La celeridad y exhaustividad de la investigación impulsada por el Ministerio Público sobre las muertes ocurridas recientemente durante una protesta en Totonicapán representa un paso importante para la justicia en Guatemala, señaló hoy Human Rights Watch.
En una conferencia de prensa ofrecida el 11 de octubre de 2012, la Fiscal General Claudia Paz y Paz anunció que el Ministerio Público había imputado a un coronel del Ejército y ocho soldados en relación con la muerte de seis manifestantes durante los sucesos del 4 de octubre. Paz indicó que las órdenes de detención se emitieron luego de una investigación en la cual participaron 125 integrantes de su fiscalía, quienes recogieron el testimonio de 150 testigos y obtuvieron numerosas pruebas forenses del lugar de los hechos, como casquillos usados, cartuchos de gases lacrimógenos y muestras de sangre, además de examinar minuciosamente fotografías y videos relevantes.
“La actuación de la Fiscal General transmite un mensaje claro de que los delitos como las muertes de manifestantes ocurridas en Totonicapán serán investigados en forma oportuna y enérgica por su fiscalía”, indicó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Esta es justamente una de las formas más efectivas de prevenir que en el futuro se repitan delitos graves de esta naturaleza”.
Las muertes se produjeron cuando los manifestantes cortaron una carretera en Totonicapán, casi 100 millas al oeste de la capital de Guatemala, en protesta ante una serie de medidas impulsadas por el gobierno, incluido el aumento del costo de electricidad y la adopción de un plan de estudios más riguroso para la carrera docente. Además de las seis víctimas fatales, más de treinta personas resultaron heridas.
Según Paz, las pruebas indican que el coronel acusado en la causa no cumplió el protocolo, ya que no coordinó su intervención con la Policía Nacional Civil, que también había acudido en respuesta a la manifestación, y envió soldados de su tropa al área sin verificar que hubiera una ruta de escape. La investigación determinó que ocho de los soldados habían disparado sus armas. La fiscalía imputará el delito de ejecución extrajudicial a dos de ellos, mientras que los demás soldados serán acusados de ejecución extrajudicial en tentativa, indicó Paz en la rueda de prensa.
El 5 de octubre, durante una conferencia de prensa, el Presidente Otto Pérez Molina había señalado que los primeros disparos durante la protesta no habían sido emitidos por soldados sino por guardias de seguridad privada, y que siete soldados habían efectuado disparos al aire porque “temieron por su seguridad”.
Tras reunirse con varios diplomáticos extranjeros el 9 de octubre, el Canciller Harold Caballeros declaró a la prensa que “aunque suena muy mal decirlo... todos los días tenemos el doble de muertos de ocho, entonces como que no es una llamada de atención tan grande”. Ante el repudio a estos comentarios que se expresó a través de su cuenta de Twitter, Caballeros se refirió a quienes lo criticaban en tono despectivo y los llamó “pendejos”, además de afirmar que no debían creer todo lo que leían.
La determinación sobre la culpabilidad de los soldados deberá efectuarla la justicia penal ordinaria sobre la base de las pruebas aportadas por la fiscalía y los abogados defensores, observó Human Rights Watch.
“El Presidente Pérez Molina y demás funcionarios no deberían expresar comentarios que prejuzguen la culpabilidad de los presuntos responsables o de otras personas, sino que deberían permitir que la investigación siga su curso de manera independiente”, indicó Vivanco. “Los comentarios del canciller que minimizan estas trágicas muertes al afirmar que no ameritan demasiada atención resultan particularmente vergonzosos”.
