La Defensa de los Derechos Humanos

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos mexicanas e internacionales continuaron desempeñando un papel importante en México, no sólo reuniendo y haciendo pública información detallada sobre violaciones de los derechos humanos, sino también defendiendo a las víctimas en los tribunales y trabajando en Estados Unidos y Europa para promover la presión extranjera con el fin de que las autoridades mexicanas mejoraran sus prácticas en materia de derechos humanos. Como había sucedido en el pasado, las organizaciones de derechos humanos también fueron atacadas por su trabajo.

En el ámbito internacional, las organizaciones de derechos humanos mexicanas lograron una presencia sin precedentes. Durante 1998, defensores mexicanos viajaron en dos ocasiones a Washington, D.C., para presentar información ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, representantes de organizaciones de derechos humanos mexicanas se desplazaron a Bruselas, Ginebra y Nueva York para compartir sus preocupaciones en materia de derechos humanos con la Unión Europea y las Naciones Unidas. La presentación coordinada de información detallada ante estos organismos internacionales tuvo una función importante para contrarrestar la versión oficial del Gobierno mexicano sobre los derechos humanos, que tendía a presentar un marco de respuestas enérgicas y eficaces a los problemas de derechos humanos.

En respuesta quizá a la influencia creciente de las organizaciones de derechos humanos, los funcionarios mexicanos criticaron duramente a organizaciones locales de derechos humanos e intentaron separar a los grupos mexicanos de sus homólogos internacionales. Por ejemplo, en julio, el Presidente Zedillo arremetió contra las organizaciones mexicanas de derechos humanos en Chiapas y criticó a los que reclamaban la visita de defensores internacionales de derechos humanos al estado. Sugirió que el fomento de dichas visitas estaba en contra de la promoción del respeto a la Constitución y el Estado de derecho.

Sólo un mes antes de estos comentarios, la Secretaría de Gobernación había impuesto nuevas restricciones a los observadores de derechos humanos que querían viajar a México. Entre los nuevos requisitos para el visado se encontraban un período de espera de 30 días, una estancia máxima de diez días y un máximo de diez personas en cada delegación de derechos humanos; el nuevo reglamento estipulaba la facilitación de visados en casos de emergencia y la extensión del viaje a más de diez días en circunstancias excepcionales. Para poder recibir un visado, el solicitante tenía que presentar una copia en castellano de los estatutos de la organización que representa y demostrar que ésta cuenta con categoría consultiva ante las Naciones Unidas o que ha existido durante más de cinco años. Las personas que solicitan un visado tenían que presentar un "plan de trabajo", lo que las autoridades interpretaron en ocasiones en la práctica como la necesidad de ofrecer información sobre todas las personas que iban a entrevistar y las comunidades que iban a visitar.

Aunque la Secretaría de Gobernación anunció que el nuevo reglamento eliminaría las decisiones arbitrarias sobre los visados, que habían sido criticadas enérgicamente por las organizaciones de derechos humanos, el nuevo proceso no era menos arbitrario. Miembros de organizaciones de derechos humanos que solicitaron visados después de la entrada en vigor de los nuevos requisitos informaron de las respuestas confusas y contradictorias de funcionarios consulares mexicanos en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Siguieron las amenazas a defensores de derechos humanos mexicanos durante el año. Según un informe elaborado por la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos" (o Red de Derechos Humanos), en el estado de Chihuahua, miembros de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC) recibieron amenazas de muerte, y la parroquia católica en la ciudad de Chihuahua, que apoya el trabajo de la Comisión, sufrió dos ataques incendiarios. En Chiapas, el 11 de abril, la policía detuvo a Luis Menéndez Medina, miembro del Centro de Derechos Humanos "Fray Pedro Lorenzo de la Nada", durante la redada en Taniperla. En esta ocasión también fueron detenidos cuatro promotores de derechos humanos. Algunos defensores de los derechos humanos que trabajaban en Guerrero y Oaxaca fueron amenazados de manera implícita por las autoridades que les vincularon con el EPR, una identificación peligrosa que podría saldarse con ataques físicos.


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