La situación de los derechos humanos

En 1998, la brutalidad policial siguió siendo la principal preocupación en materia de derechos humanos en Argentina, seguida de las amenazas y los ataques a periodistas independientes y la falta de voluntad del Gobierno de administrar justicia por los abusos cometidos durante las dictaduras militares, en el poder entre 1976 y 1983. Fueron especialmente preocupantes las declaraciones del presidente Carlos Menem en las que sugirió una voluntad por parte de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley de tolerar las violaciones de los derechos humanos en nombre de la lucha contra la delincuencia común. En una entrevista publicada en el diario Clarín el 13 de septiembre, el presidente Menem reiteró su idea de que la única solución para la delincuencia creciente era "tolerancia cero y mano dura." Y añadió que "podrán poner el grito en el cielo algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos, pero yo creo que aquí tiene más protección un delincuente que un policía o que la gente." Menem retomó el asunto el 23 de septiembre (citado en Clarín al día siguiente) y dijo que cuando hablaba de mano dura y tolerancia cero, inmediatamente alguna gente dice que significaría un retorno al "gatillo fácil, pero no podemos dejar el gatillo fácil a los delincuentes."

El gobernador provincial de Buenos Aires y probable candidato presidencial en 1999, Eduardo Duhalde, respondió a estas declaraciones diciendo que no se podía confundir una línea dura con una mano dura y que por ese motivo disolvió la policía bonaerense de la época, porque no quería tener en su provincia una policía de mano dura como la que existía durante el período de represión bajo la última dictadura. Las declaraciones de Menem fueron empleadas por los miembros del bloque del partido gobernante en el Congreso para intentar acelerar la aprobación de leyes destinadas a imponer condenas mayores a los reincidentes, reducir el número de casos en los que se concede la libertad bajo fianza y definir el acto de "conspiración criminal," lo que permitiría a la policía detener a personas sobre la base de sus "actitudes sospechosas."

La labor de hacer cumplir la ley en Argentina siguió en manos de 23 fuerzas de policía provinciales y de la Policía Federal, que tenía jurisdicción en la capital, Buenos Aires, y en delegaciones en todo el país. Aunque se iniciaron reformas en una serie de fuerzas, entre ellas las dos más criticadas--la Policía Federal y la Policía Provincial de Buenos Aires--siguieron siendo frecuentes las violaciones de los derechos humanos, y escasas las investigaciones y los enjuiciamientos de las mismas. Docenas de estos casos siguen sin resolverse años después de haberse producido.

Entre los abusos policiales en Argentina se encuentran el empleo excesivo de la fuerza en el control de manifestaciones, tales como el incidente ocurrido el 13 de agosto de 1998 en el que la policía provincial de Jujuy utilizó bastones, gases lacrimógenos y balas de goma contra empleados públicos que reclamaban sus salarios atrasados, lo que se saldó con 30 heridos. Otros casos incluyen las muertes en presuntos "tiroteos"con la policía, cuya investigación demostró con frecuencia que la policía había disparado a quemarropa a las víctimas y había fabricado las pruebas de un tiroteo (por ejemplo, colocando una pistola sobre el cadáver de la víctima); las muertes de transeúntes inocentes durante enfrentamientos armados entre la policía y presuntos delincuentes; las muertes durante la custodia policial, con frecuencia fruto de palizas para extraer confesiones, que suelen describirse posteriormente como suicidios; los llamados casos de "gatillo fácil" en los que los agentes de policía disparan a matar en lugar de intentar detener a los sospechosos (a veces ante la menor provocación); las "desapariciones"durante la custodia policial; y el hostigamiento o los ataques a testigos de estos delitos.

El 9 de enero de 1998, la policía detuvo a Carlos Andrés Sutara en la estación de autobús al norte de la ciudad de Jujuy (en la provincia del mismo nombre) con el pretexto de comprobar si tenía antecedentes penales y lo trasladó a una estación de policía local, donde falleció posteriormente. Un testigo detenido con Sutara alegó que había muerto como resultado de las palizas por parte de la policía. En octubre de 1998, cinco agentes de policía de la Brigada de Investigaciones de Jujuy fueron detenidos acusados de tortura con resultado de muerte, y otros tres agentes fueron acusados de tortura por negligencia.

El 15 de enero de 1998, Walter Repetto murió por los disparos de un cabo de la Policía Provincial de Buenos Aires, Carlos Docampo, que en el momento de los hechos no llevaba uniforme. Repetto había parqueado su vehículo en el área de Ciudad Evita del gran Buenos Aires, donde el cabo Docampo se le acercó creyendo aparentemente que se trataba de un ladrón. Según los testigos, el cabo Docampo no se identificó como agente de policía y no dio la orden de alto. Cuando Repetto intentó salir del lugar con su vehículo, creyendo que el otro hombre intentaba asaltarle, el cabo Docampo lo mató a tiros.

Según los familiares de la víctima, Diego Pavón, de 16 años, fue ejecutado por dos agentes de la Policía Provincial de Buenos Aires que lo habían perseguido, el 22 de mayo de 1998 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Este caso fue presentado ante un tribunal penal local alegando "abuso de autoridad", abuso de arma y homicidio, pero los agentes--Héctor Peñalva y Osmar Dalmiro Morena--no fueron detenidos.

El 17 de septiembre, el sargento de la Policía Federal Marcelo Havrylein fue víctima de un ataque en su casa, en el que resultó herido un guardia de policía. El 18 de agosto había sido herido otro guardia de policía en un incidente similar en la casa de Havrylein. Los ataques, así como las amenazas de muerte, siguieron a su denuncia pública de la corrupción en la 16 Estación de Policía de Buenos Aires, en la que citó los sobornos aceptados por la policía para la protección de prostitutas, travestidos y otras personas, y después de la cual se estableció protección policial en su domicilio. Havrylein fue trasladado posteriormente a un lugar escondido.

Los miembros de la comunidad homosexual y lesbiana y los trabajadores del sexo, tales como las prostitutas y los travestidos, se encontraban entre las principales víctimas de los abusos policiales derivados de los poderes discrecionales de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo detenciones preventivas por motivos tales como la comprobación de la identidad o de los antecedentes penales. Muchos de ellos fueron sometidos a tortura y otros abusos físicos o verbales, así como la extorsión de sobornos a cambio de que no los detuvieran. En la ciudad de Buenos Aires, el nuevo Código de Faltas (o Código de Convivencia Urbana), que entró en vigor en marzo de 1998, limitó la capacidad para detener de la policía. Este código restringía efectivamente el poder detener a los que presuntamente ofrecían sus servicios sexuales en público (un delito tipificado ahora como falta), excepto en los casos en que fueran además presuntamente culpables de alterar el orden público o de otros delitos que pudieran causar peligro o daños. En estos casos, se debía trasladar al detenido inmediatamente ante la presencia de un juez si el fiscal consideraba que debía permanecer recluido.

Asimismo, se iniciaron reformas en la Policía Provincial de Buenos Aires, como el sometimiento de la totalidad del cuerpo al control civil en diciembre de 1997 y el traslado a tareas administrativas de 300 funcionarios superiores por una variedad de motivos, entre ellos la corrupción y el encubrimiento de actividades delictivas. También se disolvieron las brigadas especiales establecidas para la lucha contra crímenes concretos como el tráfico de drogas, dado que se había determinado que se habían convertido en cómplices en lugar de enemigos de este tipo de delincuencia. En agosto de 1998, se promulgó una Ley Orgánica del Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que modificaba los métodos cuestionables de reclutamiento y capacitación (de los cuales se afirmaba que favorecían el reclutamiento de personas con predisposición a la violencia y que incluían la capacitación en tácticas abusivas y poco profesionales), cambiaba el sistema de custodia y traslado de detenidos, y creaba tres tipos diferentes de fuerza policial: la policía de seguridad vial, la policía de investigación y la policía de seguridad (prevención de la delincuencia).

Al mismo tiempo, el 28 de septiembre de 1998, entró en vigor en la provincia de Buenos Aires un nuevo Código de Procedimiento Penal que, entre otras disposiciones, trasladaba la responsabilidad de las investigaciones criminales de los jueces a los fiscales y transfería los casos que estaban en ese momento en manos de la policía provincial a abogados investigadores. Además, el nuevo código exigía que las investigaciones criminales se completaran antes de transcurridos cuatro meses después de la fecha de detención de un acusado o hasta un máximo de 14 meses en casos excepcionalmente complejos, lo que reducía los períodos de detención preventiva y garantizaba que los casos penales (entre ellos los relacionados con agentes de policía acusados) no se alargarían indefinidamente.

Aunque no existen restricciones oficiales a la libertad de expresión en Argentina, siguieron produciéndose amenazas y ataques a periodistas. Según el Comité para la Protección de Periodistas, desde 1995 hasta octubre de 1998, 43 periodistas fueron atacados en Argentina. Estos ataques iban del hostigamiento legal al asalto físico. Uno de los casos más famosos, en el que se acusó a la Policía Provincial de Buenos Aires, fue el secuestro y asesinato, el 25 de febrero de 1997, del periodista José Luis Cabezas. Cabezas había estado investigando los vínculos entre la Policía Provincial de Buenos Aires y el crimen organizado, así como las actividades del polémico empresario Alfredo Yabrán, acusado posteriormente de haber contratado a agentes de la policía provincial para amenazar a Cabezas. Después de que la policía provincial no conservara las pruebas y la detención de varias personas (puestas en libertad posteriormente) sobre la base de pruebas presuntamente inventadas por la policía, a finales de 1998, cuatro ex agentes de policía, un informante de la policía y cuatro civiles estaban detenidos en relación con el caso.

El 26 de enero de 1998, el vicepresidente de la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA) recibió amenazas de muerte por teléfono, un día después de haber realizado el discurso de clausura en una ceremonia en conmemoración del aniversario de la muerte de Cabezas. Docenas de periodistas, especialmente de periódicos locales y provinciales, fueron objeto de amenazas y ataques durante el año, algunos de ellos relacionados con sus informaciones sobre el caso Cabezas. Entre los casos más graves cabe citar el del periodista David Leiva, basado en la provincia de Salta, cuya casa fue disparada en febrero después de haber recibido una serie de amenazas por escrito y por teléfono. Las amenazas y el ataque se produjeron después de la publicación de un artículo relativo a las acciones de la fuerza policial de la Gendarmería. En marzo, fue incendiado el vehículo del periodista Bernardo Balbuena, basado en la provincia de Chaco, lo que supuso el segundo ataque contra un director de El Diario, el periódico que dirigía. En muchos otros casos, se amenazó a periodistas o se les acusó de subversivos, y una serie de funcionarios públicos denunciaron el trabajo periodístico como invasiones de su intimidad o amenazaron directamente a los periodistas que informaron sobre sus actividades. Aunque en agosto de 1998 fueron condenados dos agentes de la Policía Provincial de Río Negro (sus condenas fueron suspendidas) por haber golpeado a tres periodistas que cubrían una manifestación en diciembre de 1995, la mayoría de los casos de persecución de periodistas no resultaron en investigaciones ni enjuiciamientos.

Entre otras acciones para limitar la libertad de prensa se encuentran las decisiones judiciales ordenando a periodistas o a sus publicaciones a indemnizar por el material publicado en relación con la investigación de personalidades políticas (incluso cuando, como en el caso de una querella contra la revista Noticias por parte del presidente Menem, la corte consideró veraz la información publicada), así como los reiterados despidos de periodistas considerados "incómodos" por las autoridades.

En septiembre de 1998, la Corte Suprema ordenó a una actriz el pago de una indemnización de 30 mil dólares a una jueza cuyo nombre había sido empleado en un espacio de 1991 de un programa cómico del Canal 13 de televisión en el que se satirizó el sistema de tribunales de familia. Tres de los nueve jueces discreparon con la decisión, y uno de ellos señaló que el empleo de la caricatura corresponde a la libertad de crítica. El fallo formaba parte de una serie de decisiones que violaron la libertad de prensa durante 1998, como una decisión de la Corte Suprema ordenando al periódico Página 12 la publicación de una rectificación de un artículo cuya inexactitud no se había demostrado y un fallo de una corte civil ordenando a la revista Noticias indemnizar 150 mil dólares por la publicación de información sobre el hijo ilegítimo de Menem. Según la corte, se trataba de una invasión de la vida privada de Menem, aunque la propia corte consideraba exacta la información.

Otro fallo de la Corte Suprema en octubre de 1998 tuvo un efecto escalofriante en el periodismo de investigación en el país. La corte condenó al editor de Humor a un mes de cárcel por un artículo sobre la corrupción que implicaba al hermano del Presidente, el senador Eduardo Menem. Humor había recogido la información publicada en una revista uruguaya e incluido el desmentido del senador Menem en su artículo. La Corte Suprema basó su decisión en el argumento infundado de que la revista había actuado con "intención dolosa" al publicar la información.

Otro episodio relacionado con las amenazas a un periodista hizo que la atención de los argentinos se concentrara de nuevo en los casos de derechos humanos del período del régimen militar. En enero de 1998, la revista trespuntos publicó una entrevista con el capitán de navío (retirado) Alfredo Astiz, del antiguo centro clandestino de detención de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). En esa entrevista, Astiz admitía que las fuerzas armadas habían adoptado una política de asesinar a los detenidos para evitar su posterior puesta en libertad. Además, Astiz se jactó de que era "el hombre mejor preparado técnicamente en este país para matar a un político o a un periodista" y advirtió a los periodistas que debían andar con cuidado o acabarían mal. Astiz también insinuó que en el asesinato de Cabezas había cierta participación oficial. Astiz fue expulsado de la Armada a consecuencia de sus declaraciones y un juez federal formuló cargos contra él por haber realizado amenazas durante la entrevista. Tras la publicación de la entrevista, la periodista que la había realizado, Gabriela Cerruti, recibió amenazas de muerte por teléfono en dos ocasiones, en ambas se empleaba el lenguaje típico de lo que solía ser el estilo militar.

En 1998, Argentina participó en la redacción de la convención que condujo al establecimiento de la Corte Penal Internacional, creada para tratar los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, esta iniciativa positiva contrastó con la reticencia de las autoridades a presionar para la investigación y enjuiciamiento en el ámbito interno de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el régimen militar. El Gobierno argentino se negó constantemente a colaborar con la investigación judicial iniciada por el juez español Baltasar Garzón sobre la "desaparición"de 600 ciudadanos españoles durante la dictadura argentina, alegando que los tribunales españoles no tenían competencia sobre el caso. Además, el Gobierno argumentó que los casos no podían abrirse debido a las leyes de "Punto Final" y "Obediencia Debida" de diciembre de 1986 y junio de 1987, que impedían los procedimientos judiciales contra todo el personal de las fuerzas armadas involucrados en esas violaciones de los derechos humanos, excepto de los responsables de violación o secuestro y apropiación indebida de niños. El Ministro de Justicia de Argentina, Raúl Granillo Ocampo, se negó una y otra vez a cooperar con las investigaciones del juez Garzón (entre ellas la extradición de los ex miembros de la junta militar argentina) y rechazó su competencia en estos casos. El presidente Carlos Menem también acusó a Garzón de "arrasar" a los miembros acusados de las fuerzas armadas argentinas y dio instrucciones a los ministros para que bloquearan las investigaciones.

En el interior de Argentina, continuaron los intentos de investigar las violaciones cometidas durante la dictadura, aunque con muy poco éxito. En julio de 1998, el juez federal Roberto Marquevich ordenó la detención del ex presidente de facto, el general Jorge R. Videla, en relación con casos de secuestro y falsificación de la identidad de hijos de los "desaparecidos" (la mayoría de ellos nacidos en los centros clandestinos de detención y entregados a familias de militares), uno de los pocos delitos que no cubren las leyes de punto final y obediencia debida. Aunque se permitió que Videla permaneciera en arresto domiciliario tras negarse a declarar, el fiscal Eduardo Treiler instó posteriormente a la corte a que formulara cargos contra él, contra el almirante Emilio Massera y contra los miembros de la antigua junta sobre la base de los mismos hechos, alegando que Videla había ordenado la práctica del secuestro de niños nacidos en los centros de detención del Campo de Mayo y de la ESMA y que tanto él como el resto de miembros de la junta tenían conocimiento de los hechos. Posteriormente, un fiscal determinó que el caso correspondía a la competencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y debía transferirse fuera del control del juez Marquevich.

En agosto de 1998, en un caso similar, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de la provincia de Tucumán anunció que iba a presentar casos relacionados con cinco niños extraviados nacidos en detención de madres "desaparecidas"en la provincia entre 1976 y 1978. Estos casos implicarían la formulación de cargos contra el general Antonio Domingo Bussí, entonces gobernador militar de la provincia y jefe de la V Brigada de Infantería encargada de la lucha antisubversiva en la provincia. (Bussí es actualmente el gobernador electo de Tucumán.)

Otro obstáculo a la investigación de las violaciones del pasado lo impuso la decisión de la Corte Suprema del 13 de agosto, por la que la madre de una "desaparecida", Carmen Aguiar de Lapacó, no tenía derecho a acceder los documentos oficiales de manera a conocer el destino de su hija, Alejandra Lapacó. La corte negó el acceso basándose en que el caso estaba cerrado legalmente, aunque la demandante había declarado que su intención no era llevar el caso a juicio. Frente a las peticiones de recusación de los cinco jueces que votaron a favor de esta decisión, el juez de la Corte Suprema Augusto Belluscio negó que la decisión cerrara la posibilidad de investigar, que según él podía intentarse por medio de un recurso de amparo, pero no a través de las cortes federales. A finales de septiembre, la Corte Suprema confirmó el derecho de otro familiar a acceder a los documentos del Gobierno de manera a determinar el paradero de su hermano (un líder guerrillero muerto en un enfrentamiento en 1976 y cuyo cuerpo fue ocultado posteriormente por el gobierno militar).


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