La Situación de los Derechos Humanos
La Defensa de los Derechos Humanos
El Papel de la Comunidad Internacional

El Papel de la Comunidad Internacional

La Unión Europea

El 8 de diciembre de 1997, México y la Unión Europea (UE) firmaron el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, que ponía fin a las negociaciones que contaron con un intenso escrutinio del historial de derechos humanos mexicano. A pesar de las objeciones iniciales de México, el acuerdo definitivo incluía una cláusula sobre democracia y derechos humanos, que es norma habitual en todos los acuerdos de la UE. En la claúsula se declara que el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales sostiene la política interior e internacional de los signatarios; y que la continuación del acuerdo podría estar supeditado a dicho respeto. En concreto, el Parlamento Europeo desempeñó un papel importante en el intento de utilizar el acuerdo para promover los derechos humanos en México, antes de la ratificación del acuerdo, celebró audiencias públicas en las que participaron organizaciones de derechos humanos mexicanas e internacionales y presionó a otros organismos del sistema europeo para que se ocuparan de los asuntos de derechos humanos en México. Cuando se escribió este informe, México y la UE no habían determinado aún cómo se desarrollaría la financiación de proyectos para la democracia y los derechos humanos en el país.

Estados Unidos

Al igual que en años anteriores, en 1998, el Departamento de Estado reconoció los graves problemas de derechos humanos en México pero no adoptó medidas concretas para empujar al país hacia una mejora de su historial en materia de derechos humanos. En Los informes por países sobre prácticas de derechos humanos en 1997 se señalaba una larga lista de problemas calificados de "abusos importantes", entre ellos las ejecuciones extrajudiciales, las "desapariciones", la tortura, los arrestos ilegales y las detenciones arbitrarias.

El Departamento de Estado celebró importantes reuniones con organizaciones de derechos humanos mexicanas y llevó a cabo misiones de investigación de la situación de los derechos humanos encabezadas por el Segundo Secretario Adjunto de la Secretaría de Estado, Steve Coffey. Estas iniciativas enviaron un mensaje en pro de los derechos humanos a los funcionarios del Gobierno mexicano así como a los defensores de derechos humanos. Sin embargo, cuando se trató del establecimiento de una política estadounidense con respecto a México, los derechos humanos quedaron relegados en la agenda bilateral muy por detrás del comercio, la inmigración y el narcotráfico. El Departamento de Estado tocó de pasada los derechos humanos en México y no adoptó una posición pública o siquiera privada sobre asuntos importantes de derechos humanos, tales como las expulsiones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses de México. Cuando tres ciudadanos de Estados Unidos fueron expulsados en abril de 1998, los funcionarios estadounidenses sólo plantearon a sus homólogos mexicanos la cuestión de si el personal de la Embajada de Estados Unidos había sido debidamente notificado. No se planteó el asunto de la propia expulsión arbitraria.

Al mismo tiempo, las fuerzas armadas estadounidenses continuaron desempeñando un papel cada vez más activo en la formación de soldados mexicanos y ofreciendo asistencia a organismos civiles mexicanos involucrados en iniciativas antidroga. Durante 1998, México recibió más fondos del programa de Formación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET) que ningún otro país de Latinoamérica o el Caribe, con un costo estimado de un millón de dólares para 190 alumnos mexicanos y una cantidad similar prevista para 1999. Estaba previsto el desembolso de otros cinco millones de dólares durante 1998 en iniciativas de Control Internacional de Narcóticos (INC) en México; se habían solicitado ocho millones para el año siguiente.

Además, el Pentágono tenía previsto gastar algo más de 20 millones de dólares en capacitación de mexicanos en 1998. Estos fondos--conocidos como la Sección 1004, por su ubicación en la Ley de Autorización de Defensa de 1991--estaban destinados exclusivamente a iniciativas antidroga, que incluían el entrenamiento de fuerzas policiales extranjeras por parte del ejército de EE.UU. Estados Unidos capacitó a 829 mexicanos con este programa. Muchos de los mexicanos que habían participado en el programa procedían del GAFE, entre ellos los oficiales involucrados en la detención arbitraria y tortura de diciembre de 1997, en el estado de Jalisco, en la que murió un civil, como se señaló anteriormente.

Estados Unidos alentó al ejército mexicano para que desempeñara un papel más importante en las iniciativas antidroga. Sin embargo, la mayoría de la capacitación estadounidense de mexicanos no contó con la capacidad de comprobar que los alumnos no participaban en violaciones de los derechos humanos. Asimismo, mientras Estados Unidos promovía una mayor participación del ejército mexicano en labores policiales propiamente civiles, el Gobierno de Estados Unidos no enunció un plan a mediano o largo plazo de fortalecimiento de las instituciones civiles mexicanas con el fin de que el ejército no tuviera que desempeñar indefinidamente el papel actual. Estados Unidos no condicionó el entrenamiento estadounidense al desarrollo de dicho plan.

Durante el año, se mantuvieron las preocupaciones en materia de derechos humanos por el entrenamiento estadounidense. Es posible que el apoyo de Estados Unidos al ejército mexicano haya socavado las instituciones civiles que deben sustentar una sociedad democrática, y aunque el entrenamiento estaba claramente destinado a la lucha antidroga, en ocasiones, la distinción entre lucha antidroga y contrainsurgente en México puede ser teórica en el mejor de los casos. Por ejemplo, en el estado mexicano de Guerrero, se producen drogas, y al mismo tiempo el estado cuenta con presencia guerrillera. No es realista esperar que los soldados dedicados a un tema no participen en el otro. La responsabilidad engendrada por la capacitación, la financiación y el equipamiento por parte de Estados Unidos de oficiales mexicanos hizo que la promoción y la protección de los derechos humanos fueran una necesidad, no una opción.

Los programas de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) en México, valorados en 15 millones de dólares para el año fiscal 1998 y 13 millones para 1999, incluyeron una iniciativa de intercambio judicial destinada a congregar a jueces estadounidenses y mexicanos.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos siguió concentrándose en México por medio de la aplicación del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN). La Oficina Administrativa Nacional (OAN) del departamento, encargada de recibir las quejas de violaciones de los derechos del trabajador en México y Canadá, se ocupó de cinco casos entre octubre de 1997 y finales de 1998. Dos de las peticiones habían sido sometidas conjuntamente por Human Rights Watch, el Fondo Internacional de Derechos del Trabajador y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). En una de ellas, presentada en julio de 1997, se acusaba al Gobierno mexicano de no aplicar leyes contra la discriminación y permitir pruebas de embarazo obligatorias en plantas de procesamiento para la exportación conocidas como maquiladoras. El 7 y 8 de octubre, los secretarios de trabajo de Estados Unidos y México se reunieron para determinar una estrategia sobre el caso.

El otro caso sometido conjuntamente, en junio de 1996, se ocupaba de las violaciones de la libertad sindical padecidas por el Sindicato Único de Trabajadores de la Secretaría de Pesca (SUTSP), la parcialidad dentro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y las limitaciones de la legislación del trabajo mexicana a la organización de sindicatos dentro de secretarías del Gobierno, una violación del derecho internacional del trabajo vinculante. El 20 de abril, la OAN rechazó una petición, presentada por los demandantes el 3 de diciembre de 1997, de reconsiderar su desestimación en enero de 1997 de las dos primeras alegaciones; los demandantes habían afirmado que se habían ignorado partes importantes de su argumento. En diciembre de 1997, la OAN organizó una conferencia en la que expertos estadounidenses, mexicanos y canadienses debatieron la relación entre las normas del trabajo internacionales y nacionales, cumpliendo de este modo el compromiso adoptado en el informe de 1997 de examinar la relevancia de las normas internacionales de trabajo para la legislación mexicana. La conferencia no ofreció la posibilidad de resolver los problemas de derechos del trabajador subrayados por los demandantes y no se invitó a los defensores de los derechos del trabajador a participar en los paneles.

Al igual que en años anteriores, el trabajo de la OAN se caracterizó por una disposición a recibir denuncias y un deseo de recabar amplia información relevante, y sus audiencias públicas y su documentación ofrecieron importantes oportunidades de resaltar complejas violaciones de los derechos del trabajador en México. Sin embargo, siguieron siendo débiles los recursos para las violaciones de los derechos del trabajador disponibles a través del proceso de derechos laborales del TLC.

La Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos

Las Naciones Unidas prestaron cada vez más atención pública a México durante el año, empezando por el informe del Relator Especial de la ONU sobre la tortura. En junio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, manifestó su preocupación por las violaciones de los derechos humanos en Chiapas y anunció que su oficina estaba dispuesta a ofrecer asistencia técnica si lo solicitaba el Gobierno mexicano. El Secretario General de la ONU visitó el país en agosto, y el Gobierno le dio sugerencias de que podría revocar su rechazo inicial a la participación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en los asuntos de derechos humanos mexicanos. En septiembre, el Gobierno invitó a la Alta Comisionada a México, pero, cuando se escribió este informe, no se habían determinado ni la fecha ni la agenda de la visita.

Tanto el Secretario General como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se reunieron con organizaciones de derechos humanos mexicanas, el primero durante su viaje a México y la segunda en Ginebra. Estas reuniones constituyeron tanto un mensaje de apoyo a la comunidad de derechos humanos como una importante oportunidad para los funcionarios de las Naciones Unidas de recibir información de primera mano sobre las violaciones de los derechos humanos en México.

La Subcomisión de la ONU para la Prevención de la Discriminación y Protección de Minorías emitió una resolución sobre México pidiendo a las autoridades que protegieran los derechos humanos y solicitó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que examinara los problemas de derechos humanos en el país. El Comité de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer también consideró el caso mexicano durante el año y concluyó que existían graves aspectos preocupantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte de la Organización de los Estados Americanos, también desempeñó un papel cada vez más activo en México. Como resultado de una misión de investigación sin precedentes al país en 1996, en septiembre de 1998, la Comisión publicó un informe global sobre los derechos humanos en México, en el que concluía que, a pesar de las reformas destinadas a la mejora de la situación de los derechos humanos, seguían existiendo problemas graves, entre ellos las detenciones ilegales, la tortura, las violaciones de los derechos de la mujer y un sistema de justicia que trataba inadecuadamente los asuntos de derechos humanos. Además, la Comisión investigó varios casos particulares de violaciones de los derechos humanos en México e instó a las autoridades mexicanas a que resolvieran los problemas encontrados.