(Washington D.C.) - Las autoridades guatemaltecas deben respetar los resultados de las elecciones celebradas el 25 de junio de 2023, señalaron hoy Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). La comunidad internacional, incluyendo los gobiernos de América Latina, deben instar al gobierno de Guatemala y a otras autoridades a garantizar los valores democráticos y respetar la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), la máxima autoridad en asuntos electorales en Guatemala, anunció los resultados preliminares el 26 de junio, indicando que Sandra Torres y Bernardo Arévalo irían a segunda vuelta en agosto. Estos y otros resultados debían confirmarse en los días posteriores. Sin embargo, antes de que el TSE anunciara los resultados definitivos, varios partidos políticos, incluyendo los del presidente Alejandro Giammattei y de las candidatas presidenciales Sandra Torres y Zury Ríos, presentaron un amparo alegando que las elecciones habían sufrido irregularidades graves.
“Algunos de los perdedores de las elecciones en Guatemala están tratando de abusar del sistema judicial para obtener los resultados que no pudieron conseguir en las urnas”, dijo Juan Pappier, subdirector en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La atención de la comunidad internacional es clave para proteger el derecho al voto en un país en el que queda poca independencia judicial y poco respeto por el Estado de derecho”.
Las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) no encontraron pruebas de fraude ni irregularidades significativas que pusieran en duda los resultados. No obstante, en una sentencia del 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad suspendió el anuncio de los resultados electorales. Con ello, la Corte hizo caso omiso de los procedimientos legales para impugnar irregularidades en la votación e incluso pareció abrir la puerta al recuento de votos en centros de votación en los que los resultados eran claros y no se había observado ninguna irregularidad.
Los nueve partidos políticos que impugnaron judicialmente los resultados incluyen a Vamos, partido de derecha del presidente Giammattei; UNE, que representa a Sandra Torres; y Valor, asociado a Zury Ríos. Algunos candidatos públicamente alegaron que había habido “fraude” y pidieron que se repitan las elecciones.
Tanto la misión de observación electoral de la UE como la de la OEA observaron una “jornada electoral satisfactoria” y reconocieron la “integridad del proceso electoral”. La misión de la OEA confirmó que los “cuestionamientos representan casos aislados que no alteran las preferencias expresadas en las urnas” y señaló que el fallo de la Corte de Constitucionalidad “s[iembra] dudas en donde no las hay”. También advirtió que “[a]limentar una narrativa de fraude sin el sustento probatorio menoscaba la voluntad popular y la institucionalidad democrática”.
Las elecciones se celebraron en un contexto de deterioro del Estado de derecho, en el cual las instituciones encargadas de monitorear las elecciones tienen escaza independencia o credibilidad. Candidatos de la oposición fueron inhabilitados y enfrentaron procedimientos penales arbitrarios en un esfuerzo por generar condiciones desiguales en las elecciones.
La OEA, la UE, el gobierno de Brasil, el Departamento de Estado de Estados Unidos, varias embajadas europeas en Guatemala y algunos gobiernos europeos, como el de Noruega, han expresado su preocupación por los intentos de socavar los resultados electorales. Observadores nacionales, líderes indígenas, algunas agrupaciones del sector empresarial y organizaciones de derechos humanos también han manifestado que Guatemala debe respetar los resultados y la integridad del proceso electoral.
Otros gobiernos de América Latina también deberían expresar su preocupación y pedir que se respeten los resultados electorales y se garanticen unas elecciones libres y justas, señalaron Human Rights Watch y WOLA.
“Pasar por alto el voto libre y justo de los guatemaltecos generaría una crisis política sin precedentes que ya no sólo pondría en peligro la democracia, sino que la socavaría”, dijo Ana María Méndez-Dardón, directora para América Central de WOLA. “Los gobiernos no deben permanecer en silencio; deben pronunciarse en apoyo de la democracia ahora que el derecho al voto está siendo amenazado”.
