La Situación de los Derechos Humanos
La Defensa de los Derechos Humanos
El Papel de la Comunidad Internacional

La Situación de los Derechos Humanos

Aunque el Presidente Ernesto Zedillo reconoció que se habían producido violaciones de los derechos humanos en México, su gobierno no desarrolló una estrategia para responder adecuadamente a los casos particulares de abuso, no fortaleció las salvaguardias de derechos humanos, ni promovió el Estado de derecho. Los largamente fermentados problemas de derechos humanos sólo recibieron la atención gubernamental al convertirse en escándalos nacionales e internacionales, mientras otras prácticas profundamente inquietantes--tales como la tortura, la violencia rural, los abusos del ejército y los ataques contra observadores de derechos humanos y periodistas--continuaron. Al mismo tiempo, la administración Zedillo emprendió dos iniciativas que socavaron las protecciones de los derechos humanos, al imponer nuevas restricciones a los observadores internacionales de derechos humanos e iniciar reformas constitucionales destinadas a combatir la delincuencia por medio de la limitación de los derechos de los sospechosos. Mientras la comunidad internacional prestaba cada vez más atención a los problemas de derechos humanos en México, el Gobierno reaccionó selectivamente a lo que consideraba una injerencia extranjera en los asuntos de derechos humanos mexicanos--rechazando categóricamente a ciertos organismos de derechos humanos, mientras demostraba una apertura al diálogo y la colaboración con otros. Sin embargo, las autoridades dejaron continuamente de aplicar las recomendaciones de los organismos de observación de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.

El cuarto año de la presidencia de Zedillo se inició con un intenso escrutinio nacional e internacional de las violaciones de los derechos humanos en el estado sureño de Chiapas, tras la masacre, el 22 de diciembre de 1997, por parte de civiles armados partidarios del Gobierno de 45 personas en la aldea de Acteal, en el municipio de Chenalhó. En el contexto del intenso conflicto comunitario por recursos y lealtad política, unos sesenta civiles armados se reunieron en la mañana del ataque y se congregaron en la comunidad, abriendo fuego y asesinando sobre todo a mujeres y niños. Las víctimas no estaban afiliadas a ninguno de los dos grupos políticos con más peso en el municipio: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder y los simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el grupo guerrillero de izquierda que lanzó un levantamiento en Chiapas en enero de 1994.

Al parecer, el motivo inmediato de la masacre había sido la venganza del asesinato de un simpatizante del PRI unos días antes, parte de la práctica sistemática de ataques de toma y daca entre los simpatizantes del PRI y del EZLN. Se informó que 19 partidarios del partido gobernante habían muerto en la comunidad durante el año anterior a la masacre, más el doble del número de simpatizantes del EZLN asesinados.

A pesar de que la violencia en la comunidad había tenido dos bandos, el gobierno estatal había favorecido reiteradamente a los simpatizantes del PRI. Por ejemplo, antes de la masacre, la policía de seguridad del estado había ofrecido protección a los simpatizantes del PRI, acompañándoles por motivos de seguridad a sus tierras para la cosecha. Además, al menos un comandante había ayudado a obtener armas a los civiles que llevaron a cabo el ataque. Los funcionarios del Gobierno que fueron alertados de la masacre inminente en la mañana del 22 de diciembre minimizaron los informes iniciales, lo que aseguró que no se adoptaran medidas efectivas para detener la matanza. Durante ésta, la policía de seguridad del estado, que estaba en aquel momento en Acteal, no hizo nada por impedir el derramamiento de sangre; cuando llegaron los funcionarios estatales posteriormente, no preservaron la escena del crimen.

Al igual que en otras áreas de Chiapas, en Chenalhó, el sistema de procuración e impartición de justicia del estado no trató ni consistente ni adecuadamente durante años los casos de violencia rural; por ejemplo, los agentes del Ministerio Público responsables de investigar los crímenes no cumplieron con su deber. Entre mayo y diciembre de 1997, por ejemplo, se denunciaron al menos 34 incidentes de violencia en el municipio de Chenalhó, entre ellos asesinatos, expulsiones de comunidades y secuestros. Todos los miembros de la comunidad padecieron la violencia, independientemente de su afiliación política. Sin embargo, según la Procuraduría General de la República (PGR), ninguno de los casos se había investigado de manera adecuada, a pesar de las quejas formales presentadas ante el Ministerio Público. Se informó que, atípicamente, los investigadores que asumieron la responsabilidad de los casos después de la masacre habían hecho progresos en la reunión de pruebas para el enjuiciamiento de los responsables de los incidentes no resueltos de violencia rural en Chenalhó.

Aunque la masacre se ajustó a los patrones de violencia e impunidad que han aparecido en otras regiones de Chiapas, se distinguió en un aspecto fundamental. A diferencia de otras áreas de Chiapas, tales como la región norte del estado, en Chenalhó, el sistema de justicia estatal no había administrado justicia a los simpatizantes del PRI ni a los partidarios del EZLN. Es posible que la fuerza relativa del EZLN en Chenalhó fuera un elemento de disuasión para los enjuiciamientos de sus simpatizantes tan decisivo como el apoyo al PRI para los de sus seguidores en todo el estado.

Tras la masacre, el Gobierno federal asumió la competencia sobre el caso y se dispuso rápidamente a investigar y encarcelar a los presuntos autores materiales. Se informó que en mayo de 1998, la PGR había emprendido acciones legales contra 124 personas, 69 de ellas por su presunta participación activa en los asesinatos y el resto por colaborar o encubrir a los agresores. Desafortunadamente, como sus contrapartes estatales, las autoridades federales se habían cerrado los ojos a los problemas inminentes en Chenalhó. Tan sólo tres semanas antes de los asesinatos, un grupo de defensores de derechos humanos nacionales e internacionales visitaron Chenalhó y alertaron de la violencia inminente. Casi al mismo tiempo, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del Gobierno emitió un decreto instando al Gobernador del estado de Chiapas a que ofreciera protección a las posibles víctimas de la violencia en el municipio.

A la defensiva después de la masacre, el Gobierno federal no reaccionó frenando a los simpatizantes del PRI dispuestos a emplear la violencia sino actuando agresivamente contra los simpatizantes del EZLN y los observadores internacionales en Chiapas. Las comunidades partidarias del EZLN, conocidas como municipios autónomos, fueron allanadas por la policía estatal y federal con el apoyo del ejército. Las comunidades, que habían sido formadas en áreas donde los simpatizantes de la guerrilla rechazaron la legitimidad de los gobiernos locales controlados por políticos pro gubernamentales, habían establecido estructuras de gobierno independientes que no habían sido reconocidas oficialmente por las autoridades estatales. Por ejemplo, el 11 y el 13 de abril, las autoridades desmantelaron un municipio autónomo en el ejido Taniperla en Ocosingo, que los simpatizantes del EZLN llamaron Ricardo Flores Magón, y detuvieron a 12 extranjeros y a 16 mexicanos. Estos últimos fueron acusados de delitos tales como usurpación de funciones y secuestro. Entre los mexicanos detenidos se encontraban varios defensores de derechos humanos. Los extranjeros--al igual que otros antes y después de ellos--fueron expulsados sumariamente del país, violando los principios fundamentales del debido proceso.

La CNDH revisó las detenciones del 11 y 13 de abril y confirmó las alegaciones de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos mexicanas de la falta de pruebas contra los detenidos. Al criticar al gobierno estatal por procesar a los detenidos sin demostrar siquiera que se había producido un delito, la comisión sugirió a las autoridades que desistieran de seguir con el caso. Cuando se escribió este informe, todos menos cuatro o cinco de los detenidos estaban en libertad bajo fianza, pero los procesamientos seguían su curso.

Funcionarios de la Secretaria de Gobernación expulsaron a los extranjeros, a los que acusaron de participar en la creación de un municipio autónomo zapatista, y les impusieron la pena de nunca regresar a México--a pesar de una suspensión provisional de la expulsión que un juez ordenó a su favor. Según el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (PRODH), que presentó la solicitud de amparo, las autoridades fueron notificadas de la decisión judicial a tiempo para garantizar su aplicación para la mayoría de los extranjeros. Durante el año, se produjeron otras expulsiones inquietantes sin las garantías del debido proceso. Entre ellas la del sacerdote francés Michel Chanteau, que trabajaba en Chenalhó; Tom Hansen, un estadounidense que trabajaba apoyando a las comunidades indígenas de Chiapas; y Peter Brown, un ciudadano de Estados Unidos que colaboraba con un proyecto de educación. En septiembre, Hansen ganó un recurso constitucional contra su expulsión, pero la Secretaría de Gobernación prometió apelar la decisión.

Los problemas de derechos humanos en México iban mucho más allá de los acontecimientos de Chiapas. En muchas partes del país, continuaron teniendo lugar violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas tortura y detenciones ilegales, en incidentes relacionadas con la lucha contra los insurgentes, las drogas y la delincuencia común.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Nigel Rodley, publicó un informe a principios de 1998, tras un visita sobre el terreno el año anterior. Determinó que "la tortura y malos tratos análogos ocurren con frecuencia en muchas partes de México, aunque la información recibida por el Relator Especial no le permite llegar a la conclusión de que se practica sistemáticamente en todas las partes del país." El Relator Especial concluyó que la tortura tuvo lugar con frecuencia durante los intentos de las autoridades de reunir información que permitiera el procesamiento de la víctima y que no se aplicaban habitualmente las salvaguardias institucionales contra la tortura.

Los abusos tendían a producirse en tres etapas relacionadas entre ellas en los casos de derechos humanos: violaciones de las garantías individuales previas al abuso violento, entre ellas las detenciones ilegales y les reclusiones por encima de los límites establecidos legalmente; las violaciones violentas de los derechos humanos consiguientes, como la tortura y la "desaparición"; y las violaciones del debido proceso en los procedimientos penales subsiguientes, entre ellas el empleo de confesiones coaccionadas. En caso tras caso estudiado por Human Rights Watch, los agentes del Ministerio Público no parecían interesados en las pruebas de detenciones ilegales, reclusiones por encima de los límites temporales legalmente establecidos, malos tratos y tortura. No se aseguraron que las declaraciones hechas por testigos o acusados no habían sido coaccionadas. También los jueces pasaron por alto las pruebas de detenciones ilegales o prolongadas y las alegaciones bien fundadas de tortura con el fin de condenar a las víctimas.

Dada la carencia de salvaguardias efectivas para los detenidos en México, una serie de propuestas gubernamentales para la lucha contra la delincuencia sólo presagiaba un agravamiento de los problemas de derechos humanos. En diciembre de 1997, frente a la incidencia creciente de la delincuencia común, el Presidente Zedillo envió al Senado varias propuestas contra la delincuencia, alegando esencialmente que las garantías de derechos humanos constituían un chaleco de fuerza para la lucha contra una delincuencia cada vez más sofisticada. Entre las reformas propuestas más cuestionables se encontraban las modificaciones de los requisitos para obtener una orden de detención o para que un juez encarcele a un sospechoso. Si se aprueban finalmente, las reformas facilitarían mucho más las actuaciones de policías y jueces con menos pruebas--un grave problema en un país conocido por las detenciones ilegales, la fabricación de pruebas y un sistema ineficaz de abogados de oficio.

Las fuerzas armadas mexicanas continuaron involucradas en prácticas abusivas en la lucha contra los insurgentes y la delincuencia común. En represalia por el robo del arma de un soldado en el estado de Jalisco, soldados de élite, algunos de ellos entrenados en Estados Unidos, detuvieron arbitrariamente y torturaron a una veintena de personas, el 14 y 15 de diciembre de 1997. Una de las víctimas fue asesinada. Los soldados, de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE), planearon el ataque con anticipación y torturaron a las víctimas en la base militar. Los militares fueron detenidos, aunque iban a ser juzgados en un tribunal militar, no civil. El 7 de junio, soldados participaron en un presunto enfrentamiento armado con el autollamado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), grupo guerrillero que había sido formado por militantes que habían salido del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Según PRODH, que investigó el enfrentamiento en El Charco, estado de Guerrero, el ejército había aparentemente ejecutado extrajudicialmente a algunas de las 11 personas muertas. PRODH informó que la investigación oficial del incidente estuvo plagada de irregularidades.

Como ocurrió en el pasado, los sindicalistas independientes y los periodistas fueron sometidos a la presión gubernamental durante 1998. El sistema gubernamental de tribunales laborales limitó en parte la libertad sindical, como ocurrió en el caso de la campaña sindical dentro de Han Young, una planta de ensamblaje de chasis de tráilers de camiones subcontratada por Hyundai en Baja California. En un informe sobre el incidente elaborado de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y publicado en abril, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos determinó que el tribunal laboral estatal había manipulado los hechos para favorecer al sindicato pro gubernamental. El Departamento concluyó que "era evidente que los sindicatos independientes pueden experimentar dificultades para obtener su registro o derechos a la negociación colectiva." Entre otras violaciones de los derechos del trabajador se encontraron la discriminación sexual generalizada en las plantas de procesamiento para la exportación y el hecho de que el Gobierno no resolviera el problema (véase la sección de este informe relativa a los derechos de la mujer).

Durante el año, al menos un periodista fue asesinado en represalia por su trabajo y otros recibieron amenazas, fueron víctimas de ataques físicos, les impidieron realizar su tarea o fueron interrogados por las autoridades de inmigración. Luis Mario García, reportero del diario de Ciudad de México La Tarde, murió acribillado el 12 de febrero; había informado sobre la corrupción en la Procuraduría General de la República. Jesús Blancornelas, editor del semanario Zeta, de Tijuana, Baja California, fue más afortunado. Sobrevivió a un ataque con disparos el 27 de noviembre de 1997. Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York, periodistas que cubrieron las guerrillas en los estados de Chiapas y Guerrero tuvieron acceso restringido a las escenas del combate. El CPJ también presentó una queja al Presidente Zedillo por las amplias limitaciones al trabajo periodístico y escribió en una carta de julio: "Hemos recibido una serie de quejas de periodistas en Estados Unidos que han solicitado visados en consulados mexicanos. Según los informes de los periodistas, los funcionarios consulares les interrogaron sobre las entrevistas que planeaban realizar y sobre lo que iban a escribir. Sus visados suelen ser retenidos durante semanas."