Informe Anual 2003





Informe Anual 2005

CUBA

El gobierno cubano niega sistemáticamente a sus ciudadanos los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, asamblea, movimiento y a un juicio justo. Cuba, un Estado monopartidista, restringe casi todas las vías para la disidencia política. Las tácticas para la imposición de la conformidad política incluyen advertencias policiales, vigilancia, detenciones a corto plazo, arrestos domiciliarios, restricciones de los viajes, enjuiciamientos penales y despidos laborales políticamente motivados.

En abril de 2003, las autoridades sentenciaron a 75 disidentes a penas de prisión que iban de los 6 a los 28 años, y todos ellos menos 14—que fueron puestos en libertad en 2004 por razones humanitarias—seguían encarcelados en el momento de escribir este capítulo. Raúl Rivero, poeta y periodista, y Marta Beatriz Roque, destacada economista independiente—y la única mujer enviada a prisión durante la campaña de represión—se encontraban entre las 14 personas puestas en libertad.

Fallos jurídicos e institucionales
Las estructuras legales e institucionales de Cuba se encuentran en el origen de las violaciones de los derechos humanos. La legislación cubana limita estrictamente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación, asamblea, movimiento y prensa. Al criminalizar la propaganda enemiga, la divulgación de "noticias no autorizadas", y el insulto a los símbolos patrios, el gobierno limita la libertad de expresión con la excusa de proteger la seguridad del Estado. El gobierno también encarcela u ordena la vigilancia de personas que no han cometido ninguno acto ilegal, utilizando leyes que penalizan el "estado peligroso" y permiten la "advertencia oficial".

 

  Las estructuras legales e institucionales de Cuba se encuentran en el origen de las violaciones de los derechos humanos.

Los tribunales controlados por el gobierno socavan el derecho a un juicio justo al restringir el derecho a la defensa y, con frecuencia, no respetan las pocas garantías procesales de que disponen los acusados conforme a la legislación nacional.

Juicio y puesta en libertad de disidentes políticos
El primer juicio político importante desde la campaña de represión de 2003 se celebró en abril de 2004 en la ciudad del interior de Ciego de Ávila. En el juicio estaban acusadas diez personas, entre ellas Juan Carlos González Leiva, abogado invidente que preside la Fundación Cubana de Derechos Humanos. González Leiva fue condenado a cuatro años de arresto domiciliario por desacato a la autoridad, desorden público, desobediencia y resistencia al arresto. Otros varios acusados, entre ellos Virgilio Mantilla Arango, recibieron condenas de prisión de hasta siete años. La acusación estaba basada en una protesta política que celebraron en un hospital provincial en marzo de 2002.

En septiembre de 2004, René Montes de Oca Martija, líder del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, fue condenado a ocho meses de cárcel por "desacato a la autoridad".

En 2004, se concedió la libertad provisional a 14 disidentes encarcelados, ostensiblemente por razones humanitarias. Además de Raúl Rivero, de 59 años, y Marta Beatriz Roque, de 59 años, los liberados incluyeron al bibliotecario Roberto de Miranda, de 62 años, que sufrió graves problemas de salud en prisión, y el periodista independiente Manuel Vásquez Portal, de 52 años.

Condiciones penitenciarias
Los presos viven generalmente en condiciones abusivas, con frecuencia, hacinados en celdas. Los presos suelen perder peso durante el encarcelamiento, y algunos reciben una atención médica inadecuada. Algunos también son víctimas del abuso físico y sexual, habitualmente a manos de otros reclusos con la tolerancia de los guardias. En octubre de 2004, se informó de que el activista de derechos humanos Luis Enrique Ferrer García fue desnudado y golpeado por funcionarios de la policía y de prisiones en la Prisión Juvenil de Santa Clara. El mes siguiente, el disidente Juan Carlos Herrera Acosta fue golpeado repetidamente hasta perder el conocimiento por presos que le llamaron "traidor, gusano, cobarde". Otros disidentes encarcelados informaron de que habían recibido amenazas de muerte y sufrido otras formas de acoso.

Los presos políticos que denuncian las malas condiciones en las prisiones o incumplen de otro modo las reglas carcelarias son castigados frecuentemente con largos períodos de aislamiento en celdas de castigo, la restricción de las visitas o la negación de tratamiento médico. El disidente Óscar Elías Biscet fue castigado frecuentemente de esta manera. Estas condiciones abusivas son particularmente duras para los disidentes de mayor edad, algunos de los cuales han pasado de los sesenta y tienen mala salud.

Pena de muerte
De acuerdo con la legislación cubana, se puede aplicar la pena de muerte a toda una serie de delitos. Dado que Cuba no publica información sobre su uso de esta pena, es difícil comprobar la frecuencia con la que se utiliza. Sin embargo, por lo que se sabe, no se han producido ejecuciones desde abril de 2003.

 

  Ningún grupo local de derechos humanos disfruta de estatuto legal.

Defensores de los derechos humanos
La observación del respeto a los derechos humanos no se considera una actividad legítima, y se le ha atribuido el estigma de la traición a la soberanía cubana. Ningún grupo local de derechos humanos disfruta de estatuto legal. En cambio, los defensores de los derechos humanos se enfrentan a un hostigamiento sistemático, mediante el cual el gobierno obstaculiza seriamente su capacidad de observación de la situación de los derechos humanos. Tampoco se permite el envío de misiones de investigación a Cuba a grupos internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch. Y Cuba sigue siendo uno de los pocos países del mundo, y el único del Hemisferio Occidental, que niega el acceso a las prisiones al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Derechos laborales
El gobierno sólo reconoce a un sindicato, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Los sindicatos independientes no pueden legalizarse y sus miembros son acosados. Los trabajadores empleados en empresas respaldadas por la inversión extranjera se mantienen bajo el estricto control del gobierno. De acuerdo con las restrictivas leyes laborales del país, las autoridades tienen un papel destacado en la selección, la remuneración y el despido de trabajadores, lo que les niega efectivamente el derecho a negociar directamente los beneficios, los ascensos y los salarios con los empleadores.

Actores internacionales fundamentales
A mediados de abril de 2004, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó por 22 votos a favor y 21 en contra la adopción de una resolución en la que se lamentaban "los hechos ocurridos el año pasado en Cuba en relación con algunas condenas a disidentes políticos y periodistas", en referencia a las duras sentencias impuestas a los disidentes en abril de 2003. Una serie de países latinoamericanos votaron a favor de la resolución.

En mayo, la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) concedió su premio anual a la libertad de prensa al periodista independiente Raúl Rivero. Rivero, condenado a una pena de prisión de 20 años durante la campaña de represión de 2003, fue galardonado por "el valiente compromiso que ha mantenido durante largos años con la información independiente, que constituye la esencia del periodismo profesional".

La Unión Europea continúa manteniendo su posición común sobre Cuba, condicionando la mejora de las relaciones económicas y comerciales al progreso del país en materia de derechos humanos. En octubre de 2004, sin embargo, el nuevo embajador de España en Cuba criticó la política de la Unión Europea con respecto a la isla y dijo que su gobierno intentaría distender las relaciones. A los pocos días, tres políticos europeos—dos holandeses y un español—que visitaban Cuba para entrevistarse con disidentes fueron arrestados en el Aeropuerto de La Habana, retenidos brevemente y expulsados del país.

El embargo económico de Estados Unidos sobre Cuba, en efecto desde hace más de cuatro décadas, continúa imponiendo indiscriminadamente penalidades a la población cubana e impidiendo a los estadounidenses viajar a la isla. A principios de mayo de 2004, el Presidente Bush anunció nuevas medidas para estrechar el embargo. Las medidas incluyeron límites más estrictos sobre las remesas de dinero y las visitas a familiares. En octubre, por decimotercero año consecutivo, la Asamblea General de la ONU resolvió por abrumadora mayoría que se instara a Estados Unidos a poner fin al embargo.


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