por estos abusos se enfrentan a obstáculos de enormes proporciones. Uno de ellos es la debilidad de un sistema de justicia con fiscales e investigadores que reciben una formación y unos recursos seriamente inadecuados. Los tribunales no resuelven habitualmente las apelaciones y las peticiones judiciales de manera expedita, permitiendo que los abogados defensores practiquen maniobras legales dilatorias. El ejército y otras instituciones estatales no cooperan plenamente con las investigaciones de abusos cometidos por sus actuales o antiguos miembros. La policía no ofrece una protección adecuada a los jueces, fiscales y testigos involucrados en casos políticamente conflictivos.

De las 626 masacres documentadas por la comisión de la verdad, sólo se ha enjuiciado con éxito un caso en los tribunales guatemaltecos. En 2004, un teniente y 13 soldados fueron hallados culpables de la masacre de Xamán de 1995, en la que 11 civiles fueron asesinados. Fueron condenados a 40 años de prisión cada uno. En contraste, el enjuiciamiento de antiguos oficiales del ejército presuntamente responsables de la masacre de Dos Erres en 1982, en la que murieron 162 personas, se ha retrasado durante años mediante las peticiones dilatorias de la defensa.

Las otras pocas condenas dictadas en casos de derechos humanos han conllevado un costo considerable. En el caso de Myrna Mack, antropóloga asesinada en 1990, llevó más de una década obtener la condena del coronel del ejército Valencia Osorio por su participación en la organización del asesinato. Durante ese tiempo, un investigador de la policía que reunió pruebas incriminatorias fue asesinado, y otros dos investigadores-además de tres testigos-recibieron amenazas y huyeron del país. La condena fue anulada posteriormente por un tribunal de apelaciones en 2003, y fue finalmente confirmada por la Corte Suprema en 2004. Sin embargo, Osorio pudo escapar de la custodia policial y no ha cumplido su sentencia.

Grupos clandestinos
Durante los últimos tres años, se han producido un número alarmante de ataques y amenazas contra guatemaltecos que piden justicia por abusos cometidos en el pasado. Los blancos han incluido organizaciones de derechos humanos, funcionarios de justicia, expertos forenses, demandantes y testigos involucrados en casos de derechos humanos. También han incluido a periodistas, activistas sindicales y otros que han denunciado el abuso de autoridad.

 

  El sistema de justicia guatemalteco, mal preparado para contener la delincuencia común, ha demostrado hasta ahora que no puede hacer frente a esta poderosa y peligrosa amenaza al Estado de Derecho.

Existe un consenso generalizado entre los observadores locales e internacionales en que las personas responsables de estos actos de intimidación están afiliadas con redes u organizaciones privadas, secretas e ilegalmente armadas, denominadas habitualmente en Guatemala "grupos clandestinos". Estos grupos parecen tener lazos tanto con agentes del Estado como con el crimen organizado-lo que les da acceso a considerables recursos políticos y económicos. El sistema de justicia guatemalteco, mal preparado para contener la delincuencia común, ha demostrado hasta ahora que no puede hacer frente a esta poderosa y peligrosa amenaza al Estado de Derecho.

Uso excesivo de la fuerza
Aunque la violencia política ya no es una cuestión de política de Estado, los agentes de la policía nacional siguen a veces haciendo uso excesivo de la fuerza contra presuntos delincuentes y otras personas. Estos casos suelen envolver el abuso de autoridad por parte de agentes mal entrenados.

Según la Procuraduría de Derechos Humanos, en agosto de 2004, por ejemplo, la policía nacional hizo un uso excesivo de la fuerza contra los trabajadores que habían ocupado Nueva Linda, una plantación privada de la costa del Pacífico. Cuando los trabajadores se resistieron a los esfuerzos policiales por desalojarlos de la propiedad, se desencadenó una batalla armada que concluyó con un saldo de 11 personas muertas, entre ellas cuatro policías. Los periodistas que presenciaron el enfrentamiento informaron que la policía había realizado varias ejecuciones extrajudiciales. También informaron que la policía los había amenazado y golpeado.

Discriminación en el lugar de trabajo
Las mujeres y las muchachas que trabajan en las dos industrias guatemaltecas en donde predominan las mujeres-las fábricas que producen para la exportación (maquiladoras) y el trabajo doméstico interno-se enfrentan a una discriminación sexual generalizada por parte de los empleadores privados y el gobierno. A las trabajadoras de casa particular se les niegan protecciones laborales fundamentales, entre ellas, las garantías del salario mínimo y de una jornada de ocho horas, y sólo disfrutan de limitados derechos respecto a los días festivos nacionales que son pagados. Las mujeres más jóvenes y las muchachas, en particular, se enfrentan a veces al acoso y a la violencia sexual en las casas en las que trabajan.

Aunque están formalmente protegidas por la ley, las mujeres y las muchachas que trabajan en el sector de las maquiladoras se encuentran con la persistente discriminación sexual en el trabajo basada en su situación reproductiva, con escasas esperanzas de que el gobierno ponga remedio. Las maquiladoras guatemaltecas, muchas de las cuales son proveedoras de compañías surcoreanas y estadounidenses bien conocidas, discriminan a las trabajadoras de varias maneras-entre ellas, exigiéndoles que se sometan a pruebas de embarazo como condición para el empleo; negando, limitando o condicionando los beneficios por maternidad a las mujeres embarazadas; negando la atención en salud reproductiva a las trabajadoras embarazadas; y, en menor medida, despidiendo a las mujeres embarazadas.

Actores internacionales fundamentales
El cierre de las operaciones de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) estaba previsto para el final de 2004. En preparación para esa fecha, MINUGUA intentó fortalecer la capacidad de instituciones esenciales del gobierno para promover los objetivos de los acuerdos de paz de 1996 y formar a jóvenes profesionales guatemaltecos para ejercer como verificadores y promotores de los acuerdos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llegó a un acuerdo con Guatemala para el establecimiento de una oficina en el país que ejerciera labores de observación y asistencia técnica después del cierre de MINUGUA. Sin embargo, el acuerdo, que aún no había sido ratificado por el Congreso de Guatemala en el momento de escribir este capítulo, ha enfrentado una oposición considerable por parte de ciertos legisladores.

Las Naciones Unidas también ha entablado un acuerdo con Guatemala para el establecimiento de una comisión especial encargada de investigar y promover el enjuiciamiento de los "grupos clandestinos". La Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) partió de una propuesta desarrollada por el gobierno guatemalteco y por grupos locales de derechos humanos, en consulta con miembros de la comunidad internacional. Los cuerpos diplomáticos tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea han apoyado la creación de la CICIACS y han expresado su intención de ayudar a financiar sus operaciones. Sin embargo, el acuerdo no ha sido ratificado por el Congreso de Guatemala y la posibilidad de que sea aprobado se ha visto reducida por un fallo de la Corte de Constitucionalidad, según el cual varios de sus artículos son inconstitucionales. El gobierno ha dicho que podría proponer modificaciones a la iniciativa de manera que la hicieran compatible con la restrictiva interpretación que de la constitución ha realizado la Corte.

El sistema interamericano de derechos humanos ha ofrecido un medio importante para los activistas de derechos humanos que han intentado presionar al gobierno para que acepte la responsabilidad por los abusos. En 2004, Guatemala aceptó la responsabilidad estatal por varios casos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack y la masacre de Plan de Sánchez de 1982.


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