Entre toda la gama de retos en materia de derechos humanos de 2004, dos plantean amenazas contra los derechos humanos: la limpieza étnica en Darfur y la tortura de detenidos en Abu Ghraib. No son equiparables y, sin embargo, cada uno de ellos a su manera ha tenido
consecuencias insidiosas. Uno conlleva la indiferencia frente a las peores atrocidades imaginables, el otro es emblemático de un país poderoso que incumple una de las prohibiciones más básicas. Uno presenta una crisis que amenaza muchas vidas, el otro es un caso de excepcionalismo que amenaza las reglas más fundamentales. La vitalidad de la defensa global de los derechos humanos depende de una respuesta firme a cada uno de ellosde que se detenga la matanza del gobierno sudanés en Darfur y de que se cambien las decisiones políticas detrás de la tortura y el maltrato a detenidos por parte del gobierno de Estados Unidos.
En Darfur, la región occidental de Sudán, la limpieza étnica masiva ha desencadenado muchos forcejeos y denuncias internacionales, pero pocas acciones efectivas. La violencia sistemática contra civiles por parte de las fuerzas gubernamentales sudanesas y las milicias respaldadas por el gobierno constituye crímenes contra la humanidad y algunos la han descrito incluso como genocidio, sin embargo, la respuesta internacional ha sido poco más que condenar las atrocidades, alimentar a las víctimas y enviar a un puñado de fuerzas africanas mal equipadas a intentar, ampliamente en vano, detener la
matanza. No se ha ejercido seriamente presión sobre el gobierno sudanés para
que cese su campaña homicida. No se ha movilizado ninguna fuerza de protección
significativa. El asesinato en masa en Darfur, que se produce una década después
del genocidio ruandés, es una burla de las promesas de nunca jamás. ¿Cómo pueden pronunciar honestamente estas palabras los gobiernos cuando sus acciones son tan vergonzosamente insuficientes?
|
|
|
Es necesaria una acción inmediata para salvar a la población de Darfur.
|
Es necesaria una acción inmediata para salvar a la población de Darfur. El Consejo de Seguridad de la ONUo, si este organismo no actuara, cualquier grupo responsable de gobiernostiene que movilizar una fuerza
numerosa capaz de proteger a la población civil, enjuiciar a los asesinos y sus
comandantes, disolver y desarmar a la milicia del gobierno sudanés, y crear
condiciones seguras para que las personas desplazadas puedan retornar a salvo a
sus hogares. La pasividad continuada podría socavar un principio fundamental de
derechos humanosque los países del mundo nunca dejarán que la soberanía se interponga a su responsabilidad de proteger a las personas frente a las
atrocidades masivas.
El uso de la tortura por parte del gobierno de Estados Unidos en la prisión de Abu Ghraib plantea un tipo diferente de desafío: no porque la escala del abuso sea tan grande como en Darfur, sino porque el responsable es tan poderoso. Cuando la mayoría de los gobiernos vulneran el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, cometen
una violación. Se condena o enjuicia la violación, pero la regla se mantiene
firme. Sin embargo, cuando un gobierno tan dominante e influyente como el de
Estados Unidos desafía abiertamente la ley e intenta justificar su desafío,
también se debilita la propia ley y se invita a otros a que sigan el ejemplo.
El uso deliberado y continuado de la coacción en los interrogatorios por
parte del gobierno de Estados Unidossu aceptación y utilización de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantesha tenido efectos insidiosos,
muy por encima de las consecuencias producidas por un abusador ordinario. Dicha
conducta ilegítima también ha debilitado la tan necesaria credibilidad de
Washington como promotor de los derechos humanos y líder de la campaña contra
el terrorismo. En medio de una aparente epidemia de atentados suicidas,
decapitaciones y otros ataques contra civiles y no combatientestodos ellos
afrentas a los valores más fundamentales de derechos humanosla debilidad de la
autoridad moral de Washington se siente de manera marcada.
Al inicio del segundo mandato del gobierno de Bush, su reto consiste en hacer de los derechos humanos una fuerza que guíe la conducta estadounidense y establecer la credibilidad de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos. Como primer paso, el Presidente Bush y el Congreso de Estados Unidos deberían formar una comisión de investigación totalmente independientesimilar a las creada para examinar los atentados del 11 de septiembre de 2001con el fin de determinar los problemas de las
prácticas de interrogatorio del gobierno y prescribir medidas para remediarlos.
Washington debe también reconocer y revertir las decisiones políticas que
originaron la tortura y el maltrato a detenidos, pedir cuentas a los responsables en todos los niveles del gobierno por el maltrato a detenidos y comprometerse públicamente a poner fin a todas las formas de coacción en los interrogatorios.
Darfur
Se pueden dar muchas razones para el insensible desprecio del mundo por la muerte de una cantidad estimada de 70.000 personas y el desplazamiento de alrededor de 1,6 millones más en Darfur. El segundo ensayo de este libro describe varias de estas razones. Ninguna de ellas, sin embargo, justifica esta cruel indiferencia. Una vez más, el Consejo
de Seguridad de la ONU se ha visto obstaculizado por la amenaza del uso
provinciano del poder de veto de sus miembros permanentesun veto que, como ha
recomendado el panel de alto nivel de la ONU sobre amenazas globales, nunca
debería ejercerse en casos de genocidio y abusos a gran escala contra los
derechos humanos. Esta vez, China ha sido el principal problema, demostrando
estar más preocupado por preservar sus lucrativos contratos petroleros en Sudán
que en salvar miles de vidas. Rusia, protegiendo sus propias ventas valiosas de
armas a Jartum, ha secundado esta insensible falta de respuesta.
|
|
|
China ha sido el principal problema, demostrando estar más preocupado por preservar sus lucrativos contratos petroleros en Sudán que en salvar miles de vidas.
|
Los miembros no permanentes también comparten
la culpa. Argelia y Pakistán han sido modelos de solidaridad islámica, siempre
y cuando se defina como fidelidad a un gobierno islámico y no el compromiso con
las vidas de víctimas musulmanas. Para otros miembros africanos del Consejo,
Angola y Benin, primó la lealtad a un gobierno de la misma región. En la
Asamblea General de la ONU, numerosos gobiernos, hostiles a cualquier crítica
por la situación de los derechos humanos debido a sus malos historiales en la
materia, se opusieron incluso a discutir la campaña homicida de Sudán, mucho
menos a condenarla.
Hasta los paladines de los derechos humanos en Darfursiendo Washington el más destacado de elloshan parecido concentrarse más en limitar su obligación para con el pueblo de Darfur que en poner fin a la matanza. Una numerosa fuerza militar autorizada por la ONU es necesaria para proteger a los residentes de Darfur y crear condiciones de seguridad que puedan permitir el retorno a salvo a sus hogares. Pero Estados Unidos y sus aliados occidentales han dejado el problema en manos de la Unión Africana, una nueva
institución con pocos recursos y sin experiencia en operaciones militares de la
escala necesaria. La situación reclama a voces la participación de las
principales potencias militares, pero éstas han decidido no estar disponibles. Estados Unidos, Reino Unido y
Australia están enfrascados en Irak, y Estados Unidos ha llegado a decir que su
determinación de que las matanzas en Darfur constituyen un genocidio no dicta
una nueva acción. Francia está comprometida en otras partes de África y Canadá
está recortando sus compromisos de mantenimiento de la paz, a pesar de promover
la responsabilidad de proteger. La OTAN está preocupada en Afganistán; la
Unión Europea está desplegando fuerzas en Bosnia. Todos tienen algo más
importante que hacer que salvar a la población de Darfur de la brutalidad
inhumana del gobierno sudanés y su milicia.
Otra medida clave para poner fin a la limpieza
étnica es garantizar que los responsables de asesinato, violación y otras
atrocidadesy sus comandantesse enfrenten a los tribunales. El gobierno
sudanés no ha hecho realmente nada para que se haga justicia. Es necesario un proceso
internacional para silenciar las petulantes negativas de responsabilidad que
emanan de Jartum y demostrar a la población de Darfur que el mundo ya no
considera aceptables su desaparición y desplazamiento. Al igual que la
impunidad animó a Jartum a extender sus métodos asesinos desde los campos de la
muerte del sur de Sudán a Darfur, el enjuiciamiento demostraría la negativa a
tolerar que en Darfur se produzcan el tipo de atrocidades promovidas por el
gobierno que han plagado el sur del país durante más de dos décadas.
Hay que reconocer que el Consejo de Seguridad estableció una comisión internacional de investigación para Darfurun posible preludio del enjuiciamiento. Cuando la comisión informe de sus conclusiones a
finales de enero, el Consejo tendrá que decidir si somete la cuestión a la
Corte Penal Internacional. ¿Verá China más allá de sus contratos petroleros
para permitir que se remita la cuestión a la Corte? ¿Superará Estados Unidos su
antipatía por la Corte para permitir el enjuiciamiento de crímenes que califica
de genocidio? O, mientras la población de Darfur sigue sufriendo y muriendo,
¿insistirá en desperdiciar el tiempo estableciendo un tribunal a parte? Las
muchas demostraciones de preocupación del Consejo de Seguridad sonarán a vacías
si su respuesta a las peticiones desesperadas de Darfur es, por retraso o
inacción, dejar que reine la impunidad.
Darfur atestigua hoy la profunda falta de voluntad para prevenir y resarcir los crímenes más atroces contra los derechos humanos. A pesar de las incontables denuncias y las interminables demostraciones de preocupación, se ha hecho muy poco para proteger a la población de Darfur. Un fracaso de esta magnitud desafía el principio fundamental de derechos humanos de que los gobiernos del mundo no darán la
espalda a las personas que sufran atrocidades en masa. Ya que si las naciones
del mundo no pueden actuar en este caso, ¿cuándo actuarán? ¿Cómo, diez años
después del genocidio ruandés, puede haber tanta distancia entre las muestras
de preocupación y las acciones? ¿Cómo, cuando se manifiesta lo peor de la
crueldad humana, puede quedarse tan indiferente el mundo? Mientras aumenta el
saldo de muertes y la charada de la fingida protección se vuelve tan
dolorosamente obvia para todos, tenemos que insistir en que los países del
mundo rescaten finalmente a la población de Darfur. O esto o que prometan no
decir nunca jamás nunca jamás.
Coacción en los interrogatorios
El uso sistemático y continuado por parte del gobierno de Estados Unidos de la coacción en los interrogatorios hace tambalear un pilar del derecho internacional de derechos humanosla prohibición de siglos, reafirmada incondicionalmente en numerosos tratados de derechos humanos ampliamente ratificados, de que los gobiernos nunca deben someter a los detenidos a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin
embargo, en la lucha contra el terrorismo, el gobierno de Estados Unidos ha
tratado esta obligación fundamental como una simple exhortaciónuna cuestión optativa, no obligatoria.
El desdén por un principio tan fundamental ha
provocado un enorme daño al sistema global para la protección de los derechos
humanos. El uso de la tortura y otras técnicas abusivas por parte del gobierno
de Estados Unidos ha sido recibido ciertamente con una amplia condena pública.
En cierta medida, dicha protesta ha reforzado las reglas que ha violado
Washingtonpero no suficientemente. El ejemplo de ilegitimidad de Washington es
tan poderoso y su influencia es tan singular que esta violación deliberada
amenaza con ensombrecer las condenas y dejar el derecho de derechos humanos
significativamente debilitado. Si se puede incumplir hasta una regla tan básica
como la prohibición de la tortura, otros derechos quedan inevitablemente
debilitados también.
|
|
|
Para colmo de males, el gobierno de Bush ha desarrollado teorías legales descabelladas para intentar justificar muchas de sus técnicas de coacción.
|
Para colmo de males, el gobierno de Bush ha desarrollado teorías legales descabelladas para intentar justificar muchas de sus técnicas de coacción. El gobierno y sus abogados han cuestionado directamente la prohibición absoluta del maltrato a detenidos, ya sea definiendo la tortura de manera tan limitada que su prohibición pierde sentido, sugiriendo argumentos legales falsos para defender a los torturadores o afirmando que el presidente tiene el poder inherente de ordenar la tortura.
El problema se ve agravado por el debilitamiento de una de las voces oficiales más importantes a favor de los derechos humanos. El historial de Washington de promoción de los derechos humanos siempre ha sido desigual. Por cada criminal reprendido por
transgresiones de los derechos humanos ha habido otro cuyos abusos se han
ignorado, excusado e incluso respaldado. Sin embargo, a pesar de esta
incoherencia, Estados Unidos ha desempeñado históricamente un papel fundamental
en la defensa de los derechos humanos. Su adopción de la coacción en los
interrogatoriosparte de una traición más amplia de los principios de derechos humanos en nombre del combate contra el terrorismoha debilitado
significativamente su capacidad para organizar dicha defensa.
Para los gobiernos que se enfrentan a la presión
de Estados Unidos por cuestiones de derechos humanos resulta fácil ahora volver
las tornas, para cuestionar la posición de Washington en la defensa de los
principios que él mismo viola. Ya sea mediante la defensa de Egipto de la
renovación de sus leyes de emergencia haciendo referencia a la legislación
antiterrorista de Estados Unidos, la justificación de Malasia de la detención
administrativa citando el caso de Guantánamo, la referencia de Rusia a Abu
Ghraib para culpar de los abusos en Chechenia exclusivamente a soldados de bajo
rango, o las alegaciones de Cuba de que el gobierno de Bush carece de
autoridad moral para acusarle de violaciones de los derechos humanos, los
gobiernos represivos encuentran más fácil desviar la presión estadounidense debido al triste historial de Washington en materia de derechos humanos después del 11 de Septiembre. De hecho, cuando Human Rights Watch les pidió que
protestaran la detención administrativa en Malasia y la detención incomunicada
prolongada en Uganda, los funcionarios del Departamento de Estado pusieron
reparos y explicaron, en palabras de uno de ellos: con lo que estamos haciendo
en Guantánamo, estamos en una difícil posición para empujar este tema.
De manera similar, muchos defensores de los derechos
humanos, especialmente en Oriente Medio y el Norte de África, se avergüenzan
ahora cuando Estados Unidos sale en su defensa. Puede que ansíen contar con un
aliado poderoso, pero identificarse demasiado estrechamente con un gobierno que
ignora tan descaradamente el derecho internacional, ya sea en Irak, en Israel o
en los territorios ocupados, o con la campaña contra el terrorismo, se ha
convertido en una fórmula segura para el descrédito. Cabe reconocer que, en un
discurso de noviembre de 2003, el Presidente Bush deploró los sesenta
años de naciones occidentales que excusaban y acomodaban la falta de libertad
en el mundo árabe. Recordando los esfuerzos de Estados Unidos para reducir las
dictaduras comunistas en el Este de Europa, el Presidente Bush comprometió a
Estados Unidos a emprender una estrategia avanzada de libertad. Sin embargo,
debido a la animosidad con respecto a las políticas de Washington, la estrecha
colaboración con la sociedad civil que caracterizó las iniciativas pro
democráticas en el Este de Europa es más difícil de lograr ahora en Oriente
Medio y el Norte de África. Esta animosidad no está dirigida contra Estados
Unidos, como suele malinterpretarse con la intención de menospreciarla, sino
contra la política de Estados Unidos.
La pérdida de credibilidad de Washington no se
ha producido por falta de apoyo retórico a conceptos estrechamente relacionados
con los derechos humanos, pero la adopción de un lenguaje explícito de defensa
de los derechos humanos parece haber sido calculadamente rara. El gobierno de
Bush habla con frecuencia de su devoción por la libertad, su oposición a la tiranía y el terrorismo, pero rara vez de su compromiso con los derechos humanos. La distinción tiene una importancia enorme. Una
cosa es pronunciarse en el bando de los libres, y otra muy diferente acatar
toda la gama de normas de derechos humanos que fundamentan la libertad. Una
cosa es declararse opuesto al terrorismo, y otra muy diferente adoptar el
conjunto de leyes internacionales de derechos humanos y humanitarias que
consagran los valores que rechazan el terrorismo. Esta prestidigitación
lingüísticaesta negativa a aceptar las obligaciones legales adoptadas por
países respetuosos de estos derechosha facilitado el uso de la coacción en los interrogatorios por parte de Washington.
Lo que ha sido especialmente frustrante del desprecio de Washington por las normas internacionales es la insensibilidad, incluso contraproducente, que ha demostradoespecialmente en Oriente Medio y el Norte de África, donde se han concentrado las campañas antiterroristas. Los sistemas políticos abiertos y receptivos son la mejor manera de fomentar que las personas resuelvan sus quejas pacíficamente. Pero cuando el defensor oficial más abierto de la democracia viola deliberadamente los derechos humanos, debilita a los reformistas favorables a la democracia y fortalece la llamada de los que pregonan visiones más radicales.
Es más, dado que atacar deliberadamente a
civiles supone una afrenta contra los valores más fundamentales de derechos
humanos, una defensa efectiva contra el terrorismo requiere no sólo medidas de
seguridad tradicionales, sino también el reforzamiento de la cultura de
derechos humanos. Se debe persuadir a las comunidades más influyentes con los
posibles terroristas que la violencia contra civiles nunca está justificada,
independientemente de la causa. Pero cuando Estados Unidos desprecia los
derechos humanos, debilita esta cultura de derechos humanos y sabotea por lo
tanto uno de los instrumentos más importantes para disuadir a posibles
terroristas. En cambio, los abusos cometidos por Estados Unidos han supuesto
una nueva llamada a las armas para los reclutadores de terroristas, y las fotos
de Abu Ghraib se han convertido en los pósteres de los reclutadores de
Terrorismo, Inc. Muchos militantes no necesitan incentivos adicionales para
atacar a civiles, pero si el debilitamiento de la cultura de derechos humanos
promueve que incluso unos pocos indecisos emprendan el camino de la violencia,
las consecuencias pueden ser terribles.
¿Y para qué? Para desahogar las frustraciones,
ejecutar la venganzaquizá, pero no porque la tortura y el maltrato sean
necesarios para la protección. El respeto por los Convenios de Ginebra no
impide que se interrogue enérgicamente a detenidos sobre una gama ilimitada de
temas. El manual de interrogatorio del Ejército de Estados Unidos deja claro
que el abuso socava la búsqueda de información fiable. El mando militar de
Estados Unidos en Irak dice que los detenidos iraquíes aportan más información
de inteligencia útil cuando no están sometidos a coacción. En palabras de Craig Murray, el antiguo embajador del Reino Unido en Uzbekistán que habló sobre la utilización de testimonios extraídos mediante tortura: Estamos vendiendo nuestras almas por basura.
Nada de esto quiere decir que Estados Unidos sea el peor violador de los derechos humanos. La lectura detenida del Informe Mundial de Human Rights Watch de este año revela rivales mucho más serios a tan notorio título. Pero la triste realidad es que la incomparable influencia de Washington ha hecho que su contribución a la degradación de las normas de derechos humanos sea única.
No es suficiente argumentar, como harán sin duda sus defensores, que el gobierno de Bush tiene buenas intencionesque es el bueno de la historia, en palabras del Wall Street Journal. Una sociedad guiada por las intenciones en lugar de la ley es una sociedad sin ley. Tampoco sirve de excusa para el historial de derechos humanos del gobierno,
como han intentado hacer sus defensores, al señalar que ha derrocado a dos
gobiernos tiránicoslos talibanes en Afganistán y el partido Baath en Irak. Los ataques contra regímenes represivos no pueden justificar los atentados contra
el conjunto de principios que hacen ilegal la represión.
Para redimir su credibilidad como promotor de los derechos humanos y líder efectivo de la campaña contra el terrorismo, el gobierno de Bush tiene que reafirmar urgentemente su compromiso con los derechos humanos. Por razones de principio y pragmatismo, tiene que permitir, como se ha señalado, que una comisión de investigación al estilo de la del 11 de Septiembre examine totalmente sus prácticas de interrogatorio. El gobierno debe reconocer entonces lo equivocado de su conducta, pedir cuentas a los
responsables (no sólo a un pequeño grupo de soldados y sargentos), y
comprometerse públicamente a poner fin a todas las formas de coacción en los
interrogatorios.
|
|
|
Tiene que permitir que una comisión de investigación al estilo de la del 11 de Septiembre examine totalmente sus prácticas de interrogatorio.
|
Encubrimiento e investigación interna
Cuando se hicieron públicas las fotos de Abu Ghraib, el gobierno de Bush reaccionó como muchos gobiernos abusivos a los que atrapan con las manos en la masa: adoptó la estrategia de control de daños. Aceptó que
la tortura y el abuso que aparecían en las fotos estaban mal, pero intentó
minimizar el problema. Según afirmó, los maltratadores eran un puñado de
soldados descarriados, unas cuantas manzanas podridas al fondo del barreño.
Argumentó que el problema estaba contenido, tanto geográficamente (una sección
de la prisión de Abu Ghraib) como estructuralmente (sólo soldados de bajo
rango, y no comandantes de rango superior). Mantuvo que el abuso fotografiado en
Abu Ghraib y divulgado por todo el mundo no tenía nada que ver con las
decisiones y las políticas de los funcionarios de mayor nivel. El Presidente
Bush prometió que los malhechores serían llevados ante la justicia, pero a principios de diciembre de 2004, nadie por encima del rango de sargento estaba
sometido a enjuiciamiento.
Un elemento clave de esta estrategia de control de daños fue una serie de investigaciones cuidadosamente limitadasdiez hasta ahora. La mayoría de las investigaciones, tales como las dirigidas por el Mayor General George Fray y el Teniente General Anthony Jones, consistieron en el examen por parte de oficiales militares uniformados de la conducta de sus subordinados; estos oficiales carecían de autoridad para investigar a funcionarios superiores del Pentágono. La única investigación con capacidad teórica para examinar la conducta del Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y sus ayudantes superioresla investigación liderada por el antiguo Secretario de Defensa James Schlesingerfue designada por el propio Rumsfeld y pareció esforzarse por distanciarse del problema. (En la conferencia de prensa en la
que se hizo público el informe de la investigación, Schlesinger dijo que la
renuncia de Rumsfeld daría alas a todos los enemigos de Estados Unidos.) La
investigación de Schlesinger careció de la independencia de la Comisión del 11
de Septiembre, por ejemplo, que fue creada con la participación activa del
Congreso de Estados Unidos. Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia
(CIA)el organismo del gobierno estadounidense del que se cree que tiene
detenidos a los sospechosos de terrorismo más importantesha eludido el
escrutinio de cualquiera que no sea su propio inspector general. Mientras
tanto, no parece que nadie esté considerando el papel del Presidente Bush y
otros funcionarios superiores del gobierno.
Cuando un funcionario no identificado del
gobierno tomó represalias contra un crítico del gobierno de Bush revelando que
su mujer era agente de la CIAun delito grave porque podría ponerla en
peligroel gobierno acordó, bajo presión, designar a un fiscal especial al que
se le ha prometido independencia de la dirección del gobierno. Sin embargo, el
gobierno se ha negado a nombrar a un fiscal especial para determinar si
funcionarios superiores autorizaron la tortura y otras formas de coacción en
los interrogatoriosun delito mucho más grave y sistemático. Como consecuencia, no se está realizando ninguna investigación penal de los métodos abusivos de interrogatorio del gobierno que no esté controlada por el propio gobierno. El aluvión de investigaciones internas no puede ensombrecer la falta de una investigación verdaderamente independiente.
Las políticas en el origen de Abu Ghraib
Los abusos de Abu Ghraib no surgieron espontáneamente en los niveles más bajos de la cadena de mando militar. No fueron meramente un fallo de gestión, como sugirió la investigación de Schlesinger. Fueron el producto directo de un entorno de ilegalidad, un ambiente originado por decisiones políticas adoptadas en los niveles más altos del gobierno de Bush, muchas de ellas mucho antes del inicio de la guerra de Irak. Son un reflejo de la determinación de combatir el terrorismo sin las constricciones de principios fundamentales internacionales de los derechos humanos y del derecho humanitarioa pesar de que Estados Unidos y gobiernos de todo el mundo se han
comprometido a respetar dichos principios incluso en tiempos de guerra y graves
amenazas contra seguridad. Las decisiones del gobierno de Bush recabaron un
apoyo importante de un coro de entendidos y académicos partidistas en Estados
Unidos quienes, alegando que una amenaza sin precedentes contra la seguridad
justificaba medidas sin precedentes, estaban demasiado ansiosos por abandonar
los principios fundamentales sobre los que se había fundado su país. Estas
decisiones incluyeron:
- La decisión de no aplicar los Convenios de Ginebra a los detenidos por Estados Unidos en Guantánamo, a pesar de que los convenios se aplican a todas las personas capturadas en el campo de batalla en Afganistán. Altos funcionarios del gobierno Bush
prometieron que todos los detenidos serían tratados humanamente, pero
parece que esta promesa nunca se implementó seriamente y se calificó en
ocasiones de excepción creada por ellos mismos por razones de necesidad
militar. Mientras tanto, la destrucción efectiva de los Convenios de
Ginebra trasmitió a los interrogadores estadounidenses que, en palabras de
un destacado funcionario antiterrorista, se habían acabado las
contemplaciones.
- La decisión de no aclarar
durante casi dos años que, independientemente de la aplicabilidad de los
Convenios de Ginebra, todos los detenidos bajo la custodia de Estados
Unidos estaban protegidos por los requisitos paralelos de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Incluso cuando, a instancias de un grupo de derechos humanos, un alto funcionario
del Pentágono reafirmó tardíamente, en junio de 2003, que la convención
prohibía no sólo la tortura sino también otras formas de maltrato, dicho
anuncio se comunicó a los interrogadores, si es que se hizo, de un manera
que no tuvo consecuencias discernibles en su conducta.
- La decisión de interpretar de
manera limitada la prohibición del trato cruel, inhumano o degradante,
para permitir ciertas formas de coacción en los interrogatorioses decir,
ciertos esfuerzos para incrementar el dolor, el sufrimiento y la
humillación de un sospechoso para hacerle hablar. No es sorprendente que
estos métodos se volvieran más coercitivos al migrar, en palabras de dos
investigaciones del Pentágono, de un escenario controlado como el de
Guantánamo a los campos de batalla de Afganistán e Irak.
- La decisión de detener a algunos
sospechososonce conocidos y probablemente muchos másen secreto e
incomunicados, fuera del alcance de hasta el Comité Internacional de la
Cruz Roja. Las víctimas de dichas desapariciones están expuestas al
mayor riesgo de tortura y otras formas de maltrato. Por ejemplo, las
fuerzas estadounidenses continúan manteniendo centros secretos de
detención en Afganistán, donde se sigue informando de palizas, amenazas y
humillaciones sexuales. Desde finales de 2001, seis personas arrestadas
por las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán han muerto durante la
detenciónuno de ellos en septiembre de 2004.
- La negativa durante más de dos
años de enjuiciar a soldados estadounidenses que, según el propio
examinador médico del Pentágono, habían sido responsables de las muertes
homicidas de dos sospechosos que estaban siendo interrogados por Estados
Unidos en Afganistán en diciembre de 2001. En cambio, se informó de que
los interrogadores habían sido enviados a Irak, donde algunos de ellos
estuvieron presuntamente involucrados en nuevos abusos.
- La aprobación por parte del
Secretario de Defensa Rumsfeld de algunos métodos de interrogatorio en
Guantánamo que violaron, como mínimo, la prohibición del trato cruel,
inhumano o degradante y posiblemente la prohibición de la tortura. Estas
técnicas incluyeron poner a los detenidos en posturas dolorosamente
incómodas, encapucharlos, quitarles la ropa y atemorizarles con perros
guardianes. Dicha aprobación fue rescindida posteriormente, pero
contribuyó al ambiente en el que las obligaciones legales de Estados
Unidos se consideraban prescindibles.
- La aprobación aparente por parte
de un alto funcionario no identificado del gobierno de Bush y el uso del
submarinouna técnica de tortura en la que se hace creer que va a
ahogarse a la víctima, que se ahoga a veces en la práctica.
- El traslado de sospechosos a
países, tales como Siria, Uzbekistán y Egipto, que practican la tortura
sistemática. En ocasiones se han pedido garantías diplomáticas de que los
sospechosos no serán maltratados, pero si, como en estos casos, los
gobiernos receptores violan habitualmente su obligación legal en virtud de
la Convención contra la Tortura, sería un error esperar un mayor
cumplimiento por la palabra no vinculante de un diplomático.
- La decisión (adoptada en los
primeros días del gobierno de Bush) de oponerse y socavar la Corte Penal
Internacional, en parte por miedo a que pudiera obligar a Estados Unidos a
enjuiciar a personal estadounidense implicado en crímenes de guerra y
otros delitos comparables que el gobierno preferiría ignorar. Esto
demostró una determinación de proteger al personal estadounidense frente a
la responsabilidad externa por crímenes contra los derechos humanos que
pudiera autorizar el gobierno de Estados Unidos.
- La decisión del Departamento de
Justicia, el Departamento de Defensa y los asesores de la Casa Blanca de
improvisar teorías legales dudosas para justificar la tortura. A pesar de
las objeciones del Departamento de Estado y abogados militares
profesionales, estos departamentos gubernamentales, dirigidos por abogados
políticamente designados, ofrecieron interpretaciones tan absurdas de la
ley como que el Presidente Bush tiene autoridad de comandante en jefe
para ordenar la tortura. Según esta teoría, a Slobodan Milosevic y Saddam
Hussein se les podrían dar perfectamente las llaves de sus celdas, ya que
ellos, también, habrían tenido presuntamente autoridad de comandante en
jefe para autorizar las atrocidades que dirigieron.
Estas decisiones políticas, adoptadas no por soldados de bajo rango sino por funcionarios superiores del gobierno de Bush, crearon un ambiente de todo vale, un entorno en el que se asumía que los fines justificaban los medios. A veces el maltrato a los detenidos simplemente se toleraba, otras veces se fomentaba activamente e incluso se ordenaba. En estas circunstancias, cuando venía de arriba la orden de extraer inteligencia para actuarinformación que contribuyera a responder a las constantes bajas estadounidenses a manos de insurgentes iraquíes extraordinariamente brutaleses poco sorprendente que los interrogadores no vieran ningún obstáculo en la prohibición legal de la tortura y el maltrato.
Hasta el día de hoy, el gobierno de Bush no ha repudiado muchas de estas decisiones. Continúa negándose a aplicar los Convenios de Ginebra a ninguno de los más de 500 detenidos en Guatánamo (a pesar del fallo de un tribunal de Estados Unidos rechazando esta posición) y a muchos otros detenidos en Irak y Afganistán. Continúa desapareciendo a detenidos, a pesar de las amplias pruebas de que estos detenidos fantasma son extraordinariamente vulnerables a la tortura. Se niega a renegar de la práctica de entregar a sospechosos a gobiernos que torturan. Continúa su venganza contra la Corte Penal Internacional. Se niega a rechazar en otros términos que no sean vagos y generales los muchos argumentos especiosos en defensa de la
tortura recogidos en los notorios memorandos sobre tortura de los abogados
del gobierno. Y sigue negándose a repudiar todas las formas de coacción en los
interrogatorios y adoptar una política clara que las prohíba. De hecho, se
informó de que todavía en junio de 2004mucho después de que se hiciera público el maltrato en Abu Ghraibcontinuaba sometiendo a los detenidos de Guantánamo a palizas, aislamiento prolongado, humillación sexual, temperaturas extremas y posiciones dolorosamente incómodasprácticas que el Comité Internacional de la Cruz Roja calificó aparentemente de equivalentes a tortura.
|
|
|
Sigue negándose a repudiar todas las formas de coacción en los interrogatorios y adoptar una política clara que las prohíba.
|
Mientras el gobierno de Bush forma a su gabinete para el segundo mandato presidencial, el Presidente Bush parece haber descartado incluso la responsabilidad informal. El Secretario de Estado Colin Powell, el miembro del gabinete que se opuso más firmemente al repudio por
parte del gobierno de los Convenios de Gobierno, se va. El Secretario de
Defensa Donald Rumsfeld, que ordenó las técnicas abusivas de interrogatorio en
violación del derecho internacional, se queda. El asesor de la Casa Blanca
Alberto Gonzáles, que pidió la elaboración de los memorandos que justificaban la tortura y escribió él mismo que la lucha contra el terrorismo hace obsoletas y pintorescas las limitaciones de los Convenios de Ginebra sobre el interrogatorio y el trato a prisioneros, ha sido premiado con el
nombramiento al puesto de Fiscal General. En cuanto al gobierno de Bush en
general, las elecciones de noviembre parecen haber reforzado su falta
tradicional de inclinación a examinar seriamente su propia conducta. Al ver
aparentemente los resultados electorales como una vindicación total, se niega a
admitir su papel en Abu Ghraib y otros abusos en los interrogatorios.
La lógica retorcida de la tortura
Una lógica retorcida y peligrosa está detrás de la negativa del gobierno de Bush a rechazar la coacción en los interrogatorios. Muchos funcionarios de seguridad de Estados Unidos parecen creer que la coacción en los interrogatorios es necesaria para proteger a los estadounidenses y sus aliados de un atentado terrorista catastrófico. Afirman que la tortura y el trato inhumano pueden estar mal, pero el asesinato en masa es peor, por lo que habría que tolerar el mal menor para prevenir el mayor. Sin embargo, conscientes de cuán fundamental es la prohibición de la tortura para la civilización moderna, hasta los promotores de la estrategia de mano dura
contra el terrorismo se muestran reticentes a prescribir la tortura sistemática. En cambio, pretenden crear una excepción rara a la regla contra la tortura invocando el escenario de la bomba de relojería, una situación en la que se dice que los interrogadores descubren que un terrorista detenido sabe dónde se ha colocado una bomba de relojería y tienen que extraerle la información por la fuerza para salvar vidas.
El escenario de la bomba de relojería contribuye a una fantástica discusión filosófica, pero raramente se produce en
la vida realal menos no de una manera en la que no se pueda evitar abrir la
puerta a la predominancia de la tortura. De hecho, los interrogadores casi
nunca descubren que un sospechoso detenido sabe de un atentado terrorista
inminente en particular. La información de inteligencia es rara vez lo
suficientemente buena para facilitar dicha advertencia específica y temprana.
En cambio, el escenario de la bomba de relojería es una metáfora peligrosamente
expansiva capaz de abarcar a todo el que pudiera tener conocimiento de futuros
atentados terroristas no especificados. Después de todo, ¿por qué sólo las
víctimas de un atentado terrorista inminente merecen protección mediante
tortura? ¿Por qué no usar también la tortura para prevenir los atentados
terroristas que puedan ocurrir mañana o la semana que viene o el año que viene?
Y una vez que se haya acabado con el tabú contra la tortura, ¿por qué quedarse en los propios presuntos terroristas? ¿Por qué no usar la tortura también con sus familiares y aliadoscualquiera que pudiera ofrecer información que salve vidas? El terreno es muy resbaladizo.
Israel constituye un ejemplo instructivo de lo peligrosamente flexible que puede volverse la lógica de la bomba de relojería. En 1987, la Comisión Landau de Israel autorizó el uso de presión física
moderada en situaciones de bomba de relojería. Una práctica justificada
inicialmente como rara y excepcional, adoptada sólo cuando fuera necesaria para
salvar vidas, que se convirtió gradualmente en un procedimiento normal. En poco
tiempo, alrededor del 80 a 90 por ciento de los palestinos detenidos por
razones de seguridad eran torturadoshasta que, en 1999, la Corte Suprema de
Israel restringió la práctica.
También se han sugerido otros mecanismos para
permitir la tortura sólo en situaciones excepcionales. Se podría pedir a los
jueces que aprueben la tortura. Se podría requerir el consentimiento de los
máximos niveles del Poder Ejecutivo. Sin embargo, al final, cualquier esfuerzo
por regular la tortura termina por legitimarla e invitar a su repetición.
Nunca no puede redimirse si puede interpretarse como a veces. La regulación
se convierte con mucha facilidad en licencia.
El gobierno de Bush intentó permitir sólo una coacción limitada mediante una regulación estricta, pero esto, como era de esperar, condujo a un uso más expansivo. Una vez que un gobierno permite a los interrogadores que incrementen el nivel de dolor, sufrimiento y humillación, el abuso grave no tardará en llegar. Esto se debe a la improbabilidad de que un terrorista curtido vaya a ceder por una incomodidad menor o niveles leves de dolor. Una vez que se permite la coacción, los interrogadores se sentirán tentados a intensificar el maltrato hasta que el sospechoso se venga abajo. Y de este modo, el trato cruel, inhumano o degradante dará paso a la tortura.
Como explican la mayoría de los interrogadores profesionales, y como confirma el manual de interrogatorio del Ejército de Estados Unidos, es mucho menos probable que la coacción en los interrogatorios produzca información fiable que los métodos comprobados desde hace tiempo del cuidadoso cuestionamiento, el sondeo y el cotejo de la información, y ganarse la confianza del detenido. Es probable que una persona sometida a un dolor intenso diga cualquier cosa que pueda detener la tortura. Pero un interrogador cualificado puede extraer frecuentemente información precisa del sospechoso más duro sin recurrir a la coacción.
Es más, una vez que se viola la norma contra
la tortura, es difícil limitar las consecuencias. Los que se enfrentan al
riesgo creciente de tortura no son sólo los presuntos terroristas sino
cualquiera que se encuentre detenido en cualquier lugar del mundoincluidos,
por supuesto, los estadounidenses. Después de todo, ¿cómo puede protestar
Estados Unidos el maltrato a sus tropas por parte de otros cuando sus
carceleros no hagan más que lo que hace Washington con sus propios detenidos?
Además, poner en compromiso la prohibición de
la tortura socava otros derechos humanos. Esto nos pone en peligro a todos, en
parte por las arriesgadas implicaciones de la campaña contra el terrorismo.
Después de todo, ¿por qué es aceptable violar la prohibición fundamental de la tortura pero no es aceptable violar la prohibición fundamental del ataque contra civiles? El torturador puede justificar su conducta apelando a una
fuerza mayor, pero lo mismo hace la mayoría de los terroristas. En ninguno de
los casos se debe permitir que el fin justifique los medios.
La Unión Europea
Mientras Estados Unidos va perdiendo credibilidad en materia de derechos humanos, existe una necesidad urgente de asumir la responsabilidad de liderazgo. La Unión Europea (UE) es un candidato obvio, pero su desempeño ha sido inconsistente en el mejor de los casos. A
nivel formal, la UE ha adoptado un orden basado en las reglas al afirmar que
el establecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos
humanos son la mejor manera de fortalecer el orden internacional. También ha
afirmado repetidamente que todas las medidas contra el terrorismo tienen que
ser plenamente compatibles con los derechos humanos y el derecho humanitario
internacionales. Y ha respaldado firmemente el naciente sistema internacional
de justicia.
Sin embargo, los propios gobiernos europeos
han estado dispuestos a violar normas básicas de derechos humanosincluso las
relacionadas con la tortura. Suecia, por ejemplo, envío a dos presuntos terroristas
a Egipto, cuyo gobierno ostenta un historial de tortura sistemática. Estocolmo
intentó parapetarse detrás de las garantías diplomáticas del Cairo de que los
hombres no serían maltratados, pero dichas garantías fueron ignoradas como era
predecible. Alemania, los Países Bajos, Austria y el Reino Unido han devuelto
también o intentado devolver a presuntos terroristas o personas que amenazan la
seguridad a lugares donde corrían el riesgo de ser torturados. El Reino Unido
se niega a descartar el empleo de información extraída mediante tortura en los
procesos judiciales; su excusa es que no contrata él mismo la tortura, sino que
se limita a recibir pasivamente sus frutos, a pesar de que su relación
constante con aliados de los servicios de inteligencia termina por fomentar más
tortura.
Una erosión similar de las normas de derechos
humanos que gobiernan la lucha contra el terrorismo puede encontrarse en
ciertas prácticas de detención de los miembros de la UE. El gobierno del Reino
Unido suspendió el cumplimiento de obligaciones fundamentales de derechos
humanos para poder detener indefinidamente sin cargos ni juicio a ciudadanos
extranjeros sospechosos de actividades terroristas. En España, los sospechosos
de terrorismo pueden estar detenidos virtualmente incomunicados durante un
máximo de 13 días, sin poder entrevistarse en privado con un abogado. Francia
ejerce el derecho de detener sin cargos hasta tres años a los ciudadanos
franceses liberados de Guantánamo.
Estas prácticas abusivas comprometen la capacidad
de la Unión Europea de cubrir el vacío de liderazgo dejado por la adopción de
la coacción en los interrogatorios por parte de Washington. En un momento que
reclama un distanciamiento de las equivocadas prácticas estadounidenses, la
Unión Europea parece estar optando por emularlas. Es inmediatamente necesario
un nuevo compromiso claro con los principios de derechos humanos para que la
Unión Europea sirva de contrapeso efectivo a la influencia insidiosa de
Washington sobre las normas de derechos humanos.
El camino por delante
La fortaleza del compromiso de los gobiernos con los derechos humanos se medirá, en gran parte, en función de la respuesta a dos retos actuales. Frente a las atrocidades patrocinadas por el gobierno sudanés en Darfur, ¿continuará el mundo viendo como se desarrolla la limpieza étnica, o responderá de manera significativa para acabar con el asesinato, la violación, los incendios y el desplazamiento forzado, y forzará al gobierno sudanés a crear condiciones de seguridad para que los desplazados pueden
retornar a salvo a sus hogares? La respuesta determinará si el mundo puede
argumentar creíblemente que hay límites a los horrores que permitirá que un
gobierno inflija a su pueblo.
Frente a las pruebas sustanciales que
demuestran que los abusos en Abu Ghraib y otros lugares fueron causados en gran
parte por las políticas oficiales del gobierno, ¿continuará Estados Unidos
tratando la tortura de detenidos como la mala conducta espontánea de unos
cuantos soldados de bajo rango, o permitirá la creación de una comisión de
investigación totalmente independiente, al estilo de la del 11 de Septiembreel
primer paso para reconocer las dimensiones políticas del problema, castigar a
los responsables y comprometer a Estados Unidos a poner fin a toda coacción en
los interrogatorios? Estas medidas son necesarias para reafirmar la prohibición
de la tortura y el maltrato, redimir a Washington como creíble promotor de los
derechos humanos, y restaurar la efectividad de una campaña contra el
terrorismo liderada por Estados Unidos.
En ninguno de los casos la respuesta apropiada
será fácil. Salvar a la población de Darfur requerirá un compromiso
significativo de fuerzas y recursos internacionales. Reconocer la dimensión del
problema de Abu Ghraib será políticamente vergonzante. Sin embargo, ambas
medidas son necesarias. Ha llegado el momento de mirar más allá de las excusas
y las racionalizaciones convenientes para reafirmar lo que deberían ser los
principios rectores de derechos humanos para todos los países.
Enero de 2005
[*] El autor es director ejecutivo de Human Rights Watch.